Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

En cualquier caso, una dificultad adicional en este sentido es que existen otras actividades de
consumo colaborativo que, si bien aún no han adquirido la misma repercusión, pronto la
adquirirán. Si tenemos en cuenta dichas actividades, existe mucha más regulación que
afecta al consumo, como puede ser cualquier clase de regulación relativa a los
arrendamientos, incluida la normativa tributaria como la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LAS JUSTIFICACIONES APUNTADAS PARA LA
REGULACIÓN EXISTENTE EN ESTOS SECTORES? ¿QUÉ OTRAS JUSTIFICACIONES
EXISTEN?
El principal problema que reside en las referidas regulaciones es que las mismas no se
elaboraron previendo la posible existencia o aparición de la economía colaborativa existente
en la actualidad. De esta manera, las justificaciones planteadas son válidas para aquellas
actividades que concibe la propia regulación, pero no tanto para los nuevos modelos de
economía colaborativa surgidos con posterioridad.
No obstante, esto en ocasiones encuentra su excepción en algunas normas que se aprueban
de manera específica para resolver las vicisitudes creadas dentro de un sector por la
aparición de prácticas calificadas como de consumo colaborativo. Esto sucede con el
anteriormente citado Decreto 79/2014 de la Comunidad de Madrid, que en su exposición de
motivos determina lo siguiente: “hay que tener en cuenta que el sector turístico es uno de
los sectores más afectados por las nuevas tendencias que se imponen a partir de la
globalización del mercado en que se mueven los viajes, los alojamientos y en general la
contratación vía "on line", por lo que sería poco efectivo y nada práctico dar la espalda a
nuevas tendencias que, de hecho, se han impuesto de forma general en Europa y Estados
Unidos, referidas al uso del alojamiento privado con fines turísticos”.
Así, en la citada norma se establece claramente que la misma tiene como objetivo “paliar los
efectos de la inmersión en el ámbito turístico de una sobreoferta descontrolada de viviendas
destinadas al uso turístico”. Como vemos, la exposición de motivos pretende justificar la
aprobación de este Decreto alegando que es necesario controlar la oferta y el número de
operadores para garantizar la eficiencia del mercado, si bien en el propio preámbulo de la
norma se reconoce adicionalmente la existencia de presiones por parte de las empresas del
sector afectado, pues establece que es necesario “acabar con situaciones de intrusismo y
competencia desleal constantemente denunciadas por las asociaciones del alojamiento
madrileño”.
Asimismo, las justificaciones que se plantean en la consulta pública, no recogen una posible
justificación adicional, que probablemente se encuentra detrás de varias de las regulaciones
existentes en estas actividades. Esto es, la eliminación o aminoración de la existencia de
economía sumergida, así como asegurar que la administración identifique a los operadores a
efectos de control tributario. Esto, por ejemplo, lo podemos observar en el caso del sector
del taxi, pues sus precios y transacciones se encuentran regulados, en gran medida, en lo
que refiere a lograr este fin.
Esto deriva no únicamente de los rendimientos que obtienen los profesionales, sino del
propio consumo de los usuarios, que debería verse gravado en caso de encontrarnos ante
una prestación de servicios según el artículo 11.2 de la Ley del IVA, que engloba los
transportes o los servicios de hostelería y acampamento. Sin embargo, esto debería
encontrarse diferenciado según el tipo de actividades porque, como se especificará más
adelante, no nos encontramos ante la misma situación cuando realmente se comparte un
recurso o cuando un consumidor pasa a realizar una actividad profesional obteniendo
beneficio de ella.
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