Gaspar Ariño Ortiz y Mónica Sastre Beceiro - Grupo.us.es

ambientales aguas abajo, se prohibirá la transferencia de los derechos sobre el uso del agua, o si se pretende
transferir aguas que son objeto de aprovechamiento en varios usos y, con ello se perjudica a terceros que
con el título de sobrantes o aguas abajo utilizan el mismo agua, se prohibirá la transacción por el
Organismo de cuenca. Esta vigilancia y tutela de la autoridad sobre las transacciones es razonable.
b) Cuando las compraventas se realicen entre regantes o afecten a usos agrarios, la Confederación
Hidrográfica correspondiente trasladará una copia de ese contrato al Ministerio de Agricultura para que
emita un informe previo en el plazo máximo de diez días.
c) Otro requisito que complica y limita las transacciones es que en el caso de cesiones entre
regantes, deberán aparecer las tierras que el cedente renuncia a regar y las que a cambio se regarán por el
cesionario (se entiende que se transfiere el agua sobrante). Con esta limitación se trata de evitar la aparición
de los comercializadores o traders, sin que exista para ello ninguna razón sólida, cuando éstos se acaban de
introducir en el ordenamiento jurídico la comercialización de la electricidad o del gas24. Los “traders” son,
en todos los sectores, una pieza útil para el funcionamiento eficiente de los mercados. En Canarias, por
ejemplo, los traders tienen como misión informar al futuro comprador del agua cuál es la más barata, de
precio y cuál es la red hidráulica o canal más cercano al lugar donde va a ir destinada el agua. Son “marketmakers”.
d) Finalmente, los Organismos de cuenca inscribirán en el Registro de Aguas los contratos de
cesión de derechos por uso del agua. Nos parece muy bien.
F. Límites al precio
Entramos ahora en un punto nuclear de la regulación del mercado: la fijación del precio al que el
agua puede ser cedida. En principio, la cesión de los derechos de uso del agua puede llevar consigo –
llevará, lógicamente- una compensación económica que se fijará de mutuo acuerdo entre cedente y
cesionario en el contrato. No obstante, reglamentariamente “podrá” establecerse –dice la Ley- el importe
máximo de dicha compensación (art. 61 bis, apartado 5).
Cabe preguntarse: ¿y por qué ha de fijarse reglamentariamente el precio máximo del agua?. A
nuestro juicio, en un mercado, salvo con carácter puramente transitorio, no se puede imponer
reglamentariamente un precio máximo, sino que éste debe fijarse libremente como consecuencia del cruce
de la oferta y la demanda. Porque podemos preguntarnos: ¿qué criterios pueden inspirar ese precio
máximo?. ¿Y qué se conseguirá con él?. Si es muy alto no habrá comprador, si es muy bajo no habrá
vendedor. Esto es bloquear el mercado. Ciertamente un precio de mercado requiere que haya un número
suficiente de ofertantes y demandantes, pero en el caso del agua esto no es problema, si el mercado se
institucionaliza adecuadamente y hay sistema de transporte.
G. Límites físicos
Obviamente, toda cesión de aguas, que supone el transporte de éstas de un punto a otro, lleva
consigo unos límites físicos, vinculados a la capacidad de las conducciones necesarias para ello. En la
nueva Ley ello se regula estableciendo el acceso de terceros a la red (ATR) de dos formas diferentes, según
quien sea el titular de la infraestructura: a) si es un particular, se acordará con el propietario de esas
instalaciones cómo se realizará su uso (acceso negociado) y b) si son de propiedad del Organismo de
cuenca, éste fijará el pago de una exacción económica por su uso (peaje) (acceso regulado). Pero en todo
caso, los canales o conducciones deben configurarse como una red de uso general, como es propio de todas
las redes, con derechos de acceso de terceros.
24. Cuando las aguas cedidas se vayan a destinar al abastecimiento a poblaciones, se presentará también informe de la
autoridad sanitaria sobre la idoneidad del agua para dicho uso.