Cc: Oficina Civil de la Sociedad - UNAIDS - icaso

1. las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y
a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la
autoridad de los magistrados.
2. y el principio de legalidad por el cual ningún habitante de la Nación será
obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe.
El artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
establece que la ley no tiene derecho a prohibir más que las acciones perjudiciales para la
sociedad.
Asimismo, el artículo 15 de la Carta Magna elimina la esclavitud, pregona la libertad de
vientre, establece la indemnización por parte del Estado ante esta situación, prohíbe la
compra-venta de personas y declara al suelo argentino como “liberador” para todo esclavo
que tan solo pise este suelo. Al respecto La Convención Americana de Derechos
Humanos prescribe en su norma 6.1:”nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre
y tanto estas como la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
En resumidas cuentas, la libertad constitucional es la posibilidad de todos de usar
ampliamente los distintos derechos sin otros límites que los impuestos por el orden y la moral
pública y los derechos de los demás.
Los temas que conexos con el informe presentado ante esta Comisión
Internacional por parte de la presente ONG son:
1. La libertad ambulatoria o de locomoción, para lo cual es menester hacer breves
aclaraciones, cuales son los verbos gramaticales que este derecho abarca: derecho a
entrar, o ingresar al territorio nacional, el de permanecer en el país, el derecho a
transitar en el ámbito de la República y finalmente, el de poder salir.
2. El derecho a la integridad física y física. Derecho a la salud
¿Cuándo es violada la primera?
Básicamente en dos situaciones, o ante la comisión del delito y como tal regidos por los
Códigos Penal de Fondo y Procesales Nacionales y Provinciales en los casos de
privación ilegítima de la libertad en sus variantes de secuestros, detenciones ilegales o
ilegítimas o en lugares no destinados al encierro, demoras mal justificadas en la tan
nombrada “averiguación de antecedentes” y cualquier otro artilugio que tanto el Estado o los
particulares son dables de usar.
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