Gaspar Ariño Ortiz y Mónica Sastre Beceiro - Grupo.us.es

Ello no quiere decir que estemos ante un mercado “libre”, sino regulado (como son hoy los
mercados de valores, el mercado eléctrico o las telecomunicaciones). El mercado del agua será siempre un
mercado “regulado”, porque no afectará a todos los recursos sino a una parte pequeña de ellos: aquellos que
no hayan sido intervenidos o reservados por el Estado, que tendrá siempre el poder y la responsabilidad de
garantizar los intereses nacionales, en especial el abastecimiento a poblaciones y la conservación del medio
natural. Asimismo, el Estado tendrá que garantizar que el mercado sea público y transparente para lo cual
deberá evitar la especulación y las explotaciones desordenadas, fijando reglas y pautas, pudiendo, llegado
el caso, suspender una transacción si considera que perjudica el mantenimiento del caudal ecológico que
sobreexplota un acuífero o daña considerablemente la pesca o fauna silvestre. Para ello, se deberá notificar
a la Administración, las transacciones que se vayan a realizar entre el titular del aprovechamiento de las
aguas y el comprador.
En definitiva, y para concluir, en nuestra opinión –y en opinión de un amplio sector doctrinal- los
efectos positivos que supondría la realización de un mercado de aguas en España serían mayores que los
negativos, a la vista de los resultados favorables que se observan en experiencias propias y ajenas
expuestas, así como de los conflictos políticos, económicos y sociales que supone la implantación de un
sistema de trasvases como mecanismo de corrección de los desequilibrios hídricos interterritoriales.