Revista INAP (pdf) - Jefatura de Gabinete de Ministros

94 | Perspectivas sobre el Estado
El giro profundo
que significó la
asunción de la negociación
colectiva
y la participación
como pilares centrales
de la política
de empleo público
se reflejó no solo
en la firma del
nuevo Convenio
Colectivo General,
sino también en
los convenios sectoriales.
a) Solución definitiva del problema del personal contratado. Si
bien se ha avanzado muchísimo en la eliminación de los contratos
de locación de servicios y otras modalidades que eran un estigma
del empleo público, en tres años no fue posible hacerlo efectivo
más que en unos 1000 casos, pese a todos los esfuerzos y compromisos
por poner en marcha los procesos de selección para cubrir
las más de 15.000 vacantes existentes. Si tenemos en cuenta
que solo en el SINEP existen hoy más de 30.000 contratados, entenderemos
la gravedad del problema: hacen falta decisiones de
fondo, valientes, atrevidas, innovadoras y continuadas en el tiempo.
Es indefendible que entre dos profesionales que hacen una misma
labor, con la misma responsabilidad y antigüedad, haya una diferencia
salarial de 30 a 45% solo porque uno de ellos pertenece a
planta y el otro es contratado, con el agravante de que este último
técnicamente carece de la estabilidad del empleado público.
b) No puede seguir demorada la apertura de la negociación colectiva
en los sectores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo incluidos
en el Convenio Colectivo General. Organismos como la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte o de Comunicaciones,
o los entes reguladores del gas y la electricidad, carecen
de sistemas de carrera, evaluación de desempeño, capacitación, y
esquemas de ingreso, egreso y remuneraciones. Para decirlo con
todas las letras: luego del fallo Madorrán de la Corte Suprema de
la Nación, ¿se puede seguir sosteniendo que haya trabajadores del
Estado que carezcan de la estabilidad laboral que prevé la Constitución
Nacional?
c) Aunque parezcan temas menores, la aprobación de un nuevo
régimen de licencias, justificaciones y franquicias, la reglamentación
y aplicación de nomencladores para cargos de jefatura y funciones
ejecutivas, el llamado a concurso para regularizar el sistema,
la revisión integral del nomenclador de funciones específicas para
eliminar las distorsiones e injusticias existentes, el desarrollo y apli-