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veterinario de su provincia. Si se realizaran
diferentes actividades profesionales,
debe inscribirse en cada uno de los colegios
competentes a cada una. De esta
forma, los colegios veterinarios y demás
colegios profesionales tendrán conocimiento
y constancia de la existencia de
estas sociedades y podrán someterlas a
las exigencias deontológicas de la organización
colegial.
La ley también establece que se publicarán
los datos registrales de las sociedades
en un portal de Internet, responsabilidad
asumida por el Ministerio de Justicia.
En el caso de producirse cualquier
cambio de socios o administradores, así
como modificaciones del contrato social,
se debe hacer constar en los registros.
La condición de socio es personal e
intransferible, salvo que haya unanimidad
en el consentimiento de todos los
socios o que se establezca, en el contrato
social, que la transmisión se pueda hacer
con el consentimiento de la mayoría de
los socios.
“La polémica está servida”
Joaquim Baucells, vicepresidente de ANEMBE (Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España) ofrece su opinión
sobre esta ley.
“Francamente descubrir en el texto de la Ley 2/2007 alguna de las ventajas que preconiza en su preámbulo, es tarea harto difícil. La
preconizada mejor protección del profesional, su responsabilidad patrimonial y la del propio usuario, no alcanzo a percibirlas mejores
que las contempladas en el marco de las formas clásicas de las sociedades mercantiles actuales. Mientras que son muy claros los
inconvenientes que comportarán las restricciones a que se obliga en el objeto social (exclusivamente prestación de los servicios profesionales),
las condiciones de acceso al accionariado o la propia transmisión societaria limitan y coartan considerablemente el dinamismo
y la libertad de empresa.
Pero la parte más traumática no será la constitución de nuevas sociedades, sino la necesaria transición para las sociedades de servicios
veterinarios ya existentes, si incumplieran alguna de las dos condiciones principales (75% del accionariado profesional y objeto
social exclusivamente de prestación de servicios veterinarios). A éstas les auguro un costoso tormento burocrático y organizativo.
Por último, también me pregunto cómo afrontarán el futuro las empresas (cooperativas, industrias, etc…) que disponiendo de una
plantilla de profesionales facturan sus servicios si, éstos, con la nueva ley, deben ser realizados desde una sociedad profesional. Creo
que la polémica está servida”.
Responsabilidad de
los socios y ejercicio
de la actividad
En cuanto a la responsabilidad disciplinaria,
la sociedad y socios deben actuar
conforme a la deontología y disciplina
propia de la profesión veterinaria.
Las causas de incompatibilidad o inhabilitación
se harán extensivas a la sociedad,
por lo que el régimen disciplinario
se hará extensivo a todos los miembros
de la sociedad profesional sean socios o
no. Es decir, el pertenecer a una sociedad
no eximirá al profesional de cumplir con
el régimen disciplinario.
La ley es de carácter
obligatorio y establece
plazos y procedimientos
concretos para colegios y
sociedades ya constituidas.
En cuanto a la responsabilidad patrimonial,
la sociedad responderá con todo
su patrimonio a las deudas contraídas y
la responsabilidad de los socios se determinará
de conformidad con la normativa
de la forma social adoptada por la sociedad
profesional. A su vez, de las deudas
sociales derivadas de actos profesionales
responderán aquellos profesionales que
hayan actuado, socios o no, así como la
propia sociedad.
La pérdida de la condición de socio
profesional no liberará a éste de la asunción
de la responsabilidad personal derivada
de su actuación profesional.
La nueva normativa obliga a las sociedades
a contratar un seguro que cubra la
responsabilidad derivada de su actuación
profesional.
Aplicación, plazos
y sanciones
La ley es de carácter obligatorio y establece
tanto plazos como procedimientos
concretos para colegios y sociedades ya
constituidos.
A los colegios profesionales se les concede
un plazo de nueve meses para constituir
los registros de sociedades profesionales,
por lo que el vencimiento se producirá
en marzo de 2008. A partir de
este momento se abre, a su vez, un intervalo
para las sociedades ya constituidas
que será de un año desde la creación de
los registros colegiales.
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