MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN ANDINA ...

supuesto de cancelación de permanencia o residencia que podría ser incompatible con el
principio de legalidad, pues señala que a una persona podrá aplicársele esta sanción “Por
realizar actos contra la Seguridad del Estado, el Orden Público Interior, la Defensa
Nacional” (artículo 63 de la Ley).
Una interpretación adecuada de la norma debería permitir entender que los “actos” a los que
hace referencia la Ley son los delitos que agravian estos bienes jurídicos protegidos. Sin
embargo, en la práctica las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación
por una interpretación abierta y discrecional por parte de los funcionarios públicos que es
utilizado para realizar expulsiones no habilitadas por el derecho internacional, como fue el
caso del religioso británico Paul Mc. Auley, tras su participación en una protesta social, que,
según la resolución de cancelación de permanencia (R.M. 0571-2010-IN/1601), constituye una
afectación al “orden público interior” 169 .
En este caso, existe una incompatibilidad con el principio de legalidad, pues la Corte
Interamericana ha señalado que “[…] en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar
términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno
sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta
incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o
conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de
los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente
indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y
sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la
libertad”. 170 Este estándar es de aplicación al procedimiento sancionador pues la Ley de
Procedimiento Administrativo General, que se aplica supletoriamente, ha establecido este
principio como un principio rector 171 .
169
Al respecto, ver: INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. Contundente informe jurídico sobre inconstitucional expulsión de
religioso Mc Auley. http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=71.
170
CorteIDH. Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas); parr. 121.
171
Ley de Procedimiento Administrativo General. Artículo 430
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