Gaspar Ariño Ortiz y Mónica Sastre Beceiro - Grupo.us.es

H. Subrogación de obligaciones
El apartado 4 del art. 61 bis, prescribe lo siguiente: “Los adquirentes de los derechos dinamantes
de la cesión se subrogarán en las obligaciones que correspondan al cedente ante el Organismo de cuenca
respecto al uso del agua”. Por otro lado, el apartado 9 del art. 61 bis, establece: “el incumplimiento de los
requisitos establecidos en este artículo será causa para acordar la caducidad del derecho concesional del
cedente”. Esto parece obvio y necesario.
I. Bancos de Agua
Finalmente, el apartado 11 introduce la posibilidad de que, en casos de sequía y otras
circunstancias excepcionales (art. 53, 54, y 56 de la Ley), se podrán constituir lo que llama “centros de
intercambio concesional” (Bancos de Agua), mediante acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del
Ministerio de Medio Ambiente. Los Organismos de cuenca pueden ser compradores, previa autorización
para realizar “ofertas públicas de adquisición de derecho sobre el uso del agua, para posteriormente
cederlos a otros usuarios mediante el precio que el propio organismo oferte”. No obstante, estos Bancos de
Agua se someten a un procedimiento público de contratación (“las adquisiciones y enajenaciones del
derecho al uso del agua que se realicen conforme a este apartado deberán respetar los principios de
publicidad y libre concurrencia y se llevarán a cabo conforme al procedimiento y los criterios de selección
que reglamentariamente se determinen”). Se quiere así organizar un sistema de ofertas públicas de
adquisición, articuladas, probablemente, en torno a un sistema de subastas a la baja. Ahora bien, éste será
siempre un procedimiento excepcional en supuestos de grave necesidad.
J. Límite geográfico
La Ley 46/1999 introduce limitaciones adicionales a las transferencias de concesiones que se
realicen intercuencas como en primer lugar, para realizarlas sólo se podrán usar las infraestructuras que
interconecten territorios de distintos planos hidrológicos de cuenca si el Plan Hidrológico Nacional o las
leyes reguladoras de cada trasvase lo han previsto y, en segundo lugar, la competencia para autorizar tanto
el contrato de cesión como el uso de las infraestructuras que interconecten territorios de distintos Planes
Hidrológicos de cuenca corresponde al Ministerio de Medio Ambiente (art. 61 bis, apartado 14).
Esta es una limitación arbitraria e irracional, especialmente en un país como España, en el que el
desequilibrio entre las cuencas (algunas con aguas sobrantes, otras con gran escasez) aconseja justamente lo
contrario: promover las cesiones inter-cuencas –siempre que ello sea físicamente posible-, evitando hacer
de los trasvases un problema político, como ha sido hasta ahora, y sigue siendo a raíz de la presentación de
los trasvases contenidos en el Proyecto de PHN de 2001, sin solución alguna. Los trasvases deben tratarse
como una cuestión de mercado, como la resultante de cientos de ofertas y demandas agregadas, no como
una cuestión política (que es lo que ha sido hasta ahora).
Así pues, parece que nos encontramos ante un mercado marginal, falso, de pura apariencia, un
mercado con tantas limitaciones y controles administrativos, que está condenado a la más completa
inutilidad, como así viene demostrando el ya casi un año de duración que transcurrido desde que se aprobó
la Ley 46/1999, de 13 de diciembre.
El mercado del agua, como el eléctrico o el gasista no son mercados libres, naturales, con multitud
de ofertantes y demandantes capaces de cruzar sus propuestas por miles y funcionar autónomamente, sino
que son mercados “organizados”, institucionalizados y regulados por el poder público. Por ello pueden y
deben regularse, limitarse, organizarse y hacerse transparentes. Pero lo que no puede hacerse es alterar o
manipular la esencia misma de todo mercado que es la decisión de vender o no vender y la libre formación
de los precios. Ya hemos dicho que la comunicación a la Administración debe serlo a efectos puramente
informativos, no autorizatorios. Por otro lado, aunque esté regulado, el mercado del agua no tiene que ser
visto como algo excepcional y marginal, un mercado en el que sólo se puede pensar para situaciones de
grave sequía o necesidad. Tampoco puede actuar condicionado a tal número de limitaciones y exigencias
(cantidades, plazos, usos, zonas, autorizaciones, registros, etc...) que se haga imposible, porque los costes
de transacción son agotadores. El mercado tiene que ser ágil, flexible, rápido, consensual,