Respuestas recibidas sin formulario I - II- III

para pasar después a estudiar la situación específica de cada comunidad autónoma, que
permita ajustar estas normativas y adaptarlas mejor en cada zona.
Estos dos sectores, obviamente, hoy en día, deben adaptarse a la regulación actual, de
momento, siempre que haga posible el desarrollo de su actividad. No obstante, esta
adaptación genera una situación abusiva por parte de las leyes a los generadores de la
oferta. Sería lógica una regulación que tuviera en cuenta los medios materiales y
humanos de cada ofertante, si se trata de persona física o jurídica seguramente contará
con recursos muy diferentes. Debería de tratarse de una regulación con dos objetivos:
por un lado, que establezca unos requisitos mínimos que ofrezcan unas garantías y
seguridad, dentro del sentido común, a los consumidores finales, y por otro, que
faciliten la actividad “de compartir” dentro de la legalidad. Este último no va referido
tanto a leyes específicas reguladoras del activo o servicio sino a algo más genérico
dentro del ámbito fiscal y laboral. Unas normas tributarias y laborales más laxas y
equitativas atraerían más a su cumplimiento.
En el caso de la movilidad y de servicios de transporte de pasajeros como los facilitados
por las empresas como Uber Pop es relevante para el avance normativo habido en el
Estado de California donde se ha avanzado en una nueva tipología de licencia de ridesharing
que permite dentro de unos márgenes la prestación de estos servicios.
Asimismo, debe de haber una regulación mixta, es decir, los sectores tradicionales
deben evolucionar y las nuevas plataformas deben de pasar por controles, sin que estos
se conviertan en barreras a la innovación, sino en controles aseguradores de la
seguridad y la calidad. Si bien es cierto que hacer una sola regulación para los dos
sectores quizá pueda ser demasiado atrevida, sí que debería haber un acercamiento o
proximidad regulatoria con elementos comunes. La clave para la regulación de estos
nuevos modelos de negocio reside en confeccionar una regulación de mínimos, que se
centre en solventar los problemas básicos y que permita que estas actividades se
desarrollen para que así, dentro de un marco de mayor autonomía, se vaya dando
respuesta a las necesidades reales de los consumidores por parte de los nuevos
modelos, ya existan actualmente o surjan en un futuro.
Esta regulación podría ser susceptible de elaborarse a través de la autorregulación por
parte de los propios nuevos operadores, que constituyéndose en asociaciones
empresariales a tal efecto podrían elaborar códigos de conducta que rijan su actividad
y repercutan siempre en beneficios para los consumidores.
Por último, no se puede obviar la oportunidad a la que nos enfrentamos actualmente,
como es que tanto estos dos sectores motivo de análisis como otras verticales
enmarcadas en la economía colaborativa puedan ser regulados desde la Unión Europea
para así avanzar en una adecuada armonización regulatoria que genere seguridad
jurídica y que favorezca la competitividad de las empresas que operan en esta nueva
economía. Recientes noticias informan sobre el interés de la Comisión Europea en
avanzar este 2015 sobre una posición política (y por extensión legislativa) en actividades
como el ride-sharing. España tiene ante sí la oportunidad de sumarse a dicho análisis