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Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

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Organizaciones representativas de los taxistas de España<br />

plataformas de intermediación para el sector del taxi, y operan con taxis legales, es<br />

decir autorizados por las administraciones, <strong>sin</strong> que calidad y servicio se hayan visto<br />

deteriorados. Muy al contrario ambas características han aumentado, y así lo perciben<br />

los usuarios.<br />

La “economía o consumo colaborativo” no entran en conflicto con la actividad<br />

del transporte de viajeros en vehículos turismo. Nunca lo han hecho. Nada que objetar<br />

a la cultura de compartir. Compartir taxi, compartir recorridos, sucede desde hace<br />

décadas <strong>sin</strong> conflictos. Pero es que UBER y los modelos similares no son “economía o<br />

consumo colaborativo”, pues nada se comparte. Se crea un mercado paralelo con<br />

oferentes ilegales, <strong>sin</strong> costes para éstos por ser economía sumergida, <strong>sin</strong> derechos<br />

para los conductores ni garantías a los usuarios, en el que el intermediario global fija el<br />

número de coches que constituyen la oferta y fija el precio de los servicios, regulando<br />

indirectamente la demanda.<br />

La pretensión de UBER no es entrar en el mercado del taxi, para eso podría<br />

operar como cualquier otra plataforma legal (MyTaxi, Taxiya!, Pide taxi, Hailo, etc<br />

etc.). La pretensión de UBER es sustituir al regulador, sustituir al Estado, y monopolizar<br />

un mercado <strong>sin</strong> reglas públicas, <strong>sin</strong> cotizaciones sociales, <strong>sin</strong> sujeción a fiscalidad<br />

transparente, <strong>sin</strong> derechos sociales para los conductores y <strong>sin</strong> garantías a los usuarios,<br />

fijando UBER sus propias reglas y sobre todo sus propios precios, y todo ello al amparo<br />

de una pretendida labor social de cultura de compartir, sobre la que carga un 20% de<br />

comisión y deja inermes a sus conductores frente a ella misma y al Estado y a los<br />

usuarios frente a dichos conductores.<br />

No hay nada que regular sobre una actividad tóxica como esta, solo hay que<br />

cumplir la Ley, que la prohíbe, impidiendo su ejercicio y su extensión. Ampararla es<br />

una actividad anti-sistema, de incalculables consecuencias.<br />

¿Sería lógico que dado que existe un incremento de economía sumergida se<br />

derogasen las normas sobre derechos laborales y seguridad social para ampararla?<br />

¿Sería lógico que dada la creciente evasión fiscal se modificasen las normas fiscales<br />

para permitirla? Absolutamente no. ¿Por qué mantener otro criterio con empresas<br />

como UBER? ¿Por su valor en bolsa? ¿Por quienes la respaldan económicamente?<br />

No hay nada más que regular, hay que cumplir y hacer cumplir la ley<br />

que es la obligación de las Administraciones.<br />

Madrid, 5 de enero de 2015.<br />

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