MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN ANDINA ...

En ese sentido, la definición de infracciones administrativas migratorias debe respetar el
principio de legalidad, y por tanto, los supuestos deben ser establecidos por Ley. En primer
lugar, por ser restricciones a un derecho humano (derecho a la libre circulación). En segundo
lugar, porque es un principio del debido procedimiento sancionador, que las conductas
sancionables administrativamente sean establecidas por ley (conforme Ley de Procedimiento
Administrativo General). En ambos caso, podríamos estar ante supuestos de
inconstitucionalidad.
De otro lado, las infracciones administrativas, como las penales, deben respetar el principio de
tipicidad. La Ley de Extranjería y este Decreto Supremo no respetan este principio, que
consiste en la descripción expresa, detallada y clara de la conducta infractora y la indicación
de la sanción específica para dicha infracción. Además, omiten hacer referencia al control
judicial e inmediación procesal, principios esenciales para la protección de la persona.
Si es rescatable que Decreto Supremo tenga una orientación hacia la reglamentación de una
exclusión rápida y debidamente pública, seguramente para evitar restricciones a la libertad en
aeropuertos internacionales o franjas de frontera que pudieran ser incompatibles con las
obligaciones internacionales del Estado. Sin embargo, esta debió ser una oportunidad para
aprobar un el Reglamento de la Ley de Extranjería, que a la fecha no existe. Se espera que
suceda en el marco de la implementación de la nueva Superintendencia Nacional de
Migraciones.
En relación al principio de legalidad 168 , la Ley de Extranjería ha previsto los supuestos por
los cuales una persona puede ser impedido de ingresar al país, o excluido una vez que ha sido
admitido en el mismo o ha ingresado irregularmente (orden la salida obligatoria del territorio
nacional, cancelación de permanencia o residencia y, expulsión). Sin embargo, existe un
168
Sobre el principio de legalidad en el procedimiento administrativo, el Tribunal Constitucional ha señalado “El principio de
legalidad en materia sancionadora impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente
determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no está determinada por la ley. Como lo ha
expresado este Tribunal (Cfr. Expediente N.° 010-2002-AI/TC), este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley
(lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un supuesto de hecho
estrictamente determinado (lex certa)”. Al respecto, ver:
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