Cc: Oficina Civil de la Sociedad - UNAIDS - icaso

Su inteligencia es clara: ninguna conducta humana – acción u omisión - puede ser
sancionada sin mediar un proceso con todas sus etapas: acusación, defensa, prueba y
sentencia. Y dicha conducta debió ser calificada con anterioridad como delictiva y por ende,
punible, precisándose todos los elementos que la caracterizan y teniendo prevista una pena
para ella. No es admisible, pues, las leyes ex post facto salvo cuando sean más benignas.
Los dos aspectos indicados – descripción del hecho reputado como delito y la sanción
correspondiente – deben surgir de una ley en sentido formal aunque hoy se ve desvirtuado en
el ejercicio, respecto del sistema jurídico argentino, por la técnica de delegación legislativa.
Nadie puede ser ….. arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad
competente. Esta cláusula contiene el fundamento de la acción de Hábeas Corpus.
Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias y no para castigo de los reos
detenidos en ellas y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a modifcarlas más
allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Este es tema en
cuestión, objeto de la presente audiencia.
Esta disposición responde a la exigencia de respetar la dignidad humana y halla su
lejano antecedente en el artículo 9º de la Declaración de los derechos del Hombre y del
Ciudadana “Todo hombre se presume inocente hasta que ha sido declarado culpable y si se
juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona
debe ser severamente reprimido por la ley.”
La garantía que expongo ha sido ampliada y enriquecida por la Corte Suprema de
Justicia y en la enseñanza de los autores. Don Germán Bidart Campos, entre otros expresa:
“las medidas cautelares que de alguna manera significan la privación de libertad de una
persona durante la tramitación del juicio penal sólo se justifica por razón de seguridad, pero
no pueden ir más allá de lo indispensable para lograr los fines del proceso penal. Son pues
de excepción y de interpretación restrictiva. Por ende, el instituto de la excarcelación y otros
análogos tienen raigambre constitucional, porque la privación de libertad antes de la
sentencia no puede mortificar, conforme a la aplicación del artículo 18, más allá de lo que la
seguridad exige. Esta doctrina se inspira en la convicción de que la sola circunstancia de
hallarse detenido bajo proceso, determina en muchas personas sufrimientos morales que
deben evitarse.
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