Cc: Oficina Civil de la Sociedad - UNAIDS - icaso

Creemos que por nuestro conocimiento empírico de contexto (hemos sufrido el
encierro), la educación y el trabajo, son espacios indispensables para la toma de conciencia
social por parte de los privados de libertad. Al tener una profesión u oficio, se reduce en
parte, la discriminación de un ex-detenido al buscar trabajo.
Somos un país federal, pero no tenemos unificada una política de ejecución
penal y así muchas provincias omiten aplicar judicialmente la ley 24.660 y su
reglamentación. Como agravante directo, hay personas con más de 5 años de
etapa instructoria a la espera de la audiencia de juicio oral para, por ejemplo el
2013 (Casos relevados en el departamento de Quilmes-provincia de Buenos Aires).
Como consecuencia de la sobrepoblación, las autoridades nacionales han impulsado políticas
de emergencia en materia penitenciaria, específicamente en la construcción de cárceles, sin
que en ello se cumplan con requisitos fundamentales como los estudios de impacto ambiental
y la adecuación sanitaria de dichas construcciones, donde se respeten por ejemplo los
lineamientos básicos previstos por la Naciones Unidas en materia de cárceles, para evitar que
las mismas sean depósitos de seres humanos. Y en este caso basta como ejemplo la
construcción de la Unidad Penal en la Localidad de Cacheuta, Provincia de Mendoza,
identificada con el nombre de “Almafuerte”, la cual ha sido construída en una zona del
pedemonte cordillerano que para los expertos es una zona crítica desde el punto de vista
geológico, pues está ubicada en un valle aluvional de permanente desplazamiento, siendo
esto un verdadero desatino y un peligro para la población penal y su guarda penitenciaria.
Como consecuencia de esta situación, el Estado está tratando de implementar
soluciones alternativas como la morigeración de las prisiones preventivas, las prisiones
alternativas, la derivación de personas privadas de libertad a establecimientos civiles, para
tratamiento de toxicodependientes u otras patologías, en cumplimiento de las leyes
internacionales; a lo cual nosotros aportamos la idea de que es necesario implementar
programas que denominamos “casas de medio camino”, “espacios de prelibertad laboral”,
etc.; con el objeto de una mejor interacción de medios para evitar el síndrome del encierro.
La situación de la cárcel Latinoamericana, es a nuestro análisis una constante
donde el castigo en sus diferentes formas elimina cualquier posibilidad de
garantías jurídicas a “los reclusos” (personas privadas de su libertad por causa
judicial), a pesar de que la mayoría de nuestros países se definen como estados de
derecho; es necesario tomar conciencia de un cambio total en el tratamiento
penitenciario de la Región, no sólo desde el punto de vista jurídico sino también en
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