Revista INAP (pdf) - Jefatura de Gabinete de Ministros

74 | Perspectivas sobre el Estado
41
Bajo el alegato de que las garantías
de salud operan independientemente
del tipo de proveedor y ante las listas
de espera en el caso de los asegurados
por el sistema público, la solución ha
sido entregar un bono para ser usado
en el sistema privado, o sea, proveer de
más recursos al sector privado mercantil.
De hecho, la garantía de oportunidad
con plazos garantizados se hace efectiva
a través de la compra del servicio
en el sector privado si no hay resolución
en el sistema público.
El asunto clave remite pues a la arquitectura social que legaremos
a las nuevas generaciones. Si, en definitiva, gana la batalla la universalización
de derechos, e incluso su exigibilidad, pero pierde terreno
lo público, la victoria probablemente será pírrica.
Aunque es evidente que hay matices, el escenario, en términos
generales, ya ha sido dramáticamente cambiado. El poder del Estado
en el sector público ha disminuido tras el vertiginoso crecimiento
de las figuras de las contrataciones externas y vouchers
(todos con financiamiento público) en el campo de los servicios sociales.
Pero, además, estos han sido sometidos a una inédita segmentación
producto de los procesos de privatización de servicios
públicos esenciales. En este sentido, aquellos países que iniciaron
tempranamente las reformas lo que muestran son dos sectores
respecto de los servicios de educación y salud: uno privado, grande
en extensión y profundidad, y otro público, pequeño y que se sostiene
en gran medida con el gasto de bolsillo, pero que a la vez financia
significativamente al primero. Por su parte, aquellos
servicios que han sido trasladados a niveles subnacionales han tendido
a abonar aún más el terreno de los negocios privados tras su
delegación a ellos, o bien han sido reconvertidos en servicios privados
(piénsese en el caso de la figura de las corporaciones municipales
que operan bajo los principios del derecho privado) o se han
fragilizado inclusive más tras la figura de los financiamientos compartidos
imposibles de ser asumidos por municipalidades o entidades
locales pobres.
Bajo este escenario, una paradoja posible es que las garantías
de derechos terminen reforzando todavía más los negocios privados
si el sector público no puede atender las demandas que a
él se dirigen. Si nos atenemos una vez más al caso chileno, veremos
que esta paradoja ya tiene visos de realidad 41 . Lo anterior
alerta sobre la importancia de devolver la mirada sobre recursos
e institucionalidad acorde con la implantación de políticas de de-