Ana Palacio - Academia Europea de Ciencias y Artes

EUROPA Y LATINOAMÉRICA
el papel de españa como nexo entre europa y latinoamérica

documento de trabajo
Europa y Latinoamérica:
El papel de España como nexo
entre Europa y Latinoamérica
Documento Síntesis y Actas Mesas Redondas
Ricardo Martí Fluxá
Ana Palacio
Fernando Becker
Enrique Arnaldo
Daniel Martín Mayorga
Fernando Benzo
Pedro Gómez de la Serna
ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES
ESPAÑA

Europa y Latinoamérica
El papel de España como nexo entre Europa y Latinoamérica
edita:
© Academia Europea de Ciencias y Artes
isbn: 84-607-9725-2
depósito legal: M-54.812-2003
imprime: Sociedad Anónima de Fotocomposición
Talisio, 9. 28027 Madrid

Índice
Presentación 9
Prólogo, por Ricardo Martí Fluxá 11
Equipo de Investigación 19
Documento Síntesis, por Ricardo Martí Fluxá 23
Diálogo político-institucional
I. América Latina y la Unión Europea: los retos y las bazas 26
II. Las relaciones entre la Unión Europea (primero Comunidades Europeas
y luego Comunidad Europea) y América Latina 28
III. La política de cooperación en la UE 30
Relaciones económicas
I. Relaciones comerciales 32
II. La inversión europea y española en la zona 34
III. La globalización y sus consecuencias 36
Educación y cultura
I. La cultura política de los derechos 39
II. La cultura lingüística 40
III. Cultura y sociedad: flujos migratorios, pluriculturalismo y multiculturalidad
42
Justicia y cooperación legal
I. El gobierno del Poder Judicial 45
II. El Estatuto del Juez 47
III. Jurisdicción constitucional versus jurisdicción ordinaria 50
IV. Pacto para la reforma de la Justicia: el ejemplo español 51
Seguridad
I. Cooperación entre cuerpos de seguridad 53
II. Operaciones de prevención de conflictos y gestión de crisis 55
III. La lucha contra el narcotráfico 56
IV. Cooperación frente a otros fenómenos delictivos relevantes 57
V. Cooperación penitenciaria 58
Sociedad de la información y nuevas tecnologías
I. Principales indicadores básicos y de tecnologías de información de
América Latina 59
II. Principales indicadores básicos y de tecnologías de información de la
Unión Europea 60
III. Cooperación económica y tecnológica entre la Unión Europea y
América Latina 60
Mesas Redondas:
Unión Europea-América Latina: Elementos para una política de
asociación estratégica birregional, por Ana Palacio 65
El papel de España como nexo de unión entre Europa y Latinoamérica
en materia de economía, por Fernando Becker 87
Europa y Latinoamérica: Una reflexión cultural, por Pedro Gómez
de la Serna 109
Reflexiones sobre el fortalecimiento de la organización judicial
en Iberoamérica. Una propuesta de pacto de Estado para su reforma,
por Enrique Arnaldo Alcubilla 133
La cooperación en materia de seguridad, por Fernando Beuzo 159
La Unión Europea y América Latina en la sociedad de información,
por Daniel Martín Mayorga 179
índice 7

Presentación
La Academia Europea de Ciencias y Artes se constituyó en 1990 para, a la luz de
la tradición, contribuir al futuro de Europa yasuunidad mediante la promoción
del saber, la cooperación y la tolerancia.
La Delegación Española acepta este reto y se fija el objetivo de definir Europa
en sus aspectos sociopolíticos, económicos, científicos y tecnológicos. Se
ocupa así de reflexionar, investigar y debatir los problemas que plantea la nueva
construcción de Europa, desde la perspectiva de nuestro país y de sus regiones.
Y ello con el objetivo de ofrecer información que permita allanar el camino de
integración de las diferentes naciones y pueblos que conforman la Unión Europea.
La Academia aspira, desde esta perspectiva, a convertirse en un punto de
referencia en los campos de conocimiento en los que trabaja.
La Delegación Española de la Academia viene desarrollando, desde su creación,
un extenso programa que integra más de treinta proyectos, encuadrados
en varias líneas de investigación, entre los que se encuentra «Europa y Latinoamérica.
El papel de España como nexo de unión entre Europa y Latinoamérica»,
que ahora presentamos.
Con esta publicación la Academia pretende estudiar el papel que puede desempeñar
España en el marco de las relaciones entre Europa y Latinoamérica,
así como las posibilidades que ofrece la Unión Europea como escenario permanente
de cooperación.
ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES
ESPAÑA
presentación 9

Prólogo
A la hora de afrontar y de acotar un campo de estudio tan amplio como son las
relaciones entre Europa e Iberoamérica, así como el papel que puede desempeñar
en ellas España, es preciso partir de una serie de premisas que sean igualmente
aplicables a todas las ponencias que reúne el trabajo que se presenta y
que sirvan, como un marco general, de base común a los diferentes análisis sectoriales.
Las ponencias aquí reunidas ponen de manifiesto una serie de puntos comunes,
aplicables por igual a todo el conjunto, que pueden concretarse en una
serie de principios fundamentales.
En primer lugar, hay un planteamiento común de un reto de futuro. Las relaciones
entre Europa y América Latina deben, en el futuro más inmediato,
consolidarse a un nivel en el que la Unión Europea pueda ver en el bloque latinoamericano
un interlocutor válido dentro del diálogo interregional global. A
tal fin, dicho diálogo requiere una estructuración que convierta al mundo de
habla hispana en la principal baza de la Unión, entendida como corolario de su
ampliación hacia el Este de Europa.
Para ello es preciso, en segundo lugar, el planteamiento de un diálogo. La
estructuración de ese diálogo, sea cual sea el área a la que se refiera, debe afrontarse
desde una situación de equilibrio entre ambos interlocutores, partiendo
de un interés, una necesidad y una dependencia mutua, más allá de tentaciones
colonialistas, actitudes paternalistas, pretensiones de prepotencia y falsas filantropías.
Dicho diálogo solo será eficaz si, desde la defensa de los intereses particulares,
ambas partes logran definir intereses comunes y respuestas compartidas
igualmente satisfactorias.
En tercer lugar, es preciso definir los actores del proceso. El acercamiento
entre Europa y América Latina no puede desarrollarse de manera unidimensional
o con exclusivismos, sino a partir de un planteamiento de conjunto en el
que sean múltiples los agentes involucrados. Así, los cambios experimentados
en los últimos años en la escena internacional obligan, además de a revisar las
relaciones entre Estados, a redefinir el papel que han de desempeñar los diversos
componentes de la sociedad civil (empresas multinacionales, ONGs, etc.),
así como las organizaciones supranacionales, dejando a un lado el obsoleto exclusivismo
de los Estados en este terreno.
Y, por último, es igualmente indispensable perfilar el escenario. Frente al reforzamiento
progresivo que ha experimentado en los últimos años la asociación
estratégica de los Estados miembros de la Unión Europea, Iberoamérica
ofrece aún un escenario político y económico en movimiento que condiciona
el diálogo interregional. Así, son muchos los países iberoamericanos que se encuentran
inmersos en procesos de ajuste estructural, lo que les permite emprender
una senda viable para su desarrollo económico-financiero, si bien, a
costa de grandes sacrificios para la sociedad civil y, en muchos casos provocanprólogo
11

do graves conflictos internos. Además, se sigue viviendo en la región una pulsión
constante entre la influencia jurídico-institucional de los sistemas europeo
y anglosajón. Otro elemento de esencial relevancia es la irrupción de las nuevas
tecnologías y de la comunicación en las políticas de estos Estados. Por último, es
fundamental tener presente la importancia de la lengua común como vehículo
privilegiado de las relaciones iberoamericanas con la Unión Europea. Todo lo
apuntado hace de América Latina un escenario complejo y cambiante para el
planteamiento y la respuesta ante los retos enunciados.
Por todo lo dicho, el presente estudio se centra en una tesis única: la Unión
Europea y América Latina deben emprender un nuevo camino hacia una empresa
común y más ambiciosa. La vitalidad de la economía iberoamericana, su
extraordinario potencial, y por otro lado la talla de los problemas sociales que
afectan a sus ciudadanos, exigen de Europa una respuesta conjunta y solidaria.
Por otra parte, Europa puede encontrar en América Latina el coeficiente adicional
de energía que necesita su motor económico para fortalecer la prosperidad
y el futuro de sus pueblos.
A partir de los elementos y las tesis enunciados, los diferentes estudios reunidos
en esta obra han pretendido abarcar los principales terrenos en los que
debe desarrollarse ese diálogo entre Europa y América Latina. Evidentemente, a
pesar del deseo de cubrir el mayor campo posible de estudio, una materia tan
amplia requiere un ejercicio reduccionista, que al fin quedó concretado en las
siguientes áreas de estudio:
— Diálogo político-institucional.
— Relaciones económicas.
— Educación y cultura.
— Justicia y cooperación legal.
— Seguridad.
— Sociedad de la Información y nuevas tecnologías.
Las ponencias originarias fueron elaboradas por un equipo de expertos, y
presentadas y debatidas en mesas redondas, con conocedores de la materia que
aportaron sus puntos de vista y enriquecieron, a través del debate, el resultado
final del estudio.
Todas las ponencias que ahora se reúnen se orientaron a ofrecer elementos
de reflexión al semestre de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
Pero su contenido presenta objetivos y aportaciones que se extienden
más allá en el tiempo y que resultarán de interés para estudiosos de la materia.
Este prólogo solo pretende apuntar algunas de las principales líneas de pensamiento
que contienen las ponencias que conforman la presente edición.
Economía
Las relaciones entre Europa y América Latina se plantean, como punto de
partida, a partir de los siguientes parámetros:
— Escasa participación relativa de cada área en el comercio de la otra.
— Pérdida progresiva de vigor en los intercambios.
— Concentración geográfica de los intercambios comerciales en pocos países.
12 prólogo

— Fuertes asimetrías en la estructura y el volumen del comercio a nivel internacional.
— Asimetría en la cobertura.
No obstante, estos rasgos generales presentan una excepción cuando la relación
con Europa se concreta en Mercosur. De hecho, Mercosur es ya, hoy día, la
excepción positiva en el contexto general de debilidad de la relación comercial
entre Europa y Latinoamérica. Para Mercosur, la Unión Europea constituye el
primer socio comercial exterior, llegando al 25% del total de sus importaciones y
exportaciones. Además, Europa es el primer importador mundial de los productos
agrícolas del área, aun a pesar de las barreras comerciales existentes.
Pero también las relaciones Europa-Mercosur presentan dificultades específicas.
Así, existen marcados desequilibrios en cuanto a los bienes que constituyen
las exportaciones de Europa —sobre todo maquinaria y equipos, productos
químicos y manufacturados— y las exportaciones de Mercosur
—productos agropecuarios, alimentos y materias primas—, lo que genera conflictos
de intereses en numerosos sectores. Además, Mercosur se ve en una situación
de inferioridad frente a los países del Este de Europa o la cuenca mediterránea
en su relación con la Unión, por cuanto los intereses políticos
condicionan que la Unión otorgue prioridad a estas áreas. A ello se une, además,
la crisis existencial del propio Mercosur, derivada de su inestabilidad, su
falta de un plan estratégico a largo plazo y las desavenencias existentes entre sus
dos principales miembros, Argentina y Brasil.
En todo caso, lo que resulta evidente es que España debe asegurarse un papel
estratégico en las negociaciones bilaterales Unión Europea-Mercosur. Hay
que tener en cuenta, al respecto, que la intensificación de las relaciones comerciales
España-Mercosur suponen un importante complemento para nuestro
país desde el punto de vista del intercambio de factores productivos a través del
comercio y de las relaciones comerciales España-Unión Europea.
Del mismo modo, en el terreno de la actividad empresarial, España debe
constituirse en cabeza de puente en la actividad comercial con Latinoamérica
dada su posición de evidente privilegio. España tiene ya consolidada su presencia
como inversor en la zona Mercosur, lo que agiliza notablemente la puesta en
marcha de operaciones comerciales, y mantiene como valor añadido una relación
institucional permanente con los países latinoamericanos. Por ello, lo
aconsejable es potenciar e intensificar su papel comercial, en lugar de contagiarse
de la pérdida de interés común al conjunto de la Unión Europea.
Por último, otro elemento de análisis que considerar son las dificultades
que se presentan para avanzar hacia un comercio globalizado, y es que, después
de un período de entusiasmo generalizado ante los beneficios de la integración
comercial y la globalización, la posición de defensa por el libre comercio ha sido
sustituida por un creciente escepticismo sobre los costes de la apertura, especialmente
en los países en desarrollo. Estos últimos han visto cómo se entorpece
o bloquea el progreso de los acuerdos que más les benefician, mientras que se
aligeran aquellos otros en los que Estados Unidos o la Unión Europea quedan
beneficiados.
Por ello, se considera esencial que la Unión Europea y Mercosur sigan abordando,
en su quinta ronda de negociaciones comerciales, —continuación de las
iniciadas en 1999 en Río de Janeiro—, el objetivo de avanzar hacia un ambicioso
proyecto de libre comercio, que sería el primero del mundo entre dos bloques
de países.
prólogo 13

Cultura
En el amplio terreno de los intercambios culturales entre Europa y Latinoamérica
es necesario, como premisa a su concreción, partir por un lado de la superación
de determinadas actitudes tan ancestrales como obsoletas y, por otro
lado, redefinir las actitudes a partir de las cuales dichos intercambios deben
asentarse en el futuro.
Así, fundamentalmente, el intercambio cultural debe evolucionar, dejando
atrás todo atisbo, por parte de Europa y, en concreto de España, de una posible
actitud paternalista, avergonzada y colonizadora. Frente a ello, la realidad del
siglo XXI demanda un nuevo planteamiento que necesariamente ha de basarse
en una actitud asentada en los principios de libertad, paridad e igualdad.
A partir de esta premisa, la tesis sobre la que se debe construir la cooperación
cultural debe ser la de considerar Latinoamérica como una «manera de
ser» de Occidente, tal y como ha sido definida por algunos pensadores, más que
como una realidad al margen, ajena o simplemente diferente al mundo occidental,
entendiendo por ello la civilización europea. Dicha concepción debe
verse reflejada, esencialmente, en las siguientes áreas de cooperación:
— La cultura política, fortaleciendo la cooperación en materia de derechos
humanos y libertades públicas.
— La lengua, aprovechando el carácter universal y la enorme potencialidad
cultural del español en dos ámbitos claves: por una parte, el fortalecimiento
de la presencia del español como idioma comunitario y, por extensión,
el inevitable peso y protagonismo de España en la cooperación
cultural entre Europa y Latinoamérica; por otro lado, el impulso del
idioma como medio y motor para el relanzamiento de las relaciones
económicas y la consolidación de las nuevas tecnologías.
— Las migraciones, asumiendo España la responsabilidad del diseño de un
estatus específico y especial para los inmigrantes procedentes de Latinoamérica
e instalados en la Unión, partiendo de dos ideas: el recuerdo de
los ingentes movimientos migratorios que existieron en el pasado desde
Europa hacia Latinoamérica y la afirmación de que las migraciones hacia
Europa de los latinoamericanos no ponen en riesgo los principios de
la civilización europea.
Justicia
En el ámbito judicial, el punto de partida para toda reflexión sobre el acercamiento
de concepciones entre Europa y Latinoamérica lo constituye la evidente
diferencia que existe, en esta última área geográfica, entre el grado de penetración
del Derecho positivo de inspiración latina en los ordenamientos
legales —mayor en el Derecho Público y Privado que en el Derecho constitucional—
frente a la poca influencia europea, y en concreto española, en lo que
es el modelo institucional y, específicamente, por lo que aquí interesa, en la organización
del Poder Judicial.
No obstante, frente a esta realidad, no es menos cierto que en los últimos
años se está abriendo una vía de menor distanciamiento en este perturbador
14 prólogo

dualismo y se están volviendo más los ojos hacia Europa y, especialmente hacia
España, como modelo que seguir en el fortalecimiento institucional del Poder
Judicial.
Esta corriente se ha puesto sobre todo de manifiesto en las conclusiones de
la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales
Superiores de Justicia, celebrada en Tenerife en mayo de 2001, cuyas conclusiones
constituyen un auténtico programa que puede servir de eje para lo que debe
ser la cooperación con Iberoamérica en materia judicial.
De dichas conclusiones se pueden extraer cuatro grandes campos de actuación
para el futuro:
— La organización del gobierno del Poder Judicial, donde se ponen de manifiesto
en Iberoamérica dos tendencias: la asunción del modelo del autogobierno
relativo, en virtud del cual se sustraen al Poder Ejecutivo las
principales competencias sustantivas de gobierno, conservando este el
soporte material del Poder Judicial; y un progresivo alejamiento del sistema
organizativo estadounidense, en donde todas las competencias de
gobierno recaen en el Tribunal Supremo Federal, en beneficio de sistemas
europeos, con la creación de figuras como el Consejo de la Judicatura,
el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.
— El Estatuto del juez, recogido en las conclusiones de la referida Cumbre,
que tiene por objeto una definición del papel del juez que responda a las
exigencias planteadas por el principio de separación de poderes propio de
los Estados de Derecho, que respete el principio de independencia del
juez, tanto en su aspecto personal como en lo relativo a la función judicial,
y que redefina el concepto de la Justicia como poder y como prestación,
como manifestaciones del referido principio de independencia.
— La formación judicial continua, ámbito en el que España ha sido protagonista,
y lo sigue siendo, en ambiciosos proyectos de capacitación judicial,
persiguiendo como objetivos fundamentales que sean los propios
jueces quienes se transformen en motor activo de los procesos de modernización
y transformación emprendidos, así como también la mejora
del desempeño profesional, aumentando el nivel de conocimientos y
las destrezas de los destinatarios de los programas.
— El fomento de la jurisdicción constitucional, mediante la creación de Tribunales
Constitucionales, como los existentes ya en seis Estados latinoamericanos,
que sirvan de modelo de garantía última del ordenamiento jurídico
y de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Junto con estos ámbitos de cooperación se puede hacer otra reflexión de carácter
más global, como es la posible capacidad de exportar por parte de nuestro
país su recientemente acordado «Pacto para la reforma de la Justicia», que
quizás pueda en sí mismo servir como embrión de un modelo a través del cual
se articule la cooperación judicial que debe seguir desarrollándose en los próximos
años con Iberoamérica.
Seguridad
En el diseño de cualquier política de seguridad moderna, se debe partir de
una premisa indiscutible: en nuestros días, las amenazas a la seguridad son coprólogo
15

munes para todos los Estados y, por tanto, su respuesta debe ser igualmente común.
Así, la conexión en materia de seguridad entre la Unión Europea y, más en
concreto, entre España e Iberoamérica, es evidente y se pone de manifiesto ante
cualquier fenómeno delictivo que se pretenda analizar.
Por ello, se necesita profundizar en una cooperación en materia de seguridad
entre Europa y Latinoamérica que englobe sus tres ejes esenciales: político,
judicial y policial. A su vez, dicha cooperación debe planificarse desde una doble
perspectiva: integral, que se centre en el reforzamiento de estructuras, instrumentos
y herramientas de cooperación con una concepción generalista y estable;
y específica, orientada a dar respuestas concretas, eminentemente
prácticas u operativas, ante demandas y necesidades igualmente concretas.
Desde esta doble perspectiva, las áreas de cooperación entre la Unión Europea
y Latinoamérica que caben destacar son:
— La cooperación entre Cuerpos de Seguridad, es decir, la creación de
Cuerpos policiales adaptados a las nuevas características políticas y sociales
de Estados en los que haya habido un cambio de régimen, la formación
de los responsables de prestar seguridad y su especialización.
— Las operaciones de gestión de crisis, en donde resulta preciso extender a
Latinoamérica las iniciativas adoptadas en la Unión Europea de prevención
y resolución de conflictos, que básicamente se enmarcan en el
PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa) y en el Programa Europeo
para la Prevención de Conflictos.
— La lucha contra el narcotráfico, potenciando el ya existente Mecanismo
de Coordinación y Cooperación entre la Unión Europea, América Latina
y Caribe.
— La cooperación frente a otros fenómenos delictivos, fundamentalmente
el blanqueo de capitales y las redes de trata de seres humanos.
— La cooperación penitenciaria, fomentando una política de desarrollo legislativo
y de infraestructuras penitenciarias acorde con la nueva realidad
política de la mayor parte de los países de Iberoamérica.
En todos estos ámbitos, el papel de España resulta crucial en la conexión de
intereses entre la Unión Europea e Iberoamérica, y debe ser el motor seguridad
de seguridad a dicha zona geográfica de los principios e instrumentos del espacio
de libertad, seguridad y justicia que está consolidándose en el territorio de la
Unión.
Tecnología y sociedad de la información
Actualmente, se reconocen a escala mundial las nuevas oportunidades y retos
que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación.
Para beneficiarse de estos avances, se ha convertido en una prioridad política la
necesidad de enfrentarse a la aceleración del cambio de las estructuras económicas
y sociales de esta nueva sociedad de la información.
Los países en desarrollo, los emergentes y los desarrollados deben enfrentarse
al reto de implementar nuevas políticas y medidas reguladoras, que encaucen
esta evolución en beneficio de los agentes económicos y de la sociedad
civil, aunque se presente de distinta forma y con diferentes objetivos. La necesidad
de adoptar enfoques internacionales, coordinados y compatibles ante estas
16 prólogo

cuestiones aparece recogido tanto en la Declaración de Río de febrero de 1999
como en la Declaración de Sao Paulo de junio de 1999.
De hecho, existe ya todo un ámbito de cooperación institucionalizada entre
la Unión Europea y América Latina en este terreno, que sirve de marco sobre el
que incluir el necesario desarrollo de las nuevas políticas antes mencionadas.
Dicho ámbito tiene como pilares más significativos, al margen del enunciado
de propósitos que suponen las dos Declaraciones antes mencionadas, proyectos
ya aprobados entre los que destacan:
— La creación del consorcio AHCIET-ETSI-ERCIM-SEDISI.
— EUROLAT-IS, iniciativa patrocinada por la Unión Europea que pretende
construir consorcios euro-latinoamericanos que preparen proyectos
específicos para el programa «Sociedad de la Información de la Unión
Europea», entre otros.
— El Programa IST dentro del 5.º Programa Marco de Investigación de la
Unión Europea, donde las Tecnologías para la Sociedad de la Información
constituyen un programa temático individualizado en el que se encuadran
iniciativas conjuntas Europa-Latinoamérica.
Junto con ello, existen otra serie de proyectos fundamentales pendientes de
aprobación:
— Programa de cooperación presentado por el Consorcio para la Sociedad
de Información liderado por AHCIET a la iniciativa ALIS (Alliance for
the Information Society) de la Unión Europea, que consta de seis áreas
específicas de actuación: Educación, Investigación, Salud, PYMES,
e-Commerce, Ciudades Digitales y Turismo.
— Programa ALIS, orientado a superar la denominada «brecha digital» entre
Europa y Latinoamérica.
— Reunión de los ministros iberoamericanos para la Sociedad de la Información
con los representantes de la Dirección General de la Unión Europea
para la Sociedad de la Información, preparatoria a su vez de los
trabajos que en esta área tendrán lugar en la II Cumbre de Jefes de Estado
de la Unión Europea y Latinoamérica, que tendrá lugar en mayo de
2002 en Madrid.
Todos estos proyectos ponen de manifiesto el creciente desarrollo y el acuciante
protagonismo que este ámbito de cooperación está adquiriendo en nuestros
días y la relevancia que está llamado a tener en las futuras relaciones entre
ambas áreas geográficas.
RICARDO MARTÍ FLUXÁ
prólogo 17

Equipo de Investigación:
Director
D. Ricardo Martí Fluxá
Diplomático
Presidente ITP. Ex Secretario de Estado de Seguridad
Coordinador
D. Fernando Benzo Sáinz
Director Gerente Fundación Víctimas del Terrorismo
Ex Secretario General Técnico del M.º del Interior
Ponentes:
D.ª ANA DE PALACIO
Ministra de Asuntos Exteriores
D. FERNANDO BECKER
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid
Director del Departamento de Recursos Humanos y Servicios de Iberdrola
D. ENRIQUE ARNALDO
Letrado de las Cortes
Ex Vocal Consejo General del Poder Judicial
D. PEDRO GÓMEZ DE LA SERNA
Director del Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno
D. DANIEL MARTÍN MAYORGA
Académico de la Academia Europea de Ciencias y Artes
Presidente Telefónica Mobile
Participantes en Mesas Redondas:
D. BORJA ADSUARA
Director General para Desarrollo Sociedad de Información
D. MANUEL AZNAR
Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo
D. MIKEL AZURMENDI
Presidente del Foro de la Inmigración
D. MANUEL BARRANCO MATEO
Director General del Gabinete de la Ministra de Educación
D. JOACHIM BITTERLICH
Embajador de Alemania en España
D. LEOPOLDO CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN
Letrado Consejo de Estado
D. FRANCISCO CARRIÓN MENA
Embajador de Ecuador en España
prólogo 19

D. RAMÓN CASILDA
Director de Análisis y Estudios de «Soluciona»
D. IGNACIO COSIDÓ
Director Gabinete del Director General de la Guardia Civil
D. LESUER DE GIVRY
Cour Supreme de Casation de Francia
D.ª LOYOLA DE PALACIO
Comisiaria Europea de Transportes y Energía
D. EUGENIO FONTÁN
Empresario
D. JORGE GALERA
Consejero Delegado de Marco-Polo
D.ª BROUARD-GALLET
Cour Supreme de Casation de Francia
D. REGINO GARCÍA-BADELL
Director del Gabinete de la Presidencia del Senado
D. JOSÉ GASSET
Presidente de Gofides
D. CARLOS GÓMEZ MÚJICA
Embajador Misión Especial para Cumbres Iberoamericanas
D. PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos I
D. MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA
Catedrático de Historia Contemporánea de América
D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA
Director del Real Instituto Elcano
D. JAVIER LAORDEN
Vocal Consejo General Poder Judicial
D. PAULO LÓPES
Comisión de la Unión Europea
D. ENRIQUE LÓPEZ
Vocal Consejo General Poder Judicial
D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL
Diputado
D. JOSÉ L. MARTÍ MINGARRO
Decano Ilustre Colegio Abogados de España
D. JOSÉ MERINO
Vocal Consejo General Poder Judicial
D. JOSÉ MANUEL MIRA
Responsable Área Internacional de Iberdrola
D. JESÚS MONEO MONTOYA
Académico de la Academia Europea de Ciencias y Artes
D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Presidente Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados
D. ALDO OLCESE
Presidente de FINCORP. Presidente Instituto Español de Analistas Financieros
20 prólogo

D. FIDEL PÉREZ MONTÉS
Director Gabinete de la Comisaría Europea de Transportes y Energía
D. SANTIAGO SEGARRA
Director Departamento Información Tributaria
D. JOSÉ VICENS OTERO
Catedrático Economía Aplicada Universidad Autónoma de Madrid. Director Centro
Estudios Latinoamericanos
prólogo 21

EL PAPEL DE ESPAÑA COMO NEXO ENTRE
EUROPA Y LATINOAMÉRICA
SÍNTESIS
Ricardo Martí Fluxá

El estudio que aquí se presenta se centra en una tesis única: la Unión Europea
y América Latina deben emprender un nuevo camino hacia una empresa
común y más ambiciosa. La vitalidad de la economía iberoamericana, su extraordinario
potencial, y por otro lado la talla de los problemas sociales que
afectan a sus ciudadanos, exigen de Europa una respuesta común y solidaria.
Por otra parte, Europa puede encontrar en América Latina el coeficiente adicional
de energía que necesita su motor económico para fortalecer la prosperidad
y el futuro de sus pueblos.
En estas relaciones birregionales, España debe ser el hilo conductor que
conlleve a un mejor entendimiento económico, social y cultural de ambos bloques.
Para conseguirlo vamos a abordar tan amplio campo de forma reducida
concretando en las siguientes áreas de estudio:
— Diálogo político-institucional
— Relaciones económicas
— Educación y cultura
— Justicia y cooperación legal
— Seguridad
— Sociedad de la Información y nuevas tecnologías
Diálogo político-institucional
Abordar un trabajo sobre Latinoamérica, desde España, supone llevar a
cabo ciertas reflexiones previas: ¿cómo designar esa realidad geográfica y cultural:
Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica Y, ¿cómo denominar al
vehículo de comunicación o la lengua que compartimos con los habitantes del
otro continente: español o castellano
Para ser concretos, hay que mencionar que los españoles utilizamos el término
Hispanoamérica para referirnos a los países de nuestra habla; el término
Iberoamérica se reserva, en general, para incluir a Brasil; y, por último, el término
Latinoamérica comprende el conjunto de los países de América colonizados
por países latinos: España, Portugal o Francia. En todo caso, la posibilidad de
elegir entre las expresiones Hispanoamérica, Iberoamérica o América Latina-Latinoamérica
otorga a nuestra lengua una inestimable ventaja sobre los
otros idiomas universales.
Por otro lado, la gente y el mundo habla español. Ésta es la denominación
oficial en los foros internacionales. Es cierto que, nuestra Constitución española
eleva a categoría jurídica el castellano, al establecer que ésta es la «lengua
española oficial del Estado». Pero este precepto constitucional se justifica por la
necesidad de su diferenciación frente a las demás lenguas —españolas tameuropa
y latinoamérica 25

ién— co-oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con
sus Estatutos.
América Latina es el reto de la Unión Europea. Es decir, para la Unión Europea,
Latinoamérica entraña uno de los mayores retos de su consolidación como
interlocutor en el diálogo interregional a escala planetaria. Dicho sin ambages, la
estructuración de un auténtico diálogo con el mundo americano de habla hispana
es nuestra principal baza. España así lo ha entendido. Y ha aprovechado su doble
condición de país europeo y americano para facilitar la asociación entre las
dos regiones. Tan extraordinario objetivo supone para España un doble esfuerzo:
— Lograr que Iberoamérica ocupe en la agenda de la Unión Europea el lugar
que le corresponde.
— Convencer a las naciones de América Latina a su previa integración,
condición imprescindible para el diálogo birregional.
I. América Latina y la Unión Europea: los retos y las
bazas
La Comunidad Iberoamericana ha ido adquiriendo un peso, cada vez mayor,
en un mundo globalizado. Y es que, junto a Estados Unidos y Canadá, por
un lado y Europa, por otro, América Latina constituye el tercer vértice del triángulo
básico de la civilización occidental. A pesar de su diversidad geográfica,
climática, biológica o étnica y de su diferente nivel de desarrollo, América Latina
constituye para el resto del mundo un espacio diferenciado y único que
comparte un importantísimo patrimonio común sustentado sobre tres pilares:
la política, la economía y la cultura. Es en este contexto donde las relaciones entre
la Unión Europea y América Latina juegan un papel fundamental. Nos hallamos
ante dos bloques llamados a convertirse en interlocutores privilegiados
en el nuevo y complejo sistema de relaciones. Para ello, es imprescindible que
dichas relaciones birregionales se robustezcan y se complementen en los próximos
años.
Esta transformación de las relaciones birregionales debe incorporar cuatro
fenómenos:
— la emergencia americana.
— la sociedad de la información.
— la importancia de la lengua.
— el sistema jurídico.
La emergencia americana
América Latina ha pasado de representar para Europa un conjunto de países
con los que nuestro único nexo de unión era la ayuda que la Unión otorgaba
en forma de cooperación al desarrollo, a configurarse como una zona económica
de enorme importancia para la expansión de la industria y los servicios europeos,
y como interlocutor privilegiado en el marco del proceso de globalización.
El potencial de crecimiento de América Latina, unido a su identidad de
valores con el mundo occidental y desarrollado, garantizan unas expectativas
extraordinariamente halagüeñas a una alianza estratégica entre la Unión Europea
y esa región.
Los países hispanoamericanos nos están ofreciendo un escenario político y
económico en movimiento, ya que están gozando de un período de restaura-
26 europa y latinoamérica

ción democrática y de relativa mejora del funcionamiento de sus instituciones
representativas. Por tanto, cabe enumerar tres grandes desafíos comunes de
cooperación entre la Unión Europea y las sociedades latinoamericanas:
— La modernización del Estado. Debe conseguirse un modelo de Estado
que sea capaz de proveer los servicios al menor coste posible y entre cuyos
valores más importantes prime la transparencia. Transparencia que
se traduce al mismo tiempo en responsabilidad, eficacia y lucha contra
la corrupción. Pero estos principios deben mantenerse en una visión
amplia del Estado que abarque toda la administración pública del mismo,
desde la organización de la justicia, a los parlamentos, y las autoridades
locales y regionales.
— La participación ciudadana en los asuntos públicos. La relación poderes
públicos/sociedad civil debe estrecharse, de manera que los ciudadanos
se sientan informados e involucrados en su gobierno y en las decisiones
que éste toma.
— La transformación de la política. Todavía persisten ciertos déficit democráticos
en América Latina, y eso deberá solucionarse a través de unas
buenas estructuras de los partidos políticos y de buenos mecanismos de
diálogo con la opinión pública. Una vez más, la información, la comunicación
y un sistema de calidad en todos los niveles políticos constituyen
los pilares básicos de esta consolidación democrática.
Además, los países iberoamericanos han acometido procesos de ajuste estructural
que, a menudo, al precio de grandes sacrificios para la sociedad, han
permitido un cumplimiento más que razonable de sus obligaciones con respecto
a las instituciones financieras multilaterales, así como de las expectativas de
la Unión Europea. América Latina se presenta con un balance económico fundamentalmente
positivo. No obstante, debe conseguir cierta estabilidad económica,
para evitar que reaparecerán crisis económicas e inflación, protagonistas
de la destrucción del tejido social y de las expectativas empresariales y económicas
de las sociedades modernas. Para lograr alcanzar esta estabilidad, América
Latina debe afrontar dos problemas que persisten: la falta de ahorro y la escasez
de las exportaciones. Para solucionar estos problemas es necesario, además
de mejorar las condiciones económicas, a escala nacional e internacional, invertir
en educación. La mejora de la educación de los ciudadanos permitirá salir
del círculo vicioso en que se encuentran millones de habitantes, cuyos hijos
no pueden ir a la escuela y por ello no tienen forma de salir de la miseria en la
que nacieron.
La sociedad de la información
Debemos tener en cuenta que es necesario enfrentarse al cambio que se está
produciendo en las estructuras económicas y sociales ante las nuevas tecnologías
de la información y comunicación.
Por tanto, es necesario adoptar enfoques internacionales coordinados y
compatibles entre la Unión Europea e Hispanoamérica para establecer nuevas
políticas y medidas reguladoras, que encaucen esta evolución en beneficio de
los agentes económicos y de la sociedad civil. Así, entre los principales objetivos
que deben establecerse cabe señalar la normalización del marco regulatorio, la
interconexión entre redes y el desarrollo de varios planes piloto.
europa y latinoamérica 27

