Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

son en su mayoría deseables en tanto que suponen una auténtica práctica colaborativa que
encuentra su justificación en la eficiencia económica, a la que debe añadirse la relevante
repercusión medioambiental beneficiosa que ello conlleva, así como el mejoramiento de la
sostenibilidad, la optimización en la utilización de los recursos y las implicaciones de cara al
progreso de la sociedad en general, que se manifiesta en el desarrollo de la movilidad y la
comunicación de las personas.
Como se puede apreciar, este segundo grupo posee un componente social claramente
diferenciado, mientras que el primero, pese a que coloquialmente se comprende dentro del
consumo colaborativo, esconde una naturaleza distinta, ya que no se establece sino como un
medio para llevar a cabo una actividad económica. En este sentido, no podemos entender
que en estos casos exista técnicamente un “consumo colaborativo”, por lo que el tratamiento
de la regulación debería divergir a estos efectos.
4. A LA LUZ DE LO ANTERIOR, ¿CONSIDERA QUE LA REGULACIÓN EXISTENTE EN
ESTOS SECTORES ES NECESARIA Y PROPORCIONADA?
A este respecto, al igual que en la respuesta anterior, de nuevo nos encontramos ante la
necesidad de dividir las actividades que producen o no producen un beneficio o mejoría en
términos de eficiencia. Por ejemplo, si atendemos a la regulación del transporte intraurbano
de viajeros, hemos de reparar en que los requisitos que se imponen encuentran su
justificación principalmente en solventar los fallos de información que afectarían a los
consumidores si se desregularizase la actividad, lo que adicionalmente cuenta con
consecuencias en el ámbito de la seguridad.
De esta forma, la realización de esta actividad económica cuenta con una regulación, que si
bien puede ser considerada excesiva en algún extremo, es en cierta parte proporcionada en
atención a sus implicaciones. Cabe añadir que podría reforzarse el cumplimiento de las
obligaciones que establece la regulación en aquellos supuestos en los que tenga lugar la
situación descrita anteriormente, en la que un usuario de una plataforma pase a llevar a
cabo una actividad económica sin cumplir con la regulación.
Asimismo, pueden considerarse proporcionadas las restricciones en lo que concierne al
servicio prestado por autobuses, en tanto que son necesarias para garantizar una prestación
adecuada del servicio, asegurando la existencia del mismo en trayectos menos rentables y
evitando la congestión que provocaría un exceso de operadores ofreciendo un mismo
trayecto. Sin embargo, debe especificarse que esta regulación únicamente tiene sentido en lo
que se refiere a los autobuses, que nada tiene que ver aquellos casos en los que distintas
personas comparten un automóvil, puesto que es algo completamente distinto.
De esta manera, en caso de encontrarnos ante una actividad de carpooling, entrarán en
juego personas que, en lugar de utilizar un vehículo privado cada una de ellas, deciden
realizar el viaje en conjunto con el objeto de compartir los gastos y utilizar los recursos de
manera más eficiente. En este contexto, difícilmente tendrá cabida la aplicación de la
regulación relativa al transporte por medio de autobuses en tanto que ésta es una actividad
económica, mientras que el carpooling no.
De tal modo, no puede considerarse que unas personas que vayan a realizar un trayecto con
su vehículo privado y que deciden compartir el coche, puedan ostentar una relación de
competencia con una compañía de autobuses, ni siquiera cuando los trayectos coincidan,
pues en el primer caso no se trata de una actividad profesional, no existiendo por tanto una
competencia en precio entre unos y otros. Esto se debe a que en el caso del carpooling el
propietario del vehículo únicamente reembolsa el gasto que produce el propio viaje, así como
en ocasiones gastos indirectos como pueden ser el mantenimiento del automóvil en cuestión.
Una empresa de transportes, por el contrario, tiene como objetivo la obtención de beneficio
económico, por lo que no son situaciones equiparables.
Por último, sería preciso analizar las implicaciones que lo expuesto acarrea en lo que se
refiere a actividades relacionadas con el arrendamiento de cualquier clase de bien. Se deben
distinguir nuevamente los supuestos en los que un individuo está llevando a cabo una
actividad profesional y, como consecuencia, obteniendo un beneficio económico de la
actividad; de aquellos casos en los que el usuario arrenda un bien que se encuentra
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