Gaspar Ariño Ortiz y Mónica Sastre Beceiro - Grupo.us.es

Había, pues, un sistema perfectamente rígido de asignación de derechos y usos de agua, que se
configuraba con carácter cuasi inmutable, en virtud de un omnisciente legislador/ planificador, capaz de
prever con toda precisión las necesidades futuras y otorgar a cada uno lo suyo. El Estado sabe que es lo
mejor para todos y, además, con carácter inmutable, casi sempiterno. Pues bien, esto es, a nuestro juicio,
una utopía, un grave error. Y engendra una mala política20.
Frente a esta situación de absoluta rigidez en la asignación del agua, la nueva Ley 46/1999 de 13
de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, ha introducido medidas encaminadas a
flexibilizar el sistema concesional. Así, en primer lugar, se permite la trasmisibilidad de las concesiones
que pueden ser destinadas a otros usos distintos del inicialmente previsto, pero con las limitaciones que
establece el articulo 61 bis que mas adelante analizaremos. En segundo lugar, se ha modificado el apartado
4 del articulo 59, introduciendo la figura de la concesión de riego para distintas superficies de terreno
alternativa o sucesivamente o se prevé un perímetro máximo de superficie dentro del cual el concesionario
podrá regar unas superficies u otras. Y en tercer lugar, el nuevo apartado del articulo 59 establece que el
Organismo de cuenca podrá otorgar concesiones colectivas para riego a una pluralidad de titulares de
tierras.
Por lo demás, desde el punto de vista constitucional, ninguna traba hay para la implantación de un mercado
del agua, ya que no se vulnera el art. 132.1 CE que declara el dominio público inalienable, porque lo que se
pretende no es “privatizar” las aguas sino permitir la transmisión de derechos de aprovechamiento sobre las
mismas, manteniéndose –si se quiere-, como hasta ahora, la naturaleza de éstas. No estamos, por tanto,
refiriéndonos a la compraventa de un bien de dominio público. En todo caso, hay que perderle el miedo a
las palabras –privatización, dominio público, mercado, precio- cuando nos referimos al agua.
Finalmente, señalar que algunas voces contrarias al mercado del agua creen ver la solución al problema
hídrico español en la revisión de las concesiones (art. 63 Ley de Aguas)21, en aquellos supuestos en que los
caudales sean sobrantes, en vez de acudir a su transmisibilidad a cambio de un precio. A nuestro juicio, esto
es un dislate. Los inconvenientes que presenta la revisión de las concesiones son: en primer lugar, el
expediente de revisión de la concesión conlleva un largo y lento procedimiento burocrático que puede
tardar más de un año (arts. 156 y ss. Reglamento de Dominio Público Hidráulico); en segundo lugar, no
fomenta el ahorro ni incentiva a la inversión (aparte de crear una situación de inseguridad jurídica en el
titular de la concesión), ya que cualquier concesionario utilizará la mayor cantidad de agua que pueda sin
preocuparse de no despilfarrar, si sabe que le pueden revisar la concesión. Si por el contrario, se le permite
que el agua sobrante pueda venderla a cambio de un precio, tendrá un incentivo para ahorrar agua y
comercializar la sobrante. Finalmente, los titulares de concesiones históricas van a ser mucho más
reticentes a que se les revisen sus títulos concesionales por la Administración hidráulica, que a ceder
voluntariamente el agua sobrante en contraprestación a una compensación económica. Si un agricultor de
Toledo cultiva remolacha azucarera, que necesita mucho agua, y otro agricultor de Murcia necesita agua
para sus frutales, ¿por qué no pueden ponerse de acuerdo para su compraventa? Todo es cuestión de precios
y rentabilidades. Al agricultor toledano le puede interesar en ese año (o en los próximos tres años) transferir
sus derechos sobre el agua y plantar ajos en lugar de remolacha; al agricultor de Murcia le puede ser más
provechoso pagar por esa agua, que no tiene, y salvar su producción de fruta, que tiene vendida. Todos
obtienen beneficios, incluso el Estado, que se ahorra subvenciones a la remolacha y el agricultor murciano,
que, sin agua, tendría cuantiosas pérdidas en sus cosechas. Todo esto parece evidente y se no se alcanza a
ver donde está el mal de una regulación que lo haga posible.
20. Vid. Gaspar Ariño Ortiz, “El valor del agua” en el diario EXPANSIÓN de 11 de febrero de 1997.
21. Recordemos, que el art. 63 de la Ley de Aguas establece que:
“ Las concesiones podrán ser revisadas:
a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b) En casos de fuerza mayor a petición del concesionario.
c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. Sólo en el tercer caso, el concesionario perjudicado tendrá
derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa”.