La importancia de la lengua
La nueva política de asociación estratégica ha de dar cuenta de la importancia
del español como vehículo privilegiado de las relaciones entre la Unión Europea
y América Latina.
El sistema jurídico
Finalmente, esta nueva política de cooperación ha de hacerse con plena
conciencia de la competencia de los sistemas e instituciones jurídicas. Debemos
tener en cuenta que la legislación comunitaria comparte con los estados latinoamericanos
no pocas instituciones, tanto en Derecho Civil como Mercantil,
tanto en Derecho de Familia como en Derecho Administrativo. Por lo que este
es un aspecto de enorme trascendencia a la hora de la mundialización, en materias
que van desde la lucha contra la droga hasta la regulación del comercio
electrónico.
II.
Las relaciones entre la Unión Europea (primero
Comunidades Europeas y luego Comunidad Europea)
y América Latina
En una primera fase, estas dos regiones se han caracterizado por la ausencia
de relaciones institucionales y por el escaso interés europeo hacia América Latina,
pasando posteriormente a una situación de diálogo político, de concertación
en todos los campos, de cooperación económica, y al desarrollo, así como
establecimiento de las bases para una nueva relación asociativa, que sitúan a
esta región en una posición de relevancia en la pirámide de preferencias de las
relaciones exteriores de la Unión Europea.
La primera Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los países de América
Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se celebró —a iniciativa de España—
en Río de Janeiro, los días 28 y 29 de junio de 1999, acuñó la expresión «asociación
estratégica birregional» para definir esta voluntad de futuro.
II Cumbre UE-ALC
La celebración en Madrid, el 17 de mayo del 2002, de la II Cumbre UE-ALC
reforzó la culminación, la consecución de un objetivo largamente anhelado por
España desde que entró en la Comunidad Europea: que Iberoamérica se haya
convertido en uno de los ejes de la acción exterior de la Unión. La Cumbre de
Madrid ha sido calificada de forma altamente positiva por ambas partes.
Su resultado más importante es la existencia de una agenda latinoamericana,
concreta y tangible, que la Unión Europea debe desarrollar. Esta agenda tiene
como horizonte de cumplimiento, o, cuando menos, de avance sustantivo, la
III Cumbre que se celebrará en México el año 2004. La institucionalización de las
relaciones Unión Europea-América Latina y Caribe debe basarse en el cumplimiento
de los compromisos adoptados. En definitiva, el gran mérito de Madrid
es no suponer un punto de llegada sino mucho más un ambicioso punto de
partida.
Sus principales resultados son los siguientes:
En el ámbito político, el «Compromiso de Madrid» subraya la firme resolución
de combatir el terrorismo y el narcotráfico, reforzando los mecanismos
de cooperación y el fortalecimiento del diálogo político birregional.
28 europa y latinoamérica

En el ámbito económico y comercial es donde se han producido los avances
más considerables en relación con la Cumbre de Río. Junto a la entrada
en vigor del acuerdo con México, que comienza a tener un fuerte impacto
en los flujos comerciales, lo más notorio es la conclusión del
Acuerdo de Asociación con Chile y la constatación de los avances en la
negociación del acuerdo con MERCOSUR, cuyos capítulos político y de
cooperación, así como el de facilitación de negocios, están prácticamente
concluidos.
En este mismo ámbito debe señalarse también la decisión de cooperar
para la erradicación de la pobreza y la creación de mejores condiciones
para el desarrollo mediante, entre otros instrumentos, el fortalecimiento
institucional y el equilibrio macroeconómico, esfuerzo al que se incorporarán
tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Europeo
de Inversiones, que aportarán su experiencia y recursos.
En el ámbito de la cooperación y además del programa @LIS para el desarrollo
de la sociedad de la información, en el área de la educación destaca
el nuevo programa de becas «AlBan», consistente en la financiación de
3900 becas para estudios de postgrado con cargo a la Comisión (75 Meuros)
y a las Universidades europeas que participen en el programa (38
Meuros). Se acordó también el apoyo al Plan de Acción 2000-2004 en
materia de Educación Superior, con el doble objetivo de mejorar la calidad
de la enseñanza y facilitar la movilidad.
A raíz de esta cumbre hemos llegado a un diálogo político reforzado. Nos hallamos
en el inicio de una nueva etapa en las relaciones Unión Europea-América
Latina. Son todavía muchas las dificultades, las incógnitas y los retos que nos
esperan, en un contexto internacional que como podemos comprobar a diario,
cambia por momentos. En palabras del Presidente Cardoso en su discurso de
inauguración de la Cumbre de Río: «Tenemos por delante una tarea ambiciosa:
inaugurar una nueva era en las relaciones entre América Latina y el Caribe y la
Unión Europea, recuperando y redefiniendo nuestra historia común».
La puesta en marcha de una verdadera Asociación Estratégica Birregional
exige, en efecto, la ampliación del diálogo político a cuestiones que encarnan
los intereses actuales de ambas partes, de entre los que destaca la promoción
de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y que trasciende
el ámbito más restringido en el que se han desenvuelto las relaciones
hasta hoy.
La Asociación Estratégica Birregional decidida en Río y consolidada en
Madrid debe convertirse en una plataforma para:
1) La promoción del respeto de los derechos humanos y los principios democráticos.
Todos los acuerdos de cualquier naturaleza contraídos entre
las partes deberán prever, no sólo la denominada cláusula democrática
y de protección de los derechos humanos, sino también el procedimiento
a seguir para la suspensión de un acuerdo en los casos de violación
de dicha cláusula y las consecuencias que comportaría tal violación.
2) La cooperación entre los países de la Unión Europea y la América Latina y
sus respectivos organismos de integración. Esta cooperación deberá extenderse
al ámbito de la prevención de conflictos. Incluyendo la cooperación
en materia de medidas de fomento de la seguridad internacional
y promoción de la confianza y seguridad entre los Estados.
europa y latinoamérica 29

3) La lucha contra la pobreza debe de pasar a convertirse en otro de los temas
claves del diálogo político, incorporando en particular el compromiso
de la Unión Europea de hacer especial hincapié en el tema de la
reducción de la pobreza a la hora de llevar a cabo su política de cooperación
al desarrollo; el lanzamiento de nuevos programas de la Unión
Europea dirigidos a mejorar las condiciones sociales y de salud de los
países más pobres de América Latina. La pobreza hay que combatirla
allí donde se encuentre y no puede castigarse a aquellas naciones en las
que la buena administración de sus gobernantes ha permitido una mejora
sustancial de los niveles medios de renta, sin olvidar tampoco que
la cooperación sigue siendo muy necesaria en el ámbito de la institucionalidad
democrática y el reforzamiento del Estado de Derecho.
4) La intensificación de la cooperación en otras áreas de la política exterior,
incluidas la concertación de posiciones entre los países integrantes de
la Unión Europea y de América Latina y sus respectivos organismos de
integración en todos los foros internacionales, regionales y bilaterales,
incluidos los relativos al sistema de Naciones Unidas yasureforma.
5) Otros temas a los que debe de ampliarse el diálogo político en la Asociación
Estratégica Birregional deben ser: la gobernabilidad; la colaboración
de todo tipo en materia medioambiental; las nuevas oportunidades
abiertas por la globalización económica y tecnológica; la reforma
del sistema financiero internacional; y las cuestiones relacionadas con
inmigración y justicia.
III.
La política de cooperación en la UE
La política de cooperación al desarrollo se ha convertido, pues, progresivamente
en una política global. Concebida en los albores de la construcción europea
como una política de ayuda, inspirada posteriormente en la mejora de los
intercambios comerciales, en particular de las exportaciones en dirección de la
Comunidad (según la máxima de «trade no aid»), la política comunitaria de
desarrollo ha privilegiado en una etapa posterior una cooperación con vistas a
un desarrollo autónomo, autocentrado, en particular en lo que concierne al desarrollo
rural, hasta alcanzar finalmente una perspectiva de desarrollo global en
sintonía con las ambiciones múltiples de la Comunidad y su objetivo de desarrollo
armonioso. Esta última concepción implica un compromiso total de la
Comunidad y una gran coherencia entre los objetivos particulares de desarrollo
que se plantean. Ya no cabe defender el desarrollo de los intercambios comerciales
sin tomar en cuenta otros aspectos de la cooperación; y como consecuencia
de ello, los objetivos del desarrollo no pueden reducirse al comercio.
Por el contrario dejan traslucir la finalidad política dominante, y testimonian la
voluntad de la Comunidad de tomar el relevo de los Estados miembro para
adentrarse en toda la extensión de sus competencias.
Cooperación con América Latina
De lo expuesto hasta ahora se desprende que en la perspectiva de la Cumbre
de 2002 el esfuerzo financiero, en particular el proveniente de las partidas de
cooperación al desarrollo de la Unión Europea, y en general toda la política en
este ámbito, ha de centrarse en el fomento y protección de los derechos humanos,
la promoción de la sociedad de la información y la reducción de los dese-
30 europa y latinoamérica

quilibrios sociales, así como la consolidación del Estado de Derecho. Estos
principios han de encauzarse a través de acciones en los ámbitos social, cultural,
migración, de los asuntos de interior y justicia, y en especial de lucha contra
la pobreza. Así lo entiende la cooperación española hacia Iberoamérica que, sin
abandonar el ámbito más tradicional de la cooperación al desarrollo, está incidiendo
cada vez más en los ámbitos aquí citados haciendo especial hincapié en
el fortalecimiento de lo que allá se conoce como «institucionalidad democrática»,
reducción del Estado, Defensorías del Pueblo, Administración Central y
Periférica, etc. También los Partidos Políticos, directamente o a través de sus
Fundaciones deben coadyuvar a la consolidación de partidos de amplia base,
con estructuras democráticas que garanticen su continuidad y contribuyan a la
solidez del sistema.
En todo este ámbito hay una serie de temas a tratar a los que hay prestar especial
atención:
Las desigualdades sociales que todavía persisten en América Latina pueden
poner en peligro los logros alcanzados con tanto esfuerzo en la convivencia
y democratización dentro de los países de la región. La nueva estrategia
común debe, pues, tomar en cuenta debidamente de todo ello
para ayudar a los gobiernos y sociedades de la región a corregir las asimetrías
del mercado que engendran estos resultados.
En el área de la educación y la cultura, los procesos regionales y continentales
de unión política y económica que se están llevando a cabo en
Europa y América requieren propuestas complementarias. Para ello, la
nueva estrategia común debe de dar prioridad sobre todo a la educación,
presentando propuestas que contribuyan a facilitar el acceso general y la
igualdad de oportunidades. Otras propuestas deberían de referirse a la
salud, la alimentación y la vivienda.
En el ámbito de la justicia y asuntos de interior, destaca la cuestión de la
migración y los flujos migratorios la nueva estrategia común debe reconocer
las contribuciones económicas y culturales que aportan los emigrantes,
tanto a las sociedades de destino como a sus comunidades de
origen. Por lo mismo, debe plantear políticas migratorias innovadoras,
basadas en el respeto a la dignidad de las personasyalasoberanía de los
países afectados.
En materia de justicia y asuntos de interior, otra de las cuestiones claves
es, sin duda, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, entendiendo
por éste no sólo las actividades delictivas de narcotráfico sino
además, la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el trafico
ilegal de emigrantes; el tráfico de armas; la corrupción y la relación entre
el crimen organizado y el terrorismo. Al respecto, este ponente considera
que la nueva Estrategia Común debe de prever la elaboración entre la
Unión Europea y América Latina de un Plan Global de Lucha contra el
Narcotráfico y Delitos Conexos, concebido como un proyecto de actuación
común, estratégico, global que, sobre la base del pleno respeto del
derecho internacional y del principio de responsabilidad compartida,
incorpore medidas que permitan combatir adecuadamente esta lacra.
En cuanto a la sociedad de la información, habida cuenta de los cambios
que las redes de información estén produciendo en los medios de comunicación
y del valor que tendrá su manejo para las economías de la
Unión Europea y de América Latina en el futuro, se trata de un área en la
europa y latinoamérica 31

que las propuestas e iniciativas de la nueva Estrategia Común deberán de
ser especialmente ricas e imaginativas. Al respecto, este ponente apoya
las propuestas presentadas por la Comisión para fomentar en el ámbito
euro-latinoamericano la sociedad de la información y de todos los nuevos
sistemas de comunicación electrónica, con especial referencia al Programa
ALIS.
En el ámbito de la democracia, de los derechos humanos, y del Estado de
Derecho la nueva Estrategia Común exigirá también iniciativas específicas.
Es cierto que el futuro de la democracia en América Latina ya no es el
que era veinte años antes.
La Unión Europea y América Latina deben emprender un nuevo camino
hacia una empresa común y más ambiciosa. La vitalidad de la economía iberoamericana,
su extraordinario potencial, y por otro lado la talla inmensa de los
problemas de sociedad que afectan a sus ciudadanos, exigen de Europa una respuesta
común y más solidaria. Por otra parte, Europa puede encontrar en América
Latina, en el tamaño de su mercado y en las oportunidades de inversión
que ello ofrece, el coeficiente adicional de energía que necesita su motor económico
para fortalecer la prosperidad y el futuro de sus pueblos. En esta estrategia
tal como le corresponde, España debe ejercer una posición de liderazgo, acorde
con su doble condición de «nación europea y americana» (S.M el Rey, Bolivia,
Julio 2000)
Relaciones económicas
Necesariamente, para profundizar acerca de las relaciones de carácter económico
entre la UE y Latinoamérica así como del papel protagonista de España
abarcaremos los siguientes aspectos:
1) Las Relaciones Comerciales (UE-MERCOSUR).
2) La Inversión Europea y Española en la zona.
3) La Globalización y sus Consecuencias.
I. Relaciones comerciales
Como punto de partida, las relaciones entre la UE y Latinoamérica se caracterizan
por una «escasa participación relativa de cada área en el comercio de la
otra». En general, la relación comercial Europa-Latinoamérica no puede calificarse
de «estrecha» en la medida en que el nivel de intercambios no es excesivamente
amplio y, además, las tendencias señalan una progresiva pérdida de
interés comercial mutuo entre ambas áreas geográficas salvando algunas excepciones
(MERCOSUR).
Esta falta de interés está llevando a una «una progresiva disminución de la
participación de la UE en el comercio exterior de América Latina». Este desinterés
viene siendo ocasionado principalmente por:
— El crecimiento espectacular del comercio entre América Latina y EE UU
(en un 219% entre 1990-1997) y el creciente interés de Estados Unidos
en acercarse comercialmente a la zona con tratados como el ALCA (Área
32 europa y latinoamérica

de Libre Comercio de las Américas). Con ello se crearía la zona de libre
comercio más grande del mundo
— El cada vez más prolífico comercio entre México-EEUU (NAFTA) en
detrimento de la UE.
— El interés de la UE hacia sus socios de Europa Central y Oriental como
socios comerciales
Todo esto conlleva a una «concentración geográfica de los intercambios comerciales»
en pocos países: Brasil, Argentina, Chile y México por parte del bloque Latinoamericano
y por parte de la Unión Europea los países con un mayor interés
comercial son Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos y el Reino Unido.
Estos cuatro países latinoamericanos representan más de 2/3 de las ventas europeas
hacia la región y de las importaciones. Con una participación de un tercio de
las compras y ventas europeas, Brasil es el principal socio individual de la UE en
América Latina, seguido por Argentina como segundo suministrador y México
como tercer mercado de exportación de la región. Chile ocupa tradicionalmente
un cuarto rango en el comercio europeo-latinoamericano.
Llegamos así una serie de «asimetrías en la estructura y el volumen del comercio
a nivel internacional». La UE y América Latina tienen un peso muy distinto
en el comercio internacional: con una participación de cerca del 40% en
las exportaciones globales y el 38,7% en las importaciones, la UE es la mayor
potencia comercial del mundo, seguida por EE UU. América Latina, a pesar de
contar con un número de habitantes mucho más alto, representa tan sólo un
4,9% en las exportaciones y un 5,9% en las importaciones globales. Por otro
lado, los intercambios comerciales con la UE son cada vez más desfavorables
para América Latina. La causa de los desequilibrios comerciales radica en una
estructura comercial caracterizada por un intercambio de productos agrícolas
y materias primas procedentes de América Latina a cambio de bienes de capital
de alto valor añadido importados desde Europa.
Europa y Mercosur
Es el MERCOSUR, el grupo de países que ha despertado, desde sus inicios,
el interés de Europa. Este interés europeo, surge en el plano comercial, como
reacción el acercamiento de Estados Unidos a la región latinoamericana mediante
la puesta en marcha del ALCA. Europa y Estados Unidos entran así en
una batalla por el posicionamiento comercial en la zona, una batalla en la que
Europa debe jugar, indudablemente, la baza del Mercosur.
Podríamos decir que el Mercosur es la excepción positiva en el contexto general
de debilidad de la relación comercial entre Europa y Latinoamérica. Para
Mercosur, la Unión Europea constituye el primer socio comercial exterior, recibiendo
en torno al 25% de sus exportaciones; asimismo, el 25% de sus importaciones
proceden de la UE, levemente por delante de las procedentes de Estados
Unidos. Además, Europa es el primer importador mundial de los productos
agrícolas del área americana: a pesar de las barreras comerciales existentes, casi
un 40% del total de las exportaciones agrícolas de Mercosur van dirigidas exclusivamente
a la UE
En alguno de los países integrantes del Mercosur, la relación es todavía más
estrecha. Así, por ejemplo, La UE es el principal socio comercial de Brasil en
materia de importaciones, por delante incluso de los países del Mercosur. Lo
mismo ocurre con las exportaciones brasileñas: en el año 2000 el 27% de las
ventas se dirigieron a la Unión frente al 14% destinadas al área sudamericana.
europa y latinoamérica 33

La estructura del comercio birregional refleja todavía marcados desequilibrios.
Si las exportaciones de la UE se componen mayoritariamente de maquinaria
y equipos, productos químicos (15%) y manufacturados, el MERCOSUR,
vende a Europa bienes agropecuarios y alimentos, materias primas y manufacturas
básicas. El hecho de que el MERCOSUR siga exportando productos de poco
valor agregado a la UE confirma una «clásica» estructura de intercambio Norte-Sur,
lo cual contrasta con sus ventas intra-grupo y al resto del mundo, que se
caracterizan por una mayor diversificación y un menor peso del sector agropecuario.
Esta situación crea un conflicto de intereses en numerosos sectores; como
es sabido, el principal escollo en las negociaciones Europa-Mercosur es el capítulo
agrario y pesquero. Fue en la capital del Estado de Washington donde se
vio claramente la pared que se interpone entre ambos bloques. Los cuatro países
del Mercosur son importantes productores y exportadores agrícolas y la política
europea de subvenciones al sector les molesta de modo especial. La negativa
de la UE a revisar su política agrícola de cara a garantizar un escenario de
justicia competitiva es el principal punto crítico para alcanzar el acuerdo de libre
comercio.
Y es que, indudablemente, la liberalización comercial con el MERCOSUR,
si bien beneficiará a los sectores industrial y de servicios de la UE, supondría
una amenaza al sector agroalimentario dado que los integrantes del Mercosur
son auténticas potencias en los rubros agropecuarios.
El papel de España
España indudablemente debe asumir un papel protagonista en el proceso de
acercamiento Europa-MERCOSUR. La posición española en Latinoamérica, y
muy especialmente en los dos países más importantes del Mercosur; Argentina
y Brasil, está también fuertemente comprometida por lo que no cabe, en lo institucional,
un movimiento «en contra». Tal y como se expresó en materia de
ampliación hacia el este europeo, «la posición española debe ser la de apoyar (el
proceso de integración), por un compromiso de solidaridad y como un proceso
ya decidido tratando de salir los más beneficiados y los menos perjudicados».
La estrategia para tal fin deberá ser, en principio, similar a la llevada a cabo
en el caso de México; España deberá asegurarse un papel estratégico en las negociaciones
bilaterales UE-Mercosur, de modo que los acuerdos globales se sigan
minuciosamente, tratando así de sacar ventaja en el acceso a nuestros productos
y salvaguardando los intereses en áreas comprometidas.
Recordemos que, en lo esencial, el acceso Latinoamericano al mercado interior
europeo planteará problemas similares a los que Europa debió hacer
frente hace 17 años cuando países como España y Portugal llamaron a sus fronteras.
España deberá realizar concesiones en materia defensiva a cambio de materializar
los «importantes intereses ofensivos que se abren en productos industriales,
servicios e inversiones».
II.
La inversión europea y española en la zona
Los flujos de capital han cobrado una gran importancia en los últimos años
a nivel mundial como una consecuencia más del proceso de globalización. Así,
la década de los noventa ha significado un aumento espectacular de los flujos de
34 europa y latinoamérica

ID dirigidos a países en desarrollo, si bien sus causas varían de unos países a
otros.
Más concretamente, el destino preferente de las inversiones españolas ha
sido precisamente el conjunto de países latinoamericanos, con un crecimiento
espectacular en los últimos años. Y es que a diferencia de los intercambios de
bienes, nuestro posicionamiento de inversiones directas en Latinoamérica es
evidente, ya que ha sido el destino de mayor preferencia con un crecimiento tan
espectacular, que parece como si se tratara de la primera fase de una curva de
crecimiento logística que aún no ha alcanzado su punto de inflexión.
Efectivamente, es evidente que el proceso inversor español en esta zona no
es un proceso a corto plazo sino que viene avalado, en la mayoría de las ocasiones,
por una decisión de carácter estratégico, apoyada en criterios de rentabilidad
a largo plazo.
La elección del continente Latinoamericano por parte de las empresas españolas
como destino de sus inversiones se apoya en el siguiente conjunto de
factores de atracción:
— Sinergias culturales y lingüísticas: La similitud socio-cultural entre
España y los pueblos latinoamericanos permite concebir el mercado latinoamericano
como una extensión del español, al menos en materia de
gustos, usos y costumbres de consumo, comportamiento del consumidor...
etc.
— Madurez / Saturación del mercado local. A las empresas españolas de
sectores maduros como la energía y la banca, América latina les aporta
diversidad geográfica, enormes ganancias provenientes de mercados de
rápido crecimiento y volumen.
— Proceso privatizador en Latinoamérica. El modelo neoliberal en claro
proceso de extensión en el continente se ha apoyado, en muchos países,
en decididos procesos de privatización. Estos procesos han sido atendidos
por empresas españolas en Chile, Argentina, Perú y Brasil.
— Estabilidad político-económica del área. Por un lado, en materia de planificación,
la adopción de políticas ortodoxas en materia macroeconómica
en muchos de los países de la zona ha facilitado, es evidente, el desembarco
de las empresas españolas en Latinoamérica; más aún, cuando
el compromiso español tiene un carácter estratégico, a largo plazo, requiriendo
por tanto un mínimo grado de estabilidad. Por otro lado, las
crisis cambiarias de los últimos años han servido para dotar a los regímenes
de una mayor flexibilidad, restando vulnerabilidad a sus divisas y,
por lo tanto, suavizando en cierta medida la tremenda tensión que rodeaba
siempre la evolución de la cotización de las principales monedas
de la zona. Por último y no por ello menos importante, la estabilidad se
ha logrado también en la esfera política lo que se ha traducido inmediatamente
en la creación de un marco regulador y normativo más estable.
Nuestras inversiones en la zona se han destino principalmente a Brasil,
Argentina y Chile. Respecto a los sectores de interés destaca en primer lugar el
sector del petróleo, sobre todo por la actividad de Repsol-YPF, seguida de la
energía, telecomunicaciones, gas, agua y banca y seguros. Debe hacerse notar
que estos cuatro grandes sectores pertenecen todos ellos a la rama de los servicios.
Telefónica, es la compañía más comprometida en el continente con
32.000 millones de dólares invertidos en la región.
europa y latinoamérica 35

Repsol YPF es también una de las empresas con mayor proyección en Latinoamérica
en actividades de exploración y producción, gas y electricidad,
refino y química. Su posición de liderazgo es clara en países como
Argentina, y algunos otros países de Latinoamérica, como Bolivia, Venezuela
y Ecuador.
Los mayores bancos españoles han invertido durante la década
(1990-2000) 16.140 millones de dólares en su proceso de expansión iberoamericano
y, en concreto, el BSCH y el BBVA, los dos bancos más importantes
de España, tienen alrededor de un tercio de sus activos en
América latina.
Por lo que respecta al sector eléctrico, Endesa, la mayor eléctrica española
por capacidad y beneficios, es una empresa líder en muchos países de
Sudamérica. Iberdrola, por su parte, con una presencia más modesta, desarrolla
proyectos de generación en México y Noreste de Brasil y participa
en numerosas empresas de distribución en este país.
España como puente de unión
España ocupa, por muchas razones, una posición de evidente privilegio
ante un escenario de acercamiento comercial efectivo a Latinoamérica. En primer
lugar, España tiene ya una consolidada presencia como inversor: la zona
del Mercosur, objetivo prioritario de la Unión en materia de integración comercial,
recibió el 80% de nuestras inversiones en el exterior en el año 1999 y
más del 30% en el 2000. Esta presencia «sobre el terreno», agiliza notablemente
la puesta en marcha de operaciones comerciales.
No conviene olvidar que, a diferencia de otros países de la Unión, España
mantiene una relación institucional permanente con los países latinoamericanos.
Por poner algunos ejemplos evidentes, España participa como un miembro
más en la Comunidad Iberoamericana. España cuenta, además, con una
Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB).
No obstante, lo cierto es que las relaciones comerciales existentes entre
España y Latinoamérica no son especialmente intensas. Actualmente España se
encuentra enfocada al área intracomunitaria a la que destina el 70% de las exportaciones
y de la que importa más del 60% del total de compras al exterior.
Latinoamérica ocupa por tanto, como el resto de áreas mundiales, un lugar
secundario. En términos relativos podemos, eso sí, decir que Latinoamérica es,
en importancia, similar a la suma de EEUU y Japón en términos de exportaciones,
ya que absorbe el 6% de nuestras ventas exteriores totales. En lo referente a
las importaciones, Latinoamérica sólo sirve el 4% de nuestras compras, poco
más que lo importado de los países del este y la antigua URSS (3,4%) y algo por
debajo de lo importado desde EEUU (5,3%).
III.
La globalización y sus consecuencias
Gracias a la aplicación intensiva de una política económica neoliberal por
parte de los países latinoamericanos se ha conseguido la apertura de sus mercados
y se han establecido nuevos canales con el resto del mundo para aumentar
la competitividad económica. Sin embargo, estos cambios también producen
tensiones sociales que en muchos casos han terminado afectando a los más pobres.
36 europa y latinoamérica

El neoliberalismo ha sido apoyado en los noventa por instituciones internacionales
como el Banco Mundial y el FMI, desde las que se han lanzado todo
tipo de recomendaciones para la liberalización y reforma de las economías latinoamericanas.
En términos generales, los gobiernos latinoamericanos se han identificado
con la nueva política económica y en general se ha intentado «modernizar» las
economías para hacerlas más competitivas en el mercado mundial.
El sistema neoliberal ha sido absorbido por Latinoamérica como contrapartida
al fracaso de las políticas de los ochenta focalizadas en el interior de
cada país, con fuertes déficit fiscales, importantes gastos sociales, altas tasas de
inflación y empresas no competitivas en el exterior.
El cambio desde los sistemas totalitarios a los sistemas democráticos, junto
a la tendencia mundial hacia la globalización ha posibilitado que los tecnócratas
abarcasen mayores cuotas de poder desde las que impulsar las nuevas reformas.
Unas reformas que si bien varían en su intensidad de unos países a otros se
pueden resumir en los siguientes puntos:
— Reducción de los déficit públicos. Control del gasto, aumento de la presión
fiscal y privatización de compañías.
— Liberalización del mercado laboral, restando fuerza negociadora a los
sindicatos.
— Liberalización del comercio. Estableciendo acuerdos internacionales de
reducción de aranceles.
— Reforma del sistema financiero, reduciendo la intervención del gobierno,
dejando que los mercados establezcan los tipos de cambio y aplicando
una política monetaria independiente.
Dificultades de la globalización
A pesar de los aspectos positivos, el modelo neoliberal por el momento, no
ha conseguido solucionar algunos de los problemas más graves de las economías
latinoamericanas:
1) Las bajas tasas de ahorro, que hacen que los países latinoamericanos
acudan a la financiación internacional, aumentando su deuda externa
o captando flujos de inversión extranjera.
2) Las economías latinoamericanas son muy vulnerables y dependientes
del contexto internacional. La dependencia del comercio es de volumen
o cantidades pero también de precios.
En el frente financiero la necesidad de captación de inversiones internacionales
y la volatilidad de estos flujos hace muy vulnerables a las
monedas y por tanto es imprescindible la confianza internacional.
3) Es indiscutible que la década de los noventa ha significado un mayor
crecimiento económico para Latinoamérica, pero desgraciadamente el
mayor crecimiento ha venido unido a un aumento del desempleo explicable
en la lógica del nuevo modelo neoliberal de la competencia.
Podemos concluir que después de un período de entusiasmo generalizado
ante los beneficios de la integración comercial y la globalización, la posición de
defensa por el libre comercio ha sido sustituido por un creciente escepticismo
sobre los costes de la apertura, especialmente en los países en desarrollo.
En grandes rasgos, la integración se concibe en Latinoamérica como un
instrumento para mejorar la posición de las economías latinoamericanas en los
mercados internacionales, a través de una diversificación de las exportaciones
europa y latinoamérica 37

intrarregionales y un mayor porcentaje de bienes de valor añadido. Este «regionalismo
abierto» se enfrenta a un mayor proteccionismo europeo dentro de un
«regionalismo cerrado». Es también este «regionalismo hacia dentro» que sigue
provocando conflictos comerciales en el marco de la OMC entre la UE y América
Latina en sectores claves como,por ejemplo, la agricultura.
Educación y cultura
Las relaciones culturales entre Europa y Latinoamérica (y el papel que
España debe jugar en este terreno) se caracterizan por la inexistencia de una estrategia
global que sea capaz de ofrecer una mayor proyección internacional a la
cultura hispana e incremente la presencia cultural de lo hispano en la Unión
Europea.
Sí existen acciones sectoriales de cooperación, a las que se han dedicado
grandes esfuerzos (rehabilitación de cascos históricos, restauración de conjuntos
monumentales, convocatorias de becas, programas de formación o concesión
de ayudas educativas y culturales diversas). Pero no dejan de ser políticas
sectoriales, en materias concretas, que no responden a un programa explícito
de conjunto.
Países como Portugal y España deberían trazar dichas estrategias políticas
coherentes ante la Unión Europea, ya que supone una oportunidad formidable,
andamiada por el esqueleto de la lengua común, que beneficia a los hombres
que viven a uno y otro lado del Atlántico, a su libertad, a sus derechos, a su desarrolloyasualtura
ética o moral.
El caso de España e Hispanoamérica puede considerarse como un espacio
cultural cargado de potencia, pero todavía latente. España e Hispanoamérica
deben ser capaces de compartir un espacio cultural que, asentado sobre una
cultura política, una lengua y una sociedad integrada sobre determinados valores,
sea incentivado por concretas y determinadas estrategias y acciones gubernamentales.
También deben ser capaces de alcanzar un pacto estable de intereses
legítimos, sustentado en una herencia que nos emparenta. Un sistema
abierto de relaciones culturales, en un espacio cultural compartido, el hispanoamericano,
edificado sobre dos realidades: una realidad pluricultural, España,
y una realidad multicultural, Hispanoamérica.
Es necesario, por tanto, deshacerse de complejos de superioridad (actitudes
paternalistas) o de culpa (actitudes avergonzadas) y actuar como interlocutor
privilegiado de la Unión Europea ante el mundo latinoamericano y viceversa,
potenciando la lengua española y logrando que Latinoamérica alcance en el
seno de las políticas culturales de la Unión Europea un lugar estratégico. Esto
es, Latinoamérica debe ser considerada como una aliada cultural de Europa, y
es ahí donde debe haber suma de influencias y de fuerzas.
Centraremos este análisis en las tres siguientes áreas culturales, que vamos a
desarrollar, más detalladamente en páginas, posteriores:
— La cultura política de los derechos.
— La cultura lingüística.
— Cultura y sociedad: flujos migratorios, pluriculturalismo y multiculturalidad.
38 europa y latinoamérica

