Turismo y Desarrollo: herramientas para una mirada crítica - Alba Sud

Ernest Cañada & Jordi Gascón
Texto 4: El Plan Hidrológico Nacional: turismo y trasvase de agua
A principios del 2002, Greenpeace denunció que el Plan Hidrológico Nacional
(PHN), aprobado por el gobierno del Partido Popular (conservador) el año anterior
(Ley 10/2001), iba a permitir la construcción de 66 nuevos campos de golf en el
sudeste español, aun cuando el Ministerio de Medio Ambiente aseguraba que el agua
del trasvase no se destinaría a este fin.
El PHN partía de dos premisas. Por un lado, que el agua en España está distribuida de
manera muy irregular: mientras que las lluvias se concentran en el norte (la España
húmeda) y superan sus necesidades, en el resto (la España seca) son irregulares e
insuficientes. Por el otro, que están mal gestionadas. Con esta perspectiva, el PHN
favorecía el trasvase de agua entre cuencas fluviales, la construcción de nuevos
embalses, la reforestación de cuencas, la mejora de regadíos y la aplicación de
prácticas de optimización del uso del agua. El elemento más conflictivo del PHN fue
la propuesta de trasvase de más de 1.000 hectómetros cúbicos anuales de agua del
río Ebro a las cuencas levantinas. Aun cuando el Gobierno español aseguraba que
este trasvase era posible sin poner en riesgo el ecosistema de la cuenca, la mayoría
de científicos y organizaciones ecologistas aseguraban que una acción como ésta
suponía la muerte de su extenso y frágil delta. El trasvase conllevaba, también, la
construcción de nuevas presas en la Cordillera pirenaica, de la que el Ebro se nutre,
y la consiguiente inundación de valles de gran valor medioambiental y social.
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Este conflicto acabó enfrentando diferentes territorios del Estado. Por un lado, la
Comunidad Valenciana y Murcia, supuestos beneficiarios del trasvase, lo apoyaban,
con el discurso que era necesario para el desarrollo del Levante español. Por otro,
Catalunya y Aragón, territorios de donde procedía el agua y que iban a recibir el
impacto medioambiental de la obra, se oponían, arguyendo que el trasvase sólo
serviría para mantener un desarrollo insostenible basado en la agricultura intensiva
y el turismo.
Así, Greepeace calculaba que si un campo de golf demanda aproximadamente 1.500
litros de agua por metro cuadrado y año, y la extensión media de estos campos es de
50 hectáreas, las necesidades hídricas de los 66 que se pensaban crear se situaban
en torno a los 750.000 metros cúbicos. Y eso sin contar con las necesidades de
las nuevas urbanizaciones de segundas residencias y complejos hoteleros que las
acompañaban. Y sin contar tampoco con el crecimiento que esa agua permitiría de
los enclaves turísticos de la costa levantina. En pocas palabras: el PHN y el trasvase
del Ebro suponía impactos medioambientales muy graves para satisfacer actividades
recreativas que enriquecerían sólo a una minoría.