MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN ANDINA ...

eprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres o con
prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas. Si el agente es
funcionario o servidor público la pena será no menor de dos, ni mayor de cuatro años e
inhabilitación conforme al inciso 2) del artículo 36. La misma pena privativa de libertad se
impondrá si la discriminación se ha materializado mediante actos de violencia física o
mental.” Como se puede observar, el tipo penal no considera como motivo pasible de
persecución penal la nacionalidad y/o la condición migratoria. Sería recomendable que se
modifique el código penal y se incorpore dicho motivo.
Si bien la Constitución de manera general reconoce que todas las personas tienen los mismos
derechos sin distinción, en algunos casos sí establece de manera expresa algunas limitaciones
o reconocimiento de derechos para las personas no peruanas. Así, el artículo 2 inciso 19 que
toda persona tiene derecho a “A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la
pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma
ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho
cuando son citados por cualquier autoridad”. Este artículo reconoce que toda persona
extranjera tiene derecho a usar su propio idioma ante autoridad mediante un intérprete, toda
vez que sea citado.
De otro lado, la Constitución peruana establece regulación específica en diversas materias
relacionadas con personas extranjeras en el Perú. En materia de inversión y contratación por
ejemplo, el artículo 63 de la Constitución establece que “La inversión nacional y la extranjera
se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio
exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias
que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas
análogas. En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros
domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la
República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la
jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.” Así, las personas extranjeras en esta
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