I. La cultura política de los derechos
La cultura política española y las culturas políticas de los países hispanoamericanos
tienen en común que, en toda nuestra comunidad de países, a uno
y otro lado del Atlántico, se han producido importantísimas evoluciones políticas.
Respecto de España, el cambio de Régimen, la democratización de la vida
española, la normalización de nuestras relaciones internacionales, la consecución
de la normalidad institucional española en los foros occidentales y la modernización
de nuestra economía y sociedad, nos ha transformado, ante los
países hispanoamericanos, en un modelo de transición a tener en cuenta.
Por otro lado, Latinoamérica está experimentado, en los últimos tiempos,
cambios importantes en su cultura política (democracias liberales, procesos de
pacificación, transiciones...)
A España le corresponde concienciar a Europa de la conveniencia de incrementar
sus relaciones con Latinoamérica, y de que sólo a través de España
se encontrará el camino adecuado de la cooperación. O se hace así, o las relaciones
con Latinoamérica se acabarán transformando en relaciones de segundo
grado, a través de la comunidad anglosajona (Inglaterra-EEUU-Latinoamérica).
España ya ha comenzado su participación bilateral en un campo que, si no
me equivoco, está muy directamente relacionado con la garantía de los derechos
fundamentales y las libertades públicas: se trata de la participación española
en los programas para la Gobernabilidad Democrática de la región centroamericana.
Se trata de ayudar a determinados países a revitalizar y fortalecer sus instituciones
para la democrática gobernación de sus sociedades y la modernización
de sus estados. Colaborar con ellos en las reformas para «el buen gobierno»
en unos países en los que, muchas veces, la carencia fundamental reside en
la ausencia, sino del Estado propiamente dicho, sí de la articulación política de
un Estado bien estructurado y con capacidad de adoptar las decisiones políticas,
sociales y económicas determinantes para la comunidad. Un Estado de Derecho,
Democrático, capaz de gobernar y de garantizar la igualdad, la libertad y
los derechos humanos. Naturalmente, la experiencia española de sus cambios
constitucionales, de la adaptación de su legislación en todos los órdenes (civiles,
criminales, laborales, administrativos y mercantiles), de reforma de la administración,
de adecuación los cuerpos policiales y funcionariales, tiene un
valor añadido que no admite competencia en el marco de las relaciones internacionales.
En ese sentido, y en lo que tiene incidencia directa en la preservación de los
derechos humanos y de las libertades públicas, la presencia española en los programas
de gobernabilidad se está centrando en las siguientes áreas:
— En primer lugar, en lo que se refiere a los «programas de reforma de los
Cuerpos de Seguridad»yala«conversión de cuerpos policiales de naturaleza
y dependencia militar en cuerpos de dependencia del poder civil».
Y es que, son necesarias reformas legislativas que garanticen los derechos
y se convierta en la función policial por excelencia; también es necesario
que la cooperación española continúe abarcando los planes de
formación en derechos humanos de los mandos de esas fuerzas y cuerpos
de seguridad, de manera que sus agentes interioricen, allá donde
europa y latinoamérica 39

aún no lo hubieran hecho, los códigos deontológicos propios de cualquier
país democrático avanzado.
— En segundo lugar, dichos programas de gobernabilidad abarcan ya la
formación de quienes desde el Poder Judicial tienen la misión de que la
justicia se imparta en el marco de la realización efectiva de los derechos
fundamentales y las libertades públicas.
— Y en tercer lugar, lo que se refiere a la asistencia a los programas de reforma
de las administraciones públicas, que tienden a la consecución de
una mayor aproximación entre administradores y administrados (especialmente,
fortalecimiento del poder y de la administración municipal).
Por último, en el ámbito de los derechos humanos, quizá se eche en falta un
«programa de cooperación global», yun«programa en materia de régimen penitenciario
de los reclusos».
Cierto que ya existen Convenios para países específicos, pero es mucho lo
que España podría hacer, por ejemplo, en el ámbito de las infraestructuras penitenciarias
hispanoamericanas, cuyo estado, demasiadas veces lamentable, dificulta
el respeto de los derechos de los internos y su posterior rehabilitación y
reinserción social. En ese sentido, podría proponerse, bien en el marco de la
Unión, bien desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, la elaboración
y/o ejecución de Planes de infraestructuras penitenciarias para la sustitución de
las viejos penales, en su mayoría obsoletos, hacinados y con sistemas de seguridad
deficientes, por modernos centros penitenciarios.
También en el ámbito de los partidos políticos queda toda una tarea por delante.
Las internacionales de unos y otros partidos políticos pueden servir
como cauce para la asistencia política no institucional a esos países así como
para la difusión de las conductas de deontología política propias de los sistemas
democráticos. Y, en fin, en el ámbito de las fundaciones privadas, es mucho lo
que la sociedad civil europea y española pueden acometer.
II.
La cultura lingüística
La vocación de toda lengua es la comunicación entre seres humanos que
discurren, que tienen creencias, ideas, sentimientos, pasiones e inquietudes. Y
cuanto mayor sea el número de personas al que se pueda llegar, más se favorecerá
y contribuirá a la libertad.
Por tanto, cuanto más universal sea una lengua, mayor amplitud de comunicación
aporta al individuo y menos manipulable será políticamente.
Y, por el contrario, cuanto menos universal sea una lengua, más vulnerable
será a la manipulación política, convirtiéndose en un vehículo para la exclusión
o la imposición.
Una lengua supranacional, como el español, hablado en más de veinte naciones,
no puede ser ya una lengua etnicista o un instrumento para la identidad
nacional. Evidentemente, el español ha dejado de tener la metrópoli lingüística
en España. Hoy, el español, identifica a una comunidad cultural más amplia, a
un espacio cultural compartido y no a un país concreto.
En definitiva, podemos decir que el español es lengua universal, por las siguientes
razones:
— Es universal, en primer lugar, por su enorme «cohesión interna», articulada
por la comunidad hispanoamericana de «Academias de la lengua
40 europa y latinoamérica

española», que establecen normas comunes para todas las sociedades
hispanohablantes.
— Es universal, además, por la «conciencia de comunidad lingüística», asentada
en todos los países de habla española. Esta conciencia de comunidad
lingüística favorece la fluidez vertical y la accesibilidad horizontal.
La fluidez vertical del español permite la comunicación sin dificultades
entre todos sus hablantes, cualesquiera que sea su procedencia geográfica
o nivel cultural. Y es que, una de las características del español, frente
a otras lenguas, es la facilidad con que se pasa de registros cultos a populares,
la ósmosis constante entre lengua hablada y escrita.
Y la accesibilidad horizontal o geográfica permite que el español, hablado
a ambos lados del Océano, sea enteramente inteligible para la totalidad
de los hispanohablantes: desde la Patagonia a Castilla, desde
Canarias a Veracruz, allí donde se expresa un hispanohablante su lengua
es enteramente inteligible por los demás.
— Es universal porque es «multitudinaria». Cuatrocientos millones de personas
piensan, sienten y se expresan en español, de los cuales 350 millones
tienen el español como lengua materna.
— Es universal porque «proyecta una cultura que es también universal», y es,
además, «una de las lenguas universales más prestigiadas culturalmente».
— Es universal porque supera el llamado «árbol genético» de un pueblo y
deja de identificar a un solo grupo nacional (España). El español pasa a
identificar a 350 millones de seres humanos repartidos en una veintena
de países. Lo que significa que el español ya no es un patrimonio de
España que compartimos desde una posición de superioridad con otros
países, sino que lo compartimos en condiciones de igualdad.
— Y, por ultimo, es universal gracias a su enorme «dinamismo». Un dinamismo
que mantiene su potencia cultural y la convierte en proyección
económica de los países hispanohablantes. Elemento de desarrollo económico,
a través de su incorporación a Internet (aunque fue bastante
tardía, su progresión en la red es muy superior a la de otras lenguas)y a
través de la competencia en los mercados económicos y culturales con
otras expresiones lingüísticas.
Ahora bien, el español, además de ser universal, es también una lengua europea.
No obstante, lamentablemente, el español no tiene ese status en la Europa
oficial de la unión que le debiera corresponder, no en la medida en que debiera.
La vieja preponderancia del francés como lengua culta y oficial por
excelencia (un lugar que Francia se niega a abandonar); la potencia económica,
política y social del inglés; el poderío demográfico y político del alemán, son dificultades
que han impedido, hasta la fecha, que el español ocupe el lugar que,
como segunda lengua universal, le correspondería.
En conclusión, España debe potenciar y liderar las relaciones de la Unión
Europea con Hispanoamérica, sobre todo en el ámbito de la cultura. Debe hacer
notar el peso enorme de lo hispano, no sólo en relación a un subcontinente
de enorme potencial, sino también en relación con su creciente influencia demográfica,
cultural y social en los Estados Unidos. Con treinta millones de hispanos
los Estados Unidos son el quinto país hispanohablante del mundo. El español
es ya el primer idioma extranjero en las escuelas. Y gracias a un convenio
entre Televisión Española y la plataforma digital más importante de América,
los canales de RTVE se pueden ver ya en gran parte del territorio estadounideneuropa
y latinoamérica 41

se. Hay un Instituto Cervantes en Nueva York y otro en Chicago. Un poder geopolítico
de tipo cultural que ni España ni Europa deben desaprovechar.
III.
Cultura y sociedad: flujos migratorios,
pluriculturalidad y multiculturalidad
El choque de civilizaciones y de épocas ha dado lugar una sociedad distinta,
exuberante: la sociedad del mestizaje, que es ya una sociedad multicultural y
multiétnica.
El mestizaje alumbró la que probablemente ha sido la primera sociedad
multicultural. Al elemento indio se superpuso el elemento español y, a estos, el
elemento negro. Más tarde, la inmigración china, japonesa, italiana, alemana,
rusa, otra vez española, terminaron de configurar el crisol latinoamericano.
Gracias a la lengua, a la religión, al acervo cultural que comparte con Latinoamérica,
España, sociedad pluricultural, puede abrirse, sin debilitarse, sin debatirse
si quiera, a una sociedad multicultural que no la hace peligrar.
Si se estudian los flujos migratorios de ida y vuelta entre Latinoamérica y
España, se puede deducir que la interculturización ha sido una constante entre
nosotros.
La verdad es que, grosso modo, siempre Hispanoamérica fue para España
tierra de emigración.
Cuarenta años más tarde la situación se ha invertido. La inestabilidad política
del continente latinoamericano, la ausencia de políticas económicas adecuadas
y sostenidas en el tiempo, la losa brutal de la deuda externa, las guerrillas,
las dictaduras, la casi siempre desafortunada intervención de los Estados
Unidos en la zona (sobre todo centroamericana) ha conducido a una depauperación
y a una crisis sin precedentes en algunos lugares de la América Hispana.
Hoy nos enfrentamos, desde uno y otro lado del Atlántico, con la necesidad de
ordenar las oleadas de inmigración en masa que desembarcan desde hace algunos
años en España. Por lo tanto, se requiere articular una política coherente,
ordenada y conjunta en materia de inmigración. Una política con instituciones
creadas al efecto tanto en los países emisores como receptores de flujos migratorios.
En España, mientras, sobre la base de la capacidad de acogida limitada de
nuestro sistema económico y social, se perfila una nueva política de Estado para
ordenar los flujos migratorios, controlar la entrada de inmigrantes en función
de la oferta real de puestos de trabajo, favorecer la entrada de extranjeros con
contrato de trabajo firmado, disuadir la inmigración ilegal (mediante la lucha
contra las redes de inmigración ilegal, la tipificación legal de esa conducta, el
endurecimiento de las sanciones contra empresarios que contraten trabajadores
irregulares), favorecer la integración social de inmigrantes y luchar contra la
xenofobia y el racismo. Dicha política se articula desde tres principios: ser implacables
contra las mafias que trafican con seres humanos, ser humanitarios
con los inmigrantes y ser rigurosos en el control de fronteras. A tal fin comienzan
a adoptarse una serie de medidas como la creación de la Delegación del Gobierno
para la Extranjería y la Inmigración como órgano horizontal y de coordinación
de todas las vertientes de la política migratoria.
En ese sentido, se ha puesto en marcha un proceso, esperanzador y ambicioso,
desde la ya citada Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmi-
42 europa y latinoamérica

gración. Se ha iniciado una actividad negociadora con los principales países
hispanoamericanos emisores de emigración.
Sin duda es mucho lo que queda por hacer. Lo cierto es que la legislación en
vigor no contempla un régimen específico para los inmigrantes hispanoamericanos
(tal y como hacen la Constitución Española y la legislación civil en el ámbito
de la adquisición de la nacionalidad española) y que nuestras obligaciones
como Estado miembro de la Unión Europea en determinados supuestos dificulta
la inmigración hispana:
La obligación de la obtención de visado para cruzar las fronteras exteriores
de la Unión Europea, solamente existiendo algunos países, cuyos ciudadanos
están exentos del mencionado requisito. No obstante, gracias a
la labor de las autoridades españolas ante la Unión Europea, la lista de
países latinoamericanos exentos ha pasado a ser considerablemente amplia:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay
y Venezuela. Quedan, lamentablemente obligados a la presentación del
correspondiente visado los ciudadanos del Perú, Colombia, Cuba y República
Dominicana.
La homologación de los títulos universitarios que han dependido de los
Convenios entre España y los Estados Hispanoamericanos, y que en la
actualidad dicha homologación ha quedado sujeta a la inclusión de cada
país en las listas comunitarias correspondientes. Lo cual restringe, por
un lado, la inmigración selectiva o titulada y provoca, por otro lado, un
considerable desconcierto y una lógica incomprensión en los ciudadanos
de Hispanoamérica.
En conclusión, las sucesivas Presidencias españolas de la Unión Europea
son la oportunidad para impulsar un régimen específico para los inmigrantes
latinoamericanos, así como para definir, en las Cumbres con los países iberoamericanos,
un espacio migratorio ordenado, con instituciones, a uno y otro
lado del Atlántico, creadas al efecto y políticas para regular los flujos de manera
coherente.
Justicia y cooperación legal
El Derecho sustantivo iberoamericano, la regulación de las relaciones entre
particulares —civiles y comerciales—, de las infracciones penales y sus sanciones,
de las relaciones entre Administraciones o entre éstas y los particulares,
presenta destacados elementos de similitud con el europeo continental, en general,
y el español, en particular, por la fuerza de aproximación que ha supuesto
el permanente intercambio doctrinal, académico y político. Por el contrario, y
como consecuencia de la inicial admiración, y consiguiente imitación, de la
Constitución norteamericana, los países centro y sudamericanos hicieron suyo
su modelo institucional incluyendo, como aquí interesa subrayar, su organización
judicial, a pesar de las netas diferencias de toda naturaleza entre uno y los
otros países.
La cooperación judicial es hoy considerada una prioridad para España por
cuanto el Poder Judicial en Iberoamérica, cuyo déficit institucional de partida
es reconocido sin dificultad, es tomado hoy como instrumento fundamental
europa y latinoamérica 43

para la consolidación del Estado de Derecho, custodio de las libertades y garante
del imperio de la ley.
El concepto de «fortalecimiento institucional» cobra su verdadero sentido
al referirnos precisamente al fortalecimiento del Poder Judicial, pues sin el mismo
no será posible dar contenido a la efectiva tutela de los derechos y libertades
y a la efectiva exigibilidad del cumplimiento de los acuerdos, pactos y actos de
toda naturaleza.
Claramente existe en Iberoamérica una preocupación institucional por la
reforma y modernización judicial causada por arsenales normativos obsoletos
y poco adecuados a las nuevas relaciones económicas, con instrumentos procesales
farrogosos y lentos, con sistemas judiciales ineficientes y que suscitan serios
problemas de percepción en la imparcialidad de quienes los sirven y con situaciones
de impunidad y desprotección de derechos. A estos elementos se
unen: la progresiva pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial
y, paradójicamente y, al tiempo, la cada vez mayor demanda de tutela judicial.
La crisis de crecimiento, en un paradójico marco de crisis de confianza, de
la Justicia demanda su urgente y radical reforma, siempre postergada ante otras
acciones inmediatas. Y demanda su reforma, su transformación porque los ciudadanos,
las sociedades iberoamericanas son conscientes que no es posible su
desarrollo sin una Justicia que funcione adecuada y eficazmente, lo que quiere
decir también independientemente.
Sobre estas bases ciertas cabe entender sin dificultad los objetivos específicosdelaVI
Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales
Superiores de Justicia celebrada en Tenerife en mayo de 2001, objetivos que
se proyectarán y concretarán en las que la siguen. Tales objetivos son:
a) Defender la independencia del Poder Judicial como institución del
Estado, así como la imparcialidad y estabilidad de sus miembros, y
promover políticas que tiendan al establecimiento y desarrollo de sistemas
de carrera judicial.
b) Promover la eficacia en el desempeño judicial, incorporando criterios
de tiempo, cantidad y calidad en la evaluación de aquél, que en España
se definen como «módulos».
c) Promover el desarrollo de políticas que tiendan a facilitar el acceso a la
Justicia.
d) Promover el desarrollo de políticas que tiendan a potenciar los mecanismos
de resolución alterna de conflictos, que concretamos en la mediación,
arbitraje y conciliación.
e) Potenciar la relación permanente entre los sistemas judiciales de los
países iberoamericanos, cada vez más interconectados por la fluidez
precisamente de los intercambios.
f) Fomentar el intercambio de información y cooperación jurídica internacional
en el ámbito iberoamericano.
g) Impulsar programas de capacitación inicial y continua de jueces y magistrados,
pues sólo mediante la formación puede alcanzarse una carrera
judicial integrada por los mejores profesionales.
h) Apoyar la incorporación de tecnologías avanzadas que puedan contribuir
a la consecución de otros fines, en especial, aquéllas que permitan
la interconexión de los sistemas informáticos de los órganos judiciales
de los distintos países.
44 europa y latinoamérica

i) Establecer mecanismos de coordinación con la Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno y otras Conferencias cuyo ámbito
geográfico o contenido coincidan total o parcialmente con los de
esta Cumbre o cuyas decisiones puedan condicionar los objetivos asumidos
en sus proyectos, programas o declaraciones. Este objetivo es
instrumental pues con el mismo se pretende alcanzar la priorización
de la reforma judicial en la acción política, pues, en definitiva, sólo entonces
resultará posible el fortalecimiento y modernización del Poder
Judicial.
En definitiva, «el progreso económico y social sólo es posible en el marco del
Estado de Derecho que se funda en la primacía de éste garantizada por el Poder Judicial
independiente.
I. El Gobierno del Poder Judicial
Modelos de autogobierno. Su fundamentación en Europa
Desde los mismos orígenes del Estado liberal fundado en el principio de separación
de poderes hasta bien entrado el siglo XX, la afirmación de la independencia
judicial funcionalmente entendida, no supuso la ruptura de la vinculación
entre Juez y Poder Ejecutivo en el aspecto orgánico. En efecto, aunque
sin desconocer que tal situación podría provocar un serio deterioro de la imagen
de independencia de la organización judicial y una degradación e inmisión
externa en la independencia del juez, el constitucionalismo liberal atribuye el
gobierno del definido como tercer poder del Estado al Poder Ejecutivo mismo
que lo ejercía a través de un Departamento orgánico: el Ministerio de Justicia.
En él se residenciaban no solamente las funciones instrumentales o de dotación
de medios a la organización judicial incluida la retribución de su personal, sino
aquellas que se incardinan en el ámbito estricto del estatuto jurídico de los jueces
tales como su selección y formación, sus ascensos y traslados, sus situaciones
administrativas y su régimen disciplinario.
Con la finalidad de limitar la incidencia, y posible vía de influencia, del Ejecutivo
en lo que concierne a la aplicación del estatuto jurídico del juez —que,
en sí mismo, requiere la ausencia de cualesquiera intervención externa encaminada
a mediatizar su labor y excluye cualesquiera órdenes e instrucciones emanada
de toda autoridad externa por exigencia del principio orgánico y funcional
de la independencia judicial— se formularon desde principios del siglo XX
en Europa diversas propuestas de autogobierno de la magistratura:
Los partidarios de la tesis del autogobierno absoluto o integral entienden
que la magistratura ha de administrar tanto los medios personales y materiales
sin intervención alguna del ejecutivo; de forma que se gobierne a
sí misma, como lo hacen el Parlamento y el Gobierno. El gobierno autónomo
del Poder Judicial se funda, así, en una interpretación estricta del
principio de separación de poderes que exige el cierre del sistema de garantías
de su independencia funcional a través de la autonomía institucional
como «solución adecuada para el logro de un mejor y más eficaz
funcionamiento de la Administración de Justicia» (Sáinz de Robles).
Frente a esta posición ha prevalecido la tesis del autogobierno relativo,
para la que, al servicio también de la independencia judicial, la sustracción
al Ejecutivo de las competencias más importantes para la garantía
europa y latinoamérica 45

de ésta (nombramientos, ascensos, régimen disciplinario), resulta suficiente,
y no se ve peligro para la independencia judicial por el hecho de
que el Ejecutivo siga proveyendo al Poder Judicial del soporte material y
asuma, en general, las responsabilidades propias del funcionamiento de
la organización judicial.
Otro sector doctrinal importante ha criticado de plano la tesis del sistema
de autogobierno. Guasp Delgado señaló que debe darse mayor importancia a
cómo debe ser gobernada la magistratura que a quién la gobierne, propone un
sistema de legalidad estricta, en el que la ley, sin posibilidad de desarrollos reglamentarios,
regule no sólo las bases y principios fundamentales del gobierno o
administración de la jurisdicción, sino el resto de las cuestiones que tal régimen
plantee.
El modelo de autogobierno del Poder Judicial en América
Frente al modelo tradicional europeo, en América los textos constitucionales,
con mayor o menor pureza, han atribuido el gobierno de la organización
judicial no al Poder Ejecutivo sino a los propios órganos jurisdiccionales superiores,
generalmente las Cortes Supremas de cada país, cuya función es, por
tanto, jurisdiccional y gubernativa (Fix Zamudio). Este modelo establecido en
las Constituciones iberoamericanas no ha dejado de tener problemas en su
aplicación a la realidad y se ha encontrado frecuentemente mediatizado por los
mismos factores de inestabilidad del régimen constitucional en Iberoamérica.
Inicialmente, los países iberoamericanos adoptaron el sistema de organización
judicial de los Estados Unidos en donde todas las competencias de dirección
y gestión personal corresponden al Tribunal Supremo Federal —y en cada
Estado a su propia Corte Suprema— aun cuando la designación de los jueces se
atribuye al Poder Ejecutivo. La fuerza expansiva del instituto de los Consejos de
la Judicatura o Magistratura desarrollado en Europa tras la segunda guerra
mundial ante las disfunciones del modelo tradicional de predominio organizativo
del Poder Ejecutivo, no ha alcanzado obviamente a los Estados Unidos pero
sí a las Constituciones iberoamericanas que en los últimos diez años se apartan
sensiblemente del esquema orgánico tradicional e incorporan instituciones
hasta entonces ajenas como el Consejo de la Judicatura o Magistratura, aunque
también otras como el Tribunal Constitucional e incluso el Defensor del Pueblo.
En lo que aquí nos concierne la adopción del modelo institucional europea
de gobierno de la Justicia es consecuencia de los propios inconvenientes del tradicional
iberoamericano —falta de adecuación de los órganos jurisdiccionales
para las tareas de gestión administrativa, peligro de cierta confusión entre lo
gubernativo y lo jurisdiccional, además de sobrecarga de trabajo para los tribunales—
pero también y marcadamente es fruto de la voluntad política de debilitamiento
del Tribunal Supremo que mantiene necesariamente sus funciones
jurisdiccionales pero es desposeído de las administrativas. No obstante la integración
del Presidente del Tribunal Supremo en el Consejo de la Magistratura,
como Presidente de este órgano, y, en su caso, algunos otros magistrados de
aquél, no garantiza la coordinación entre ambos órganos que pasan, por el contrario,
por situaciones de conflicto y reivindicación recíproca de competencias,
por lo que no cabe concluir que el modelo se encuentra consolidado.
46 europa y latinoamérica

II.
El Estatuto del Juez
El principio de independencia
El sometimiento a la Constitución yalaleyfundamenta la independencia
del Poder Judicial. La independencia judicial es requisito indispensable de la
justicia moderna.
El principio de independencia judicial no es un principio abstracto, sino de
contenido concreto. Esta concreción se plasma en una serie de garantías que
son distintas en cada momento histórico. Tales garantías responden, sin embargo
a la misma finalidad, eliminar cualquier clase de dependencia, bien sea
externa (de otro poder estatal, paraestatal o de las partes), bien interna (derivada
del propio Poder Judicial).
Es habitual la distinción de dos manifestaciones del principio de independencia:
1) La independencia personal, del hombre juez. La independencia del
juez es inseparable de su condición de tal y elemento fundamental para
la justificación del Poder Judicial, que está integrado por jueces, como
poder del Estado (López Guerra). La independencia del hombre juez
debe establecerse en relación con la sociedad, a cuyo efecto se determinan
un conjunto de prohibiciones e incompatibilidades; en relación
con los otros poderes, para lo que se garantiza la inamovilidad, el sistema
de nombramiento y ascensos y, en suma, la carrera judicial.
Esta independencia del hombre juez define el estatuto jurídico de éste,
que presenta ciertas especialidades respecto del de los demás titulares
de los poderes estatales, y se concreta en las garantías de la inamovilidad,
del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, de las particularidades
del derecho de asociación profesional, de la llamada inmunidad
judicial y del que Calamandrei denomina ordenamiento interno
de los órganos judiciales. Para nuestro Tribunal Constitucional, en la
sentencia 108/1986, de 26 de julio, la independencia que «constituye
una pieza esencial de nuestro ordenamiento jurídico, como de todo el
Estado de Derecho», se predica de todos y cada uno de los jueces en
cuanto ejercen la función jurisdiccional, «quienes precisamente integran
el Poder Judicial o son miembros de él porque son los encargados
de ejercerla». Su contrapeso es «la responsabilidad y el estricto acantonamiento
de los jueces y magistrados en su función jurisdiccional y las
demás que expresamente les sean atribuidas por la ley en defensa de
cualquier derecho (artículo 117.4), disposición esta última que tiende
a garantizar la separación de poderes».
2) La independencia de la función judicial significa, como dice Loewenstein,
que el juez en el cumplimiento de su tarea debe estar libre de influencias,
intervenciones e injerencias extrañas, tanto si provienen del
Gobierno, del Parlamento, del electorado, de la opinión pública o de
los órganos de gobierno del Poder Judicial.
Esta independencia de la función judicial se concreta, de un lado, en los
principios de unidad jurisdiccional y exclusividad e integridad del Poder Judicial,
y, de otro, en el autogobierno relativo de la magistratura, que es corolario
ineludible de su independencia, para garantizar institucionalmente aquélla.
europa y latinoamérica 47

El principio de independencia judicial en los ordenamientos
iberoamericanos
Centrándonos en el estudio de los ordenamientos iberoamericanos se ponen
de relieve dos hechos de singular importancia. Por un lado, se ha puesto de
manifiesto la diversidad de regímenes que regulan el estatuto profesional del
juez, el ingreso en la carrera, la promoción interna, las posibilidades de remoción
del cargo que existen entre los diversos países que integran nuestra comunidad
iberoamericana. Por otro lado, se ha evidenciado una aspiración, compartida
por todos, a reforzar la posición institucional del juez frente a las
eventuales presiones políticas, del Poder Ejecutivo o Legislativo, que pueden
suponer una amenaza a su independencia, y que han concentrado y concentran
generalmente la potestad de la designación de los jueces, en particular, de los niveles
superiores.
Por ello, el ejercicio de su función reclama necesariamente la independencia
de los jueces, a quienes se encomienda en exclusiva dicha función consistente
en la resolución de conflictos, mediante la aplicación de la ley, que decida en
condiciones de imparcialidad y exento de injerencias y presiones externas o internas,
directas o indirectas.
Ello marca la importancia del Estatuto del Juez Iberoamericano aprobado en
la Cumbre de Tenerife referida antes. Estatuto que tiene por objeto una definición
del papel del juez que responda a las exigencias planteadas por el principio
de separación de poderes vigente en los Estados de Derecho y a las demandas de
la sociedad actual.
La independencia, a su vez, se refiere, no a la persona del juez, sino a la función
que está llamado a desempeñar y precisamente en la realización por cada
poder de la función que le corresponde, de manera que el ejecutivo no dicte justicia,
que el ejecutivo no legisle y que el legislador no descienda a gobernar y a
administrar, radica la esencia misma del principio de separación de poderes sobre
el que se asienta el diseño de Estado en los países iberoamericanos. La función
de juzgar, de decir el Derecho («viva vox iuris»), que en este diseño se atribuye
al Poder Judicial y que no han de asumir otros poderes, sólo puede
realizarse por jueces independientes e imparciales sin otra dependencia que la
de la Ley, que se convierte en su único dueño.
En definitiva, la Justicia como poder reclama que el Poder Judicial se atribuya
a jueces independientes en el ejercicio de su función y la prestación que
también es la Justicia sólo es verdadera y eficiente prestación si se ofrece por
jueces independientes. Desde ambas perspectivas, pues, la independencia se
impone como eje temático del Estatuto que pretende definir el perfil del juez
iberoamericano.
Sin desconocer las modulaciones introducidas en el decurso de los años,
puede afirmarse que sólo bajo el imperio de una Constitución normativa, erigida
en fundamento del ordenamiento jurídico, que incorpora un extenso catálogo
de derechos fundamentales con fuerza vinculante, alcanza la función de los
jueces sentido pleno y llega a configurarse un verdadero Poder Judicial. Son
tres, pues, los elementos que reclaman una redefinición de la función judicial:
El carácter normativo y no programático de la Constitución que es norma
jurídica plenamente aplicable.
La nueva concepción del ordenamiento jurídico, que se ha apartado de
las estrechas y estáticas fórmulas positivistas, incorporando, junto a leyes
y reglamentos y junto a la costumbre, con el limitado valor que cada or-
48 europa y latinoamérica

denamiento le reconozca, una pléyade dinámica de valores, principios e
instituciones que ha venido a enriquecer, pero también a complicar, la
función del juez, cuyo ámbito de escrutinio y de interpretación se han
visto extraordinariamente ampliados.
El reconocimiento de un amplio catálogo de derechos fundamentales
que representa, no ya la delimitación de un ámbito inviolable frente a
eventuales injerencias del poder (concepción negativa) sino la razón de
ser de toda la organización política de la que el Poder Judicial forma parte,
que ha de contribuir a su efectiva protección y promoción (concepción
positiva). La función jurisdiccional como mecanismo de solución
pacífica de controversias encuentra ahora en los derechos fundamentales
un nuevo soporte y, a la vez, una nueva exigencia, a la hora de buscar la
regia que resuelva la controversia planteada ante el juez.
Con estos nuevos planteamientos, el juez ha de ser consciente de la enorme
responsabilidad que ha sido puesta en sus manos y ha de estar en condiciones
de afrontarla con independencia, imparcialidad, rigor jurídico y sentido común,
vinculado a la plena observancia de la ley. Desde esta convicción, el Estatuto
que define el lugar del juez en un Estado constitucional, su función y su
posición en relación con otros poderes, constituye un instrumento valioso, a
efectos, cuando menos, de sensibilización de jueces y magistrados, de llamada
de atención ante los importantes desafíos a que deben enfrentarse.
Contenidos fundamentales del Estatuto del juez iberoamericano
El Estatuto aprobado en la Cumbre de Tenerife se funda precisamente en la
garantía de la independencia (artículos 1-6), de la imparcialidad subjetiva y objetiva
(artículos 7 a 10), y de la inamovilidad (artículos 14 a 18), teniendo aquella
como correlato la responsabilidad del juez (artículos 19-23), completando
su estatuto el reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes, de capacitación
(artículos 26 a 33), de remuneración (artículos 34, 35 y 37), de dotación
de medios materiales (artículo 36) y de asociación profesional. Nos interesa, sin
embargo, incidir especialmente en el tema de la selección de los jueces, cuestión
en la que el Derecho Comparado ofrecen soluciones tan diversas que impiden
alcanzar una universalmente aplicable. Es sin embargo trascendental alcanzar
un sistema de determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes para el
desarrollo de la función judicial en una sociedad democrática, a cuyo efecto la
Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces nos indica algunos criterios a tener
necesariamente en cuenta:
La capacidad para considerar libremente las situaciones sometidas a un
juez, lo que implica libertad de espíritu y aptitud para demostrar la imparcialidad
indispensable en el ejercicio de sus funciones judiciales.
La capacidad para aplicar el Derecho, que remite, a su vez, al conocimientodelDerechoyalaaptitud
para aplicarlo, como cuestiones claramente
distintas, de no necesaria concurrencia simultánea en un mismo
candidato.
La capacidad para impregnar su comportamiento de juez del respeto a la
dignidad de las personas, que es esencial en una relación de poder frente
a quienes se presentan ante la justicia, con frecuencia, en situaciones difíciles.
Obviamente la aspiración última es la configuración de los países iberoamericanos
de una verdadera carrera judicial formada por jueces independieneuropa
y latinoamérica 49

tes y responsables, pero también inamovibles. La inamovilidad asegura al juez
la estabilidad en el cargo, la permanencia en el puesto, en la sede, en las funciones,
sustrayéndole así a todo traslado o cese que no sea voluntario o dispuesto
por motivos expresamente establecidos en el ordenamiento jurídico.
III.
Jurisdicción constitucional versus jurisdicción
ordinaria
El control judicial de constitucionalidad de las leyes tiene su cuna en América
a principios del siglo XIX y, en concreto, su fecha de nacimiento se sitúa en
1803 con la publicación de la sentencia Marbury versus Madison por el Tribunal
Supremo de Estados Unidos. De allí se extendió, en la segunda mitad del siglo,
a diversos países de Iberoamérica como México, Argentina, Brasil, Colombia
y Venezuela, con muy notable anticipación a la creación de la justicia
constitucional en Europa.
Ahora bien, una vez más los países iberoamericanos trasladaron sin complejos
el modelo norteamericano de control de constitucionalidad difuso o no
concentrado en un solo órgano, de manera que todos los jueces están habilitados
para inaplicar las leyes cuando las juzgan contrarias a la Constitución. En
esta multiplicidad en el control pone orden el principio de stare decisis, que
vincula a los tribunales inferiores a la jurisprudencia del Tribunal Supremo al
que corresponde determinar de forma autorizada el sentido preciso de la Constitución.
Por el contrario los países europeos, hicieron suyo el modelo de jurisdicción
concentrada —plasmado en la Constitución austríaca de 1920 obra de
Kelsen y que supuso la recepción en Europa, y su racionalización, del sistema de
control de constitucionalidad— en el que el control de constitucionalidad de
las leyes corresponde a un único órgano creado al efecto, y no inserto en el Poder
Judicial, el Tribunal Constitucional.
Pues bien, durante las últimas décadas también diversos países iberoamericanos
han empezado a instaurar Tribunales Constitucionales, sin abandonar
del todo el modelo difuso o norteamericano de jurisdicción constitucional. Es
el caso de Guatemala, Chile, Ecuador, Perú, Colombia o Bolivia,
Los caracteres y competencias de los Tribunales Constitucionales iberoamericanos
presentan notables elementos comunes y otros específicos, aunque
puede subrayarse que los de Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia gozan
de autonomía orgánica, funcional y jurisdiccional frente al Poder Judicial y
la Corte Suprema, aunque los de Bolivia y Colombia integren también el Poder
o Rama Judicial. La relativa dependencia del Tribunal Constitucional de Chile
respecto de la Corte Suprema —a pesar de lo separado de sus competencias y
atribuciones— es bastante señalada.
En cuanto a la composición de los tribunales constitucionales, una de las
más serias recomendaciones formuladas por los estudiosos de la jurisdicción
constitucional, es que estos órganos no deben estar (preferentemente) conformados
por magistrados llegados desde la carrera judicial.
En cuanto a la organización, los seis tribunales constitucionales latinoamericanos
tienen como regla el actuar en una única Sala (o en Plenaria) lo cual en
algunos casos —como los de Bolivia y Guatemala— parece estar determinado
por el reducido número de sus miembros. Una excepción importante, es la
Corte Constitucional de Colombia, donde para la revisión de los casos de acción
de tutela se han establecido nueve salas, cada una presidida por uno de los
50 europa y latinoamérica

magistrados e integradas por otros dos, de modo que cada magistrado forma
parte de tres Salas de Tutela.
Las resoluciones en los tribunales constitucionales latinoamericanos se
adoptan por la mayoría de votos de sus miembros. Un caso particularmente
cuestionable es el del Tribunal Constitucional del Perú, que para declarar la inconstitucionalidad
de una ley o norma de rango legal requiere del voto favorable
de seis de sus siete miembros. Es un claro caso donde el Congreso Peruano,
al normar el ejercicio de las atribuciones del Tribunal, optó deliberadamente
por un sistema destinado a dificultar la posibilidad de declaración de inconstitucionalidad
de leyes o normas dictadas por el propio Congreso o el Gobierno.
Las competencias y atribuciones de los tribunales constitucionales de Latinoamérica
resultan bastante amplias. Comprenden el control de constitucionalidad
de leyes y normas, abarcando muchas veces tanto el control preventivo
como el a posteriori y el consultivo; la revisión de resoluciones judiciales recaídas
en procesos de protección de los derechos constitucionales; y la resolución
de conflictos de competencias entre los órganos estatales.
IV.
Pacto para la reforma de la Justicia: el ejemplo
español
En España, el Pacto para la reforma de la Justicia, suscrito entre el Gobierno,
el Partido Popular y el PSOE, en junio de 2001, al que se sumaron la práctica
totalidad de los partidos que conforman el arco parlamentario, es una apuesta
decidida y valiente por un modelo de Justicia nacido del acuerdo, del encuentro
y, por tanto, con una ínsita voluntad de permanencia. Su carácter integral, sistemático
y coherente —pues la reforma de la Justicia es un todo interrelacionado—
hace al Pacto aún más importante y abierto al optimismo. En su preparación,
justo es decirlo, han sido relevantes algunos documentos preparatorios y
muy singularmente el Libro Blanco de la Justicia, aprobado tras un dilatado período
de consultas e informes y un intenso período de reflexión por el Consejo
General del Poder Judicial en septiembre de 1997, sin dejar de lado el Libro
Blanco del Ministerio Fiscal u otros dictámenes de entidades, asociaciones y
fundaciones.
La primera expresión del Pacto ha sido la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial en la que se articula un nuevo sistema de elección de los vocales
judiciales del Consejo General del Poder Judicial, en el que está ínsito el reconocimiento
de que no podía pervivir, salvo mayor deterioro, el sistema diseñado
en 1985 que sustraía absolutamente de los jueces y magistrados dicha elección.
El nuevo sistema, con arreglo al cual se eligió en noviembre de 2001 al nuevo
Consejo General del Poder Judicial, tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, supuso la restauración del principio de la doble legitimidad: judicial,
primero e imprescindible, y parlamentaria, después y conforme a la propuesta
de los jueces y magistrados, en la designación de los vocales judiciales.
Pero obviamente no se queda ahí el Pacto que comporta una profunda revisión
de nuestra organización judicial, que se encontraba tan alejada de los parámetros
de la agilidad, de la eficacia, de la calidad y de la proximidad que sólo
desde una firme voluntad política de rediseño con vocación de fortalecimiento
y de modernización debía abordarse, como lo hace el Pacto en el que apenas hay
aspectos que quedan fuera, y así, quizás por su difícil definición en el momento
presente, los llamados costes de la justicia.
europa y latinoamérica 51

