Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

infrautilizado, existiendo un componente claramente social y de consumo en colaboración
con otras personas.
A este respecto, consideramos que debería preverse en la normativa una libertad para esta
última actividad en tanto que se está optimizando la utilización de los recursos, con los
importantes beneficios que ello conlleva. De hecho, en otros países, como Alemania, la
normativa de aplicación permite una libertad total en el arrendamiento de bienes por parte
de los usuarios, sin que esa renta puntual y específica que tiene como objetivo optimizar el
rendimiento de sus bienes y amortizar los gastos que produce suponga una presunción de
que se está llevando a cabo una actividad empresarial.
En este sentido, consideramos que en principio el arrendamiento entre particulares debe
estar completamente permitido, siempre y cuando suponga un auténtico consumo
colaborativo que tenga como objetivo compartir los gastos que derivan de la misma
propiedad o mantenimiento del propio bien. Por tanto, cuando nos encontremos ante un
arrendamiento que tenga por finalidad amortizar los gastos y mejorar la utilización de los
recursos, con los beneficios que ello conlleva en lo que se refiere a sostenibilidad y
protección medioambiental, debe estar completamente permitido.
Esto ocurre, por ejemplo, con otras actividades como el P2P car sharing, actividad a través
de la cual una persona puede utilizar un coche de otra que no está siendo utilizado,
abonando a cambio una cantidad que sirve al titular del automóvil para amortizar los gastos
que conlleva el mantenimiento del automóvil. Gastos que, además, son generalmente
superiores a la compensación que se obtiene, de manera que la actividad no acarrearía lucro
en tanto que los gastos se amortizan solo parcialmente. Además, esto es beneficioso en
tanto que permite limitar la utilización desproporcionada de automóviles para algunas
personas que únicamente lo requieren en un momento puntual, lo que repercute en un
beneficio medioambiental, además de contribuir a descargar los municipios de los elevados
niveles de tráfico urbano de automóviles y contaminación con los que cuentan. Todo ello
justifica que no sería proporcionada una normativa que coarte o interponga obstáculos a una
actividad como la descrita.
No obstante, esto no significa que no deban de restringirse algunos supuestos concretos,
pero únicamente en aquellos casos en los que la actividad sea perjudicial para la economía o
para el resto de los consumidores. Esto podrá hacerse, en todo caso, cuando el usuario esté
llevando a cabo una actividad económica encubierta. No obstante, esto puede detectarse
fácilmente cuando los usuarios cambien su comportamiento habitual con el objeto de
comenzar en el ejercicio de una clara actividad profesional, así como cuando se obtenga un
beneficio económico, de manera que la retribución recibida supere de manera significativa el
coste del bien o servicio que se comparte. De este modo, apuntamos nuevamente a que la
regulación ha de contemplar esto para diferenciar entre los distintos tipos de actividades.
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