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Por otra parte, debe haber un régimen sancionador, pero siempre a posteriori, no a la hora de conceder una eventual licencia. El sector del transporte es más complicado. De nuevo, la regulación debe ser proporcional. Sería necesario y clave que los actores de las diferentes plataformas y todos aquellos que intervengan en la economía colaborativa declaren los ingresos obtenidos a través de esta actividad y regular de forma clara el aspecto fiscal. La regulación actual es necesaria pero no proporcionada, ya que es una barrera de entrada para aquellos nuevos servicios vinculados a la economía colaborativa que se incardinan en los dos sectores objeto de estudio, en determinados casos porque se basa en unos requisitos de acceso que hacen la realización de una actividad directamente antieconómica para los particulares o en otros porque directamente no se permite. Por tanto, en nuestra opinión, estaría justificada su flexibilización y la inclusión de nuevas tipologías de servicios basadas en modelos peer-to-peer, esto es, entre particulares. En particular, en el caso de alojamientos turísticos, la necesidad de definir adecuadamente los alojamientos P2P que se corresponderían con las viviendas de uso turístico <strong>sin</strong> establecer requerimientos que las hagan inviables. Todo ello considerando la creciente demanda existente por parte de los turistas de este tipo de alojamientos y las experiencias que facilitan. En el caso del transporte es necesario que se diseñen adecuadas políticas de movilidad que fomenten los servicios de transporte y no la utilización del vehículo particular de forma ineficiente. Para ello, los modelos de servicios de la economía colaborativa son un perfecto elemento, ya que es una tendencia basada en el modelo del acceso y del compartir. Por ello, la regulación del transporte de viajeros debería ser innovada de acuerdo con: -La incorporación de nuevos servicios, que gracias al ecosistema digital son eficientes, mejoran la oferta y son requeridos por los usuarios. -Un sistema de compensación para que la transición regulatoria sea más pacífica, en particular sistemas de compensación que amortigüen una devaluación del precio de transmisión de licencias. -El fomento de políticas de limitación del uso de vehículos privados en las ciudades. Un ejemplo reciente ha sido la decisión del Ayuntamiento de Madrid, dentro de su Plan de Movilidad, de limitar el tránsito de los vehículos en el centro de la ciudad con medidas similares a las aplicadas en ciudades europeas como Londres o Roma. El objetivo es que desde principios de 2015 exista un área total de 352 hectáreas de tráfico restringido en Madrid. Medidas de estas características beneficiarían de igual manera a servicios de transporte preexistentes, como taxis o líneas regulares de autobús, o servicios basados en modelos P2P. Asimismo, y en relación con los alojamientos y viviendas turísticas, nos parece necesario disponer de un registro de viviendas y apartamentos de uso turístico y que se controlen sus obligaciones tributarias, pero a partir de estos dos puntos importantes es fácil caer
en la sobrerregulación y en establecer normas de imposible cumplimiento para este tipo de alojamientos. Por tanto, es clave delimitar cuáles son las obligaciones de las plataformas y cuáles las de los propietarios o usuarios, de qué deben responder unos y de qué deben responder los otros, teniendo en cuenta la naturaleza de prestadores de servicios de la sociedad de la información de estas plataformas así como la necesaria protección de los derechos de los consumidores.
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