Cc: Oficina Civil de la Sociedad - UNAIDS - icaso

alteraciones que afectan o alteran a terceros, pero en general las expectativas a las
reacciones de los otros se ven cumplidas.
Traslado este concepto al mundo normativo y a su trascendencia puesto que un gran
número de individuos tienen aptitud para producir efectos jurídicos y es evidentes que deben
ser conocidos de antemano.
La segunda parte del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional no da otro sentido
más que la posibilidad de poder informarse acerca de los acontecimientos de cada uno de
sus pasos y decidir las consecuencias: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíba”.
Incorporó así el “principio de legalidad”, universalmente reconocidos a partir de las
clásicas declaraciones de derechos como la de Virginia de 1776 (art.1:º ”… todos los
hombres… tienen cirtos derechos inherentes… especialmente…. De perseguir y obtener… la
seguridad”), o la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1798 (art 5º: “ …. Todo lo
que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a hacer
lo que ella no ordena.), hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
(art. 29:2: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecida por la ley con el único fin de asegurar
el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, el orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.).
Tiene este principio particular relevancia en lo tocante a delitos y penas pues juega en
este caso el derecho a la libertad física y eventualmente, el de la vida.
Por eso el artículo 18 de la Constitución Nacional preceptúa: “Ningún habitante de la
nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso….”
Esto es decir que ninguna conducta es penable sin la previa existencia de una norma
legislativa que la defina como delito y que le asigne una sanción.
Esto no es otro tema que el atinente a las garantías sustanciales – específicas del
proceso penal. Las enunciaré sintéticamente advirtiendo que omitiré otras (inviolabilidad de la
correspondencia y los papeles privados y la del domicilio).
Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo en ley anterior al
hecho del proceso: este principio se conoce con el aforismo nullum crime, nulla poena sine
lege, que a su vez es la implementación en el derecho penal del principio de legalidad del
artículo 19 ya tratado.
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