Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

(desestimación).
3. ¿Qué problemas cree que plantea la regulación de estos sectores?
Centrándonos exclusivamente en el sector de alojamiento, el principal problema
que se plantea ahora mismo es la institucionalización de la alegalidad. Es decir, desde
2008 existe empresas que han venido promoviendo esto sin reacción por parte de la
Administración. Desde 2013 se produce una modificación en la Ley de Arrendamientos
Urbanos que literalmente “saca” esta materia de su ámbito competencial pero las
Administraciones autonómicas en vez de regular, tanto para proteger al que ya está
como para dar garantías al que quiere entrar, literalmente se han quedado paradas. Se ha
perdido una oportunidad fantástica de inversión de empresas hoteleras, se ha promovido
la especulación inmobiliaria, se ha permitido que los derechos de unos primen sobre los
de otros en aquellas propiedades sometidas al régimen horizontal. En definitiva: se ha
pretendido que el mercado se autorregulase manteniendo una carga obligacional
en las empresas hoteleras que de facto les impedía competir contra un nuevo tipo de
alojamiento que no tenía que cumplir con nada.
Visto esto, los puntos más importantes, y a su vez más problemáticos, que
tendrían que ser de especial atención a la hora de regular este sector serían el aspecto
fiscal, laboral (el cumplimiento de las obligaciones laborales en aquellos casos en los
que existe un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia para la explotación de activos
infrautilizados), la protección de datos, el respeto a los derechos de los consumidores y
usuarios (intercambio de bienes y servicios en plataforma P2P), el régimen de
responsabilidad (la figura del intermediario y su naturaleza jurídica) y la solicitud de
autorizaciones y licencias (concurrencia de las empresas que desarrollan una economía
colaborativa en sectores regulados).
Desde CEHAT consideramos que uno de los grandes retos a los que se enfrenta
la futura regulación es la responsabilidad de las plataformas. Actualmente se encuentran
exentas de responsabilidad respecto al contenido que alojan en base al art. 16 de la Ley
de Servicios de la Sociedad de la información pero debemos interpretar esta normativa
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