Gaspar Ariño Ortiz y Mónica Sastre Beceiro - Grupo.us.es

VI. EL MERCADO DEL AGUA EN LA LEY 46/1999 DE REFORMA
DE LA LEY DE AGUAS DE 1985
El art. 61 bis de la Ley 46/1999 de modificación de la Ley 29/1985 de Aguas, introduce la
posibilidad de transferencia de los derechos concesionales mediante la celebración de contratos de cesión
de derechos sobre el agua pero con tal cantidad y variedad de límites y cautelas al mercado del agua, que
es muy dudoso que éste pueda llegar a funcionar algún día. Veamos algunos.
A. Límites al destino del agua
Se impone en primer lugar el respeto al esquema legal del orden de usos preferentes que establece
la Ley de Aguas. Sólo se puede ceder a otro concesionario o titular de derechos de igual o mayor rango, de
acuerdo con el orden de preferencia que establece la Ley de Aguas en su art. 5822 o el que se derive del Plan
Hidrológico aprobado con posterioridad. De tal manera, que un agricultor puede vender agua para
abastecimiento de poblaciones o a otro agricultor para usos agrícolas, pero no puede venderla para usos
industriales o recreativos. Solamente, cuando razones de interés general lo justifiquen, el Ministerio de
Medio Ambiente podrá autorizar, con carácter excepcional, cesiones de derechos de uso del agua que no
respeten las normas sobre prelación de usos. Asimismo, los concesionarios o titulares de derechos de usos
privativos, de carácter no consuntivo (p. e., los usos hidroeléctricos) no podrán ceder sus derechos para
usos que no tengan tal consideración. Es decir, las hidroeléctricas podrán comprar derechos de
aprovechamiento pero no podrán vender sus concesiones para usos agrícolas o abastecimiento a
poblaciones. Esta prohibición se ha introducido para evitar que en épocas de sequía se produzcan recortes
en el servicio de suministro eléctrico, como ha ocurrido en épocas de sequía en Chile.
Consideramos estos límites al destino del agua excesivos. No hay que tener tanto miedo a los
cambios de uso, a la aparición de nuevos destinos (sustitución de unos cultivos por otros, de usos agrícolas
por usos industriales) ni a la utilización en actividades de entretenimiento y ocio (el turismo es el 12% del
PIB).
B. Necesidad de previa autorización administrativa para realizar el contrato de cesión
La segunda limitación es la exigencia de previa autorización administrativa para la celebración de
un contrato de cesión de derechos sobre el agua. Se entenderán autorizados por silencio positivo en el plazo
de un mes (cesiones entre miembros de una misma Comunidad de usuarios) y dos meses (resto de los
casos). Obviamente, la autorización es sobre el contrato de cesión en el que tiene que determinarse el
volumen de agua a transferir y el precio que se ha pactado por la misma23.
De esta limitación surgen dos cuestiones: ¿es correcto el requisito de una autorización
administrativa previa para realizar válidamente un contrato de cesión? y ¿de aceptarse la autorización
administrativa, es adecuada su aprobación por silencio positivo en el plazo de 1 ó 2 meses?. Respecto a la
primera cuestión, consideramos que es un error. Lo adecuado sería simplemente “poner en conocimiento”
de la Confederación Hidrográfica del cedente y cesionario la transmisión de los derechos de
aprovechamiento sobre el agua, a efectos meramente informativos y estadísticos, en vez de establecer la
exigencia de una “autorización” como condición de validez y/o eficacia del contrato de cesión. Tal es lo
propio de un mercado y, si ello es así, el silencio positivo no tiene aquí ningún sentido y es absurda la
discusión sobre si uno o dos meses son suficientes para que la Administración pueda pronunciarse sobre la
operación. Repetimos que lo que debe haber es una notificación de los contratos de cesión a la
Administración a efectos puramente informativos, no autorizantes.
22. El art. 58 de la Ley de Aguas establece el siguiente orden de preferencias: 1) abastecimiento a poblaciones; 2)
regadíos y usos agrarios; 3) usos industriales para producción de energía eléctrica; 4) otros usos industriales; 5)
acuicultura; 6) usos recreativos; 7) navegación y transporte náutico; 8) otros aprovechamientos.
23. En este sentido, se manifiesta también el Sr. Martín Retortillo en su comparecencia ante el Congreso de los
Diputados para informar sobre el Proyecto de reforma de la Ley de Aguas de 1985, con la siguiente afirmación:
“La autorización es evidente que tiene que ser sobre el contrato. Creo que así se deduce de la lectura del texto. En
cualquier caso, tiene que ser sobre el contrato, determinando el volumen y determinando el precio que se pacta. Esta
no es una ley de mercado”.