Revista INAP (pdf) - Jefatura de Gabinete de Ministros

Nuria Cunill Grau
63 | Perspectivas sobre el Estado
máticos más que de derechos positivos, o de derechos ‘racionados’
27 , emergen varias novedades.
Una primera novedad es que aspectos relativos a la protección social
comienzan a ser invocados como derechos exigibles de todas
las personas, o sea, de carácter universal. Es altamente probable
que estén en el origen de este fenómeno los magros resultados
de las políticas focalizadas en la pobreza extrema, el creciente malestar
de los sectores medios, dado el encarecimiento de los servicios
sociales provocado por su privatización, y los riesgos
consecuentes sobre la cohesión social y la estabilidad política de
la región. Lo cierto es que, convergiendo en parte con las demandas
ciudadanas y las normativas internacionales, se está desarrollando
un cierto consenso en el sentido de que es necesario
repensar las políticas sociales como parte de las obligaciones del
Estado para el cumplimiento efectivo de los derechos asociados a
la existencia de una ciudadanía social, en términos de acceso a activos,
ingresos y, muy especialmente, servicios.
Ahora bien, una segunda novedad es que a la recuperación de la
idea de universalidad se agregan otros requerimientos que emanan
directamente del campo normativo de los derechos humanos, en
consonancia con los estándares internacionales fijados, entre
otros, por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos (SIDH). Uno de ellos es el principio de la participación
ciudadana, el que, se afirma, es consustancial a todas las políticas
públicas con enfoque de derechos (Abramovich, 2006; Pautassi,
2007). Por otro lado, el principio de la integralidad, que aparece relevado
al reconocerse la interdependencia que existe entre los derechos
económicos, sociales y culturales, de una parte, y los
derechos civiles y políticos, de la otra (United Nations, 2002, p. 3),
así como la integralidad de los derechos sociales. Otro principio
clave es el de la exigibilidad, que supone reconocer explícitamente
que los derechos ciudadanos se traducen en obligaciones para sus
27
En el sentido de propender a la universalización
(versus la focalización) de
las políticas sociales, pero circunscribiendo
los objetos de ellas.