Cc: Oficina Civil de la Sociedad - UNAIDS - icaso

Pero por sobre toda hipótesis reina, a prima fasie, la siguiente:
“ ¿Qué operatividad posee, ante estos hechos que se denuncian hoy, los preceptos de
la Ley Nº 23 097 que modificó el artículo 144 ter de nuestro Código Penal?.
El mismo reza en su inciso 1º: “será reprimido con prisión o reclusión de 8 á 25 años e
inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público que impusire a persona, legítima o
ilegítimamente privada de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima
se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquella
poder de hecho. Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descriptos.
Y el inciso 3º del mismo precepto define así a la tortura: Por tortura se entenderá no
sólo la tortura física sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando estos
tengan gravedad suficiente”……… ¿No es grave por si misma la tortura para tener que
evaluarla a los fines de su condena???????.
Debe indicarse que la Ley Nº 23 338 aprobó la Convención Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aprobada por la Asamblea de las
Naciones Unidas el 10/XII/1984 y firmada por nuestro país el 4/II/1985. Convención que al
figurar en el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional ha quedado hoy
revestida de jerarquía constitucional.
Consigno la definición de “tortura” de su artículo 1º: “A los efectos de la presente
Convención, se entenderá por el término “tortura” a todo acto por el cual se inflija
intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
con el fin de obtener de ellas o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por
un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimar o coaccionar a
esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación,
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o
aquiescencia. No se considerará tortura a los dolores o sufrimiento que sean consecuencia
de sanciones legítimas o incidentales a estas”.
Loa artículos 17 y 24 de esta Convención crea un Comité Contra la Tortura, al cual
los Estados signatarios deben presentar informes relativos a las medidas que hayan
adoptado para dar cumplimiento a los compromisos contraídos en ella.
Las personas necesitamos experimentar la necesidad de contar con “seguridad” en
todos los aspectos de nuestras vidas. Este importante valor equivale a la previsión de las
conductas ajenas, a un anticiparse a los comportamientos que los otros cumplirán frente a
distintas circunstancias de su actividad y en su relación con los demás, lo cual es aportado
por los antecedentes de sus actitudes ante situaciones iguales o parecidas. Sin duda existen
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