Leer las 10 primeras páginas - Ediciones Francis Lefebvre

© Ed. Francis Lefebvre ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA — 19
coincidente, ya el Consejo de Estado advirtió respecto del Anteproyecto de Ley del principal
problema que con ello se suscita, originado por ser aquélla la única previsión contenida en toda
la LJCA –que no corrigió dicha carencia– acerca de los decretos legislativos: el de su necesaria
articulación.
• La aludida omisión del régimen de impugnación de los Decretos legislativos plantea, además
de lo anterior, la genérica necesidad de integración de dicho régimen jurídico. La LJCA art.1.1,
aun siendo una previsión constitucionalmente legítima «parece obedecer –afirma Sánchez
Morón– al conocido prejuicio dogmático que considera que los Decretos legislativos ultra vires
tienen rango reglamentario». De ser cierto, efectivamente no hay tal laguna, pues se rigen por
lo dispuesto para la impugnación de los reglamentos, por la razón apuntada y por una puramente
terminológica, pues la LJCA se refiere en todo momento a la impugnación de las «disposiciones
generales». En tal sentido, la dualidad del recurso, directo e indirecto, no planteaba ya
dudas en la Jurisprudencia del TS (así, en TS 14-4-95, RJ 3323 y 15-6-96, RJ 6680, 6681 y 6682 se
resuelven recursos indirectos contra el RDLeg 1175/1990). Cabe por ello predicar la continuidad
de tal opción al amparo de la LJCA art.26 y 27, si bien con una diferencia esencial respecto
al régimen anterior: la generalización de los efectos de la declaración de nulidad por la estimación
del exceso sobre la delegación legislativa, frente a lo que acontece en las sentencias
citadas, dictadas al abrigo de la Ley anterior.
a. Trascendencia en el ámbito financiero y tributario
(Const art.82)
Las razones que justifican el análisis de esta cuestión se ponen de manifiesto por lo
siguiente:
1) Su tradicional aplicación en materia financiera.
PRECISIONES 1) La LGT/1963 art.11 y disp.trans.1ª denotaban la importancia de esta figura en un
contexto histórico en que se llevó a cabo la profunda reforma de los tributos estatales al socaire
de la L 41/1964 mediante textos refundidos, cuya utilización aún se observaba hasta hace
poco por la vigencia –parcial– del RDLeg 1091/1988; así como en materia tributaria son expresivos
de ello el RDLeg 1/1993 (ITP y AJD) y el RDLeg 1299/1986. Ejemplos a los que se adjuntaba,
hasta la entrada en vigor de la LGT, el RDLeg 2795/1980.
2) Similar trascendencia histórica ha tenido en sede de Haciendas locales la otra modalidad
de delegación recepticia: las leyes de bases. No en vano la regulación de las tarifas del IAE y la
Instrucción para su aplicación mediante RDLeg 1175/1990, es una de las cuestiones que más
conflictividad ha planteado en sede jurisdiccional.
2) El fenómeno apuntado no resulta extraño si reparamos en que el fundamento
práctico de este instituto jurídico (Calvo Ortega) responde a la complejidad o tecnicismo
de determinadas materias que aconsejarían su regulación detallada por el
poder ejecutivo, siempre dentro de los principios y criterios señalados por la ley
delegante. Característica de la que participan las materias que conforman el ordenamiento
tributario.
3) A nadie escapa que el valor de este razonamiento en los momentos a que nos
hemos referido adquiere en la actualidad inusitado vigor en materia tributaria y se
halla por ello en la base, junto a la exigencia constitucional de seguridad jurídica,
del reciente fenómeno de refundición de los textos legales a que asistimos y que
afecta a figuras nucleares de nuestro sistema impositivo. Por orden cronológico, la
labor refundidora se ha plasmado en cinco Reales Decretos Legislativos: RDLeg
1/2004, por el que se aprueba el texto refundido R de la Ley del Catastro Inmobilia-
160
161