En fin, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia pretende la consolidación
del Poder Judicial al servicio de los ciudadanos, y como expresión cierta
de ello dispone de una financiación específica, sin precedentes en nuestra
historia.
Podemos concluir, que el modelo ofrecido por los grupos políticos españoles
es un referente encomiable para los países iberoamericanos que han de
afrontar con el mayor nivel de acuerdo la modernización del Poder Judicial, sin
la que no resulta posible la consolidación democrática. La reforma es urgente y
requiere de la mayor concentración de esfuerzos y de la necesaria valentía para
acometerla.
Seguridad
Como ya hemos señalado anteriormente, a la hora de diseñar y analizar
cualquier política de cooperación entre España e Hispanoamérica, se parte
siempre de un riesgo que debe ser necesariamente evitado: adoptar una «actitud
paternalista». Este riesgo se hace más potente, muy especialmente, cuando
nos referimos a políticas de cooperación en materia de seguridad. Y, aún más, si
dicha política de cooperación se enmarca en un ámbito político de mayor envergadura,
como es la Unión Europea.
Debe evitarse esta actitud paternalista, ya que implica el peligro de convertir
la cooperación en tutoría, los objetivos compartidos en intereses individuales
y el consenso en imposición.
Por tanto, a la hora de sentar las bases de una cooperación entre ambas
áreas geográficas, debe partirse de la mutua dependencia y de la mutua necesidad
que la una tiene de la otra. Sólo así, la cooperación podrá ser fructífera y
continuada, liberándose de complejos que impidan hacer efectivas las políticas
que se adopten.
La efectividad de las políticas de seguridad adoptadas podrán medirse en
términos de eficacia policial, de capacitación, de modernización y de capacidad
de respuesta ante el delito.
Debemos tener en cuenta que, tanto para España como para Hispanoamérica,
las amenazas a la seguridad son comunes y, por tanto, su respuesta debe ser
igualmente común. Es decir, la conexión en materia de seguridad entre España
e Hispanoamérica es evidente. Puede elegirse cualquier fenómeno delictivo (en
el ámbito del terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, respecto de las organizaciones
de blanqueo de capitales, en la inmigración ilegal...).
No debemos olvidar que una cooperación eficaz en materia de seguridad
debe articulase siempre sobre tres ejes independientes, pero íntimamente relacionados
entre sí: político, judicial y policial. Analicemos cada uno de ellos más
detalladamente:
— Desde el punto de vista político, resulta imprescindible una relación institucional
fluida entre Gobiernos. Es decir, es preciso establecer un diálogo
constante entre los responsables políticos que ampare, potencie y
señale los campos prácticos de la cooperación.
— Desde el punto de vista judicial, resulta imprescindible la consolidación
de instrumentos legales y judiciales comunes para poder cumplir el objetivo
de cooperación securitaria. Es decir, es preciso establecer un so-
52 europa y latinoamérica

porte legal para que los delincuentes no puedan evadir, por el mero paso
de fronteras, la acción de los tribunales
— Y, por último, desde el punto de vista estrictamente policial, la cooperación
debe desarrollarse en un doble frente: cooperación integral y cooperación
específica.
La cooperación policial integral hace referencia a una cooperación de
naturaleza generalista y permanente, dirigida a reforzar estructuras más
que a hacer frente a problemas concretos.
Y la cooperación policial específica hace referencia a asistencias puntuales
en aspectos concretos. En este caso, se trata de una cooperación con
una dimensión eminentemente práctica u operativa, que pretende, de
manera directa, dar una respuesta inmediata a una demanda individualizada.
Los ámbitos o pilares concretos sobre los que debe construirse la cooperación
entre España e Hispanoamérica, en materia de seguridad, son:
La cooperación entre Cuerpos de Seguridad.
Las operaciones de prevención de conflictos y de gestión de crisis.
La lucha contra el narcotráfico.
La cooperación frente a otros fenómenos delictivos relevantes.
La cooperación penitenciaria.
Estos aspectos concretos, en materia de seguridad, ofrecen una visión global
de lo que se está haciendo y de lo que se debe hacer en este terreno.
I. Cooperación entre Cuerpos de Seguridad
Resulta una afirmación obvia decir que la eficacia policial requiere que los
Cuerpos de Seguridad tengan una alta cualificación. Pero, más allá de la obviedad,
dicha afirmación contiene un mayor calado si tratamos de entender qué se
entiende por tal cualificación.
La cualificación implica que los Cuerpos de Seguridad respondan en su estructura,
organización y principios inspiradores a la realidad del país en que
presta sus servicios. No se trata de que los Cuerpos policiales estén imbuidos de
la ideología política imperante, en un momento determinado, de su Estado.
Nada hay más contraproducente que la politización de la seguridad. De lo que
se trata es de que los principios básicos de un Estado, sus valores constitucionales,
se integren en el Cuerpo policial y lo impregnen en todos sus aspectos.
Por otra parte, la cualificación implica que los Cuerpos de Seguridad se
adapten a la naturaleza social e incluso geográfica del país donde actúan. Los
Cuerpos de Seguridad deben especializarse en policía rural o urbana, según
sus focos de población; deben crearse unidades de montaña, de protección
de la naturaleza, de policía aduanera, de servicios marítimos, etc, según su
orografía; debe existir una mayor preparación militar o exclusivamente policial,
según el tipo de conflictos internos que padezca el país; y así hasta un largo
etcétera.
Y, por último, la cualificación implica que los miembros de los Cuerpos policiales
estén preparados en función a las propias amenazas a la seguridad,
creando unidades específicas que puedan hacer frente a los delitos más relevantes
en una determinada comunidad, ya sea tráfico de drogas, trata de seres humanos,
vandalismo, seguridad ciudadana, redes mafiosas, etc.
europa y latinoamérica 53

En definitiva, la actividad de policía no es la misma ni se puede prestar de
igual forma en todos los Estados, sino que está condicionada por toda una serie
de factores, todos ellos mutables, que requieren una continua redefinición y actualización
de los Cuerpos policiales.
España ha jugado, tradicionalmente, un papel protagonista en los proyectos
de cooperación con Hispanoamérica, en materia de seguridad. La peculiaridad
que ofrece España se basa en dos elementos básicos:
La cercanía cultural y lingüística con los países Iberoamericanos.
La existencia en nuestro país de dos modelos diferentes de Cuerpos de
Seguridad: la Guardia Civil (de naturaleza militar) y la Policía Nacional
(de naturaleza civil). Lo que supone una oferta de modelos, que permite
dar respuestas diferenciadas a las distintas peticiones de los Estados hispanoamericanos.
La conjunción de los dos elementos referidos hacen de España el candidato
perfecto para prestar su cooperación ante demandas integrales de reforma policial.
La cooperación integral desarrollada por nuestro país se puede estructurar
en tres modalidades: Diseño de Cuerpos de Policía, Formación y Especialización.
Diseño de Cuerpos de Policía
La cooperación española en el diseño de los Cuerpos de Policía de los países
hispanoamericanos, se despliega en las siguientes fases concretas:
— Despolitizar los servicios policiales, adaptándolos a la nueva realidad
socio-política del país.
— Formar y capacitar a la nueva Policía Nacional Civil.
— Contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los policías,
proporcionando las infraestructuras necesarias.
— Proporcionar los medios necesarios para lograr un real despliegue territorial
del Cuerpo Policial.
— Crear e impulsar, dentro del nuevo Cuerpo Policial, las estructuras de
mando, dirección, coordinación y control capaces de resolver los problemas
de todo tipo de las Unidades operativas.
Formación
La cooperación, en materia de formación, se lleva a cabo a través de proyectos
concretos, que suponen respuestas puntuales a demandas igualmente puntuales
de uno u otro Estado.
Tradicionalmente, España ha orientado la cooperación, en materia de formación,
a aportar una mayor capacitación a los futuros mandos y oficiales de
los Cuerpos policiales iberoamericanos, complementando la formación que a
tal fin reciben en sus países de origen con un conocimiento de la experiencia española.
Así, esta formación forma parte de Cursos de ascenso y promoción de
los miembros de Cuerpos de Seguridad y por tanto carecen de un planteamiento
generalista o global.
Especialización
Frente a unas amenazas a la seguridad múltiples, heterogéneas, cambiantes
y en permanente renovación, es preciso dotar a los Cuerpos de Seguridad de
una capacidad de respuesta específica ante cada amenaza, ante los nuevos retos
54 europa y latinoamérica

que puedan aparecer y ante la diversidad de manifestaciones criminales que
surgen en nuestros días.
Tanto por parte de miembros de Cuerpos de Seguridad sudamericanos
en España o bien por parte de miembros de Cuerpos de Seguridad españoles
en Hispanoamérica, se han impartido enseñanzas específicas según la demanda.
La tarea de especialización que se ha llevado a cabo ha comprendido ámbitos
tan variados como:
— Desactivación de explosivos.
— Lucha contra la droga.
— Tráfico.
— Protección de la Naturaleza.
— Blanqueo de capitales.
— Control aduanero.
— Servicio marítimo.
— Protección de personas.
—Tiro.
En conclusión, todas estas tareas de intercambio de experiencias y soluciones,
de confluencia de necesidades y respuestas, es el mejor cauce para consolidar
una cultura común de seguridad, un sistema no sólo de métodos de actuación
sino también de valores compartidos, lo que a la larga será el mejor poso
sobre el que asentar la cooperación puramente operativa.
II.
Operaciones de prevención de conflictos y gestión de
crisis
Si bien no se trata de una actividad policial en sentido estricto, la política de
prevención de conflictos y gestión de crisis está siendo fuertemente impulsada
por la Unión Europea. Esto es, esta modalidad de cooperación de la Unión Europea
con terceros países está recibiendo una especial atención por parte de los
órganos comunitarios, involucrándose en la misma tanto las estructuras de la
PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) como la propia Presidencia de
la Comisión y la Secretaría General del Consejo.
De esta forma, la Unión Europea ha adoptado cinco principios básicos sobre
los que debe asentarse toda actuación frente a conflictos violentos en terceros
Estados. Dichos principios son:
Propiedad: Reconociendo que el primer protagonista del conflicto es el
propio Estado y que, por tanto, los programas de cooperación en este terreno
deben tomar en consideración y coordinarse desde el respeto a la
estrategiadelpropiopaísyasupeculiaridades sociales, históricas y culturales.
Prevención: Evitando posibles situaciones y riesgos de conflicto, mediante
el estudio, el intercambio de información y los mecanismos de cooperación
que permitan detectar, previamente, los factores de riesgo.
Coherencia: Buscando una acción coordinada entre los órganos y estructuras
de la Unión Europea, los órganos y estructuras del país con el cual
se establece la cooperación y de las organizaciones internacionales dedicadas
a la prevención de conflictos.
europa y latinoamérica 55

Acción oportuna: Articulando los mecanismos adecuados de información
y de toma de decisiones para reducir el desfase entre el análisis, la
alerta temprana y la ejecución de acciones.
Coordinación: Fijando mecanismos y cauces eficaces de intercambio de
información.
A partir de estos principios, la Unión Europea trabaja con intensidad con
terceros países en la prevención de conflictos y gestión de crisis. Y a España le
corresponde desempeñar un papel de embajador de los intereses iberoamericanos
en la Unión Europea. La prevención de conflictos y la gestión de crisis entre
España e Hispanoamérica debe recibir el mismo grado de atención que la lucha
contra la delincuencia en sentido estricto.
III.
La lucha contra el narcotráfico
Sin ninguna duda, la lucha contra el narcotráfico constituye el ámbito más
desarrollado y estructurado de la cooperación en materia de seguridad entre
Hispanoamérica y la Unión Europea.
De esta forma, se lleva a cabo una cooperación activa, de doble flujo o beneficiosa
por igual para ambas partes y eficaz en cuanto a la unión de mecanismos,
criterios e información a la hora de hacer frente a un fenómeno delictivo.
Esta activa cooperación entre ambos continentes se debe a que los circuitos
de la droga, que tienen su origen en países latinoamericanos, tienen su punto de
destino en Europa y en Estados Unidos.
La cooperación en la lucha contra el narcotráfico presenta una serie de características
particulares que conviene subrayar:
La cooperación, en materia de drogas, se produce en un doble plano: bilateral
y multilateral.
Bilateralmente, los países europeos e iberoamericanos han desarrollado
una amplia política de cooperación en esta materia. Por lo que respecta a
España, a través del Plan Nacional sobre Drogas, se han articulado convenios
bilaterales destinados al intercambio de información, la cooperación
policial, el control y la prevención y la asistencia técnica en el ámbito
de la lucha contra el narcotráfico. Multilateralmente, la Unión Europea
ha asumido la financiación de numerosos proyectos nacionales de reforzamiento
institucional.
La cooperación, en materia de drogas, puede dar lugar a un juego de intereses
de los países participantes. Ya que puede existir la tentación habitual
de instrumentalizar la cooperación internacional como medio para desarrollar
áreas de influencia política.
La cooperación, en materia de drogas, ha permitido la creación de una serie
de organismos político-institucionales de diálogo, intercambio de información,
etc. E, igualmente, ha permitido la consolidación de prácticas
policiales de acción conjunta en operaciones concretas.
Mecanismo de Coordinación y Cooperación entre la Unión
Europea, América Latina y Caribe
Se trata del instrumento institucional más emblemático creado por la
Unión Europea en este ámbito de cooperación. En él se establece un programa
de cooperación denominado «Plan de Acción». Dicho Plan se inspira en los
56 europa y latinoamérica

principios de responsabilidad compartida, enfoque integral, equilibrado y participativo,
desarrollo sostenible y no injerencia en la soberanía de los Estados. El
objetivo del instrumento es fomentar y coordinar la cooperación orientada al
fortalecimiento y al desarrollo de las políticas nacionales y regionales sobre
drogas de la región. Su financiación es compartida entre ambas partes. Y las
medidas concretas que incluye este plan de acción y que deben realizarse conjuntamente
por la Unión y los Estados iberoamericanos son:
— Reducción de la demanda.
— Reducción de la oferta.
— Cooperación judicial, policial y aduanera.
— Tráfico ilícito de armas.
— Blanqueo de capitales.
— Promoción legislativa en materia de drogas.
— Fortalecimiento institucional.
IV.
Cooperación frente a otros fenómenos delictivos
relevantes
Las medidas de cooperación que hemos ido señalando, pueden ser aplicables
por igual a los diversos fenómenos delictivos que, con más frecuencia y con
un creciente volumen, comparten Europa e Hispanoamérica. Como por ejemplo,
el blanqueo de capitales, la trata de personas y la inmigración ilegal. Veamos
cada una de ellas más detalladamente:
Blanqueo de Capitales
El blanqueo de capitales requiere medidas específicas que pueden concretarse
en los siguientes aspectos: especialización de los Cuerpos de Seguridad,
capacitando Unidades con los conocimientos necesarios para investigar los flujos
financieros y las operaciones de mercado entre ambas áreas geográficas; establecimiento
entre las autoridades reguladoras de los sistemas financieros de
los Estados de cauces de intercambio de información constante sobre operaciones
económicas; y, de manera muy especial, el desarrollo de iniciativas de armonización
legislativa que cubran las posibles lagunas de los ordenamientos
jurídicos internos que permiten a estas organizaciones valerse de las mismas
para ocultar, introducir y circular el dinero, teniendo como objetivo evitar la
existencia de paraísos fiscales o financieros donde, en última instancia, puedan
ir a parar las ganancias que se obtienen con las actividades criminales.
Trata de personas
Otro fenómeno delictivo al que merece la pena hacer una referencia específica
es el de la trata de personas. El crecimiento de los flujos migratorios entre
Europa e Iberoamérica ha generado en los últimos años el crecimiento exponencial
de las redes de inmigración ilegal, con la consiguiente explotación de
quienes necesitan dejar su país en busca de nuevas oportunidades en otro territorio.
Inmigración ilegal
También la inmigración ilegal presenta caracteres y necesidades propias en
el ámbito de la cooperación policial internacional. El primero, en el ámbito exeuropa
y latinoamérica 57

clusivamente policial, es el desarrollo de los procedimientos de control aduanero
y de documentación de personas que permita un mayor control en las entradas
y salidas de éstas del territorio de cada Estado. El segundo, de carácter
político, es el desarrollo de políticas de inmigración regular que faciliten el traslado
y la residencia legal a quienes se ven obligados a emigrar, de manera que no
compense, por así decirlo, valerse de las redes ilegales para penetrar y establecerse
en el lugar de destino. El tercero, de naturaleza igualmente política, es la
intensificación de las políticas de cooperación al desarrollo que permitan obtener
una prosperidad en el territorio propio en lugar de tener que abandonarlo
para obtenerla. Y el cuarto, de tipo social, es la necesidad de consolidar una cultura
en los lugares de destino que no identifique al inmigrante con la delincuencia,
que diferencie al inmigrante de aquellos que le explotan, a fin de procurar
la integración de aquél y de no fomentar una marginalidad que le aboque
por necesidad a la delincuencia.
En conclusión, en el intercambio de información radica el correcto punto
de partida para la eficacia de la cooperación policial internacional ante cualquier
fenómeno delictivo. Por ello, de lo que se trata es de buscar las vías por las
que, con las debidas garantías, esa información fluya en ambas direcciones de
manera útil y eficaz. Evidentemente, pensar en crear esas vías entre Europa e
Iberoamérica con una dimensión multinacional resulta enormemente complejo.
Pero, una vez más, España reúne en este punto los caracteres necesarios para
asumir una especial responsabilidad. La pertenencia, como Estado comunitario,
de España a Europol —núcleo centralizador de los flujos de información
policial entre los Estados de la Unión Europea— yasuvezlavinculación de
nuestro país con Iberoamérica, donde ya hemos puesto de manifiesto la cultura
de cooperación policial existente con nuestros Cuerpos, ofrecen a nuestro país
la posibilidad de convertirse en intermediario, en centro neurálgico y en administrador
de esas vías de comunicación e información que necesariamente deben
existir entre ambas áreas geográficas para ser eficaces en la lucha contra las
amenazas comunes.
A fin de ser más precisos, los campos necesarios de intercambio de información
pueden concretarse en una serie de aspectos fundamentales: identificación
de personas, antecedentes criminales, situaciones penitenciarias, interceptación
de comunicaciones, movimientos de personas, movimientos de capital,
comunicaciones informáticas y tráfico de vehículos y mercancías.
V. Cooperación penitenciaria
Los Centros Penitenciarios de un Estado (sus infraestructuras, su régimen
interno, su posibilidad de cumplir fines de reinserción y no exclusivamente de
castigo) deben responder y ser reflejo de la realidad política y social de ese Estado.
Es necesario crear una red legal y material de los servicios penitenciarios,
que fomente la recuperación activa del individuo para la sociedad y no su condena
a una marginalidad irreversible.
Por lo tanto, es necesario desarrollar un nuevo campo de cooperación con
los países iberoamericanos que, a medida que los mismos van consolidando
nuevas culturas políticasyalavezalcanzando determinados grados de prosperidad,
está adquiriendo cada vez un mayor auge, como es la cooperación en la
creación de nuevas infraestructuras penitenciarias, buscando en las mismas
58 europa y latinoamérica

esponder a los fines de políticas penitenciarias democráticas y socialmente eficaces.
Una vez más, en este terreno tiene España un especial protagonismo. La
cooperación penitenciaria se despliega en un triple ámbito:
Una regulación legal de un sistema de penas y regímenes penitenciarios
dirigidos a la reinserción y la reeducación del penado.
La formación de Cuerpos de funcionarios que velen por la adecuada
aplicación de dicha regulación desde una cultura penitenciaria no represiva
en sus métodos y pautas de comportamiento.
Y la construcción de infraestructuras penitenciarias acordes con dicha filosofía
y con el respeto a los derechos humanos, constitucionales y penitenciarios
del interno.
Sociedad de la información y nuevas tecnologías
I. Principales indicadores básicos y de tecnologías de
información de América Latina
En el año 2000 en cuatro países de América Latina (Honduras, Nicaragua,
Paraguay y Cuba) la penetración de líneas telefónicas fijas no superaba el 5% de
la población. Por otro lado, en otros siete países el número de abonados móviles
superaba el de líneas telefónicas fijas: El Salvador, Guatemala, México, Bolivia,
Chile, Paraguay y Venezuela.
En ese mismo año, América Latina contaba con 17,8 millones de internautas,
según los datos de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).De
acuerdo con la misma fuente, Uruguay, Argentina y México encabezaban el
ránking de hosts por cada 100 habitantes (1,6; 0,7 y 0,6; respectivamente), frente
a la media de 2,8 de la UE, muy lejos de los casi 30 hosts por cada 100 habitantes
de EEUU.
En cuanto al número de internautas por cada 100 habitantes, era Chile con
11,6 quien lideraba la lista, seguido de Uruguay y Perú, con 11,1 y 9,7. La media
de la región se situaba en un 3,5, bastante por debajo de la media en la UE (23,0)
y EEUU (34,7).
Costa Rica, Uruguay y Chile, con 10,2; 10,0 y 8,6 computadores personales
por cada 100 habitantes, respectivamente, presentaron el mejor resultado en
este capítulo, contribuyendo decisivamente a la media de la región que se situaba
en un 4,1. En comparación, este mismo parámetro arrojaba una media de
28,1 en la Unión Europea, siendo ambos valores sensiblemente inferiores al
58,5 de los EEUU.
Los datos proporcionados por Nua Internet Surveys, que se refieren a agosto
de 2001, sitúan el número de internautas en América Latina en 25,3 millones
en esa fecha. Según dicha fuente, este parámetro alcanzaba 16,4 millones en noviembre
de 2000, mostrando un crecimiento del 54,3% en nueve meses.
En cuanto al número de internautas europeos (no sólo comunitarios), su
crecimiento fue del 36,7% en el mismo período.
europa y latinoamérica 59

II.
Principales indicadores básicos y de tecnologías de
información de la Unión Europea
En el año 1999, último año para el cual la UIT dispone de datos del PIB
per capita, sólo dos países de la Unión Europea se acercaban a la magnitud de
este parámetro para EEUU: Dinamarca y Luxemburgo. En el año 2000, tres
países de la UE disfrutaban de una penetración de líneas fijas próxima o superior
al 70% de la población (que es la penetración en los EEUU): Dinamarca,
Luxemburgo y Suecia; siendo la penetración de telefonía móvil superior al
70% en seis países: Austria, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Suecia y Reino
Unido. Entre tanto la penetración de los servicios móviles en EEUU rondaba
el 40% de población.
En el año 2000 dos países de la UE —Finlandia y Holanda— tenían 10 hosts
por cada 100 habitantes, una cifra aunque menor, pero del mismo orden de
magnitud que los casi 30 hosts por cada 100 habitantes de EEUU. El resto de
países de la UE se movían en una franja entre1y6hosts por cada 100 habitantes,
con un 2,8 como media.
Sin embargo, en cuanto al número de internautas por cada 100 habitantes,
Dinamarca, Finlandia y especialmente Suecia superaban a EEUU en la magnitud
de dicho parámetro con 36,6; 37,2 y 45,6; respectivamente, frente a 34,7 de
EEUU. Sin embargo, la media de este parámetro en la Unión Europea bajaba
hasta un aproximadamente 23,0.
En cuanto a computadoras personales, únicamente Suecia, con 50,7 ordenadores
por cada 100 habitantes, se acercaba a los 58,5 de EEUU. La media de la
Unión Europea se situaba en un 28,1, es decir, menos de la mitad del valor estadounidense.
III.
Cooperación económica y tecnológica entre la Unión
Europea y América Latina
Economía
La Unión Europea tiene establecidos cinco programas específicos de ayuda
a América Latina en el ámbito económico:
AL-INVEST intenta ayudar a las PyMEs a operar internacionalmente
animando a empresas europeas a invertir en empresas de América Latina
que buscan este tipo de cooperación;
ALFA está enfocado a la promoción de la cooperación en materia de
educación universitaria entre ambas regiones;
El objetivo de URB-AL consiste en el establecimiento de unos lazos directos
y duraderos entre ciudades europeas y latinoamericanas;
ALURE anima a un uso óptimo y más racional de la energía;
ATLAS facilita e impulsa la cooperación económica entre Europa y
América Latina a través de la red de Cámaras de Comercio e Industria. El
proyecto está gestionado por Eurochambers.
Sociedad de la Información y Tecnología
Dentro de las numerosas iniciativas en esta materia que se están dando entre
la UE y Latinoamérica, vamos a centrarnos en dos de ellas que tienen una
importancia significativa:
60 europa y latinoamérica

EUROLAT-IS: Es una iniciativa patrocinada por la Unión Europea que pretende
construir consorcios euro-latinoamericanos que preparen proyectos
específicos para el programa «Sociedad de la Información de la Unión Europea»,
entre otros. Su objetivo primordial lo constituye impulsar la colaboración
de la UE y AL en áreas relativas a la Sociedad de Información.
Es uno de los proyectos más importantes liderados por la Universidad Politécnica
de Madrid, por su volumen y por su dimensión internacional. Es una red
temática dotada con un presupuesto de 1,4 millones de euros cuyo objetivo es
promover la cooperación en investigación e innovación entre los países de la
Unión Europea y Latinoamérica en el ámbito de la Sociedad de la Información.
Participan quince países de la Unión Europea y 19 latinoamericanos. Entre los temas
que aborda se encuentran: comercio electrónico, tecnologías software, desarrollo
rural, educación, medio ambiente, turismo, salud y desarrollo sostenible.
PROGRAMA @LIS: Programa Alliance for the Information Society.
@LIS es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América
Latina para el desarrollo de la Sociedad de Información, diseñado a partir de las
recomendaciones del Encuentro de los Jefes de Estado de la UE y AL, que tuvo
lugar en Río de Janeiro en junio de 1999.
El Programa, cuyos trabajos preliminares fueron elaborados por un Consorcio
de organizaciones sin ánimo de lucro liderado por AHCIET, tiene por
objeto promover la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación
en América Latina estrechando la llamada brecha digital.
Son 18 países de América Latina los beneficiarios: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Según información proporcionada por la Dirección General para la Sociedad
de Información de la Comisión Europea, el Programa ALIS consta de cinco áreas:
Diálogo sobre Política y Regulación
Diálogo sobre Estandarización
Redes de participantes
Interconexión de redes de investigación
Proyectos de prueba
En un futuro está previsto diseñar un programa similar para los países caribeños.
La aprobación del programa impulsará la cooperación entre ambas regiones
armonizando sus respectivos marcos político y regulatorio en áreas clave
para el desarrollo de la Sociedad de Información como son las telecomunicaciones,
el comercio electrónico y la estandarización (elaboración de una normativa
común).
Otro de los objetivos de @LIS, anteriormente esquematizado, consiste en
promover las interconexiones entre las redes y comunidades científicas de ambas
regiones, así como el establecimiento de unos proyectos específicos en
América Latina que permitan demostrar los beneficios de las aplicaciones de la
Sociedad de Información para los ciudadanos en cuatro áreas temáticas clave,
como son la e-inclusión, e-educación (incluyendo la diversidad educativa y
cultural), salud pública y e-gobierno.
La finalidad de @LIS es la financiación de proyectos de cooperación ente
socios de la UE y Latinoamérica tendentes a acelerar el desarrollo de la Sociedad
de la Información (SI) en Latinoamérica.
europa y latinoamérica 61

MESAS REDONDAS

UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA:
ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA DE
ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA BIRREGIONAL
Ana Palacio
Ministra de Asuntos Exteriores de España.
Miembro del Praesidium de la Convención Europea.

Tres reflexiones semánticas y más. Abordar un trabajo sobre Latinoamérica
desde España supone una reflexión que, aunque formalmente circunscrita al
campo semántico, en realidad lo desborda y se erige en declaración de principios:
¿América Latina o Iberoamérica; ¿o Hispanoamérica; ¿cómo designar
esa realidad geográfica y cultural Por otra parte, el vehículo de comunicación,
la lengua que compartimos con los habitantes de allá, del sur de Río Grande
—o Río Bravo según la ribera en que el hablante se sitúe— y, por cierto, cada
día más, también con los del norte, lengua que hoy es la segunda en importancia
en el mundo, ¿es español o castellano Finalmente, ¿qué significación hablar
de la Unión Europea en este ámbito
Pues bien, aquí, hoy, español, porque la lengua es algo vivo que pertenece
a quienes la hablan, y de los casi cuatrocientos millones de hombres y
mujeres que a lo largo y ancho del mundo compartimos este acervo, una
aplastante mayoría designa esta realidad como español. Esta es, asimismo,
la denominación oficial en los foros internacionales.
Es cierto que nuestra Constitución española eleva a categoría jurídica el
castellano al establecer que esta es la «lengua española oficial del Estado»; pero
este precepto constitucional se justifica por la necesidad de su diferenciación
frente a las demás lenguas —españolas también— co-oficiales en las respectivas
comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos. A este respecto, Camilo
José Cela tiene observado con agudeza «que no hay que confundir el adjetivo
y el sustantivo». Así pues, de fronteras pirenaicas para adentro —si es que
esto tiene algún sentido, sociológicamente hablando, en la era Internet— y,
desde luego en términos jurídicos, hablaremos de castellano, pero en el mundo
no, en el mundo es español. Y una observación complementaria: frente al pensamiento
nacionalista castellanófobo, no está de más insistir en que una de las
grandes bazas de España, en el marco de la Unión Europea, es precisamente el
capital político, cultural y sociológico que representa el compartir la segunda
lengua en importancia mundial.
El mundo habla español. Es español aunque, para complicar aún más esta
tesis, no hay unanimidad en la designación del idioma oficial por las constituciones
iberoamericanas. Pues mientras algunas —como, por ejemplo, la ecuatoriana,
en su artículo 1— designan expresamente el castellano, otras, como la
nicaragüense, en su artículo 11, consagran, también expresamente, el español.
Y las más no contienen previsión alguna al respecto.
Pero, la calle, la gente, el mundo, al hablar, dice español.
¿Y por qué América Latina, expresión que en todo este trabajo —salvo
que específicamente se distinga— engloba tanto el Caribe hispano como
América Central. Es cierto que las voces Hispanoamérica o Iberoamérica,
que tanto da ya que ambas se refieren a la península en su totalidad
—Iberia o Hispania, esto es, a España junto con Portugal—, tienen una
larga tradición histórica, y reflejan además el tejido vivo de la lengua que
europa y latinoamérica 67

se habla en el continente; pero para ser concretos, hay que mencionar
que los españoles utilizamos la primera para referirnos a los países de
nuestra habla, mientras que reservamos en general, la segunda para incluir
a Brasil. Las formas que América Latina/Latinoamérica son de acuñación
francesa y no están exentas de cierta beligerancia con nuestra herencia
y nuestros vínculos 1 . Pero una vez más, los de allá, que son
mayoría, se identifican generalmente con la expresión América Latina,
que es además la predominante en el mundo. En todo caso, la posibilidad
de elegir entre las expresiones Hispanoamérica, Iberoamérica o América
Latina-Latinoamérica otorga a nuestra lengua una inestimable ventaja
sobre los otros idiomas universales: la de poder recurrir a las sutilezas del
lenguaje al referirnos ora a una región, ora a una comunidad, tan ricas
ambas en matices y peculiaridades.
Para el propósito que subyace a esta ponencia, para la idea de que Iberoamérica
es reto y oportunidad europeas y no solo hispanas, la expresión América
Latina refleja ese enfoque ancho, esa idea de aventura común de los europeos,
en especial de los europeos continentales, y de entre éstos, los latinos por
raíz cultural común. Reto en el que hemos de comprometernos, en el que Latinoamérica
espera que nos comprometamos; necesario para el equilibrio del
dialogo trasatlántico norte —esto es, Unión Europea/Estados Unidos—, y para
que el corrimiento del centro de gravedad de la Unión hacia el Este no provoque
una peligrosa provincialización del sur europeo, lastrado además por la
conflictiva realidad del Mediterráneo.
Finalmente ¿qué entendemos por Unión Europea Tras la entrada en vigor
del Tratado de la Unión Europea («Tratado de Maastricht») el 1 de
noviembre de 1993, el uso de la expresión «Unión Europea» se ha generalizado
creando una cierta confusión. Las razones no solo son intelectuales,
sino también y sobre todo políticas: el hecho de conocer quién
hace qué y, en consecuencia, quién es el responsable de qué, es necesario
para, por una parte, conocer el alcance y naturaleza de las decisiones políticas
y, por otra, establecer los mecanismos de coordinación y control
de las mismas. «La Unión Europea hace»...; esta expresión no permite
percibir quién, en realidad hace: ¿la comunidad en cuanto tal, ¿los Estados
miembro actuando conjuntamente en el seno de la Unión, ¿todos,
Comunidad y Estados miembro Sin lugar a dudas, el conocimiento de la
respuesta precisa a estas preguntas es esencial.
Sin perjuicio de todo ello, en este trabajo se utiliza la expresión Unión Europea
con calculada ambigüedad para referir todos y cada uno de los ámbitos de
actuación enumerados, así como las posibles combinaciones entre ellos.
Entrando en materia: América Latina reto de la Unión Europea. Para la
Unión Europea, Latinoamérica entraña en este comienzo del Siglo XXI uno
de los retos mayores de su consolidación como interlocutor en el diálogo interregional
a escala planetaria. Dicho sin ambages, la estructuración de un auténtico
diálogo con el mundo americano de habla hispana es nuestra principal
baza después de la consolidación europea de la Unión, entendida como
corolario de la ampliación al Este. España así lo ha entendido, y desde su adhesión
a la entonces Comunidad Económica Europea aprovechó su doble
condición de país europeo y americano para facilitar la asociación entre las
dos regiones. Tan extraordinario objetivo supone para España un doble esfuerzo:
de este lado, lograr que Iberoamérica ocupe en la agenda de la Unión
1 Cabe rastrear la voz Latinoamérica hasta el economista
francés Michel Chevalier, Consejero del Ministro
de Finanzas de Luis Napoleón, que ideó y perfiló el
concepto de Europa Latina para oponer al de América
Sajona. A partir de 1850 aparece el concepto de la
América Latina, Latinoamérica, con objetivos políticos-culturales
en textos de autores iberoamericanos
que escriben desde París. En la «Ilustración española y
americana» de 1876 se lee que «México es el centinela
de la América Latina». El diccionario que publica la
Real Academia Española, en su XXI Edición —Madrid,
1992— define hispanoamericano como perteneciente
«a españoles y americanos [...] de los países de
América en que se habla español [...], de los individuos
de habla española»; en tanto por latinoamericanos
entiende el «conjunto de los países de América
colonizados por países latinos: España, Portugal o
Francia».
68 europa y latinoamérica

