MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN ANDINA ...

según informes de la autoridad extranjera competente; y, f) no cumplan con los requisitos
establecidos en la presente Ley en el Reglamento de Extranjería. 167
A la fecha de cierre de este informe, el Estado peruano ha aprobado el Decreto Supremo Nº
001-2013-IN “Establecen disposiciones reglamentarias para regular el flujo migratorio de
extranjeros”, que es:
[La autoridad migratoria nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29
y 30 del Decreto Legislativo Nº 703 - Ley de Extranjería, podrá prohibir o impedir el
ingreso al territorio nacional a los extranjeros, aún en los casos que cuenten con visa o
no la requieran, en los siguientes casos:] c) Cuando suponga una situación de
peligro o amenaza para la seguridad nacional, el orden público, el orden interno,
la protección de los derechos y libertades de otras personas, prevención de
infracciones penales o las relaciones internacionales del Perú o de otros Estados,
sobre la base de las obligaciones internacionales suscritas sobre la materia, o en
cumplimiento del Principio de Reciprocidad. [resaltado nuestro]
El Decreto Supremo sostiene que, al haber una facultad delegada a la autoridad migratoria por
Ley, esta entidad se encuentra habilitada a establecer disposiciones reglamentarias. Eso es,
efectivamente cierto. Pero esta facultad no habilita a la autoridad migratoria a establecer
nuevos supuestos de impedimentos y prohibiciones de ingreso.
Este Decreto Supremo, al igual que la Ley de Extranjería, desconoce que los procedimientos
migratorios son, al fin y al cabo, procedimientos administrativos y que deben regirse por sus
principios y reglas generales, inclusive cuando sean definidos como procedimientos
especiales. En particular, consideramos que los procedimientos de exclusión (prohibiciones de
ingreso, salida obligatoria y cancelación de permanencia), deben ser considerados
procedimientos administrativos sancionadores y respetar sus garantías.
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Aunque no es materia del análisis, es oportuno mencionar que si bien el derecho internacional habilita a la imposición de
medidas de exclusión y expulsión de personas extranjeras, estas medidas también deben soportar el análisis de
proporcionalidad y razonabilidad de la medida. En ese sentido, se recomienda al Estado peruano revisar estos supuestos a la
luz de la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ver: Corte Interamericana Opinión Consultiva N° 5/85, La
Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), entre otras
decisiones.
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