Revista INAP (pdf) - Jefatura de Gabinete de Ministros

Omar Alfredo Autón
85 | Perspectivas sobre el Estado
y el Fondo Monetario Internacional, se aplicó como
receta única en los llamados países emergentes, se
privatizaron amplias áreas de las empresas del Estado,
se abrió la economía al mercado mundial y se
desreguló la actividad económico-financiera.
En lo que hace a nuestro tema de atención, se
avanzó en una reforma administrativa que reemplazó,
en la Administración Central, el escalafón
1428/1973 por el Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa (SINAPA) aprobado por Decreto
993/1991. Con el nuevo sistema se proponía lograr
mayor profesionalidad y eficiencia en el aparato burocrático
del Estado mediante instituciones tales
como el ingreso por concurso a la planta permanente,
el acceso a cargos gerenciales por concurso,
el reemplazo del concepto de antigüedad como
base de la carrera administrativa por la evaluación
de desempeño y la acreditación de requisitos mínimos
de capacitación y procesos de selección para
los ascensos. Se creó, además, el Cuerpo de Economistas
de Gobierno, el cual se agregó al Cuerpo
de Administradores Gubernamentales ya citado.
En materia de negociación colectiva se sancionó en
1992 la Ley 24185, reglamentada el año siguiente
por el Decreto 447, que instituyó la negociación colectiva
en el Sector Público Nacional y completó así
el ciclo iniciado con la ratificación de los Convenios
151 y 154 mencionados anteriormente.
En diciembre de 1998, el Estado nacional y la Unión
del Personal Civil de la Nación (la Asociación de Trabajadores
del Estado abandonó la negociación antes
de su conclusión) acordaron el primer convenio colectivo
de trabajo para el sector público, que fue homologado
por el Decreto 66/1999. Finalmente, en
1999 se sancionó la Ley Marco del Empleo Público
Nacional 25164, destinada a regular las materias no
comprendidas en la negociación colectiva.
3) El tercer período comprende el bienio 2000-
2001, que se caracterizó por un fuerte retroceso en
el compromiso con esta temática y un frustrado intento
de dar marcha atrás en la democratización de
las relaciones de trabajo y avanzar en proyectos
como los llamados acuerdos-programa y la contratación
de ‘gerentes’ sin estabilidad laboral, en busca
de una supuesta eficientización de la gestión, que
no avanzaron por la resistencia del sector sindical.
La crisis posterior, que concluyó con los infaustos
sucesos de diciembre de 2001, dejó como herencia
para el sector un recorte del 13% de los salarios de
los trabajadores.
4) A partir de 2002 se inició la cuarta fase. Se retomaron
lentamente las políticas de reordenamiento
del sector, la reinstalación de la negociación
y la puesta en marcha de los institutos del SINAPA.
Además, se dejó sin efecto el recorte salarial mencionado
en el acápite anterior y se dictó la Resolución
48, que completó el andamiaje legal del artículo
9 de la Ley 25164 y su similar del Decreto 1421 reglamentario
de la ley, que permitió avanzar en la regularización
de una inmensa planta de trabajadores
contratados bajo modalidades como la locación de
servicios, que habían pasado de 3071 en 1999 a
15.661 en 2002.