Yadira Sandoval Rodríguez - Topofilia

a) Territorios como jurisdicciones de control político.
Las diversas plataformas indígenas y la multiplicidad de contiendas locales y discursos
confluyeron en torno al derecho de autodeterminación, cuyo proceso de realización en regímenes
de autonomía se vivió en el ciclo 1990-2003 en los países de América Latina. Producto de esta
lucha por etnoterritorio son: la Declaración de Quito (1990) y la Declaración de Barbados II
(Toledo 2005, 88). La nueva conceptualización de etnoterritorio es el ámbito jurisdiccional del
control político indígena, donde se está enfatizando los aspectos legales y administrativos del
ejercicio del derecho de autogobierno en sus comunidades (Toledo Llancaqueo 2005, 88).
El caso de México es paradigmático al respecto, donde en la cresta de la ola de un denso y
profundo proceso político encontramos una controversia constitucional. Por una parte se ha
reconocido la diversidad cultural y el respeto a los grupos indígenas, pero en el aspecto del
control de sus recursos naturales y avances en la autonomía hay un gran vacío en las leyes. Por
otra parte, hay la controversia de las diversas experiencias de construcción práctica de autonomía
que existe en el territorio mexicano por la vía de municipios y sus uniones, como en Chiapas
(Toledo Llancaqueo 2005, 88). “Los pueblos indígenas se organizaron para asumir autonomía
colectiva, rebasando al poder ejecutivo como al poder legislativo, y han tomado a la autonomía
como bandera de lucha. Así fueron declarados 32 municipios autónomos en diciembre de 1994
antes del aniversario del Levantamiento Zapatista, entre los que destacan San Andrés Sakamchén
de los Pobres, en los Altos de Chiapas, San Juan de la Libertad (oficialmente El Bosque), Ricardo
Flores Magón, el de Tierra y Libertad, La Realidad y Polhó entre otros. Las experiencias de
autonomía incluso ya existían antes del movimiento Zapatista” (Stavenhagen R. 1999 citado en
López 2002, 28).
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