Europea el lugar que le corresponde, en tanto que del otro, convencer a las naciones
de América Latina que su previa integración es condición imprescindible
para el diálogo birregional.
Así, y aunque se trate de repetir nociones que por conocidas lindan con el
lugar común, son inevitables unas elementales referencias de contexto general.
Por ejemplo, recordar cómo el fin de la guerra fría, la caída del Muro de Berlín,
el desmembramiento de la antigua Unión Soviética, el advenimiento de la democracia
y de los regímenes de libertades y de la economía de mercado en los
países del Este de Europa, el afianzamiento de la Unión Europea como una potencia
económica con aspiración de serlo también en los órdenes de política interna
y exterior —incluso militar—, o el paso de una Europa del mercado a una
Europa de los ciudadanos, son acontecimientos todos ellos que contribuyen a
que el mundo a día de hoy se parezca muy poco al que conocíamos hace tan
solo unos años. Este panorama lleno per se de incertidumbres y procesos emergentes,
se ha visto sacudido, además, por los acontecimientos del 11 de septiembre.
El proceso de globalización se verá así, sin duda, profundamente modificado.
Sabido es que el capitalismo, desde sus orígenes, ha sido siempre un sistema
con vocación mundial. Además, el mercado se caracteriza precisamente por ser
un mecanismo que hace interdependientes todos los elementos y aspectos del
sistema económico. Así, la doctrina económica establece una primera etapa de
mundialización que abarca desde la mitad del siglo XIX —algunos establecen
como fecha clave el de la Comuna de París 1871— y llega hasta la Primera Guerra
Mundial. Ahí se detiene. Al nacionalismo político se añade el nacionalismo
económico. La segunda época de la mundialización comienza en la década de
1960, cuando desaparecen los efectos de las dos guerras mundiales y el capitalismo
vive su edad de oro.
Este proceso sufre un cambio cualitativo a raíz de la caída del muro de Berlín
y de la desaparición de cualquier alternativa de la economía de mercado el
concepto de mundialización se transmuta en globalización, marcado este proceso
por la globalización financiera apoyada en la revolución tecnológica en el
ámbito de las comunicaciones y de la informática.
Aunque es todavía pronto para conocer el alcance de las consecuencias de
los atentados del día 11 de septiembre, parece posible aventurar que una de ellas
será la vuelta de lo público a la escena de la economía. En afortunada expresión
de Jean Paul Fittoussi en un artículo publicado en Le Monde recientemente:
«Existe la posibilidad de que el siglo XXI también se inicie con una rehabilitación
de la política. [...] La globalización vuelve a ser un negocio de Gobierno
más que un gobierno de los negocios».
La irrupción de lo político e institucional en el primer plano del proceso de
globalización tiene como corolario la inversión de la prelación entre economía
y derecho como técnicas prioritarias de ordenación social, puesto que, ya sea
para acelerar el proceso o para darse los medios de dominarlo, la creación de
instrumentos políticos y jurídicos resulta ineluctable. Así, bajo la vistosidad de
las cifras económicas asistimos hoy a la —no dudo en calificarla de feroz—
competencia mundial de sistemas jurídicos e instituciones políticas, que pasa
inadvertida ante la vistosidad del lenguaje macroeconómico, pero que resultará
determinante en la configuración de las relaciones internacionales a escala planetaria.
Estos cambios experimentados en la escena internacional exigen, además
de la revisión de las relaciones entre Estados, repensar también el significado de
europa y latinoamérica 69

la irrupción de los actores de la sociedad civil —en particular, las empresas
transnacionales y las denominadas ONGs—, así como el papel de las entidades
regionales mundiales, ya sean multilaterales o supranacionales. Pues tanto los
nuevos actores civiles como las organizaciones de integración están llamados a
ser actores efectivos en el nuevo concierto mundial, potenciando e impulsando
un modelo de relaciones internacionales que nada tiene que ver con el que apenas
estamos dejando atrás.
I. América Latina y la Unión Europea: los retos
y las bazas
La Comunidad Iberoamericana ha ido adquiriendo en estos últimos años
un peso cada vez mayor en el mundo globalizado. Y es que, junto a Estados Unidos
y Canadá por un lado y Europa por otro, América Latina constituye el tercer
vértice del triángulo básico de la civilización occidental. A pesar de su diversidad
geográfica, climática, biológica o étnica y de su diferente nivel de
desarrollo, América Latina constituye para el resto del mundo un espacio diferenciado
y único que comparte un importantísimo patrimonio común sustentado
sobre tres pilares: la política, la economía y la cultura. Es en este contexto
donde las relaciones entre la Unión Europea y América Latina desempeñan un
papel fundamental. Nos hallamos ante dos bloques llamados a convertirse en
interlocutores privilegiados en el nuevo y complejo sistema de relaciones. Para
ello, es imprescindible que los vínculos —no solo comerciales— iniciados o
grandemente potenciados en la década de 1980 con la entrada de España y Portugal
en las entonces Comunidades Europeas, se robustezcan y se complementen
en los próximos años.
Esta transformación de las relaciones birregionales debe incorporar cuatro
fenómenos que se infieren de lo dicho hasta ahora. Esto es, la emergencia americana,
la sociedad de la información, la importancia de la lengua, y el sistema jurídico.
O en otras palabras, el interés de las coincidencias culturales y lingüísticas,
así como el conocimiento del sistema legal y administrativo de esa región
en el contexto de la apertura de las economías —en particular,de la sociedad de
la información— y la consolidación de los sistemas democráticos.
I.1.
La emergencia americana
La política de asociación estratégica de la Unión Europea ha de reflejar que
América Latina ha pasado de representar para Europa un conjunto de países
con los que nuestro único nexo de unión era la ayuda que la Unión otorgaba en
forma de cooperación al desarrollo, a configurarse como una zona económica
de enorme importancia para la expansión de la industria y los servicios europeos,
y como interlocutor privilegiado en el marco del proceso de globalización.
Efectivamente, la democracia, la libertad y la paz, valores y realidades que se
han generalizado en América Latina, constituyen la base de la sociedad moderna
y el fundamento para la inserción de la región en la economía mundial.
También conviene señalar que la aceleración del proceso de globalización ha
coincidido con momentos difíciles para la mayoría de los países latinoameri-
70 europa y latinoamérica

canos: en la década de los setenta, época del modelo de sustitución de importaciones,
se produjo el proceso de agotamiento de este modelo y el aumento
consecuente de la inflación; durante la década de 1980, los Estados latinoamericanos
debieron afrontar la crisis de la deuda externa, y en la década posterior
tres grandes crisis financieras —la crisis de Méjico en 1995 o crisis tequila, la de
los países asiáticos en 1997 y la de Rusia en 1998— debilitaron su crecimiento
económico y sus posibilidades de desarrollo.
Sin embargo, no podemos olvidar que América Latina ha sido desde el siglo
pasado la región del mundo que más creció en términos absolutos; y es necesario
revisar algunos datos para concretar esta afirmación, pues a veces los actuales
problemas coyunturales enmascaran la realidad del potencial del continente
latinoamericano. Estos datos demuestran bien a las claras el progreso de esta región
en comparación con otras, al tiempo que permiten fundamentar las previsiones
optimistas cara a las próximas décadas. No debemos dejar de subrayarlo
y repetirlo cuantas veces haga falta: el potencial de crecimiento de América Latina,
unido a su identidad de valores con el mundo occidental y desarrollado,
garantizan unas expectativas extraordinariamente halagüeñas a una alianza estratégica
entre la Unión Europea y esa región.
En primer lugar, destaca el factor demográfico. A principios del siglo XX,
América tenía 62 millones de habitantes, que han pasado a convertirse en 520
millones en la actualidad. Este incremento de la población, multiplicada por
ocho en estos años, durante los que en el resto del mundo lo hizo solamente por
tres y medio, demuestra una evolución demográfica de gran importancia. Por
otra parte este incremento de la población ha supuesto que América Latina sea
una región joven: el 34% tiene menos de 15 años y el 50% menos de 24, lo que
significa un potencial de futuro económico considerable. Asimismo, América
Latina es hoy una región urbana en que el 80% de la población —400 millones—
vive en áreas urbanas, porcentaje equivalente al del continente europeo.
En este dato también se refleja la «emergencia del continente latinoamericano»,
ya que en 1900 eran 15 millones los ciudadanos que vivían en las ciudades, lo
que suponía un 25% de la población.
Otros datos estadísticos que nos muestran el desarrollo económico de
América Latina en estos años se refieren a la esperanza de vida: mientras en
1900 era de 29 años, hoy es de 69; o a los referentes a la educación: el incremento
del número de niños escolarizados, pues,en la década de los setenta había 45
millones de niños en las escuelas, y hoy son cien millones, así como en la enseñanza
media se ha pasado de diez millones a treinta y en las Universidades se ha
volucionado de 1.600.000 a diez millones actualmente.
En cuanto a los datos de convergencia económica referidos a la inflación,
América Latina ha pasado de la inflación a la estabilidad, desde un 1000% de
inflación en varios países hasta el 10% actual en casi todos ellos. Y por último,
en cuanto a la apertura de la economía, se ha evolucionado de un 44% de aranceles
en 1990 a un 13% actual.
Esta importante evolución se ha traducido en un cambio en la situación de
América Latina en la economía mundial y en sus relaciones internacionales,
cambio que viene a su vez marcado por tres aconteceres que emergen con pujanza
de la compleja y quebrada vivencia de estos últimos años en el continente
americano:
I.1.a. Al proceso generalizado de consolidación de la democracia al Sur
de Río Bravo.
europa y latinoamérica 71

I.1.b. A la apertura económica que en la actualidad comienza a dar sus
frutos.
I.1.c. A los primeros avances serios en los diversos procesos de integración
regional.
I.1.a. Iberoamérica nos ofrece un escenario político y económico en movimiento.
A lo largo de la última década se ha completado, aunque sea en el plano
formal, la normalización institucional democrática de casi todos estos países.
América Latina vivió en el siglo XIX sus gestas de independencia y consolidación
de los Estados y el siglo XX fue el siglo de la acomodación política de estos
sistemas. A partir de la década de 1980 y 1990, se ha producido el derrocamiento
de las dictaduras militares y el establecimiento de Estados de Derecho
con una creciente presencia de la sociedad civil. La consolidación de la paz y la
democracia requiere un horizonte de estabilidad y seguridad, de apoyo activo
de la sociedad, y soluciones para los problemas que todavía persisten. Así, haber
logrado que los gobiernos se constituyan en un sistema democrático puede
considerarse, más que como la culminación de una etapa, como un punto de
partida para el avance hacia objetivos más ambiciosos, entre ellos, la satisfacción
de las aspiraciones y las necesidades básicas de la población.
Dejando pues sentado que, con la conocida y contumaz excepción de Cuba,
América Latina disfruta hoy de un régimen democrático de pleno respeto al
Estado de Derecho, sería oportuno —la actualidad lo impone— referirse al peligro
que implica el eventual desencanto de la población por el sistema democrático.
En efecto, ello no supone tanto el rechazo a un régimen respetuoso con
las libertades y derechos de los individuos cuanto al hartazgo hacia ciertas instituciones
que sufren una alarmante pérdida de credibilidad y, consecuentemente,
de representatividad. Además, cada vez se extiende más la frustración ante el
hecho de que los regímenes democráticos no lleven aparejada la inmediata elevación
del nivel de vida, ni siquiera la erradicación de la pobreza, de la marginación
e incluso de la miseria.
Sin entrar en este último punto, y reconociendo la comprensible impaciencia
de esos sectores que ven defraudadas sus expectativas de mejora, conviene
subrayar un hecho generalizado y preocupante: el divorcio entre la opinión pública
y su clase política, considerada esta como una casta privilegiada y corrupta
que ha decidido desentenderse de los problemas de sus compatriotas y anteponer
su lucro e interés personales a la más elevada razón de Estado. Esta
circunstancia es particularmente notable en lo referente al poder legislativo y
judicial, cuya credibilidad es nula ante una sociedad que no los respeta, y permite
al mismo tiempo un desequilibrio en la balanza de poderes que sólo beneficia
a un ejecutivo que se ve así acechado por tentaciones autoritarias. Baste recordar
las elecciones legislativas en Argentina —octubre de 2001— en las que
los votos nulos y en blanco superaron en algunas circunscripciones a los de
cualquier candidato.
Paralelamente, en aquellas sociedades donde el componente indígena es
más acusado, la fractura social —no se puede identificar diferencia racial con
pobreza, pues esta también se da en otras comunidades— toma la forma de
conflicto entre indígenas y criollos, y llega al rechazo por parte de los primeros
de cualquier forma de organización, incluida la democracia, supuestamente
impuesta por los últimos. Sirvan también los recientes ejemplos de las elecciones
en Bolivia, que han supuesto un rotundo éxito —20% de los votos— para el
candidato indígena y cocalero Evo Morales, o la imagen de los diputados indí-
72 europa y latinoamérica

genas sentados en sus escaños y en silencio mientras los demás cantaban su
himno nacional durante la toma de posesión del Presidente Sánchez de Lozada.
Yo espero que esos ejemplos sirvan de acicate a una sociedad que está obligada a
integrarlos, a compartir con ellos la construcción de un Estado del que, en caso
contrario, se sentirán ajenos y al que terminarán rechazando como algo extraño
a sus costumbres e impuesto a sus pueblos.
Así pues, si bien en términos generales, cabe afirmar que los países latinoamericanos
gozan de un período de restauración democrática y de relativa mejora
del funcionamiento de sus instituciones representativas, estas luces de alarma
deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de no solo aplicar medidas
ortodoxas de achique del Estado, de reducción del gasto público o de reforma
fiscal y tributaria. También se debe reflexionar sobre la urgencia de afrontar los
retos que a continuación se señalan. Solo así podrán evitarse las tentaciones populistas,
las desviaciones mesiánicas y otros peligros tan comunes en la historia
de esta región.
En todo caso, ante las diferentes realidades que enfrentan los países de
América Latina, probablemente no existen políticas únicas o exclusivas; dicho
lo cual parece necesario contar con puntos de referencia que permitan orientar
sus esfuerzos, y en los que la Unión Europea tiene un amplísimo campo abierto
a la Cooperación. Así, cabe enumerar tres grandes desafíos comunes a las sociedades
latinoamericanas:
— En primer lugar, la modernización del Estado. La prioridad debe ser
conseguir un modelo de Estado que sea capaz de proveer los servicios al
menor coste posible y entre cuyos valores más importantes prime la
transparencia, la cual se traduce al mismo tiempo en responsabilidad,
eficacia y lucha contra la corrupción. Pero estos principios deben mantenerse
en una visión amplia del Estado que abarque toda su administración
pública, desde la organización de la justicia, a los parlamentos y
las autoridades locales y regionales.
— Otro de los retos es la participación ciudadana en los asuntos públicos. La
relación poderes públicos/sociedad civil debe estrecharse de manera que
los ciudadanos se sientan informados e involucrados en su gobierno y en
las decisiones que este toma. No podemos olvidar que todavía persisten
ciertos desafíos en los Estados latinoamericanos, desafíos que siempre
cuentan con problemas que afectan directamente a sus ciudadanos entre
ellos disminuir la pobreza, alcanzar una mayor justicia social y equidad en
la distribución de la riqueza, construir instituciones modernas y eficaces,
producir un crecimiento económico estable y reforzar la identidad cultural
y la capacidad de realización de sus pueblos, culturas y habitantes, y en
todos estos desafíos debe estar presente la sociedad civil.
— En tercer lugar, para afrontar estos retos, es fundamental lo que se puede
resumir como la transformación de la política, porque todavía persisten
ciertos déficit democráticos en América Latina, y eso deberá solucionarse
a través de unas buenas estructuras de los partidos políticos y de buenos
mecanismos de diálogo con la opinión pública, una vez exista más
información y comunicación, y un sistema de calidad en todos los niveles
políticos se constituyan en los pilares básicos de esta consolidación
democrática.
I.1.b. Los países iberoamericanos han acometido procesos de ajuste estructural
que, a menudo al precio de grandes sacrificios para la sociedad, han
europa y latinoamérica 73

permitido un cumplimiento más que razonable de sus obligaciones con respecto
a las instituciones financieras multilaterales, así como de las expectativas de
la Unión Europea. América Latina se presenta con un balance económico fundamentalmente
positivo, si bien en estos momentos la crisis económica internacional
se deja sentir con especial dureza en la región, especialmente en aquellos
países que, como Argentina, tienen aún pendiente la gran reforma del
Estado. La crisis argentina resulta muy ilustrativa. En efecto, se trata de una crisis
fundamentalmente política y solo ejerciendo las imprescindibles reformas
podrá detener un proceso de deterioro hasta la fecha imparable. Lo grave es que
esta crisis política ha derivado al ámbito económico y, finalmente, al social,
cuya consecuencia más dramática es que, en el país que hasta hace apenas ocho
meses disfrutaba de la renta per capita más alta de la región, viven hoy deiciocho
millones de pobres —la mitad de la población— y de ellos siete millones bajo el
umbral de la miseria. Entre tanto, la crisis brasileña parece más ligada a la incertidumbre
preelectoral —sin olvidar un importante componente especulativo
en las bruscas fluctuaciones del real— y la más reciente de Uruguay se debe sin
duda al hundimiento de los sectores turístico y financiero, consecuencia directa
de la crisis argentina, y a la pérdida de competitividad de sus exportaciones a
causa de las devaluaciones paralelas del peso y el real. Por supuesto que sobre
estas cuestiones cabe extenderse mucho más, pero no parece el propósito de
este trabajo. En definitiva, subsisten problemas graves, pero, aunque con intensidad
desigual, sigue el proceso de crecimiento y de estabilización. La inflación
ha bajado, la inversión crece y el comercio exterior —hacia y desde el exterior—
se ha revitalizado. Todo esto, es cierto, no basta para erradicar la lacra de la pobreza
que sigue asolando zonas extensas, cuando no países enteros. Sin embargo,
y hay que insistir en ello, América Latina ha mantenido en los últimos años
una trayectoria económica exitosa, y ello constituye un hecho tan innegable
como relevante.
No obstante, aunque esta evolución económica es una realidad, uno de los
retos fundamentales para la región es alcanzar un crecimiento económico
próspero. En los últimos años se ha pasado de un desarrollo sostenible del 0.5%
en el año 1999, a un 4% en el 2000 y a solo un 0% en el 2001. Esta falta de estabilidad
tiene graves consecuencias sobre la economía en general y, en particular,
en la inversión. Si América Latina no consigue esta estabilidad económica, reaparecerán
los fantasmas de antiguas crisis económicas y de la inflación, que
destruye el tejido social y las expectativas empresariales y económicas de las sociedades
modernas. Y para lograr alcanzar esta estabilidad, América Latina
debe afrontar dos problemas que persisten: la falta de ahorro y la escasez de las
exportaciones. Sobre esta segunda cuestión, las cifras son elocuentes: en 1900
América Latina representaba el 7% del comercio mundial, en 1950 el 12% y hoy
solo el 13.5%.
Además de las consideraciones estrictamente económicas, y relacionada estrechamente
con ellas, aparece la cuestión social. En América Latina existen
doscientos diez millones de personas en la pobreza, de las que ochenta viven en
la indigencia. El desempleo alcanza al hasta el treinta por ciento de los jóvenes y
hay países que tienen el 50% de su población trabajando en la economía informal,
microproductores que deambulan por las calles. A este grave problema debemos
sumarle las condiciones de vida en las ciudades. América Latina tiene
cuatro de las diez ciudades más grandes del mundo, y esta realidad está en el
origen del drama urbano: la violencia. En efecto, Latinoamérica tiene un índice
de violencia muy superior al resto del mundo, provocada por el desempleo y el
74 europa y latinoamérica

desarraigo de las comunidades urbanas frente a sus orígenes rurales. Existe
también en el subcontinente americano otra difícil situación social, la de las
minorías. La población indígena sobrepasa los cincuenta millones, entre la cual
la pobreza tiene índices muy elevados.
Para solucionar todos estos problemas es necesario además de mejorar las
condiciones económicas, a escala nacional e internacional, e invertir en educación.
La mejora de la educación de los ciudadanos permitirá salir del círculo vicioso
en que se encuentran estos millones de habitantes cuyos hijos no pueden
ir a la escuela y por ello no tienen forma de salir de la miseria en la que nacieron.
I.1.c. Por último, la fuerza de las experiencias de integración subregional,
que, si bien todavía embrionarias, están ya mostrando resultados esperanzadores.
Aunque muchos lo puedan considerar el resultado lógico de una historia,
una lengua y una cultura comunes, el impulso integrador solo ha sido verdaderamente
posible como consecuencia del proceso de democratización política y
apertura económica. En este punto es preciso subrayar la decidida apuesta de
España por la consolidación de los procesos subregionales integradores. Parece
que las necesidades impuestas por un nuevo escenario de globalización han terminado
por invertir las tendencias centrífugas que han primado en América
Latina desde que se hizo añicos el sueño bolivariano. El camino por recorrer es
todavía largo. No pueden olvidarse los conflictos fronterizos, algunos muy recientes
como la Guerra del Cóndor entre Ecuador y Perú, las disputas centroamericanas
o las pretensiones bolivianas de recuperar una salida al mar, razón
de que sigan rotas sus relaciones diplomáticas con Chile. Por el contrario, cabe
felicitarse por la voluntad manifestada en la reciente II Cumbre de América del
Sur, celebrada en Guayaquil, en la que se puso de manifiesto la necesidad de impulsar
la convergencia entre los dos procesos de integración del subcontinente
—MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones— y, en todo caso, la
puesta en marcha de los grandes proyectos de infraestructura —terrestres, fluviales
o energéticos— que facilitarán la circulación de personas y bienes así
como la integración económica. En la misma orientación cabe inscribir el proyecto
de inspiración mexicana conocido como Plan Puebla-Panamá, que integrará
el sur de México con las repúblicas centroamericanas.
Y es que solo la integración permitirá que se consoliden regiones prósperas
y estables, cuya voz sea escuchada en los foros internacionales y con capacidad
de alcanzar acuerdos de asociación con otras entidades regionales.
I.2.
La sociedad de la información
Actualmente, se reconocen a escala mundial las nuevas oportunidades y retos
que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación,
tras haberse convertido en una prioridad política la necesidad de enfrentarse a
la aceleración del cambio de las estructuras económicas y sociales de esta nueva
sociedad de la información. Nuevas políticas y medidas reguladoras que encaucen
esta evolución en beneficio de los agentes económicos y de la sociedad civil
suponen un reto tanto para los países en desarrollo como para los emergentes y
los desarrollados, aunque se presente de distintas formas y con distintos objetivos.
La necesidad de adoptar enfoques internacionales coordinados y compatibles
ante estas cuestiones ha sido reconocida en la Cumbre de Río Unión Europea-América
Latina, en la Cumbre Latinoamericana celebrada en Brasilia y en
los Consejos Europeos de Lisboa (2000) y Feira (2000) que adoptaron la iniciaeuropa
y latinoamérica 75

tiva «eEurope», donde se hacía referencia a la necesidad de dar a este tema una
escala internacional. Más recientemente, en la Cumbre Unión Europea-América
Latina y Caribe celebrada en Madrid el pasado 17 de mayo, se acordó el programa
@LIS para el desarrollo de la sociedad de la información, programa cuatrienal
dotado con 85 Meuros de los que la Comisión aportará 63,5 y el resto los
países latinoamericanos. Entre los principales objetivos de este programa cabe
señalar la normalización del marco regulatorio, la interconexión entre redes y el
desarrollo de varios planes piloto.
Unos cuantos datos dan cuenta de la relevancia de este planteamiento. El
ritmo de crecimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones en América
Latina es impresionante. El número de líneas telefónicas por habitante está aumentando
por término medio entre el 15 y el 20% cada año en todo el subcontinente
y aún es mucho mayor el incremento en el número de servidores de internet.
I.3.
La importancia de la lengua
La nueva política de asociación estratégica ha de dar cuenta de la importancia
del español como vehículo privilegiado de las relaciones entre la Unión Europea
y América Latina, porque a diferencia de nosotros los europeos, el proceso
de integración que allí se aborda tiene como característica fundamental el
decirse en una sola lengua, frente a la complejidad que entraña la pluralidad
lingüística de la Unión. Por cierto, que esta afirmación se ve especialmente reforzada
después de la valiente medida adoptada por varios estados brasileños al
elevar el español a rango de idioma co-oficial. Por ello, tenemos que convencer
a nuestros socios comunitarios que la generalización del español en Latinoamérica,
complementaria de la pujanza de nuestra lengua en los propios Estados
Unidos de Norteamérica, constituye una baza de la Unión Europea —de la
Unión, no de España— que no debemos desaprovechar los europeos. Porque a
Latinoamérica —con el matiz que ha quedado apuntado respecto de Brasil—,
se puede llegar en dos idiomas: inglés y español. Cualquier intento de dialogar
con Latinoamérica en otra lengua —incluso en las que de este lado del Atlántico
resultan hoy predominantes como el francés o el alemán— es empresa destinada
al fracaso. Sí, se puede llegar a los latinos en ingles o español, pero nuestros
socios comunitarios han de comprender que la comunicación en inglés
queda siempre mediatizada por la proximidad y potencia —en el sentir colectivo
del continente, también prepotencia— de los Estados Unidos de Norteamérica.
Y no podemos dejar que esta realidad pujante quede empañada por el problema
que la Unión Europea debe abordar más pronto que tarde, sobre todo
con la perspectiva de la ampliación. Me refiero a la cuestión de las lenguas. Es
cierto que la pluralidad lingüística consagrada en el Tratado como cimiento de
la construcción europea puede conducirnos, si no llegamos a una administración
razonable de este capital de diversidad, al colapso seguro de la tarea integradora.
En esta solución de razón que urge acometer, tendremos, sin duda,
que tener en cuenta en términos internos las lenguas que mayor número de europeos
habla. Pero, así mismo, si queremos que la Unión Europea tenga una
proyección mundial habremos de defender en la vertiente externa de la actividad
de la Unión un lugar privilegiado para el español. Y esto, no es interés de
España sino europeo.
76 europa y latinoamérica

Un ejemplo ilustra esta afirmación: ¿qué beneficio sacará Europa de que su
patente comunitaria solo exista en inglés, francés o alemán, como establece el
proyecto de reglamento que hoy se está discutiendo en el Consejo Qué sentido
tendría que el archivo de patentes comunitarias que representará la Biblioteca
de Alejandría de la cultura tecnológica europea, no pudiera ser consultado por
América Latina en español. Sobre todo hoy, cuando estos países se encuentran
inmersos en un esfuerzo sin precedentes para ajustar sus oficinas de patentes a
los mandatos de los acuerdos ADPIC. Ningún sentido. Y buena prueba de ello
es que, mientras los europeos coqueteamos irresponsablemente con la posibilidad
de tirar por la borda uno de nuestros grandes activos en estos mercados
emergentes, los Estados Unidos de Norteamérica, conocedores de esta realidad,
están no solo formando examinadores de patentes en español para cooperar
con sus homólogos latinoamericanos, sino disponiendo recursos financieros
que les permitirían ocupar un lugar prevalente en el establecimiento y consolidación
de estas oficinas de protección de la propiedad industrial.
I.4.
El sistema jurídico
Finalmente, esta nueva política de cooperación ha de hacerse con plen conocimiento
de la competencia de sistemas e instituciones jurídicas que caracteriza
el momento actual. La Unión Europea puede y debe aportar su experiencia
de armonización normativa basada en gran medida en valores jurídicos puramente
latinos; esto es, de raíz romana. La legislación comunitaria comparte con
los estados latinoamericanos no pocas instituciones tanto en Derecho Civil
como Mercantil, tanto en Derecho de Familia como en Derecho Administrativo.
A la hora de la mundialización en materias que van desde la lucha contra la
droga hasta la regulación del comercio electrónico, este es un aspecto cuya trascendencia
pocas veces recibe la atención que merece.
Valga un ejemplo que evoca el diálogo final que protagonizaba Jean Gabin
en la película La Gran Ilusión (Perdido en medio de las montañas suizas, inquieto
por saber dónde estaba la frontera, su compañero de evasión responde:
«una frontera no se ve, es invención de los hombres»). En la era de las nuevas
tecnologías, en la sociedad de la información que ha transformado la fundamentación
de muchas instituciones jurídicas, la constatación tan sencilla
como irrefutable de que Internet y el Mercado Interior —núcleo duro de la
construcción europea— tienen en común el fundamentarse en la desaparición
de las fronteras, nos da la llave de una de las posibilidades que la normativa
del mercado interior nos brinda como laboratorio de ensayo de soluciones
que podrán trasladarse a escala planetaria. Así, la Directiva que sobre Comercio
Electrónico considera el contexto de mundialización de la economía y erige
la consecución de un marco jurídico armonioso en baza principal de la
Unión Europea. En un momento en que, contrariamente a lo que muchos
piensan, numerosas trabas a la libre circulación subsisten entre los Estados federados
de Norteamérica, la Comunidad Europea se está dotando de un marco
jurídico ambicioso que le permitirá, no solo asegurar la competitividad de
nuestras empresas, sino también alcanzar una posición de fortaleza en las negociaciones
transatlánticas.
europa y latinoamérica 77

II.
Las relaciones entre la Unión Europea (primero
Comunidades Europeas y luego Comunidad
Europea) y América Latina
Han pasado desde 1957 hasta hoy por una primera fase de desconocimiento
e ignorancia mutuas, aunque más europeo que latinoamericano, caracterizado
por la ausencia de relaciones institucionales y por el escaso interés europeo
hacia América Latina, a una situación de diálogo político, de concertación
en todos los campos, de cooperación económica, y al desarrollo, así como establecimiento
de las bases para una nueva relación asociativa, que sitúan a esta
región en una posición de relevancia en la pirámide de preferencias de las relaciones
exteriores de la Unión Europea.
La primera Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los países de América
Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se celebró —a iniciativa de España—
en Río de Janeiro los días 28 y 29 de junio de 1999, acuñó la expresión «asociación
estratégica birregional» para definir esta voluntad de futuro.
La celebración en Madrid, el 17 de mayo de este año, de la II Cumbre
UE-ALC reforzó la culminación, la consecución de un objetivo largamente anhelado
por España desde que entró en la Comunidad Europea: que Iberoamérica
se haya convertido en uno de los ejes de la acción exterior de la Unión.
A pesar de haberse celebrado en un entorno internacional no demasiado favorable,
la Cumbre de Madrid ha sido calificada de forma altamente positiva
por ambas partes.
Su resultado más importante es la existencia de una agenda latinoamericana,
concreta y tangible, que la Unión Europea debe desarrollar. Esta agenda tiene
como horizonte de cumplimiento, o, cuando menos, de avance sustantivo, la
III Cumbre que se celebrará en México el año 2004. La institucionalización de
las relaciones Unión Europea-América Latina y Caribe debe basarse en el cumplimiento
de los compromisos adoptados. En definitiva, el gran mérito de Madrid
es no suponer un punto de llegada sino, mucho más, un ambicioso punto
de partida.
Sus principales resultados son los siguientes:
En el ámbito político, el «Compromiso de Madrid» subraya la firme resolución
de combatir el terrorismo y el narcotráfico, reforzando los mecanismos
de cooperación; el fortalecimiento del diálogo político birregional,
mediante la concertación en foros internacionales, lo cual
permitirá aunar posiciones entre quienes comparten principios y valores
comunes al mundo occidental para abordar las principales cuestiones de
la agenda internacional. Al respecto, adquiere plena vigencia la renovación
del compromiso para cooperar en el fortalecimiento de las instituciones
democráticas.
En el ámbito económico y comercial es donde se han producido los
avances más considerables en relación con la Cumbre de Río. Junto a la
entrada en vigor del acuerdo con México, que comienza a tener un fuerte
impacto en los flujos comerciales, lo más notorio es la conclusión del
Acuerdo de Asociación con Chile y la constatación de los avances en la
negociación del acuerdo con MERCOSUR, cuyos capítulos político y de
cooperación, así como el de facilitación de negocios, están prácticamente
concluidos.
78 europa y latinoamérica

