Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

“..se halla en cualquier caso dentro del ámbito normativo de la Directiva 2005/29/CE, sin
que sea relevante si esta prohibición de ofertas conjuntas sirve primordialmente a la
protección del bien jurídico determinado, la protección de los intereses de los
consumidores, de los competidores o del público, en la forma del mantenimiento del
pluralismo de los medios de comunicación. En tal medida, a efectos del presente
procedimiento prejudicial y desde una perspectiva jurídica no es necesario pronunciarse
sobre si, y en qué medida la normativa nacional objeto de litigio persigue, además, como
ha alegado el Gobierno austríaco, el objetivo de mantener y de preservar el pluralismo de
los medios de comunicación”.
En consecuencia, la naturaleza del interés de los consumidores protegido por la Directiva
2005 -el interés económico- se ha interpretado por el TJUE como un criterio delimitador del
ámbito armonizado, de manera que sus normas no afectarían a las disposiciones nacionales
dirigidas a proteger intereses de naturaleza diferente a la económica.
La incorporación de esta Directiva al ordenamiento jurídico español se llevó a cabo
modificando diferentes normas.
Por una parte, introduciendo en la legislación general para la defensa de los consumidores y
usuarios unos requisitos de información que se consideran necesarios en la oferta de bienes
y servicios, así como un régimen de comprobación y asistencia al cliente, y tipificando como
infracción en materia de defensa de consumidores y usuarios “el uso de prácticas
comerciales desleales con los consumidores o usuarios” (artículos 19 a 21 y 49.1.l).
Así, de acuerdo con el artículo 19.2.2:
“A estos efectos, se consideran prácticas comerciales de los empresarios con los
consumidores y usuarios todo acto, omisión, conducta, manifestación o comunicación
comercial, incluida la publicidad y la comercialización, directamente relacionada con la
promoción, la venta o el suministro de un bien o servicio a los consumidores y usuarios,
con independencia de que sea realizada antes, durante o después de una operación
comercial.”
Se deduce de la definición transcrita, que incorpora lo recogido en el artículo 2 de la
Directiva, que una práctica comercial supone una determinada “actuación” llevada a cabo
por un “empresario” que tiene como destinatario a un “consumidor” o usuario. El sujeto
activo (agente) de la práctica comercial es, por tanto, un empresario, que viene definido en
el artículo 4 del mismo texto refundido como “toda persona física o jurídica que actúa en el
marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada”.
Lo relevante, pues, será que el sujeto activo realice una actividad dirigida al mercado. Las
personas que actúan en nombre o por cuenta del empresario o profesional, tales como