Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

Todo ello, puede llevar a encontrar nuevos entornos de regulación que amparen desarrollos
de actividad novedosos y diferentes, sin suponer un problema de desregulación total de los
sectores ni que medien acusaciones sobre el ejercicio de competencia desleal en
determinados ámbitos.
Los consumidores y usuarios en el ámbito de la economía colaborativa
Aunque la posibilidad de acceder a bienes y servicios a precios reducidos pueda ser
contemplada por algunas personas como una oportunidad y un beneficio en sí misma, es
importante no olvidar que en muchas ocasiones con el señuelo del bajo precio o incluso de
la gratuidad, en realidad podemos encontrarnos ante un conjunto de prácticas ilícitas y en
un entorno sin garantías para con los derechos fundamentales de los ciudadanos ni para con
su seguridad en tanto que los consumidores y usuarios. Es decir, de acuerdo con la definición
de éstos recogida en el artículo 3 del TRLGDCU, en tanto que “personas físicas o jurídicas que
actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”.
En estos casos, el contexto en el que se produce ese acceso a los bienes y servicios puede
privar al consumidor de todos los derechos de carácter solidario que éste ha adquirido en los
últimos años; por ejemplo, cuando el oferente no se reconoce como tal y el promotor de la
actividad se presenta como un mero intermediario tercero sin la suficiente regulación legal o
deontológica que le obligue a responder ante las posibles deficiencias de la oferta, cuando el
bien o servicio recibido no se corresponda con lo demandado, o cuando no se dan las
condiciones esperables para su utilización.
Si no se reconoce la existencia de una relación entre oferentes y demandantes, es posible
que tampoco existan garantías relativas a la recepción de información precisa sobre las
características del producto o sobre las características del prestador del servicio. Que se
prescinda de la denominada “información precontractual”, que se basa en el principio de
veracidad, sin que quepa oponerse por tanto a las cláusulas abusivas que pudiera contener y
que, generalmente, limitarán los derechos de los consumidores. Lo mismo puede decirse del
derecho de desistimiento o de la asistencia postventa. Y, finalmente, tampoco se
garantizarían los derechos de los usuarios en el uso de sus datos personales.
Es decir, la regulación en el ámbito de la economía colaborativa es la que permitiría
contemplar la posibilidad de infracciones en materia de protección de los consumidores,
susceptibles de imposición de una sanción administrativa.
El mencionado TRLGDCU contiene las disposiciones en materia de procedimiento
sancionador e infracciones y sanciones, en sus artículos 46 a 52 ambos inclusive:
El artículo 46 regula los principios que deben regir el ejercicio de la potestad sancionadora
por las Administraciones Públicas competentes, teniendo estos preceptos, según la