No sin dificultades, por las reticencias de varios e importantes socios europeos,
se ha logrado, con el decidido impulso de la presidencia española,
abrir un horizonte a la posibilidad de negociar acuerdos de asociación
con Centroamérica y los países Andinos. Mientras, se negociarán acuerdos
de diálogo político y de cooperación con estas subregiones, al tiempo
que se profundiza la cooperación en materia de comercio, inversiones y
relaciones económicas. Con todo, se pretende preparar el terreno para
que, una vez terminada la Ronda Doha —existe un compromiso de conclusión
antes del 31 de diciembre de 2004— puedan negociarse Acuerdos
de Asociación. Estas agendas, aceptadas de mejor grado por los centroamericanos
que por los países de la Comunidad Andina, exigirán en
todo caso profundizar sus respectivos procesos de integración.
Asimismo, debe señalarse la decisión de los Estados del Caribe, junto a
todos los ACP, de iniciar a partir de septiembre las negociaciones para la
asociación económica con la Unión Europea en el marco de Cotonou.
En este mismo ámbito debe señalarse también la decisión de cooperar
para la erradicación de la pobreza y la creación de mejores condiciones
para el desarrollo mediante, entre otros instrumentos, el fortalecimiento
institucional y el equilibrio macroeconómico, esfuerzo al que se incorporarán
tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Europeo
de Inversiones, que aportarán su experiencia y sus recursos.
En el ámbito de la cooperación, y además del ya mencionado programa
@LIS para el desarrollo de la sociedad de la información, en el área educativa
destaca el nuevo programa de becas «AlBan», consistente en la financiación
de 3900 becas para estudios de postgrado con cargo a la Comisión
(75 Meuros) y a las Universidades europeas que participen en el
programa (38 Meuros). Se acordó también el apoyo al Plan de Acción
2000-2004 en materia de Educación Superior, con el doble objetivo de
mejorar la calidad de la enseñanza y facilitar la movilidad.
II.1.
Un diálogo político reforzado
Nos hallamos en el inicio de una nueva etapa en las relaciones Unión Europea-América
Latina. Son todavía muchas las dificultades, las incógnitas y los
retos que nos esperan, en un contexto internacional que, como podemos comprobar
a diario, cambia por momentos. En palabras del Presidente Cardoso en
su discurso de inauguración de la Cumbre de Río: «Tenemos por delante una
tarea ambiciosa: inaugurar una nueva era en las relaciones entre América Latina
y el Caribe y la Unión Europea, recuperando y redefiniendo nuestra historia
común».
La puesta en marcha de una verdadera Asociación Estratégica Birregional
exige, en efecto, la ampliación del diálogo político a cuestiones que encarnan
los intereses actuales de ambas partes, entre los que destaca la promoción de la
democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y que trasciende el
ámbito más restringido en el que se han desenvuelto las relaciones hasta hoy.
Es así pertinente recordar que el inicio del diálogo auténticamente político
entre la Unión —las entonces Comunidades Europeas— e Iberoamérica ha de
situarse en el apoyo europeo a los procesos de pacificación y democratización
en Centroamérica, concretamente a través de la institucionalización en 1984
del «Diálogo de San José»; probablemente, una de las pocas experiencias que
europa y latinoamérica 79

justifican cierta satisfacción respecto a la PESC europea. Este apoyo fue éste,
protagonizado por España y Portugal, aunque no habían ingresado todavía en
la aventura comunitaria. A más de 15 años vista del nacimiento del «Diálogo de
San José», podemos concluir que éste cumplió en buena parte sus objetivos:
contribuyó a pacificar y estabilizar la región, además de suponer el inicio de
una estructura innovadora de diálogo político, mediante la celebración de
Conferencias Ministeriales cada año entre los Ministros de la Unión y de los
países de América Central, junto con representantes de la Comisión y del Parlamento
Europeo, el cual apoyó decisivamente la constitución del Parlamento
Centroamericano o Parlacen, cuya concepción original se enmarcaba precisamente
en el proceso de pacificar y democratizar la región.
La Asociación Estratégica Birregional decidida en Río y consolidada en
Madrid debe pues convertirse en una plataforma para la promoción del respeto
de los derechos humanos y los principios democráticos; todos los Acuerdos de
cualquier naturaleza contraídos entre las partes deberán prever, no solo la denominada
cláusula democrática y de protección de los derechos humanos, sino
también el procedimiento que seguir para la suspensión de un acuerdo en los
casos de violación de dicha cláusula y las consecuencias que comportaría tal
violación.
La cooperación entre los países de la Unión Europea y la América Latina y
sus respectivos organismos de integración, deberá extenderse al ámbito de la,
incluyendo la cooperación en materia de medidas de fomento de la seguridad
internacional y promoción de la confianza y seguridad entre los Estados.
La lucha contra la pobreza debe de pasar a convertirse en otro de los temas
claves del diálogo político, incorporando en particular el compromiso de la
Unión Europea de hacer especial hincapié en el tema de la reducción de la pobreza
a la hora de llevar a cabo su política de cooperación al desarrollo; el lanzamiento
de nuevos programas de la Unión Europea dirigidos a mejorar las condiciones
sociales y de salud de los países más pobres de América Latina; las
discusiones relativas al problema de la deuda de los países más pobres de América
Latina y las posibles soluciones en función de la situación económica de
cada país; y la discusión sobre la mejor manera de llevar a la práctica las conclusiones
de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre los países menos
avanzados que ha tenido recientemente lugar en Bruselas. Y es que, si bien es un
hecho indiscutible el considerable aumento de los niveles medios de renta en
los países de América Latina, también lo es la permanencia de importantísimas
bolsas de pobreza y marginación, en muchos países superiores al 50% de su población.
Ante esto, no podemos —como pretenden algunos socios europeos—
excluirlos de nuestros programas de cooperación al desarrollo. La pobreza hay
que combatirla allí donde se encuentre y no puede castigarse a las naciones en
las que la buena administración de sus gobernantes ha permitido una mejora
sustancial de los niveles medios de renta, sin olvidar tampoco que la cooperación
sigue siendo muy necesaria en el ámbito de la institucionalidad democrática
y el reforzamiento del Estado de Derecho.
La intensificación de la cooperación en otras áreas de la política exterior, incluidas
la concertación de posiciones entre los países integrantes de la Unión
Europea y de América Latina y sus respectivos organismos de integración en todos
los foros internacionales, regionales y bilaterales, incluidos los relativos al
sistema de Naciones Unidas yasureforma;elrefuerzo de las normas internacionales
y de los instrumentos políticos para prevenir la proliferación de armas
de destrucción masiva, mediante la búsqueda del planteamiento global y multi-
80 europa y latinoamérica

lateral y del enfoque común propuesto por el Consejo Europeo de Gotemburgo
de 2001; la cooperación en materia de seguridad y de defensa en general y de la
naciente PESC; y la presentación de iniciativas comunes en temas como la lucha
contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado; el control de
armamentos y la proliferación de armas ligeras; el trabajo infantil, etc., son ámbitos
que cuidar especialmente.
Otros temas a los que debe de ampliarse el diálogo político en la Asociación
Estratégica Birregional deben ser: la gobernabilidad; la colaboración de todo
tipo en materia medioambiental; las nuevas oportunidades abiertas por la globalización
económica y tecnológica; la reforma del sistema financiero internacional;
y las cuestiones relacionadas con la inmigración y la justicia.
II.2.
Unas relaciones económicas —comerciales
y financieras— sólidas
La pasada década ha visto un aumento de los flujos de inversión directa
procedente de la Unión Europea, al que han contribuido notoriamente las empresas
españolas, que nos han convertido en el primer inversor de la Unión Europea
allá. Los informes del Banco Mundial y la Comisión Económica para
América Latina de la ONU (la CEPAL), «Inversión extranjera en América Latina
y El Caribe», correspondientes a los años 1999 y 2000 ponen de manifiesto
cómo en el «patio trasero» de Washington que ha sido durante largas décadas
Latinoamérica, Europa empieza a contar. En 1998 y 1999, la inversión europea
superó por primera vez a la estadounidense gracias en buena medida al creciente
interés de las empresas españolas por ese continente. Según cita el informe de
1999, a diferencia de Asia, cuya crisis provocó una caída de la inversión directa,
Latinoamérica ha mantenido su atractivo, hasta el punto de que en 1998 obtuvo
76.727 millones de dólares (12,7 billones de pesetas), es decir, el 41% de los
flujos destinados a países en desarrollo. El porcentaje es similar al destinado a
Asia, un continente mucho más poblado. En 1998, la inversión europea en
América Latina rebasó, según el referido informe, en unos 7.000 millones de
dólares a la estadounidense. El informe, destaca al hablar de la expansión de las
empresas españolas, que su interés por América Latina es aprovechar sus ventajas
competitivas —culturales, lingüísticas, de conocimiento del sistema legal y
administrativo— en esa región, en el contexto de la apertura de las economías
latinoamericanas y la desregulación de servicios.
Tras triplicarse en la segunda mitad de la década de 1990, los flujos anuales
de inversión extranjera directa a América Latina y el Caribe experimentaron
una caída en el primer año de la nueva década. En efecto, a pesar de superar los
74.000 millones de dólares, en 2000 los flujos de inversión extranjera directa
(IED) a América Latina disminuyeron más de un 20% con respecto a los más de
93.000 millones de dólares por este mismo concepto ingresados en la región en
1999. Sin embargo, a pesar de dicha caída, en 2000 los flujos a la región triplicaron
con creces los flujos anuales promedio del período 1990-1994, y fueron un
16% superiores a los flujos anuales promedio de la segunda mitad de la década.
De hecho, la baja de los flujos destinados la región en el año 2000 responde a
elementos más puntuales que de tendencia; solo tres operaciones en 1999, a saber,
la adquisición de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Argentina por la española
Repsol (15.168 millones de dólares) y las adquisiciones de Endesa y
Enersis en Chile por parte de Endesa España (por un total de 2.550 millones de
europa y latinoamérica 81

dólares), explican el equivalente a la diferencia entre los flujos en 1999 y 2000.
En este último año, los países de la Asociación Latinoamericana de integración
(ALADI) recibieron flujos estimados en más de 67.000 millones de dólares,
equivalentes a algo más del 90% de los flujos de inversión extranjera directa a la
región en su totalidad, y los países de América Central y el Caribe concentraron
alrededor de un 6% de los flujos estimados para toda la región.
En todo caso, la ralentización del flujo de inversiones no debe explicarse solamente
por las dificultades que atraviesa la región, sino también porque tras haber
sido España el gran motor del crecimiento de la inversión extranjera durante la
última década, la culminación de los procesos privatizadores limita la posibilidad
de grandes adquisiciones a la espera de un nuevo impulso liberalizador.
II.3.
Una cooperación dinámica en sectores clave
II.3.a. El marco: algunas cifras relevantes de la cooperación al
desarrollo de la Unión Europea
A finales del año 2000, la Unión Europea destinaba anualmente unos 9.300
Meuros en créditos de compromiso y unos 5.600 Meuros en créditos de pago a
la cooperación con terceros países, concentrándose el grueso de esta ayuda en 5
grandes fondos: Fondo Europeo de Desarrollo (FED), destinado a los países
ACP; Países en vías de desarrollo de América Latina y Asia (PVD/ALA); Países
Terceros Mediterráneos (MEDA); Asistencia a países de Europa Central y
Oriental (PHARE); Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados Independientes
(TACIS). En tales cantidades no se incluían ni la ayuda humanitaria
gestionada por ECHO, ni la asistencia macro-financiera gestionada por la DG
ECFIN ni los nuevos instrumentos «pre-adhesión» SAFRA e ISPA.
Significativamente, de esos más de 9.300 Meuros, en el año 2000 solo se
comprometieron 278,148 Meuros de una dotación total de 311,185 Meuros en
concepto de ayuda destinada a los países en desarrollo de América Latina de entre
las líneas gestionadas por la Dirección América Latina de la DG Relex, con
un porcentaje de ejecución del 89 % (frente a los 210,617 Meuros comprometidos
en 1999 de una dotación total de 312,989 Meuros y una tasa de ejecución
del 65 %). Incluso si se añaden las cantidades en favor de los países y Programas
de América Latina gestionadas por otros servicios de la DG Relex (42,822 Meuros
en 1999 y sólo 18,108 Meuros en 2000), así como las líneas gestionadas por
otras Direcciones Generales y por ECHO (177,180 Meuros en 1999 y 133,130
Meuros en 2000), se observa nítidamente que el, total general de las dotaciones
presupuestarias asignadas para América Latina ha descendido desde los aproximadamente
507,048 Meuros de 1996, a los 429,387 Meuros en el año 2000.
Estos datos indican bien la importancia relativa que la cooperación de la Unión
Europea con América Latina representa actualmente en el contexto general de
la política europea de cooperación para el desarrollo, transcurridos más de 20
años desde su puesta en marcha.
Y esta impresión se refuerza si comparamos la distribución regional de la
ayuda de la Comunidad Europea en el mismo período: 4.007 Meuros de dotación
presupuestaria total (43 % de la ayuda total) y 1.548 Meuros pagados finalmente
en favor de los países ACP; 1.548 Meuros de dotación presupuestaria
total (17% de la ayuda total) y 1.200 Meuros pagados finalmente en favor de los
PECO; 1.021 Meuros (11% de la ayuda total),y solo 462 Meuros pagados en favor
de los países del Mediterráneo; 648 Meuros de dotación presupuestaria to-
82 europa y latinoamérica

tal en favor de los PVD de Asia y América Latina (7 % de la ayuda total), de los
que finalmente se comprometieron 461 Meuros; 439 Meuros de dotación presupuestaria
total en favor de los países NEI (5% de la ayuda total) habiéndose
comprometido en cambio 439 Meuros; 423 Meuros de dotación presupuestaria
total en favor de los países que en su día formaron parte de la antigua Yugoslavia
(5% de la ayuda total) con unos pagos que llegaron en cambio a los 469
Meuros; y otros sin definir (1.230 Meuros de dotación total (13% de la ayuda
total) y unos pagos que excedieron los 953 Meuros. No obsta a todo ello el hecho
de que la Unión Europea sigue siendo la fuente principal de ayuda oficial al
desarrollo en América Latina, esencialmente bajo la forma de «ayuda no reembolsable».
Esta ha aumentado sustancialmente a lo largo de las décadas de 1980
y 1990, y actualmente la combinación de las contribuciones de los Estados
Miembros de la Unión Europea y del presupuesto comunitario suponen más
del 60% de la ayuda total en favor de esa región, superando con mucho la suma
de las contribuciones de Japón y USA.
II.3.b. Referencia histórica de la cooperación al desarrollo
de la Unión Europea
La política de cooperación para el desarrollo ha ido evolucionando a lo largo
del tiempo, reflejando su progresivo enriquecimiento, su complejidad creciente.
Históricamente pueden identificarse cuatro fundamentos que se van
agregando a lo largo del proceso. Así, son motivaciones ligadas al pasado colonial
de los seis Estados miembros fundadores las que explican el carácter preferencial
que el original Tratado de Roma atribuía a las relaciones con determinados
terceros países —en concreto, con los que con el tiempo se denominarán
ACP (Asia, Caribe, Pacífico)—. A estas, pronto se suman razones estratégicas
que han de entenderse en el contexto de guerra fría que se vivió en la segunda
mitad del siglo XX. Así mismo, cabe identificar progresivamente la toma en
consideración de razones económicas, pues los países en vías de desarrollo aparecen
entonces para los Estados miembros como suministradores de materias
primas y como mercados emergentes. Por último, a medida que la Unión Europea
va incorporando los valores ciudadanos en su construcción, trascendiendo
así al mercado, la política de cooperación para el desarrollo incorpora con creciente
importancia razones de civilización, pues no podemos olvidar que si la
Unión Europea tiene una bandera, esta es, sin lugar a dudas, la defensa de los
derechos humanos y la democracia.
La política de cooperación al desarrollo se ha convertido, pues, progresivamente
en una política global. Concebida en los albores de la construcción europea
como una política de ayuda, inspirada posteriormente en la mejora de los
intercambios comerciales, en particular de las exportaciones en dirección de la
Comunidad (según la máxima de trade no aid), la política comunitaria de desarrollo
ha privilegiado en una etapa posterior una cooperación con vistas a un
desarrollo autónomo, autocentrado, en particular en lo que concierne al desarrollo
rural, hasta alcanzar finalmente una perspectiva de desarrollo global en
sintonía con las ambiciones múltiples de la Comunidad y su objetivo de desarrollo
armonioso. Esta última concepción implica un compromiso total de la
Comunidad y una gran coherencia entre los objetivos particulares de desarrollo
que se plantean. Ya no cabe defender el desarrollo de los intercambios comerciales
sin tomar en cuenta otros aspectos de la cooperación y, como consecuencia
de ello, los objetivos del desarrollo no pueden reducirse al comercio.
Por el contrario, dejan traslucir la finalidad política dominante, y testimonian
europa y latinoamérica 83

la voluntad de la Comunidad de tomar el relevo de los Estados miembros para
adentrarse en toda la extensión de sus competencias.
En otras palabras, esta nueva dimensión de la política de cooperación al desarrollo,
trasladada a la parábola confuciana del pez y la caña, vendría a significar
que, si en un primer momento la Comunidad se limitó a dar el pez para meramente
paliar el hambre, pasó, en un segundo momento, a centrarse en la caña
—importando, además del pescado, esta como materia prima con destino a los
pescadores domingueros de los ríos centroeuropeos, y exportando a veces carretes
que no se ajustaban en nada a las necesidades reales del río de nuestra
imagen—. En un tercer momento, la Comunidad prima el que los pescadores
nativos destinatarios de la ayuda comunitaria en esta metáfora respeten determinadas
reglas elementales que hacen posible el mantenimiento de la pesca
como recurso natural, —cofinanciando, por ejemplo, por qué no, una planta
de tratamiento de basuras—. Llegamos a la cuarta generación de tratados. que
va más allá. Lo que se pretende ahora es cooperar, no solo en materia medioambiental
sino, y sobre todo, en la consolidación democrática del tejido social e
institucional de nuestra comunidad de pescadores protagonista del cuento y el
respeto de los derechos humanos. Esto es, podríamos imaginar que la Unión
Europea cofinancia no solo el tratamiento de las basuras referido, sino, y con
más interés, el estudio de las reglas de la pesca, la formación de magistrados o
de un sistema representativo.
II.3.c. Volviendo a América Latina
Comúnmente se habla de la existencia de varias «generaciones de acuerdos
de cooperación», con características y alcances muy diferentes hasta llegar al
momento actual, a los llamados «acuerdos de cuarta generación» que reflejan
ese concepto complejo del desarrollo, fruto de la interacción de los aspectos
económicos, sociales y políticos del fenómeno, que tienen como objetivo favorecer
un desarrollo caracterizado por ser, además de «económico y social», sostenible
y, por tanto, atento al factor del medio ambiente. Entre los objetivos
considerados en estos últimos convenios, figuran también de forma destacada
el de un desarrollo fundamentalmente equilibrado y, por tanto, la inserción armoniosa
y progresiva de los países en desarrollo en la economía mundial y la
lucha contra la pobreza. Conjuntamente con esta finalidad, está prevista otra de
índole general y estrictamente política: en cita de los tratados —del Tratado de
la Unión Europea y del Tratado de la Comunidad Europea— la acción comunitaria
debe contribuir al «desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado
de Derecho», además de al «respeto de los derechos humanos». En esta óptica,
los valores democráticos pasan, así, a ser factores esenciales de un desarrollo
socioeconómico duradero.
Estos cuatro períodos delimitados por las generaciones de Acuerdos reflejan
perfectamente la evolución del interés de la Unión Europea hacia Iberoamérica
en las últimas décadas: hasta mediados de la década de 1980 —esto es,
coincidiendo con la negociación de entrada de España y Portugal— América
Latina no constituía en absoluto una prioridad para la cooperación europea,
pues en esos momentos, la Comunidad privilegiaba, como hemos dicho, las relaciones
de cooperación con los países ACP. La cooperación con Iberoamérica
era marginal y limitada en términos financieros. La Unión Europea tiene pendiente
la coordinación de las políticas de desarrollo y programas de cooperación
que se desenvuelven en los distintos ámbitos de los Tratados e incluso con
carácter bilateral por los Estados miembros. Porque, si bien en los últimos años
84 europa y latinoamérica

se ha mejorado en términos de coordinación, aún son muchas las dificultades
por superar. Asimismo, la importante reestructuración de los servicios de la
Comisión actualmente en curso, también influirá, esperemos que de modo positivo,
en la realización de las acciones y programas de cooperación.
De lo expuesto hasta ahora se desprende que, en la perspectiva de la Cumbre
de 2002, el esfuerzo financiero, en particular el proveniente de las partidas
de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea, y en general toda la política
en este ámbito, ha de centrarse en el fomento y la protección de los derechos
humanos, la promoción de la sociedad de la información y la reducción de
los desequilibrios sociales, así como la consolidación del Estado de Derecho.
Estos principios han de encauzarse a través de acciones en los ámbitos social,
cultural, de migración, de los asuntos de interior y justicia y, en especial, de la
lucha contra la pobreza. Así lo entiende la cooperación española destinada a
Iberoamérica que, sin abandonar el ámbito más tradicional de la cooperación
para el desarrollo, está incidiendo cada vez más en los ámbitos aquí citados haciendo
especial hincapié en el fortalecimiento de lo que allá se conoce como
«institucionalidad democrática», reducción del Estado, Defensorías del Pueblo,
Administración Central y Periférica, etc. También los Partidos Políticos, directamente
o a través de sus Fundaciones, deben coadyuvar a la consolidación de
partidos de amplia base, con estructuras democráticas que garanticen su continuidad
y contribuyan a la solidez del sistema.
Las lacerantes desigualdades sociales que todavía persisten en América Latina
pueden poner en peligro los logros alcanzados con tanto esfuerzo en la
convivencia y democratización. La nueva estrategia común debe, pues, tomar
cuenta debidamente de todo ello para ayudar a los gobiernos y sociedades de la
región a corregir las asimetrías del mercado que engendran estos resultados.
Por otra parte, en el área de la educación y la cultura, los procesos regionales y
continentales de unión política y económica que se están llevando a cabo en Europa
y América requieren propuestas complementarias. Para ello, la nueva estrategia
común debe dar prioridad sobre todo a la educación, presentando propuestas que
contribuyan a facilitar el acceso general y la igualdad de oportunidades. Otras propuestas
deberían de referirse a la salud, la alimentación y la vivienda.
En el ámbito de la justicia y asuntos de interior, destaca el asunto de la migración
y los flujos migratorios. La nueva estrategia común debe reconocer las
contribuciones económicas y culturales que aportan los emigrantes, tanto a las
sociedades de destino como a sus comunidades de origen. Por lo mismo, debe
plantear políticas migratorias innovadoras, basadas en el respeto a la dignidad
delaspersonasyalasoberanía de los países afectados.
En materia de justicia y asuntos de interior, otra de las cuestiones claves es, sin
duda, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, entendiendo por
este no solo las actividades delictivas de narcotráfico sino, además, la trata de personas
—especialmente mujeres y niños—, el trafico ilegal de emigrantes, el tráfico
de armas, la corrupción y la relación entre el crimen organizado y el terrorismo.
Al respecto, este ponente considera que la nueva Estrategia Común debe de
prever la elaboración entre la Unión Europea y América Latina de un Plan Global
de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, concebido como un proyecto
de actuación común, estratégico, global que, sobre la base del pleno respeto del
derecho internacional y del principio de responsabilidad compartida, incorpore
medidas que permitan combatir adecuadamente esta lacra.
En cuanto a la sociedad de la información, habida cuenta de los cambios que
las redes de información estén produciendo en los medios de comunicación y
europa y latinoamérica 85

del valor que tendrá su manejo para las economías de la Unión Europea y de
América Latina en el futuro, se trata de un área en la que las propuestas e iniciativas
de la nueva Estrategia Común deberán ser especialmente ricas e imaginativas.
Al respecto, este ponente apoya las propuestas presentadas por la Comisión
para fomentar en el ámbito euro-latinoamericano la sociedad de la
información y de todos los nuevos sistemas de comunicación electrónica, con
especial referencia al Programa ALIS.
En el ámbito de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de
Derecho la nueva Estrategia Común exigirá también iniciativas específicas. Es
cierto que el futuro de la democracia en América Latina ya no es el que era veinte
años antes. Basta para ello con indicar que el gasto militar, por ejemplo, pasó
de representar el 3,2% del PIB en 1985 al 1,8% en 1999, y que bajó de 63 dólares
per cápita a 49 dólares en el mismo período. Por esto mismo, parece imprescindible
que la nueva Estrategia Común prevea iniciativas novedosas y programas
de cooperación ambiciosos que aseguren la consolidación del Estado de Derecho
y de sus instituciones sobre la base del principio de legalidad, y que contribuyan
de forma decisiva a coordinar los esfuerzos del sector publico, del sector
privado y de la sociedad civil en defensa de la democracia.
III.
Tesis
La Unión Europea y América Latina deben emprender un nuevo camino
hacia una empresa común y más ambiciosa. La vitalidad de la economía iberoamericana,
su extraordinario potencial y, por otro lado, la talla inmensa de los
problemas de sociedad que afectan a sus ciudadanos, exigen de Europa una respuesta
común y más solidaria. Además, Europa puede encontrar en América
Latina, en el tamaño de su mercado y en las oportunidades de inversión que ello
ofrece, el coeficiente adicional de energía que necesita su motor económico
para fortalecer la prosperidad y el futuro de sus pueblos.
Y España debe ejercer en toda esta estrategia un liderazgo decidido, acorde
con su doble condición de»nación europea y americana» (S.M. el Rey, Bolivia,
julio de 2000) porque eso es lo que América Latina espera de nosotros, más aún
después de que nuestra presencia haya adquirido en la última década una nueva
dimensión que refuerza el carácter de política interior de cuanto pueda acontecer
del otro lado del Atlántico.
86 europa y latinoamérica

EL PAPEL DE ESPAÑA COMO NEXO DE
UNIÓN ENTRE EUROPA Y LATINOAMÉRICA
EN MATERIA DE ECONOMÍA
Fernando Becker

I. La economía de bloques y las relaciones
entre la UE y Mercosur
I.1.
Principales rasgos en las relaciones comerciales
Europa-Latinoamérica
Aunque en la mente de mucha gente están muy vivos el Acuerdo de Asociación
Económica, Coordinación Política y Cooperación entre México y Europa,
o las negociaciones comerciales con Chile, la magnitud y fortaleza del comercio
entre Europa y Latinoamérica son más bien escasos. En general, la relación comercial
Europa-Latinoamérica no puede calificarse de «estrecha» en la medida
en que el nivel de intercambios no es excesivamente amplio —en 1998, por
ejemplo, todo el mercado latinoamericano tuvo un peso menor que Suiza en el
comercio de la UE 2 — y, además, las tendencias señalan una progresiva pérdida
de interés comercial mutuo entre ambas áreas geográficas; sin duda, algunos
países de ambos continentes marcan excepciones notables dentro de este contexto
3 .
Así, los rasgos básicos que definen la relación Europa-América Latina son
los siguientes:
a) Escasa participación relativa de cada área en el comercio
de la otra
América Latina es un socio comercial cada vez menos importante para una
UE 4 que, sin embargo, presenta un grado de apertura considerable. Actualmente,
solo el 2% de las exportaciones de la UE se destinan a Latinoamérica.
Debe tenerse en cuenta que en la UE los intercambios intrarregionales representan
desde la década de 1970 un constante 60% del comercio total.
Destino de las exportaciones por grandes áreas
Promedio 1995-2000 (Ver notas 1,2 y 3)
EE.UU. UE Japón Asia-5 China
2 IRELA, 2000.
3 Un exhaustivo desarrollo de la evolución de las relaciones
comerciales Europa-Latinoamérica puede consultarse
en Las relaciones comerciales entre la Unión Europea
y Mercosur en el actual contexto internacional.
Mayo 2000. LATIN AMERICAN NETWORK INFOR-
MATION CENTRE. http://lanic.utexas.edu/~sela/
docs/spstncmdi4-2000-1.htm.
4 CEPAL 2000.
Latinoamérica
EE.UU. – 21,0 9,7 10,8 2,0 17,3
UE 7,6 59,8 1,9 3,1 0,9 2,0
JAPÓN 29,0 16,4 – 22,7 5,3 2,5
ASIA – 5 19,5 14,4 10,4 24,6
CHINA 19,1 13,9 17,8 30,2 – 1,6
LATINOAMÉRICA 47,0 14,8 3,3 2,4 1,2 18,8
Fuente: OMC y BICE N.º 2688. Abril de 2001.
(1) La tabla se lee por filas; la información leída por columnas no es relevante.
(2) Las cifras contenidas en la diagonal principal representan el comercio intrarregional.
(3) Asia-5 comprende Hong-Kong, Singapur, Corea del Sur, Malasia y Tailandia.
europa y latinoamérica 89

Para Latinoamérica, la UE ocupa asimismo un segundo plano en el comercio
latinoamericano; los intercambios intrarregionales son, en este caso, menos
importantes que en el caso de la UE —el comercio intrarregional latinoamericano
representa en torno a una quinta parte del total— pero casi la mitad de las
ventas latinoamericanas —un 47% en promedio 1995— 2000 se dirigen a su
principal socio comercial, Estados Unidos, de donde proceden también un
45% de las compras totales de la región.
b) Pérdida progresiva de vigor en los intercambios
Exceptuando el caso de Mercosur, que analizaremos más adelante, en la década
de 1990 hemos asistido a una progresiva disminución de la participación
de la UE en el comercio exterior de América Latina, una cierta retirada de la UE
de, al menos, una parte del mercado latinoamericano. Este declive se debe principalmente
a cuatro factores:
1. El crecimiento espectacular del comercio entre América Latina y EE
UU (en un 219% entre 1990-1997) y el creciente interés de estos en
acercarse comercialmente a la zona: varios países de la región se han
acercado a Estados Unidos buscando un TLC, como el que está en marcha
para Chile. Esas conversaciones bilaterales se sumarían a las negociaciones
para crear la zona de libre comercio más grande del mundo,
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), para finales de
2005.
2. La creación del NAFTA en 1994 y la consiguiente desviación del comercio
UE-México hacia EEUU-México, pese al acuerdo comercial bilateral.
3. El auge del comercio intrarregional en el marco de los mecanismos de
integración subregional (un 226% entre 1990-1997)
4. El interés de la UE hacia sus socios de Europa Central y Oriental como
socios comerciales.
c) Concentración geográfica de los intercambios comerciales
en pocos países
El comercio con Latinoamérica no interesa, ni mucho menos, a todos los
países de la UE: en la Unión, el comercio con América Latina se concentra principalmente
en seis países: Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos y el
Reino Unido.
Los principales socios comerciales de estos países son, a su vez, los países
económicamente más avanzados de la región americana: Brasil, Argentina,
Chile y México. Estos cuatro países representan más de dos tercios de las ventas
europeas hacia la región y de las importaciones 5 . Con una participación de un
tercio de las compras y ventas europeas, Brasil es el principal socio individual de
la UE en América Latina, seguido por Argentina como segundo suministrador
y México como tercer mercado de exportación de la región. Chile ocupa tradicionalmente
un cuarto rango en el comercio euro-latinoamericano. En cierto
modo, se ha venido hablando de un proceso de «sudamericanización» del comercio
euro-latinoamericano: en subregiones como Centroamérica, Gran Caribe,
México o la Comunidad Andina se percibe en los últimos años un sustancial
declive de las relaciones comerciales con la UE, cuyo intercambio se concentra
cada vez más en el Cono Sur: Chile y los países miembros del Mercosur.
5 CEPAL 1999.
90 europa y latinoamérica

d) Fuertes asimetrías en la estructura y el volumen del comercio
el ámbito internacional
La UE y América Latina tienen un peso muy distinto en el comercio internacional:
con una participación de cerca del 40% en las exportaciones globales
y el 38,7% en las importaciones, la UE es la mayor potencia comercial del mundo,
seguida por EE UU. América Latina, a pesar de contar con un número de
habitantes mucho más alto, representa tan sólo un 4,9% en las exportaciones y
un 5,9% en las importaciones globales.
Asimismo, el grado de apertura comercial de los países integrantes de la región
es muy diferente. El porcentaje de comercio de mercancías sobre el PIB es,
para la UE, de más del 50% mientras que la apertura no, llega al 30% en el caso
de los países latinoamericanos.
Apertura comercial
Porcentaje del comercio de mercancías sobre el PIB
100%
90%
93,90%
80%
70%
60%
50%
53,70%
40%
30%
20%
36,50%
30,10%
20,20%
16,60%
10%
0%
Asia-5 UE China Latinoamérica EEUU Japón
Fuente: OMC.
(*) Asia-5 comprende Hong-Kong, Singapur, Corea del Sur, Malasia y Tailandia.
e) Asimetría en la cobertura
Los intercambios comerciales con la UE son cada vez más desfavorables
para América Latina: el tradicional superávit a favor de la región se convirtió a
partir de 1993 en un creciente déficit en la balanza comercial, que alcanzó los
16.000 millones de dólares en 1998. Con ello, más de la mitad del déficit comercial
de América Latina en 1998 fue con la UE (un 53,2%), frente al 16,9% con
EE.UU. El auge de las exportaciones de la UE hacia la región contrasta con el relativo
estancamiento de las ventas latinoamericanas al mercado europeo: entre
1990 y 1998, la tasa promedia anual de crecimiento de las exportaciones europeas
hacia la región fue del 12,5%, frente a un modesto 1,7% de las importaciones
desde allá (IRELA, 2000). La causa de los desequilibrios comerciales radica
en una estructura comercial caracterizada por un intercambio de productos
agrícolas y materias primas procedentes de América Latina a cambio de bienes
de capital de alto valor añadido importados desde Europa.
europa y latinoamérica 91

I.2.
Europa y Mercosur: el largo camino
hacia la integración
Durante los últimos 50 años han surgido en Latinoamérica varios intentos
de integración más o menos globales. Desde el comienzo de la década de 1990,
la integración subregional adquirió gran impulso, en casi toda América del Sur,
básicamente como resultado del fortalecimiento de las instituciones democráticas
y de la adopción de políticas convergentes en términos de disciplina económica
y liberalización comercial.
Es el Mercosur (www.mercosur.com) el grupo de países que ha despertado,
desde sus inicios, el interés de Europa. Este interés europeo surge en el plano
comercial como reacción el acercamiento de Estados Unidos a la región latinoamericana
mediante la puesta en marcha del ALCA en la cumbre de
Miami de 1994. La Unión toma entonces posiciones respecto al bloque sudamericano
desde ese mismo año con la redacción de un documento de intenciones
conocido como Documento Marín en el que se proponía el año 2001
como el horizonte para un acuerdo comercial operativo. Un año después, se
firma el Acuerdo de Marco de Cooperación Interregional con el fin de preparar
en 5 años las bases para un proceso de liberalización comercial. En 1997, el
propio Manuel Marín, vicepresidente de la Comisión, anunció que el acuerdo
de libre comercio con el Mercosur se pondría en marcha en 2000, un año antes
de lo previsto, anuncio realizado con toda la intención cuando el Congreso
de EE UU negó al presidente Bill Clinton poderes para cerrar acuerdos de libre
comercio por la vía rápida.
Durante los años siguientes, la UE firmó con el Mercosur diversos tratados
de cooperación, buen entendimiento, etcétera..., pero, en realidad, estos acuerdos
de buenas intenciones eran exclusivamente esto. El interés americano perdió
intensidad en los años siguientes y lo mismo ocurrió con los movimientos
europeos: en el 1999, tiene lugar en Río de Janeiro la primera cumbre UE-Mercosur
en la que participa también Chile, en un ambiente de constatación del
fracaso efectivo del acercamiento comercial europeo a la zona.
El rápido y exitoso proceso de posicionamiento inversor de Europa en Latinoamérica,
especialmente de la mano de España, ha provocado la reacción
de Estados Unidos a favor de acelerar la puesta en marcha del ALCA, con el
fin de recuperar su presencia económica en el hemisferio sur americano
(www.ftaa-alca.org). El ALCA, cuyo funcionamiento pretende ser operativo en
el 2005, agruparía a 34 países, con un total de 800 millones de habitantes, que
aglutinan el 40% del PIB mundial. Europa y Estados Unidos entran así en una
batalla por el posicionamiento comercial en la zona, una batalla en la que Europa
debe jugar, indudablemente, la baza del Mercosur.
En cualquier caso, Mercosur es ya, hoy en día, la excepción positiva en el
contexto general de debilidad de la relación comercial entre Europa y Latinoamérica.
Para Mercosur, la Unión Europea constituye el primer socio comercial
exterior, recibiendo en torno al 25% de sus exportaciones; asimismo, el 25% de
sus importaciones proceden de la UE, levemente por delante de las que proceden
de Estados Unidos. Además, Europa es el primer importador mundial de
los productos agrícolas del área americana: a pesar de las barreras comerciales
existentes, casi un 40% del total de las exportaciones agrícolas de Mercosur van
dirigidas a la UE.
En alguno de los países integrantes del Mercosur, la relación es todavía más
estrecha. Así, por ejemplo, la UE es el principal socio comercial de Brasil en ma-
92 europa y latinoamérica

