MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN ANDINA ...

materia renuncian a toda reclamación diplomática con excepción de contratos de carácter
financiero.
Con relación al derecho a la propiedad, el artículo 71 de la Constitución reconoce que las
personas extranjeras están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno,
puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, también reconoce que en el
caso de las personas extranjeras establece un límite a su derecho a la propiedad pues “dentro
de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por
título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni
indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado,
el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por
decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”. Tomando en
consideración todo lo anterior, el ordenamiento jurídico interno peruano relacionado a la
movilidad humana debería respetar el derecho a la igualdad y el mandato de no discriminación
consagrado en la Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por el
Estado Peruano.
En materia de movilidad humana es importante mencionar que el Decreto Legislativo N° 703
«Ley de Extranjería» de 1991 que regula todo lo referente al estatus migratorio de los
extranjeros establece dos normas que contradicen el principio de igualdad y no discriminación.
Uno es el artículo 4 y otro el artículo 28 que ya se explicó anteriormente.
En materia de educación, la Constitución establece que tiene como finalidad el desarrollo
integral de la persona humana y que es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido
de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones
mentales o físicas. De manera complementaria, la Ley Nº 28044, Ley General de Educación
reconoce que la educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del
proceso educativo y se sustenta en el principio de inclusión de “personas con discapacidad,
grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin
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