Revista INAP (pdf) - Jefatura de Gabinete de Ministros

Nuria Cunill Grau
71 | Perspectivas sobre el Estado
personas no organizados, no es infrecuente que, una vez abiertos
canales de participación ciudadana, sean copados por intereses organizados
y reproduzcan las pautas de exclusión social. En general,
la participación social no es per se balanceada ni representativa
(Leach y Wingfield, 1999, p. 55).
Instancias como los Consejos de Políticas de Brasil muestran que,
incluso existiendo una representación paritaria o mayoritaria de la
sociedad, ciertos actores pueden quedar subrepresentados, mientras
otros resultar sobrerrepresentados 36 . Este caso ilustra bien,
por tanto, que la representatividad del conjunto social no se asegura
automáticamente. El problema es mayor, dado que en una
misma categoría de intereses suelen ser siempre las mismas organizaciones
las que participan (véase al respecto Cunill 2010b,
según datos del IPEA, 2009).
Todo ello sugiere que la creación de espacios institucionalizados
de participación ciudadana requiere de medidas expresas para asegurar
la representación social de los sectores que no tienen voz 37
y compensar los costos de la participación para los sectores más
carenciados, a fin de atenuar las asimetrías en la representación
social en los procesos de formación de las decisiones públicas y
contribuir a la democratización de la gestión pública.
Finalmente, no puede soslayarse el hecho de que la representatividad
social no solo alude a la debida consideración ‘al menos’ 38
de todas las categorías de intereses sociales que son interpelados
por los asuntos que tratan las instancias de participación. También
es clave la medida en que los representantes actúen efectivamente
como tales; o sea, que lo hagan en nombre de los representados
y no solo de sí mismos. La autonomización respecto de
las bases sociales y la consecuente elitización de la participación
ciudadana es uno de los mayores riesgos que actualmente está
anulando su contribución a la democratización de la administración
36
De los nueve Consejos nacionales
creados o reformulados a partir de 2003
con carácter deliberante y paritario, solo
uno contempla representación de usuarios;
por su parte, de los ocho Consejos
deliberantes con participación mayoritaria
de la sociedad existentes a nivel federal,
apenas en uno hay participación
de usuarios. En tanto que, en todos los
casos donde existe representación de
asociaciones de profesionales, aunque
tengan el mismo porcentaje de representación
que el resto de las categorías
de intereses sociales, su incidencia tendencialmente
es mayor (Cunill, 2010b y
2011b).
37
Entre las sugeridas están hacer discriminación
positiva o usar el sorteo.
38
Decimos ‘al menos’ porque idealmente
también debiera existir representación
de la ciudadanía como tal, en
representación de los intereses públicos
más generales.