6 Por alusiones, aclaremos que se trata del ministro
Marcus Pratini de Moraes.
7 LOS INTERCAMBIOS AGROALIMENTARIOS ENTRE
EL MERCOSUR Y ESPAÑA ANTE LA LIBERALIZACION
DEL COMERCIO MUNDIAL. Biblio 3W. Revista Bibliográfica
de Geografía y Ciencias Sociales. N.º 173, 30
de septiembre de 1999.
teria de importaciones, por delante incluso de los países del Mercosur. Lo mismo
ocurre con las exportaciones brasileñas: en el año 2000, el 27% de las ventas
se dirigieron a la Unión frente al 14% destinadas al área sudamericana.
La estructura del comercio birregional refleja todavía marcados desequilibrios.
Si las exportaciones de la UE se componen mayoritariamente de maquinaria
y equipos, productos químicos (15%) y manufacturados, el Mercosur,
vende a Europa bienes agropecuarios y alimentos, materias primas y manufacturas
básicas. El hecho de que el siga exportando productos de poco valor agregado
a la UE confirma una «clásica» estructura de intercambio Norte-Sur, lo
cual contrasta con sus ventas intra-grupo y al resto del mundo, que se caracterizan
por una mayor diversificación y un menor peso del sector agropecuario.
Esta situación crea un conflicto de intereses en numerosos sectores; como
es sabido, el principal escollo en las negociaciones Europa-Mercosur es el capítulo
agrario y pesquero. Fue en la capital del Estado de Washington donde se
vio claramente la pared que se interpone entre ambos bloques. Los cuatro países
del Mercosur son importantes productores y exportadores agrícolas, y la
política europea de subvenciones al sector les molesta de modo especial. La negativa
de la UE a revisar su política agrícola para a garantizar un escenario de
justicia competitiva es el principal punto crítico para alcanzar el acuerdo de libre
comercio. Aparentemente, Europa parece haber relajado sus posiciones de
cara a la nueva ronda de negociaciones, un gesto que ha sido apreciado por los
representantes de los países latinoamericanos pero que ha sido acogido con recelo:
así, por ejemplo, el Ministro de Agricultura de Brasil declaro tajantemente,
que si los productos agrícolas brasileños siguen encontrando barreras para
entrar en la UE, el país sudamericano bloquearía la ronda de negociaciones de
la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Qatar y abandonaría otras
negociaciones bilaterales. Dejó claro además, de modo textual que «Brasil no
está dispuesto a abrir un milímetro más sus mercados ni a negociar si el comercio
internacional no es una avenida de dos sentidos». El problema no es exclusivo
de la Unión Europea en sus conversaciones con Mercosur; Brasil también se
había expresado así con respecto a las negociaciones con el ALCA, pues este
mismo ministro 6 , que «si los EEUU no compran nuestros productos agrícolas
no entramos en el ALCA, y si Brasil no entra, no habrá ALCA».
Aparentemente, Europa dará prioridad a los problemas que, en el mismo
orden, se plantean con la ampliación hacia el Este o la Cuenca Mediterránea,
dejando en un segundo plano las concesiones al Mercosur. La Unión Europea
atraviesa, además, momentos difíciles en lo tocante a la imagen política y precisamente,
en materia política, una medida desfavorable para los países del Este o
los actuales miembros con mayores intereses agrícolas, parece complicada.
Y es que, indudablemente, la liberalización comercial con el Mercosur, si
bien beneficiará a los sectores industrial y de servicios de la UE, supondría una
amenaza al sector agroalimentario, dado que los integrantes del Mercosur son
auténticas potencias en los rubros agropecuarios. «El 80% de las exportaciones
paraguayas son agrarias, lo mismo que el 51% de las argentinas y el 42% de las
uruguayas, sin contar el peso específico que algunos productos, como el azúcar,
el vino, las manzanas y otras frutas y hortalizas, tienen en Brasil y Chile. Se trata,
además, de producciones muy competitivas porque los países del Mercosur no
tienen las limitaciones de espacio que ofrece la UE, ni su legislación ambiental,
protección social o nivel salarial, ni siquiera el grado de seguridad sanitaria y
alimentaria europea» 7 . Por ello, algunos sectores en la UE temen que una libeeuropa
y latinoamérica 93

alización comercial con el Mercosur requiera amplias compensaciones para el
sector agrícola, sobre todo para carne y cereales.
Por otro lado, no podemos olvidar la propia crisis interna que vive el propio
Mercosur. La inestabilidad, la falta evidente de un plan estratégico a largo plazo
y las desavenencias entre sus dos miembros más importantes, Argentina y Brasil,
amenazan con arruinar los planes europeos de acercamiento comercial. A
poco que la situación se tense adicionalmente, es posible que el Mercosur desaparezca
como interlocutor válido para la UE.
Debe observarse la dificultad operativa que entraña la caja de convertibilidad
argentina, al menos hasta la fecha, de cara a establecer un área de libre comercio
con los países del Mercosur. Cualquier pretensión al respecto debe caminar
hacia la supresión de los riesgos cambiarios a fin de impedir una pérdida
de competitividad unilateral de alguno de los miembros del área de librecambio;
así, la reciente propuesta de Cavallo resolvería la cuestión, al menos parcialmente.
I.3.
El papel protagonista de España en el proceso
de acercamiento Europa-MERCOSUR
España, a quien corresponde liderar negociaciones en Madrid, deberá manejar
una comprometida situación en la que se verá involucrada de forma directa.
Las negociaciones en la esfera agrícola sensibilizan a importantes sectores
nacionales con intereses comprometidos en este terreno; la propia administración
señala textualmente en su último informe relativo sobre Política Comercial
8 que, en lo tocante a los procesos de liberalización, «hay que ser conscientes
de las ENORMES dificultades que, sobre todo para los productos de la agricultura
continental, tienen estos acuerdos, en particular el del Mercosur (...) y que
(...) habrá que estar vigilantes para obtener una adecuada defensa para nuestros
productos más sensibles (...)» Y es que desde el inicio de las conversaciones de
acercamiento al Mercosur, algunas voces críticas apuntaron la idea de que el
acercamiento UE-Mercosur respondía a los intereses político-económicos de
los países del norte de Europa en los que la agricultura mediterránea actuaría
como moneda de cambio.
Sin embargo, al mismo tiempo, la posición española en Latinoamérica, y
muy especialmente en los dos países más importantes del Mercosur, Argentina
y Brasil, está también fuertemente comprometida, por lo que no cabe, en lo
institucional, un movimiento en contra. Tal como se expresó en materia de
ampliación hacia el Este europeo, «la posición española debe ser la de apoyar
el proceso de integración, por un compromiso de solidaridad y como un proceso
ya decidido tratando de salir los más beneficiados y los menos perjudicados».
La estrategia para tal fin deberá ser, en principio, similar a la llevada a cabo
en el caso de México; España deberá asegurarse un papel estratégico en las negociaciones
bilaterales UE-Mercosur, de modo que los acuerdos globales se sigan
minuciosamente, tratando así de sacar ventaja en el acceso a nuestros productos
y salvaguardando los intereses en áreas comprometidas.
Conviene considerar que, por otro lado, el interés hacia el Mercosur no
debe observarse sólo desde la perspectiva política. Algunos análisis aplicados 9
permiten evidenciar que la economía española es relativamente abundante en
capital humano frente al Mercosur, mientras el Mercosur se revela relativamen-
8 Informe Anual «El Sector Exterior en 1999» (abril
2000). Disponible en www.mcx.es.
9 Véase por ejemplo Diversificación y Complementariedad
en los Intercambios Exteriores de España: El
Mercosur. Andrés Artal Tur. IBEROAMRICANA NOR-
DIC JOURNAL OF LATIN AMERICAN AND CARIB-
BEAN STUDIES REVISTA NÓRDICA DE ESTUDIOS LA-
TINOAMERICANOS Y DEL CARIBE Published by the
Institute of Latin American Institute, Stockholm University.
Vol. XXIX: 1-2 1999.
94 europa y latinoamérica

te abundante en capital físico respecto de la economía española. Los resultados
obtenidos permiten recomendar la intensificación de las relaciones comerciales
España-Mercosur, las cuales suponen un complemento, desde el punto de vista
del intercambio de factores productivos a través del comercio, de las relaciones
España-UE.
Recordemos que, en lo esencial, el acceso Latinoamericano al mercado interior
europeo planteará problemas similares a los que Europa debió hacer
frente hace diecisiete años cuando países como España y Portugal llamaron a
sus fronteras. España deberá realizar concesiones en materia defensiva a cambio
de materializar los «importantes intereses ofensivos que se abren en productos
industriales, servicios e inversiones».
II.
La actividad empresarial como vínculo
de acercamiento financiero y comercial entre
Europa y Latinoamérica
II.1.
Panorama de la actividad inversora de España
en Latinoamérica
Los flujos de capital han cobrado una gran importancia mundial en los últimos
años como una consecuencia más del proceso de globalización. Así, la
década de 1990 ha significado un aumento espectacular de los flujos de ID dirigidos
a países en desarrollo, si bien sus causas varían de unos países a otros. A
pesar de ello, a la luz de la propia teoría económica y según diferentes investigaciones
realizadas, se pueden citar como variables explicativas más importantes
de este proceso las siguientes: bajos costes de producción y, de forma especial,
bajos costes laborales; estabilidad macroeconómica; grado de apertura y su potencial
como plataforma exportadora; tamaño del mercado; tipo de cambio depreciado;
zona de integración económica; legislación flexible; nivel educativo y
capital humano. La agregación de estas variables nos indican dos causas básicas:
los costes (laborales y productivos) y la demanda (mercado exterior); es
evidente que Latinoamérica puede ofrecer ahora y en el futuro ventajas comparativas
en estos frentes.
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Inversión extranjera directa neta en Latinoamérica
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: CEPAL.
europa y latinoamérica 95

Para España, la evolución de los flujos de capital ha significado que en los
últimos años las inversiones de creación o compras de empresas en el exterior
—inversiones directas—, hayan sido superiores a las compras de los extranjeros
en España, convirtiéndonos en inversores netos. Pero aunque sea este hecho
importante, lo más destacable es que ha sido precisamente el conjunto de países
latinoamericanos el destino preferente de nuestras inversiones, con un crecimiento
espectacular en los últimos años. Y es que a diferencia de los intercambios
de bienes, nuestro posicionamiento de inversiones directas en Latinoamérica
es evidente, ya que ha sido el destino de mayor preferencia, con un
crecimiento tan espectacular, que parece como si se tratara de la primera fase de
una curva de crecimiento logística que aún no ha alcanzado su punto de inflexión.
Es evidente que el proceso inversor español en esta zona no es un proceso a
corto plazo, sino que viene avalado, en la mayoría de las ocasiones, por una decisión
de carácter estratégico, apoyada en criterios de rentabilidad a largo plazo.
Esta es, probablemente, una de las características, más valiosas que definen el
acercamiento económico de España a Latinoamérica: España ha apostado por
el desarrollo económico y social del área, todavía hoy emergente.
14.000.000
Inversión española en Latinoamérica
12.000.000
Millones de pesetas
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1985-1988 1989-1992 1993-1996 1997-2000
Fuente: OCDE, Registro de Inversiones.
Durante el año 2000, las cifras resultan muy significativas, tanto cuantitativa
como cualitativamente; las compras realizadas por BSCH en México, Banco
Serfín, con un desembolso de 1.560 millones de dólares y en Brasil, Banco Banespa,
por 3.990 millones totalizando 5.550 millones de dólares son muestra de
ello. BBVA, por su parte, invirtió en la compra de Bancomer en México 2.470
millones de dólares. Con estas tres operaciones, cuyo importe se eleva a 8.020
millones, se superarán las inversiones bancarias del año 1999 y, en el ámbito no
bancario, si consideramos la operación realizada por Telefónica al adquirir sus
filiales en Argentina, Brasil, Chile y Perú por 20.000 millones de dólares, más el
desembolso de Telefónica Móviles en México y la importante adquisición realizada
por Terra a la compañía americana de Internet Lycos, 12.500 millones de
dólares, las inversiones totales de 2000 pueden marcar un hito histórico 10 .
Aun con todo, los datos más recientes reflejan una evidente contracción del
ritmo inversor por parte de las empresas españolas. Esta situación se explica
sólo residualmente por el deterioro de la situación y las perspectivas económicas
de la zona. La verdadera razón de esta contracción reside en las importantes
posiciones alcanzadas ya en esos mercados por los sectores bancario, energético
10 Para un mayor detalle puede consultarse: (Casilda
Bejar, Ramón. «Una década de inversiones españolas
en Iberoamérica». 1999-2000) (Punto 2.3. Situación
Actual y Perspectivas. Anuario del Instituto Cervantes,
2001. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO ACTUAL. Instituto
Cervantes. Plaza y Janés. Círculo de Lectores. Madrid.
2001).
96 europa y latinoamérica

y de construcción, así como de buena parte de los procesos de privatización en
los países latinoamericanos.
La elección del continente latinoamericano por parte de las empresas españolas
como destino de sus inversiones es, sin duda, singular, al menos si se
compara con la proyección exterior reciente de otras economías. La razón no
es única, sino que se basa, al menos, en el siguiente conjunto de factores de
atracción:
— Sinergias culturales y lingüísticas. La afinidad supone una evidente ventaja
doble:
— En primer lugar, la similitud socio-cultural entre España y los pueblos
latinoamericanos permite concebir el mercado latinoamericano
como una extensión del español, al menos en materia de gustos, usos
y costumbres de consumo, comportamiento del consumidor..., etc.
— En segundo lugar, resulta evidente que el desarrollo de un proyecto
de inversión en un país extranjero implica una serie de tareas sobre el
terreno que se agilizan y simplifican extraordinariamente si existe
una afinidad lingüística y cultural. La imagen de España como país
hermano y socio, le ha otorgado una posición preferencial al decidir
la colaboración o la asociación por parte de empresas e instituciones
iberoamericanas, en detrimento de terceros países como Estados
Unidos, Reino Unido, Alemania o Japón.
— Madurez / Saturación del mercado local. En el proceso natural de crecimiento
de un tejido productivo, el sector exterior constituye la salida racional
ante un mercado local saturado o en fase de maduración. A las
empresas españolas de sectores maduros como la energía y la banca,
América Latina les aporta diversidad geográfica, enormes ganancias
provenientes de mercados de rápido crecimiento y volumen, todo lo
cual significaba una buena estrategia de defensa contra las tomas por
parte de competidores europeos de mayor tamaño.
— Proceso privatizador en Latinoamérica. El modelo neoliberal, en claro
proceso de extensión en el continente, se ha apoyado, en muchos países,
en decididos procesos de privatización. Estos procesos han sido atendidos
por empresas españolas en Chile, Argentina, Perú y Brasil.
— Estabilidad político-económica del área, que debe valorarse al menos en
tres áreas:
— Por un lado, en materia de planificación, la adotar de políticas ortodoxas
en materia macroeconómica, en muchos de los países de la
zona, ha facilitado, es evidente, el desembarco de las empresas españolas
en Latinoamérica, más aún, cuando el compromiso español
tiene un carácter estratégico, a largo plazo, y requiere por tanto un
mínimo grado de estabilidad.
— Lo anterior es especialmente valioso en materia de política cambiaria.
Las crisis cambiarias de los últimos años han servido para dotar a
los regímenes de una mayor flexibilidad, restando vulnerabilidad a
sus divisas y, por lo tanto, suavizando en cierta medida la tremenda
tensión que rodeaba siempre la evolución de la cotización de las
principales monedas de la zona. Pensar en que desaparezca el riesgo
cambiario sería absurdo pero, al menos, el momento actual permite
una estabilidad mínima, abre la posibilidad de un estudio y una predicción
racional de los grandes movimientos de las divisas.

— En tercer lugar, la estabilidad se ha logrado también en la esfera política,
lo que se ha traducido inmediatamente en la creación de un
marco regulador y normativo más estable.
Por países, nuestros destinos principales han sido Brasil —donde se ha colocado
como primer país inversor del mundo, desplazando a Estados Unidos—,
Argentina y Chile, si bien no debe olvidarse la incidencia de los fuertes
procesos de privatización de empresas estatales.
Inversiones españolas directas en Latinoamérica
(millones de pesetas)
Fuente: Dirección General de Inversiones.
País 1996-2000
Argentina 3.962.465
Brasil 4.736.853
Chile 2.026.466
Colombia 523.355
Cuba 96.841
Ecuador 16.336
México 694.458
Uruguay 34.282
Venezuela 279.860
Total 12.370.916
Respecto a los sectores de interés, destaca en primer lugar el sector del petróleo,
sobre todo por la actividad de Repsol-YPF, seguida de la energía, telecomunicaciones,
gas, agua y banca y seguros. Debe hacerse notar que estos grandes
sectores pertenecen todos ellos a la rama de los servicios, salvando parte de
las inversiones en gas y petróleo, que incluyen también la financiación de tareas
de exploración y producción 11 .
Las cinco principales empresas españolas, que representan el 70% del volumen
de operaciones de la Bolsa de Madrid, se ven afectadas porque una gran
proporción de sus activos y ganancias están en América Latina. En los últimos
10 años, estas compañías volcaron más de 100.000 millones de dólares hacia la
región. Baste decir que estos cinco mayores valores del Ibex 35, el principal indicador
bursátil, logran más del 50% de su beneficio en América Latina.
Telefónica, es la compañía más comprometida en el continente con 32.000
millones de dólares invertidos en la región. Durante el primer trimestre del
año, su actividad en aquella área generó el 41 % del flujo de caja. La apuesta ha
sido clara en algunos países; es la empresa española que más ha invertido en
Argentina en la última década: desde el aterrizaje de la compañía, la operadora
ha acumulado unas inversiones 1,7 billones de pesetas, y su actividad en este
país representa ya el 14% de los ingresos totales del grupo.
Repsol YPF es también una de las empresas con mayor proyección en Latinoamérica
en actividades de exploración y producción, gas y electricidad, refino
y química. Su posición de liderazgo es clara en países como Argentina, y en
algunos otros países de Latinoamérica, como Bolivia, Venezuela y Ecuador. Así,
por ejemplo, Repsol YPF es la compañía privada con mayores reservas de gas de
Latinoamérica y cuenta con una alta integración en la cadena de gas, desde la
producción hasta los mercados, además de ser la compañía líder en distribución
de gas en el área, donde está presente en los mayores núcleos de población.
11 «La inversión directa española en Latinoamérica».
Gillermo de la Dehesa. Artículo en Iberoamérica y
España en el Umbral de un Nuevo Siglo. Círculo de
Empresarios. Boletín 65. Junio 2000.

Los mayores bancos españoles han invertido durante la última década
(1990-2000) 16.140 millones de dólares en su proceso de expansión iberoamericano
y, en concreto, el BSCH y el BBVA, los dos bancos más importantes de
España, tienen alrededor de un tercio de sus activos en América Latina. Entre
1996 y 1999, la participación de los bancos extranjeros en los depósitos totales
aumentó del 16 al 40%, mientras que más del 65 % de los préstamos y casi el
70% del patrimonio de los sistemas bancarios de las siete mayores economías
regionales son controlados en algún grado por entidades extranjeras, contando
con las recientes adquisiciones de Serfín en México por parte del BSCH y Bancomer
por el BBVA en el mismo país, y Banespa en Brasil por el BSCH. Sólo el
BSCH, el BBVA y el Citicorp están presentes en todas ellas. Actualmente, las entidades
españolas, superan el 60% de los activos de los veinte mayores bancos
extranjeros, lo que significa que por sí solos superan a los estadounidenses, líderes
históricos del sector en la región 12 .
Por lo que respecta al sector eléctrico, Endesa, la mayor eléctrica española
por capacidad y beneficios, es una empresa líder en muchos países de Sudamérica.
La participación relativa de Endesa en este mercado es importante, ya que
un tercio de sus ganancias y un 45 % de sus bienes se concentran en Chile, Brasil
y Argentina. La empresa prevé alcanzar 11,5 millones de clientes en Latinoamérica
en el año 2005, lo que supone incrementar en 2,1 millones la cifra
actual.
Iberdrola, por su parte, con una presencia más modesta, desarrolla proyectos
de generación en México y el Noreste de Brasil, y participa en numerosas
empresas de distribución en este país.
II.2.
España como cabeza de puente en la actividad
comercial con Latinoamérica
12 Véase Referencia Citada en Nota 10 de este mismo
documento así como Anuario de Política Exterior, Madrid,
2001.
13 El resumen de resultados de esta primera encuesta
realizada en Abril del 2001 puede consultarse gratuitamente
en http://www.incipe-ceri.org/i
Según el reciente y novedoso Índice de Confianza de los Mercados Emergentes,
elaborado por el Club de Exportadores a través del Instituto Español de
Relaciones Internacionales y Política Exterior 13 , Latinoamérica es, con diferencia,
la zona con mayor valoración (7,9 sobre 10), seguida de lejos por el Magreb
(con un 6,5 sobre 10). Como área, ocupa además el primer puesto para los exportadores
en materia de potencialidad de la oferta española.
Y es que España ocupa, por muchas razones, una posición de evidente privilegio
ante un escenario de acercamiento comercial efectivo a Latinoamérica.
En primer lugar, España tiene ya una consolidada presencia como inversor: la
zona del Mercosur, objetivo prioritario de la Unión en materia de integración
comercial, recibió el 80% de nuestras inversiones en el exterior en el año 1999 y
más del 30% en el 2000. Esta presencia sobre el terreno, agiliza notablemente la
puesta en marcha de operaciones comerciales.
No conviene olvidar que, a diferencia de otros países de la Unión, España
mantiene una relación institucional permanente con los países latinoamericanos.
Por poner algunos ejemplos evidentes, España participa como un miembro
más en la Comunidad Iberoamericana de Naciones y entre 1991 y el 2000
ha participado en 10 Cumbres Iberoamericanas. Las reuniones de Jefes de Estado
y de Gobierno se han complementado con dieciséis reuniones sectoriales.
España cuenta, además, con una Secretaría de Cooperación Iberoamericana
(SECIB).
europa y latinoamérica 99

Aun con todo, lo cierto es que las relaciones comerciales existentes entre
España y Latinoamérica no son especialmente intensas. En la actualidad España
se encuentra enfocada al área intracomunitaria a la que destina el 70% de las
exportaciones y de la que importa más del 70% del total de compras al exterior.
La concentración del comercio español es tan notable que sólo cuatro países
—Francia, Alemania, Italia y Portugal— absorben cerca de la mitad de nuestras
ventas exteriores. Latinoamérica ocupa por tanto, como el resto de áreas mundiales,
un lugar secundario.
Quizás, en términos relativos podemos, eso sí, decir que Latinoamérica es,
en importancia, similar a la suma de EEUU y Japón en términos de exportaciones,
ya que absorbe el 6% de nuestras ventas exteriores totales. En lo referente a
las importaciones, Latinoamérica sólo sirve el 4% de nuestras compras, poco
más que lo importado de los países del Este y la antigua URSS (3,4%) y algo por
debajo de lo importado desde EEUU (5,3%).
Estructura geográfica de las exportaciones Españolas
Datos de Aduanas para el año 2000
Japón
Europa del Este
Estados Unidos
América Latina
Resto Mundo
UE
Francia
Alemania
Portugal
Italia
Reino Unido
Benelux
Resto UE
Detalle. Datos comparados 1995-1999
% sobre TOTAL DE
EXPORTACIONES
% sobre TOTAL DE
IMPORTACIONES
1995 1999 1995 1999
EUROPA 77,5 79,3 70,9 72,4
UE 72,0 72,3 65,7 67,7
ZONA EURO 61,2 60,3 55,4 57,2
PECOS-10 1,4 2,1 1,1 1,2
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 1,1 1,8 1,1 1,2
RESTO EUROPA 4,1 4,9 4,1 3,5
NAFTA 5,2 5,9 7,7 6,5
AMÉRICA NORTE 4,6 4,8 6,9 5,8
LATINOAMÉRICA 5,6 6,2 4,2 3,9
MERCOSUR 2,2 2,3 1,8 1,8
ASIA 7,6 5,7 11,9 12,8
ASIA-6 2,4 1,4 2,8 3,2
ÁFRICA 3,8 3,7 5,7 4,9
MAGREB 2,5 2,0 2,7 2,5
OCEANÍA 0,4 0,5 0,4 0,4
OPEP 2,8 2,3 2,8 2,3
OCDE 82,5 83,5 81,2 83,5
100 europa y latinoamérica

Estructura geográfica de las importaciones Españolas
Datos de Aduanas para el año 2000
Japón
Europa del Este
Estados Unidos
América Latina
Resto Mundo
UE
Francia
Alemania
Portugal
Italia
Reino Unido
Benelux
Resto UE
Además, como ya se señalara para el conjunto de la UE, España ha venido
perdiendo interés relativo en la zona en materia comercial en los últimos años,
al menos en términos nominales. Así, en contraste con el incremento de las relaciones
de inversión, la cuota de América Latina en nuestro mercado de exportaciones
viene manteniéndose constante alrededor del 6% desde los últimos 15
años. Asimismo, España ha venido perdiendo importancia en favor de Estados
Unidos como destino de sus exportaciones, pasando del 12% que representaba
en 1981 al 4% que representa en el 2000.
16
Importancia relativa del cada área en las exportaciones Españolas.
Eje derecho para el comercio intracomunitario. Eje izquierdo para el resto
80
14
70
12
60
10
50
8
6
40
30
4
20
2
10
0
1981 1985 1986 1990 1993 1995 1997 1999 2000
Estados Unidos Japón América Latina UE
0
Si analizamos los anteriores datos en términos reales, lo cierto es que podríamos
comprobar que en España no se han producido en las últimas décadas
desviaciones de comercio relevantes, de modo que la leve caída de importancia
de Latinoamérica como socio comercial, queda matizada. En cualquier caso, no
puede afirmarse que exista un interés progresivo en el área. Dentro del área latinoamericana,
las exportaciones e importaciones españolas también se reparten
de modo muy concentrado. Así, sólo México, Brasil y Argentina acaparan actualmente
más del 50% de nuestras exportaciones a la zona, y sumando Chile y
Venezuela llegamos al 66% del total. En el caso de las importaciones, los cuatro
países anteriores absorben el 74% de nuestras importaciones desde Latinoamérica.
europa y latinoamérica 101

Estructura geográfica del comercio exterior español a Latinoamérica
Tantos por cientos sobre exportaciones e importaciones totales a Latinoamérica, crecimientos y cobertura
EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBERTURA
%
Lat.
00/99 99/98
%
Lat.
00/99 99/98 99 2000
Argentina 13,6 0,3 –16,7 18,6 15,2 22,9 91,8 135,5
Brasil 17,7 –4,8 10,4 20,7 4,7 10,2 102,2 102,2
Uruguay 2,1 7,8 –6,5 1,3 12 18,1 173,1 219,2
Paraguay 0,4 –30,8 –5,8 1,0 89,8 56,3 128 212,4
Total MERCOSUR 33,8 –2,22 –1,76 41,6 11,76 17,28 – –
TOTAL MERCOSUR Ampliado 41,1 2,97 –6,98 50,0 17,32 15,24 – –
Chile 6,5 27,8 –30,9 8,1 46,4 6,3 102,8 158,2
Bolivia 0,7 21,2 –35,4 0,3 –0,9 –31,6 433,5 458,9
Colombia 3,5 20,4 –50,3 3,9 41,6 9 115,6 253,7
Ecuador 1,2 29,7 39,5 1,8 –24,4 –2,9 82,2 57,2
Perú 2,7 13,7 –14,5 3,7 21,5 22,1 88 125,6
TOTAL Pacto Andino 14,7 18,3 –26,9 17,8 32,2 8,6 – –
Venezuela 6,2 52,2 –17,7 7,9 83,5 2,9 105,8 131,5
TOTAL CAN 14,3 35,7 –36,9 17,5 68,9 16,1 – –
México 21,6 31,7 8,9 26,4 83,7 13,9 124,8 130,5
Costa Rica 1,8 53 12,9 1,3 –9,6 18 86,3 90,1
Cuba 8,8 10,1 14,1 2,4 16,7 1,9 458,8 409,6
El Salvador 0,9 55 –7 0,3 113,4 –5,1 1.009,3 1.029,5
Guatemala 1,2 8,1 65,1 0,5 150,4 –27,2 602 265,7
Honduras 0,7 68,6 –25,4 0,8 15 –27,4 82,1 79,9
Nicaragua 0,4 10,4 23,6 0,3 10,3 –41,7 114,8 54,2
Panamá 3,9 –2,5 47,5 0,5 29,3 –46 911,4 333,3
R. Dominicana 6,0 81,4 32,7 0,3 6 –29,7 1.343,8 712
TOTAL CENTROAMÉRICA 23,7 32,6 25,1 6,3 26,5 –8,3 – –
TOTAL LATINOAMÉRICA 100 18,0 2,2 100 30,0 21,5
Mercosur es, evidentemente, el área regional de mayor conexión comercial
con España. En términos de exportaciones, supuso más de un tercio de nuestras
ventas a la zona en tanto que, en el año 2000, fue el origen de más del 40% de
nuestras compras a América. Los países considerados en el colectivo Centroamericano
son, en términos relativos, el segundo destino de nuestras exportaciones,
absorben casi un cuarto del total de las ventas.
Cuba es, en esta área, un destino llamativo en términos relativos. De hecho,
España ha sido el exportador más importante para la mayor de las Antillas, hasta
fechas muy recientes: en el año 2000, España perdió esa hegemonía en favor
de Venezuela, seguramente como consecuencia del pacto bilateral de cooperación
y fomento del comercio firmado en el 2000 por Chávez y Castro.
Los datos más recientes sobre comercio exterior con Latinoamérica arrojan
interesantes resultados. Durante el año 2000, las exportaciones a Latinoamérica
crecieron un 18% en términos nominales frente al 2,2% del pasado
año. El intercambio también se intensificó en materia de importaciones, creciendo
un 30% en términos nominales. Como podrá observarse, el superávit
comercial a favor de España se redujo, y actualmente sólo se mantiene para
diez de los diecinueve países considerados en la zona frente a los quince con
los que mantenía superávit en 1998. La tasa de cobertura ha pasado así a ser
del 110% frente al 144% registrada en 1998. Aunque las cifras parecen explosivas,
deben sin embargo relativizarse: las exportaciones totales españolas
crecieron un 19% en términos nominales, lo que significa, por tanto, que La-
102 europa y latinoamérica

tinoamérica perdió cuota entre nuestro mercado exportador a lo largo del
2000, hasta situarse en el 6,1%.
Por lo que se refiere al Mercosur, la situación en Argentina provocó una caída
de las exportaciones al total del área del 2,5% en el 2000 aunque, en conjunto,
este grupo de países siguió manteniéndose como área de destino principal
de nuestras ventas al continente.
III.
La globalización y sus consecuencias como
fenómeno compartido por Europa y
Latinoamérica
III.1.
La globalización del modelo económico neoliberal
14 El planteamiento seguido es similar al recogido por
Gwynne, R.; Kay, C. (1999). «Latin America transformed:
globalization and Modernity». London: Arnold
and Oxford University Press: New York.
Al igual que en otras partes del mundo, durante la última década se ha
aplicado en Latinoamérica una nueva política económica, con cambios estructurales
profundos que tratan de reaccionar ante los nuevos retos y cambios
del sistema económico internacional. Se abren mercados, se modifican
estructuras y se establecen nuevos canales con el resto del mundo para aumentar
la competitividad económica, pero estos cambios también producen
tensiones sociales que en muchos casos han terminado afectando a los más
pobres. Esta nueva política y el nuevo sistema se ha bautizado a nivel mundial
con el nombre de neoliberalismo y en Latinoamérica se ha intentado aplicar
de forma intensiva 14 .
El neoliberalismo ha sido apoyado en la década de 1990 por instituciones
internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
desde las que se han lanzado todo tipo de recomendaciones para la liberalización
y reforma de las economías latinoamericanas. Esta defensa de la liberalización
no se produce de forma espontánea, pues se viene fraguando desde décadas
anteriores, pero cobra un especial ímpetu y vigor con la caída del Muro de
Berlín y el fracaso del sistema de economías planificadas.
En general, los gobiernos latinoamericanos se han identificado con la nueva
política económica y han intentado modernizar las economías para hacerlas
más competitivas en el mercado mundial. Además, había una experiencia que
imitar, la de algunas economías asiáticas que, si bien no disponían en todos los
casos de regímenes democráticos, su éxito económico mediante la liberalización
de mercados y factores había sido evidente desde los años sesenta.
Pero Latinoamérica también tenía razones internas para la adopción del
nuevo paradigma económico. En primer lugar, su mala experiencia en materia
económica en la década de 1980, con políticas económicas muy centradas en el
interior de cada país y que coincidieron con la crisis de deuda que estranguló a
muchos de ellos. En segundo lugar, el fuerte crecimiento que se produce en los
flujos de bienes y capitales en la década de 1990 y exigían una apertura cada vez
mayor de todas las economías. Por último, la transición de regímenes autoritarios
a sistemas democráticos ha llevado a un alto grado de compromiso de los
nuevos gobiernos con los sistemas de liberalización económica, bastante más
justificables ante las urnas de la mano de los tecnócratas que los modelos proteccionistas
y poco transparentes.
Por lo común, se puede afirmar que la tecnocracia en Latinoamérica ha
apoyado el sistema neoliberal y que esta defensa es una reacción lógica al fracaeuropa
y latinoamérica 103

so de las políticas de la década de 1980 focalizadas en el interior de cada país,
con fuertes déficit fiscales, importantes gastos sociales, altas tasas de inflación y
empresas no competitivas en el exterior. La tecnocracia se ha sentido más atraída
por un modelo que pretende un Estado más reducido, la estabilidad económica
y las reglas del mercado. Además, y como señalan Centeno y Silva
(1998) 15 , la mayoría de la tecnocracia latinoamericana se ha formado en las
universidades de Estados Unidos y han aprendido en el epicentro de la nueva
corriente; no podría haber mayor defensa. El cambio desde los sistemas totalitarios
a los sistemas democráticos, junto a la tendencia mundial hacia la globalización,
ha posibilitado que los tecnócratas abarcasen mayores cuotas de poder
desde las que impulsar las nuevas reformas. Unas reformas que, si bien varían
en su intensidad de unos países a otros, se pueden resumir en los siguientes
puntos:
— Reducción de los déficit públicos control del gasto, aumento de la presión
fiscal y privatización de compañías estatales han sido las fórmulas
aplicadas.
— Liberalización del mercado laboral, restando fuerza negociadora a los
sindicatos.
— Liberalización del comercio. Estableciendo acuerdos internacionales de
reducción de aranceles.
— Reforma del sistema financiero, reduciendo la intervención del gobierno,
dejando que los mercados establezcan los tipos de cambio y aplicando
una política monetaria independiente.
Pero a pesar del aparente éxito obtenido en términos de crecimiento económico
por el nuevo modelo y al que me referiré posteriormente, el modelo neoliberal,
por el momento, no ha conseguido solucionar algunos de los problemas
más graves de las economías latinoamericanas.
En primer lugar, las bajas tasas de ahorro, que hacen que los países latinoamericanos
acudan a la financiación internacional, aumentando su deuda externa
o captando flujos de inversión extranjera. Desde el sector público se explica
por el hecho de que junto a unos impuestos no elevados cohabita un alto fraude
fiscal. Por su parte, el sector privado dispone de unos niveles de renta prácticamente
dedicados al consumo, y solamente el caso de Chile y su sistema de pensiones
privado, es un ejemplo del aumento en la tasa de ahorro.
En segundo lugar, las economías latinoamericanas son muy vulnerables y
dependientes del contexto internacional. Esta dependencia se manifiesta en los
dos frentes de apertura, el comercio y las finanzas, y hemos tenido ocasión de
comprobarlo con la última crisis sufrida en la zona.
La dependencia del comercio es de volumen o cantidades pero también de
precios. La crisis sufrida por Asia en 1997 tuvo como consecuencia inmediata
una menor demanda de materias primas y una caída en los precios de estos productos.
Para los países desarrollados supuso un alivio de sus importaciones y
menores tensiones inflacionistas, pero para los países productores, de los que
Latinoamérica es un claro ejemplo, supuso un empeoramiento de sus saldos
por cuenta corriente. La caída del valor de las exportaciones se tradujo en un
menor crecimiento, pero también significó un deterioro de las finanzas públicas
en aquellos, países donde los ingresos por exportación de materias primas
representan una parte importante de los ingresos fiscales (Venezuela, Chile,
México). El resultado de todos los efectos se materializó en que durante 1999
muchas economías Latinoamericanas se desaceleraron de forma importante.
15 Centeno, M.A., Silva, P. (1998). «The Politics of
Expertise in Latin America». London. MacMillan.
104 europa y latinoamérica

