Revista INAP (pdf) - Jefatura de Gabinete de Ministros

Nuria Cunill Grau
61 | Perspectivas sobre el Estado
mativo sobre el que basar la identidad de la Administración Pública
(Wamsley, 1996) y que se encargue de enfrentar, entre otros, los
dilemas de lo individual vs. lo colectivo y de la eficiencia vs. la equidad,
así como de combatir la visión dual de la naturaleza humana
(mala vs. buena) y de las propias instituciones (control de la naturaleza
humana vs. promoción de sus aspectos positivos), que no
solo han subyacido en los ‘viejos’ y los ‘nuevos’ enfoques de la reforma
administrativa, sino en visiones alternativas, como la corriente
comunitarista sobre la administración pública, que se ubica
en uno de los polos de cada uno de esos supuestos dilemas, el
‘bueno’ (vg. King y Stivers, 1998; Stivers, 2001).
En segundo término, vinculado a lo anterior, las evidencias apuntan
a la necesidad de plantearse la recuperación de la lógica de la ciudadanía
en oposición a la lógica del mercado en la operación de la
administración pública. Ambas lógicas, si bien pueden coexistir,
son contradictorias y, por ende, cuanto más se extienden los ámbitos
de validez de una, más se reducen los de la otra 22 . Por lo
tanto, para recuperar la lógica de la ciudadanía no bastan los enfoques
de calidad total, las invocaciones a la participación ciudadana,
y menos la retórica de un servicio público al servicio de la gente
por medio del gobierno electrónico, si es que no hay al menos cuatro
cuestiones en juego. Primero, la consagración de los derechos
sociales como derechos humanos que redunden en servicios públicos
universales que, a su vez, sean de calidad y respeten la diversidad
de la sociedad. Segundo, un compromiso social con el
financiamiento de tales servicios, a fin de crearles la condición básica
de viabilidad. Tercero, una transformación radical de las estructuras
y de los modos de gestionar, consistentes con las
condiciones institucionales al ejercicio de los derechos consagrados.
Cuarto, el reconocimiento de la ciudadanía como sujeto político
que ejerce su influencia directamente sobre la administración
pública, pluralizando así la esfera pública.
Es altamente probable
que un
juego alternativo
exija de transformaciones
de gran
envergadura en los
propósitos de la
reforma del Estado
y, en particular, de
la administración
pública.
22
Narbondo (2003, p. 76-77), recurriendo
al clásico estudio de Marshall,
nos recuerda que la ciudadanía social
otorga derecho al acceso de bienes y
servicios sociales y económicos con independencia
del poder de compra.