Ana Palacio - Academia Europea de Ciencias y Artes

denamiento le reconozca, una pléyade dinámica de valores, principios e
instituciones que ha venido a enriquecer, pero también a complicar, la
función del juez, cuyo ámbito de escrutinio y de interpretación se han
visto extraordinariamente ampliados.
El reconocimiento de un amplio catálogo de derechos fundamentales
que representa, no ya la delimitación de un ámbito inviolable frente a
eventuales injerencias del poder (concepción negativa) sino la razón de
ser de toda la organización política de la que el Poder Judicial forma parte,
que ha de contribuir a su efectiva protección y promoción (concepción
positiva). La función jurisdiccional como mecanismo de solución
pacífica de controversias encuentra ahora en los derechos fundamentales
un nuevo soporte y, a la vez, una nueva exigencia, a la hora de buscar la
regia que resuelva la controversia planteada ante el juez.
Con estos nuevos planteamientos, el juez ha de ser consciente de la enorme
responsabilidad que ha sido puesta en sus manos y ha de estar en condiciones
de afrontarla con independencia, imparcialidad, rigor jurídico y sentido común,
vinculado a la plena observancia de la ley. Desde esta convicción, el Estatuto
que define el lugar del juez en un Estado constitucional, su función y su
posición en relación con otros poderes, constituye un instrumento valioso, a
efectos, cuando menos, de sensibilización de jueces y magistrados, de llamada
de atención ante los importantes desafíos a que deben enfrentarse.
Contenidos fundamentales del Estatuto del juez iberoamericano
El Estatuto aprobado en la Cumbre de Tenerife se funda precisamente en la
garantía de la independencia (artículos 1-6), de la imparcialidad subjetiva y objetiva
(artículos 7 a 10), y de la inamovilidad (artículos 14 a 18), teniendo aquella
como correlato la responsabilidad del juez (artículos 19-23), completando
su estatuto el reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes, de capacitación
(artículos 26 a 33), de remuneración (artículos 34, 35 y 37), de dotación
de medios materiales (artículo 36) y de asociación profesional. Nos interesa, sin
embargo, incidir especialmente en el tema de la selección de los jueces, cuestión
en la que el Derecho Comparado ofrecen soluciones tan diversas que impiden
alcanzar una universalmente aplicable. Es sin embargo trascendental alcanzar
un sistema de determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes para el
desarrollo de la función judicial en una sociedad democrática, a cuyo efecto la
Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces nos indica algunos criterios a tener
necesariamente en cuenta:
La capacidad para considerar libremente las situaciones sometidas a un
juez, lo que implica libertad de espíritu y aptitud para demostrar la imparcialidad
indispensable en el ejercicio de sus funciones judiciales.
La capacidad para aplicar el Derecho, que remite, a su vez, al conocimientodelDerechoyalaaptitud
para aplicarlo, como cuestiones claramente
distintas, de no necesaria concurrencia simultánea en un mismo
candidato.
La capacidad para impregnar su comportamiento de juez del respeto a la
dignidad de las personas, que es esencial en una relación de poder frente
a quienes se presentan ante la justicia, con frecuencia, en situaciones difíciles.
Obviamente la aspiración última es la configuración de los países iberoamericanos
de una verdadera carrera judicial formada por jueces independieneuropa
y latinoamérica 49