Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

Organizaciones representativas de los taxistas de España
Como no hay novedad, ni “economía o consumo colaborativo” por parte de UBER
y su servicio ilegal UBER POP, no se requiere modificar las leyes ni una regulación
específica, salvo la que se pueda dictar para ayudar a inspeccionar y sancionar estas
actividades, como debe producirse en un Estado de Derecho.
Por ello FEDETAXI, CTE y UNALT, representantes del Sector del Taxi de
España, queremos trasladarle previamente a la respuesta a su consulta los siguientes
extremos para poner en contexto la situación.
1º.- Que como ciudadanos y como taxistas estamos totalmente a favor del
“consumo colaborativo” en su vertiente de “transporte colaborativo”, siempre que ello
implique la ausencia de ánimo de lucro en la prestación de dicho transporte, pues en el
momento en que aparece este ánimo de lucro ya no nos encontramos ante “transporte
colaborativo” sino ante “transporte profesional” sujeto a regulación en nuestro país y
en la Unión Europea.
2º.- Que como ciudadanos y como taxistas estamos absolutamente en contra
de que el Estado permita o posibilite la irrupción de negocios que aprovechan el
amparo que ofrece la aún difusa denominación de “transporte colaborativo” para,
pervirtiéndolo, hacer del mismo una actividad económica más de “falso transporte
colaborativo” que no respeta ni los requisitos concurrenciales del mercado, ni los
derechos de los usuarios del transporte, ni otros requisitos –no menos importantes- de
seguridad, administrativos, sociales y fiscales, de modo que se configura como una
actividad ilegal, fraudulenta y de economía sumergida.
3º.- Que la actividad de transporte en vehículos de turismo está suficiente y
convenientemente regulada, y que actividad que señalamos como “falso transporte
colaborativo” está suficientemente definida y prohibida por la legislación española, de
modo que no es preciso regular más ni mejor; es preciso cumplir y hacer
cumplir la ley que es para lo que están tanto los poderes públicos, como las Agencias
y Comisiones públicas creadas por las normas legales, como es el caso de la que Vd.
preside.
4º.- Los ciudadanos de un Estado Social y Democrático de Derecho, en su
vertiente de consumidores y usuarios de servicios de transporte en vehículos turismo
tienen derechos y también obligaciones, entre ellas tomar conciencia de que cualquier
uso de un servicio conlleva una aceptación implícita de los métodos, medios y personal
con los que han sido prestados dichos servicios. Si estos son ilegales o fraudulentos, su
uso implica unas consecuencias para toda la sociedad y por supuesto para el mercado
del transporte de viajeros en vehículos turismo.
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