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Provincia de Buenos Aires
Una nota de la provincia de buenos aires dice, “En las cárceles del SPB
el sida es un agujero negro tratado con parches”…
Una presentación ante la Justicia demuestra que en las cárceles
bonaerenses nadie sabe cuántos presos tienen sida. No hay campañas de prevención
y los presos portadores son parias entre los parias. Una reciente presentación
judicial del defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganon, dejó en evidencia que
en las unidades 3 de San Nicolás, 13 y 16 de Junín y 21 de Campana, del Servicio
Penitenciario Bonaerense, los presos contagiados con VIH viven la más paupérrima
de las situaciones porque al maltrato como presos le suman la degradación como
portadores. La respuesta del gobierno de Felipe Solá, que cuestionaba la
procedencia jurídica del amparo y la del defensor general para intervenir, dio la
pauta de que la crisis excede por lejos los muros perimetrales de esas cuatro
unidades y se extiende como un agujero negro por dentro de las 41 unidades
bonaerenses. El Ministerio de Salud provincial sostuvo que no tiene contacto ni
coordinación con el Servicio Penitenciario, y el Ministerio de Justicia bonaerense, de
quien depende el SPB, aseguró que cuenta con un médico infectólogo, pero
reconoció que desconoce qué cantidad tiene de presos con sida. “En esta unidad
tenemos medicamentos contra el sida. Lo que no sabemos es a quién aplicárselos”,
aseguró a este diario un jefe sanitario de una unidad penal que no es ninguna de las
cuatro en cuestión. La presentación de Ganon se realizó en abril pasado ante la
jueza en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, María Isabel Fulgheri. El
recurso estaba dirigido contra el estado provincial, pero giraba en torno de medidas
o ausencia de medidas de los ministerios de Salud –de quien dependen las políticas
y programas de prevención del sida, incluyendo la distribución de medicamentos y
cócteles gratuitos en la provincia–, y de Justicia bonaerenses –de quien dependen
los presos de la provincia, incluidos los presos enfermos de sida–. La presentación
se centraba en las unidades 3 de San Nicolás, 13 y 16 de Junín y 21 de Campana,
que bordean una población de 2800 presos. En lugar de responder demostrando que
sí existen planes o campañas concretas y con pautas y protocolos reconocidos en el
orden internacional, el gobierno de Solá respondió solicitando a la jueza que
rechazara el amparo porque no ocurrían las situaciones que jurídicamente se ajustan
a dicha medida. Fuera de los términos jurídicos, las respuestas del Ministerio de
Salud y del de Justicia por separado, y las solas contradicciones que surgen a simple
vista entre ambas respuestas dejan la obvia sensación de que no existe el más
mínimo plan de prevención coordinado entre las dos autoridades de aplicación. El
Ministerio de Salud sostuvo que no mantiene ningún tipo de coordinación con el
Servicio Penitenciario en políticas de prevención de sida en cárceles. Es más,
aseguró que la falta de insumos es responsabilidad de los jefes penitenciarios por
“omisión del envío de documentación” (los presos beneficiarios). Desde el Ministerio
de Justicia aseguraron que se envió un radiograma a los jefes de cada unidad
solicitando el listado y dando pautas, pero el radiograma nunca fue documentado y
en ninguna de las unidades consultadas los jefes supieron de qué se trataba.
Aunque por fuera de la presentación y más allá de los límites de las cuatro unidades
en cuestión, un jefe de Sanidad de una de las 37 unidades restantes aseguró a este
diario: “Medicación contra el sida en esta unidad tenemos, ése no es el problema –
aseguró el médico, en obvio y absoluto off the record–. El problema es que no
tenemos la menor idea de sobre quién actuar. No se hacen estudios sanguíneos, y si
se hacen, se hacen cada tanto y en forma no periódica. No sabemos dónde estamos
parados”. Una de las medidas enarboladas como un éxito por el Ministerio de
Justicia fue la creación, por decreto 950/05, de la Dirección General de Salud
Penitenciaria dependiente directamente de su Subsecretaría. En la respuesta a
Ganon, Carlos Rotundo, subsecretario de AsuntosPenitenciarios, sostuvo que la
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