Ruido - Diputación de Málaga

constitucionales a la intimidad e inviolabilidad del
domicilio, que puede vulnerarse por el ruido
• En todos los casos se precisa asistencia de abogado y de
Procurador, este último cuando el proceso se ventile ante
órganos judiciales colegiados.
Nota: Es interesante destacar la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía sede en Málaga, de 16/06/2003,
ratificada por la sección: séptima del Tribunal Supremo,
condenando al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a indemnizar a
cada uno de los 16 recurrentes a 156.260 euros por los daños y
perjuicios sufridos por efecto del ruido (zona de bares de copas).
• Vía Judicial Civil
Puede accionarse frente el causante de los ruidos. Algunas
posibilidades:
• Acción de reclamación de daños y perjuicios por culpa o
negligencia, con base en el art. 1902 del Código Civil.
• Acción de demolición, si se trata de ruidos procedentes de
obras o construcciones (art. 46, Ley del Suelo de 2.008). El
juez puede ordenar de forma inmediata la suspensión
cautelar de la obra.
• Si el causante del ruido ocupa una vivienda alquilada, el
arrendador puede ejercer la acción de resolución del
contrato de arrendamiento (art. 27.2, Ley de
Arrendamientos Urbanos).
• Si ocupa una vivienda en régimen de propiedad
horizontal, la comunidad de vecinos puede entablar un
procedimiento judicial para conseguir la cesación de la
actividad, pudiendo llegar, en caso de gravedad, a la
privación temporal del derecho al uso de la vivienda. Puede
también solicitarse indemnización por daños y perjuicios
(art. 7, Ley de Propiedad Horizontal).
• Si los ruidos se deben a una falta de calidad de la vivienda,
puede pedirse el saneamiento por vicios o defectos
ocultos (Disp. adic. 5ª de la Ley del Ruido)
Nota: Para el Derecho Civil, las “inmisiones sonoras” atentan
al derecho de propiedad del dueño de la vivienda que la sufre,
según ha declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 12
de diciembre de 1980. Asimismo, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, en cuya sentencia de 9 de diciembre de
1994, vino a incluir en el núcleo de la intimidad-protección del
domicilio las intromisiones sonoras por considerar que el ruido
excesivo supone una violación de los derechos fundamentales
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