En el frente financiero, la necesidad de captación de inversiones internacionales
y la volatilidad de estos flujos hace muy vulnerables a las monedasyopor
tanto, es imprescindible la confianza internacional. En julio de 1998, al enfilarse
la crisis rusa a su desenlace, se recrudece la turbulencia financiera, alcanzando
su zenit a partir de la devaluación y moratoria de la deuda rusa. Las enormes
pérdidas acumuladas por las inversiones y banca extranjera en Rusia llevaron a
la liquidación de posiciones en mercados emergentes. Los efectos fueron muy
virulentos en el caso de Brasil, que si bien tenía algunos problemas de déficit fiscal
y deuda, de no haberse resentido la confianza internacional no habría pasado
por el episodio de depreciación de su moneda, el real.
En tercer lugar, y como ya he mencionado, es indiscutible que la década de
los 1990 ha significado un mayor crecimiento económico para Latinoamérica,
pero desgraciadamente ha venido unido a un aumento del desempleo. Esta curiosidad
macroeconómica es fácilmente explicable y se asienta en la lógica del
nuevo modelo neoliberal de competencia. La necesidad de hacer más competitivas
las economías ha significado la merma de la protección del mercado del
factor trabajo y del poder sindical, lo que ha facilitado los procesos de reconversión
para conseguir aumentos de productividad y empresas más eficientes.
Todo ello, unido a los incrementos de población activa, se traduce en que a pesar
de que el crecimiento medio del PIB en Latinoamérica se haya aproximado
al 3,5% en la decádeca, la tasa de paro siga aumentando. La creencia más general
es que se trata de construir para el futuro y que después del ajuste deberá
producirse un incremento del empleo y una mayor distribución de la renta.
Aún no se dispone de evidencia empírica, pero este deberá ser el proceso lógico
ya que, en caso contrario, será difícil que el modelo se mantenga en un contexto
democrático como el actual.
III.2.
Las dificultades para un comercio globalizado
En los últimos años se había asumido la idea de que la universalización del
comercio era materia superada y que era ahora el turno de la globalización de
las transacciones de capital. Los efectos derivados de los acuerdos negociados
en la Ronda de Uruguay, finalizada en 1994, se imaginaron definitivos, trascendentales
para resolver de una vez por todas las restricciones, desigualdades y
problemas a los que se enfrentaba la evolución del comercio internacional.
Sin embargo, después de un período de entusiasmo generalizado ante los
beneficios de la integración comercial y la globalización, la posición de defensa
por el libre comercio ha sido sustituida, por un creciente escepticismo sobre los
costes de la apertura, especialmente en los países en desarrollo. Estos últimos,
han visto como se entorpece o bloquea el progreso de los acuerdos que más les
benefician, mientras que se aligeran aquellos otros en los que Estados Unidos o
la Unión Europea quedan beneficiados.
Como consecuencia, el proceso del ALCA ha perdido dinamismo, al menos
hasta la llegada de Bush al congreso americano, el Mercosur experimentó su
primera crisis cuando se comprobó que la integración comercial regional era
en verdad una forma de desviarse del libre comercio, la ampliación de la UE se
enfrenta a un sinfín de matices y creciente oposición, precisamente por cuestiones
de competencia comercial, y la celebración de una nueva ronda milenaria
de la OMC se prevé complicada. Para la IV Conferencia Ministerial de la OMC
europa y latinoamérica 105

en Doha, capital de Qatar, los 142 miembros trabajan, sin olvidar el fracaso de
Seattle.
La desaceleración económica mundial actual y el subsiguiente desplome de
los precios de las materias primas ha venido además a complicar la salud del comercio
internacional: el crecimiento del comercio mundial será del 7% en el
2001 frente al 12% del año 2000.
Esta situación global, que puede calificarse de atonía, se refleja también en
las relaciones comerciales entre la UE y América Latina. A diferencia del amplio
y creciente entendimiento en la esfera política, el intercambio comercial es el
pilar más débil y problemático de las relaciones entre Europa y Latinoamérica.
En términos generales, la integración se concibe en Latinoamérica como
un instrumento para mejorar la posición de las economías latinoamericanas en
los mercados internacionales, a través de una diversificación de las exportaciones
intrarregionales y un mayor porcentaje de bienes de valor añadido. Este regionalismo
abierto se enfrenta a un mayor proteccionismo europeo dentro de
un regionalismo cerrado. Es también este regionalismo hacia dentro que sigue
provocando conflictos comerciales en el marco de la OMC entre la UE y América
Latina en sectores claves como la agricultura.
Los movimientos más recientes a favor de la firma de acuerdos comerciales
reflejan, sin embargo, un cambio de mentalidad, aunque el giro de intenciones
tiene más que ver con el reciente movimiento norteamericano de acercamiento
al hemisferio sur.
La idea de firmar acuerdos de libre comercio entre la UE y los países latinoamericanos
económicamente más avanzados surgió en diciembre 1995 con
la firma de un acuerdo de cooperación interregional entre la UE y el Mercosur,
diseñado para preparar una futura asociación política y económica. Un año
después, la UE formuló la misma oferta a Chile, y en 1998 empezó a negociar
un acuerdo de libre comercio —basado en un acuerdo global interino firmado
el 8 de diciembre de 1997— con México. Aunque el Mercosur es el principal socio
económico de la UE en América Latina y fue el primero en acordar una futura
asociación, las negociaciones con México concluyeron primero, en un plazo
de sólo dos años, y se firmóel 23 de marzo de 2000 un ALC con la UE ya que
entraba en vigor en julio del 2000.
La situación de las negociaciones con Chile es, en la actualidad, esperanzadora:
la UE ofreció el pasado 10 de julio liberalizar casi la totalidad de las importaciones
anuales provenientes de Chile, con un valor de unos 3.300 millones
de dólares (3.900 millones de euros), en un plazo máximo de diez años. La oferta
eliminaría aranceles sobre las ventas chilenas de productos industriales por
un total de 2.413,7 millones de dólares (2.800 millones de euros), y alrededor de
775,8 millones de dólares (900 millones de euros) en productos agrícolas y pesqueros.
Chile, por su parte, ofreció desgravar el comercio con el bloque europeo
en plazos de cero, cinco y diez años, en una política similar a la utilizada en otras
negociaciones bilaterales. Los equipos negociadores se reunirán nuevamente
en Bruselas en la primera semana de octubre. La conexión con Chile, abrirá
además la vía de acceso a Centroamérica ya que la Comisión de Hacendarios
del Senado de Chile aprobó el 12 de julio el Tratado de Libre Comercio con
Centroamérica.
Actualmente, la Unión Europea (UE) y el Mercosur abordan la quinta ronda
de negociaciones comerciales; esta ronda forma parte de una serie de discusiones
entre ambos bloques iniciadas en 1999 en Río de Janeiro con el objetivo
106 europa y latinoamérica

de avanzar hacia un ambicioso proyecto de libre comercio, que sería el primero
del mundo entre dos bloques de países.
Conclusiones
1. El proceso de globalización creciente de la economía internacional corre
parejo a la escasa participación en términos relativos del comercio
de Latinoamérica con la Unión Europea, a excepción de Mercosur. Este
hecho se hace más evidente en la década de 1990 con una ralentización
de los intercambios entre las dos áreas económicas.
2. La disminución del comercio con la UE se acompaña de un aumento
simultáneo con los EE.UU. (un 219% entre 1990-1997), lo cual se
explica por el creciente interés de estos en los mercados latinoamericanos.
3. Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) es el grupo de países
que concentra el mayor porcentaje de intercambios con la UE, lo que
surge como reacción a la puesta en marcha del Area de libre Comercio
para las Américas (ALCA) auspiciado por Estados Unidos, y que pretende
ser operativo en el año 2005.
4. La apuesta de España, a través de sus cuantiosas inversiones en Latinoamérica
(74.351 millones de euros entre 1990-2000), le confieren un
importante papel de interlocutor UE-Mercosur que parece razonable
que se aproveche a pesar de las dificultades económicas que atraviesa la
economía latinoamericana.
5. La experiencia histórica muestra que periódicamente el área latinoamericana
sufre épocas de crisis, lo que exige a las empresas españolas
muy comprometidas allí, que sepan gestionar estas situaciones con la
suficiente habilidad, de manera que la presencia económica internacional
de España no se vea afectada negativamente de cara al futuro.
6. La Administración Española debería continuar desempeñando un papel
relevante en las negociaciones bilaterales UE-Mercosur y otros países
latinoamericanos para asegurar los intereses españoles en la zona.
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108 europa y latinoamérica

EUROPA Y LATINOAMÉRICA: UNA
REFLEXIÓN CULTURAL
Pedro Gómez de la Serna

Introducción
A la hora de redactar una ponencia sobre las relaciones culturales entre Europa
y Latinoamérica y sobre el papel que España debe desempeñar en ese terreno,
hay que partir de un dato previo: la inexistencia de un planteamiento general,
de una estrategia global a largo plazo que pueda denominarse política de
Estado, de un concepto o reflexión previa sobre los principios en los que asentar
esas relaciones. Existen, es cierto, políticas sectoriales en materias concretas respecto
de las que se han hecho importantes esfuerzos, como en el ámbito de la
rehabilitación de cascos históricos, de la restauración de conjuntos monumentales,
de las convocatorias de becas, o de los programas de formación o concesión
de ayudas educativas y culturales diversas, pero no dejan de ser eso: acciones
sectoriales de cooperación que no responden a un programa explícito de
conjunto. En lo que se refiere a la Unión Europea, el panorama es más pobre todavía.
Podría decirse que Europa vive culturalmente de espaldas a Latinoamérica,
que ignora esa realidad, cuando no se comporta ante ella como ante un exótico
fenómeno de lejana antropología cultural. No existe una conciencia
europea respecto de Latinoamérica. Y es en ese ámbito donde países como Portugal
y España deberían trazar estrategias políticas coherentes ante la Unión.
En el caso de España e Hispanoamérica, somos un espacio cultural cargado de
potencia, pero todavía latente, a la espera; que es pero que no está, que todavía
no hemos sido capaces de compartir plenamente, como por ejemplo ha hecho
el mundo anglosajón.
Si eso es así, se debe, en mi opinión, entre otras cosas, a un problema previo
de actitud. Ni en Hispanoamérica ni en España hemos sido capaces de deshacernos
de ciertos lastres, prejuicios y mitos derivados de nuestra historia. En ese
aspecto, no se pretende abordar un recorrido por las carencias y los aciertos de
nuestras acciones sectoriales de cooperación cultural, sino de hacer una reflexión
cultural —entendiendo la cultura en un sentido amplio— sobre el papel
de España.
* * *
El 25 de agosto de 2001, el escritor mejicano Carlos Fuentes firmaba un artículo
en el diario El País en el que, refiriéndose a Latinoamérica, afirmaba: «Somos
herederos de lo mejor de Europa. Somos lo mejor de Europa proyectado
fuera de Europa».
No dijo Fuentes en su artículo que, de la misma manera, lo mejor de Latinoamérica
viniera igualmente de Europa. ¿Una tentación en la que no debe caer
un español D’Ors se quejó de la falta española de esnobismo en relación con
América. Siendo Latinoamérica una realidad histórica, cultural y política con
europa y latinoamérica 111

caracteres propios indiscutibles, parte de su actual riqueza cultural viene de un
peculiar cruce con Europa: el mestizaje, que hizo de aquella sociedad un mundo
nuevo y abierto a los demás. Esa cultura que llevó España y, sobre todo, la
forma en que lo hizo, «iba a hacer posible que los americanos cultivasen un día
en términos de cultura universal el legado de las culturas prehispánicas. En definitiva,
que su pensamiento y sentimiento acerca de sí mismos fuesen los que
hoy son» (Laín). E hizo, igualmente, que la propia Europa modificara su visión
del hombre y sus derechos.
La invención de América, lo que surge de la conquista y colonización, es no
solo una sociedad pluricultural sino también multicultural. Una categoría sociológica
sobre la que occidente ha tardado más de cuatrocientos años en teorizar.
He ahí el bagaje que, en tiempos de postmodernidad y desconcierto, pueden
ahora legar los hispanoamericanos a los europeos. Sobre todo en el ámbito
de la cultura, ese legado es también una manera de combatir el fantasma de las
heterofobias, los volksgeist herderianos y las libreas de los nacionalismos.
Si Latinoamérica es lo mejor de Europa proyectado fuera de Europa, la propia
Europa, para no negarse a sí misma, deberá empezar a ser lo mejor de Latinoamérica
proyectado fuera de Latinoamérica. Del camino de vuelta, del nuevo
mestizaje entre la pluriculturalidad europea y la multiculturalidad
americana, ¿no surgirá la superación del etnocentrismo sin caer en el relativismo
cultural He aquí el papel de España.
1. El marco de discusión. Europa y Latinoamérica:
el papel de España
Muchas veces las relaciones internacionales entre nuestros dos continentes
han sido enfocadas como si se tratara de culturas uniformes, homogéneas,
compactas y coherentes. Se ha hablado, incluso, de una cultura común. Nada
más opuesto a la realidad. Ni Europa —no hay que decirlo— tiene una cultura
uniforme, ni el continente iberoamericano es culturalmente homogéneo es un
mosaico—, ni España fue culturalmente una en el momento del descubrimiento,
conquista y colonización. Hay, sí, una comunidad de culturas que, llevada al
Nuevo Mundo, terminó emparentando con otras tantas. Comunidad de ida y
vuelta, de flujos y reflujos de cuya interacción surgió el parentesco. Un parentesco
que, más allá de falsos paternalismos, alumbró una familia en la que, a la
altura del siglo XXI, unos y otros nos miramos en términos de paridad y paralela
madurez.
El marco de la discusión aún se complica más: ¿cómo denominar la realidad
que surge, en poco tiempo, de la conquista y se extiende hasta hoy Latinoamérica,
Hispanoamérica, Iberoamérica, Indoamérica, América Hispana,
Amerindia. Todas las denominaciones son insuficientes. Todas olvidan parte de
la realidad y la seccionan. «La vacilación del nombre —dice Uslar Pietri— es
parte importante de la vacilación sobre la identidad que ha caracterizado hasta
hoy esa vasta parte del continente americano, refleja y confirma la dificultad
polémica de definir su identidad humana y cultural». Ninguna abarca esa realidad,
que se dispersa en todas y cada una de las denominaciones y es todas ellas a
la vez.
Tampoco el término —cultura— es unívoco. Nosotros lo utilizaremos en
sentido amplio.
112 europa y latinoamérica

¿De qué estamos, entonces, hablando Quizás de cómo reconducir la historia
desde la propia complejidad histórica; de cómo enfocar el futuro; desde
dónde, hacia dónde y con qué clase de actitud. He aquí el papel de España en
Europa.
Centraremos esta ponencia en formular, primero, los términos de esa actitud
para, después, referirnos a tres áreas culturales:
— La cultura política de los derechos.
— La cultura lingüística como esfera de libertad.
— Cultura y sociedad: flujos migratorios, pluriculturalismo y multiculturalidad.
2. Naturaleza y cultura. Una actitud
Una incursión en las relaciones culturales debe partir de la dicotomía entre
naturaleza y cultura, lo dado y lo construido, el mundo de la necesidad y el de la
posibilidad, el de lo determinado-inexorable y el de la libertad que, en términos
kantianos, es también la esfera de lo moral. En todo caso, la dicotomía se transforma
en paradoja insalvable: naturaleza y cultura se superponen y, cuando la
cultura no es interpretada en términos de universalidad —haciéndose naturaleza—,
la naturaleza se reivindica como manifestación específica de una determinada
época o de un determinado lugar: cultura. He ahí la primera dificultad
del marco de discusión. Dificultad que se complica porque como señala Francisco
Ayala el hombre se comporta como un heredero: es naturaleza y cultura,
toma por natural lo cultural y viceversa. Lo que se debate, entonces, es el etnocentrismo.
¿Cómo salir de él sin debilitar nuestra propia cultura
Por si fuera poco, lo cultural suele inscribirse en círculos independientes,
autónomos, cada uno de los cuales cuenta con su específica historicidad. Toynbee
estableció, en ese aspecto, cinco grandes círculos culturales: oriente, occidente,
el Islam, el hinduismo y el cristianismo ortodoxo. Una visión que excluía
la realidad Iberoamericana.
Para terminar de añadir complejidad a nuestro marco de referencia, desde
Spengler se entiende que las culturas son dinámicas, evolutivas: nacen, se desarrollan,
mueren. Si el nacimiento se produce según Toynbee como respuesta a
un determinado desafío u hostilidad —teoría del desafío—, el desarrollo se
produce cuando una cultura evoluciona dentro de un círculo sin trascender a
los demás círculos culturales. Una cultura muere cuando trasciende a otras realidades
sociológicas transformándose en civilización: es un grado superior en el
dominio de unas sobre otras.
Todo lo cual no es baladí si, como se sabe bien, desde el proceso descolonizador
de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, una de las preocupaciones,
casi obsesivas, del hombre occidental es la mala conciencia de su etnocentrismo.
Transformada su cultura en civilización, proyectada esta sobre culturas
más débiles, considerada como cultura superior que legitimara el colonialismo,
el etnocentrismo —tras la desastrosa descolonización— acaba confesándose
culpable y se transforma en una melancolía ética y política: el relativismo cultural.
El destrozo de un mundo primitivo provocado, culturalmente, por todo ese
hinterland espiritual representado en «La carga del hombre blanco» de Rudiard
Kipling («los aturdidos y salvajes pueblos/ Los recién capturados pueblos hoseuropa
y latinoamérica 113

cos/ medio demonios y medio niños...»), se incorpora a la mentalidad europea
transfigurado en pensamiento débil.
¿Cómo afecta esto a España ¿Cómo en relación a Hispanoamérica En el
ámbito de nuestra actitud: Un desentendimiento también débil.
Porque el europeo, el español también, podía y puede optar entre tres actitudes
en su relación con las antiguas colonias: una actitud paternalista; una actitud
avergonzada y una actitud libre.
a) Una actitud paternalista. Se produce en un estadio histórico determinado:
cuando la vieja colonia aún no ha superado, a ojos del viejo colonizador,
la altura moral de la civilización de la metrópoli. Una actitud
interpretada por la antigua colonia como, en palabras de Sartre,
«neocolonialismo». Ni que decir tiene que esa interpretación suele responder
a un hecho cierto y el paternalismo entonces se convierte en la
ideología —encubrimiento de la realidad— occidental por excelencia.
Unas veces, el europeo, bajo la férula mental de su superioridad cultural,
enmascara como ayudas graciosas lo que en el fondo son renovadas
modalidades de una antigua dominación. Otras, responde a una
retórica que surge del amor por lo perdido y piensa más en la propia
—siempre mítica— edad de oro que en la realidad colonial. América,
continente lejano, era el testimonio evocador y sentiente de una grandeza
española ya perdida e igualmente lejana.
Y como quiera que esa actitud paternal se produce siempre en un estadio
histórico en que ni la colonia admira ya al colonizador ni el viejo colono admira
todavía a la vieja colonia, la relación cultural se convierte en la historia de
un desencuentro y una incomprensión. Algo parecido a nuestro primer hispanismo.
b) Una actitud avergonzada. Se trata de una actitud presidida por el
remordimiento del ex colonizador y por la desconfianza del ex colonizado.
Desde Claude Levi-Strauss («Raza e Historia»), una amplio sector de la antropología
cultural, llevada por el horror nazi de la segunda gran guerra, ha
confundido, como sostiene Finkielkraut («La derrota del pensamiento») la lucha
y refutación de la jerarquización de las biologías (razas, naturaleza) con la
refutación y lucha contra la jerarquización de las culturas, concluyendo que si
la jerarquización racial es científicamente falsa, la jerarquización de las culturas
es moralmente inaceptable. Un equívoco que conduce del etnocentrismo que
justificó la colonización africana al relativismo cultural: no existe una civilización
y muchas culturas, sino diversas civilizaciones culturales paritarias y equivalentes;
no hay procesos históricos valorativos ascendentes, sino simultaneidad
valorativa de culturas. Todo lo cual condujo, desde el estructurralismo, a la
afirmación marxista de la lucha de culturasyalaulteriordominación de unas
por otras.
De esta manera, el europeo pasó de la xenofobia a la xenofilia, del desprecio
al deslumbramiento y del exterminio al abandono. Tras el destrozo de África,
Europa se deja fascinar —lavando así su mala conciencia— por sus propias víctimas,
al tiempo que estas, abandonadas por occidente a su propio destino,
pierden su admiración por los colonizadores sin dejar de emular muchas veces
sus hábitos, sus lujos, sus alardes. Occidente trueca la equivalencia por el abandono
y se lava las manos en el relativismo cultural. Las colonias truecan la
admiración por el resentimiento y se refugian en sus viejos grilletes culturales
114 europa y latinoamérica

(integrismo, fundamentalismo, indigenismo político también). Y Europa renuncia
a lo mejor de sí misma: su concepción de los derechos humanos pasa a
ser solo suya, no universal. Las restricciones de la libertad en Cuba, y las vulneraciones
de los derechos en el Islam responden, a indiosincrasias políticas justificadoras
o son formas culturales, no vulneraciones de valores universales. Es la
célebre polémica entre Vargas Llosa y Günter Grass sobre la extensión de la democracia
liberal europea a Latinoamérica. Vargas Llosa clamó por la extensión
del liberalismo democrático europeo a toda Iberoamérica. Grass les concedía la
gracia occidental de permanecer un tiempo en su librea: todavía no estaban
preparados para el liberalismo. No había condiciones objetivas para las disfunciones
liberales que la propia Alemania disfrutaba.
Algo parecido hace ahora Huntington: en su célebre «Choque de civilizaciones
y la reconfiguración del orden mundial» afirma que para evitar la guerra
de culturas occidente debe limitarse a sí mismo, no mezclarse en los asuntos de
las demás culturas, ser él y nada más que él en él mismo. No intervenir culturalmente.
«En un mundo multipolar y multicivilizado esta regla de abstención es
la primera condición de la paz». De donde se colige que todo aquello que ha hecho
del hombre occidental del siglo XXI un ser cualitativamente más libre que
otros hombres del planeta, es inexportable y, por lo tanto, inaccesible al otro.
Occidente debe celosamente reservarse para sí sus derechos y libertades. Debe
«cerrar la muralla».
En nuestro caso, tanto la mala conciencia del colonizador como el relativismo
cultural tuvieron acogida en un sector del pensamiento español. Y frente a
los que pensaron la superioridad del legado español en América, alzaron su voz
los que señalaron —como legado fundamental de la colonización— el exterminio,
el genocidio y el expolio de una cultura que se mitifica.
En mi opinión, no se puede justificar esa traslación a España: primero, porque
los postulados de la colonización africana tienen poco que ver con los de la
colonización española: ni los tiempos, ni las causas, ni las formas, ni las mentalidades
ni los resultados son equiparables. Segundo, porque tampoco la descolonización
tiene mucho en común. En el caso africano, un abandono, una huida
un tanto vergonzante; en el caso americano, un proceso de independencia
que se inscribe en el marco de una guerra civil. Tercero, porque la mala conciencia
española había surgido cuatrocientos años antes, al principio de la colonia
—con los efectos que después veremos— y no tenía sentido volver sobre ella
cuando la independencia de América era ya secular.
¿Cómo, entonces, se produce esta traslación A mi juicio, las causas son internas:
están en la propia situación política de España. Sostenida por el Régimen
—herencia de Maeztu— una versión oficial del hispanismo que respondía
a una necesidad política frente al aislamiento internacional, la oposición al Régimen
se confunde también con la oposición a nuestra realidad histórica. El debate
político se confunde con el debate histórico y del hispanismo; de la misión
universal, se pasa al exterminio, a la dominación y al expolio: una postura que
degenera en otra suerte de paternalismo, esta vez desde la margen izquierda de
España. Sea como fuere, superada la coyuntura histórica española que llevó a
los equívocos, es hora de replantearse nuestra actitud.
c) Una actitud libre. Decía Nietsche que dejar de avergonzarse de uno
mismo es la señal de la libertad realizada. Dejar de avergonzarse implica
hablar con sinceridad, sin grandes elucubraciones escapistas, sin
novelar la historia (ni leyendas negras ni hazañas épicas: obras de
europa y latinoamérica 115

hombres). La relación entre Hispanoamérica y España no consiste en
una gran misión, ni en una obligación moral, ni en una deuda histórica,
ni en la exorcización de una mala conciencia colonizadora. Antes
de todo eso es, sobre todo, una oportunidad formidable que, andamiada
por el esqueleto de la lengua común, beneficia —puede beneficiar—
a los hombres (individuos con su propia historia) que viven a
uno y otro lado del Atlántico, a su libertad, a sus derechos, a su desarrollo,
a su altura ética o moral. Pero, por otro lado, una oportunidad
que beneficia a España, a Europa yaIberoamérica: en lo multipolar,
Iberoamérica es una aliada cultural de Europa, y es ahí donde debe haber
suma de influencias y de fuerzas.
No debemos hacer una suerte de herderismo regional latinoamericano. No
existe un volksgeist fraternal, ni una weltanschaung común. Somos lo múltiple y
lo simultáneo, lo excesivo y lo insuficiente, lo diverso y lo desigual. En el arte,
esa sublime confusión tiene un nombre: lo barroco. En la historia de las ideas,
esa comunidad consciente y voluntaria comienza con Renán.
No se trata, por tanto, solo de compartir una lengua o de alcanzar una cultura
común (cuando la cultura se alimenta de volksgeist degenera en folklore),
sino de ser capaces de compartir un espacio cultural que, asentado sobre una
cultura política, una lengua y una sociedad integrada sobre determinados valores,
sea incentivado por concretas y determinadas estrategias y acciones gubernamentales.
Se trata se abandonar la retórica y transformar en realidad política
lo que ya es realidad social. Algo similar a lo que acontece en el mundo anglosajón.
Se trata de alcanzar un pacto estable de intereses legítimos sustentado en
una herencia que nos emparenta. Un sistema abierto de relaciones culturales,
en un espacio cultural compartido, el iberoamericano, edificado sobre dos realidades:
una realidad pluricultural, España, y una realidad multicultural, Iberoamérica.
Se trataría, por tanto, de sostener tres parámetros: deshacerse de complejos
de superioridad o de culpa; actuar como interlocutor privilegiado de la U.E.
ante el mundo latinoamericano y viceversa, potenciando la lengua española y
logrando que Latinoamérica alcance en el seno de las políticas culturales de la
Unión un lugar estratégico; y, finalmente, en la tensión universalismo/localismo
o globalización/particularismo, saber acotar áreas geográficas de influencia
común: zonas políticas comunes que sean al tiempo zonas económicas, securitarias
y culturales para el mundo hispano —Centroamérica podría ser una de
ellas— organizadas entre sí en forma de círculos secantes. Siendo una fuerza de
magnitud regional, el peso específico de España —y de Latinoamérica por extensión—
en Europa aumentaría muy notablemente.
Una actitud, esta de la libertad, con hondas raíces históricas en Latinoamérica:
en la polémica de los justos títulos, en la defensa del indio por Las Casas, en
la retórica política de la Independencia, como veremos a continuación.
3. El reflejo de una actitud en tres áreas
1. Área primera: La cultura política
En el ámbito de la cultura política, en el laberinto latinoamericano, la colonización
introdujo, como hilo de Ariadna, la hebra de la libertad. No se trata de
116 europa y latinoamérica

ignorar lo que el profesor León-Portilla llamó «la visión de los vencidos», sino
de tener presente que la incorporación de América a occidente provocó la revisión
de nuestro propio concepto de libertad. Una hebra que guiaría al Teseo
hispanoamericano en tres momentos clave: primero, cuando Las Casas alza su
defensa de los indios frente a Sepúlveda; después, con la evangelización de los
padrecitos y las tesis de Suárez y Mariana; en fin, con la ideología liberal que parte
de Cádiz y llega hasta la Independencia. Durante más de cien años, Latinoamérica
y España perdieron —paréntesis de libertades aparte— el hilo a uno y
otro lado del Océano. Se trata de retomarlo ahora.
a) La polémica de los derechos de los indios. Dice Bartolomé Bennassar
que la conquista de América provocó tres grandes cuestiones jurídicas
que conmocionaron el pensamiento y la cultura política occidentales:
en el ámbito del Derecho Internacional, hubo que definir los derechos
de conquista de la Coronas peninsulares frente a los demás estados europeos;
definición que provocó la teoría de los justos títulos del Padre
Vitoria; en el ámbito del Derecho Administrativo, había que definir el
estatuto, la estructura y organización del vasto territorio conquistado;
en el ámbito de los derechos civiles, surgió la necesidad de definir los
derechos de los indios.
La posesión legal de la tierra se ligó, desde el principio, al problema de la jurisdicción
sobre quienes habían de trabajarla; pero el problema de la jurisdicción
era, como señala Domínguez Ortiz, a la vez material y moral: los colonos
solo podían subsistir en Nuevo Mundo mediante la explotación del trabajo de
los nativos. Pero ¿cómo fundamentar esa explotación Este asunto resucitó una
vieja y olvidada controversia medieval sobre los derechos de los cristianos sobre
los paganos.
En el proceso de pseudo-esclavización de los indios y de aristocratización
de los colonos, surgió la controversia sobre la naturaleza del hombre.
Dominicos y franciscanos, escogidos de entre las élites intelectuales de sus
órdenes, desembarcaron en Méjico en la década de 1520 e, influidos por Zumárraga
—lector, a su vez de Erasmo y de Tomás Moro—, vieron en las sociedades
agrarias de los indios el sustrato perfecto sobre el que realizar los ideales de la
comunidad cristiana. Levantaron iglesias, poblados y misiones. Dieron a luz
una nueva organización social. Les cautivaron con el sonido de la música, les
propagaron la fe, les transmitieron la lengua.
Un dominico, antiguo encomendero que sería nombrado en 1525 Protector
general de las Indias, Bartolomé de Las Casas, denuncia (Brevísima relación
de la destrucción de las Indias) que los indios, como sujetos de la Corona,
deben gozar de los mismos derechos que los colonos. Y escribe: «En estas ovejas
mansas (...) entraron los españoles (...) como lobos e tigres y leones cruelísimos
de muchos días hambrientos(...) La causa por que han muerto y destruido
tantas y tales e tan infinito número de almas los cristianos ha sido
solamente por tener su fin último el oro y henchirse de riquezas (...) nunca los
indios hicieron mal alguno a los cristianos, antes los tuvieron por venidos del
cielo...» Frente a su alegato, Juan Ginés de Sepúlveda formulará la doctrina
aristotélica de la esclavitud natural. En 1542 las famosas Nuevas Leyes decretan
la abolición de la encomienda para los indios y en 1550 se abre en Valladolid
un debate entre Las Casas y Sepúlveda. Nace, entonces, la mala conciencia
de la conquista, que se anticipa en cuatrocientos años a la que después surgiría
con ocasión del proceso de descolonización del continente africano. La deeuropa
y latinoamérica 117

nuncia de la destrucción de las Indias en términos de genocidio humano y
cultural que realizara Las Casas, y el enlace de la crítica de cuanto ocurre en
Nuevo Mundo con la crítica de las instituciones de la península, produce una
conmoción en la conciencia española. Y la valoración preilustrada del indio
como buen salvaje rompe el etnocentrismo europeo e inaugura un embrionario
relativismo cultural: su propósito, poner a los indios en libertad: su efecto,
cuestionar la conquista y reconocer la humanidad del indio. Un cuestionamiento
que no solo se debate en España. En los planes de estudio de teología,
de filosofía y de derecho de las Universidades de Santo Domingo (1538), Méjico
(1551) y Lima (1551), se recoge la disputa. El colonizador lleva, junto a su
lengua y su fé, su mala conciencia a la colonia.
Vitoria sienta las bases para la comprensión moral y cultural del Nuevo
Mundo. El eventual retraso de los indios no es natural sino cultural. La cultura
política occidental juzga culturalmente a la naturaleza (raza), y al hacerlo, convierte
en derechos naturales la libertad e igualdad de todos los seres humanos:
una creación cultural.
Como señala Rubert de Ventós (El Laberinto de la Hispanidad), la asignación
de una «naturaleza cristiana» supone, primero el reconocimiento de la naturaleza
humana a los indios; luego, en términos de Vitoria, el derecho a no ser
convertidos por la fuerza; y por fin, en boca de Fray Servando Teresa de Mier, su
derecho a la independencia.
El primer hilo de Ariadna estaba tendido ya.
b) La libertad condicionada: Suárez y Mariana. Con Suárez y Mariana
toma cuerpo político en España la doctrina sobre la residencia popular
del poder. Una transmutación que implicaba, por un lado, la limitación
del poder, por otro lado, la justificación del derecho de resistencia
y ulterior tiranicidio y, en fin, la posibilidad de reversión del poder
a la comunidad.
Se tendía así el segundo hilo de Ariadna, solo que el hilo terminó por encerrar,
con sus propias vueltas y revueltas neoescolásticas y contrarreformistas, a
Latinoamérica y España en su peculiar anti-modernidad.
ComodijeraOctavioPaz(Tiempo Nublado) «con la Reforma, crítica religiosa
de la religión y antecedente necesario de la Ilustración, comienza el
Mundo Moderno; con la Contrarreforma y Neotomismo, España y sus posesiones
se cierran al mundo moderno. La civilización hispanoamericana
es admirable por muchos conceptos pero hace pensar en una construcción
de inmensa solidez —a un tiempo, convento, fortaleza y palacio— destinado
a durar, no a cambiar. A la larga, esa construcción se volvió un encierro,
una prisión. La Edad Moderna comienza con la crítica de los primeros
principios; la neoescolástica se propuso defender esos principios y demostrar
su carácter necesario, eterno e intocable».
Es que la segunda escolástica, que limitó el poder temporal, lo hizo supeditándolo
al poder espiritual. Una limitación de la Corona, no en favor de la comunidad,
sino en favor de la Iglesia. Una limitación que, sin ser de inspiración
democrática ni de realización liberal, sin ser laica, terminó encadenando también,
no solo la conciencia del monarca, sino las conciencias y la libertad de los
súbditos. En la trastienda latía la defensa de la evangelización de los jesuitas en
América: la protección y el blindaje de su influencia social y cultural frente al
poder temporal y administrativo de la Metrópoli.
118 europa y latinoamérica

c) La Independencia de América. La libertad traicionada. La independencia
de América tiende a la historia del Nuevo Mundo el tercer hilo
de la libertad.
La historia de la Independencia hispanoamericana es también una historia
europea. Lo es, en primer lugar, porque refleja la pugna europea de Estados.
Lo es en segundo lugar porque surge de la decrepitud de los principios-clave
de la colonización —evangelización, proteccionismo económico, paternalismo
político— y la irrupción con vigor revolucionario de los principios de un liberalismo
político que se universaliza y arraiga en una clase social que, si en
Europa fue la burguesía, en las colonias está constituida por los criollos. El
«proceso biológico» (Madariaga) de más de trescientos años de transculturización
dio un nuevo tipo humano: el español se hizo independiente para terminar
de ser americano. Formados en las Universidades de Lima, Bogotá, México,
Quito..., en el reformismo ilustrado no tardaron en chocar con los cuadros institucionales
españoles. La crisis de 1808 deparará la ocasión para tomar el poder
desde los Cabildos municipales, las Juntas y las sociedades secretas.
Lo es, por tanto, en tercer término, porque se inscribe en el marco de la guerra
civil española entre absolutistas y liberales.
Lo es, en fin, porque, inscrita en la historia de las revoluciones liberales
como «coletazo de la revolución atlántica» (Artola), encuentra inspiración en
lo que se ha llamado «la justificación por la experiencia» de las trece viejas colonias
inglesas en América.
El término-guía de la retórica política de la Independencia fue siempre el
mismo: la libertad. El español se hizo americano para ser libre. José Joaquín de
Olmedo, el poeta por antonomasia de la emancipación, escribe: «Venció Bolívar,
el Perú fue libre; / y en triunfal pompa libertad sagrada/ en el templo del sol
fue colocada». En los himnos nacionales de Argentina, Bolivia, República Dominicana,
Perú o Uruguay, la libertad se convierte en principal sustento ideológico
de la nación. En 1818, San Martín proclama: «Chile se hizo estado independiente
y sus habitantes empezaron a gozar de la seguridad de sus
propiedades y de los frutos de la libertad».
Pero la realidad del caudillismo se impuso a continuación. El propio Bolívar,
consciente de las insuficiencias liberales del continente, afirma en su famoso
discurso de Angostura: «La libertad es un alimento suculento, pero de difícil
digestión. Nuestros débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu
mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad». Como
señala el profesor Morales Padrón, «partiendo del autoritarismo de la Metrópoli,
pasaron al liberalismo abstracto para volver al autoritarismo esgrimido en
nombre del republicanismo». Al final de sus días, el propio Bolívar, desengañado
ya, escribe «el que sirve a una revolución, ara en el mar». Un caudillismo
que, nacido siempre con la vocación del interregno, dividiría Hispanoamérica
de manera arbitraria y artificial, sumiría sus tierras en guerras civiles recurrentes,
se sucedería y multiplicaría por todo el continente durante más de ciento
cincuenta años —con excepciones notables—, y terminaría por debilitar el
subcontinente frente a los hegemónicos Estado Unidos, que terminaron provocando,
al albur de demasiada injusticia y demasiado golpe militar, el nacimiento
de guerrillas revolucionarias de corte, una vez más, totalitario, esta vez de índole
marxista. Inestabilidad, dispersión, fragmentación, debilidad.
«Lo peor —dirá Paz refiriéndose a México— fue la mentira...en nombre de
la ideología liberal y del positivismo se implantó una dictadura».
europa y latinoamérica 119

d) Los derechos y las libertades, ahora. La relación actual entre la cultura
política española y las culturas políticas de los países hispanoamericanos
exige una consideración previa: en toda nuestra comunidad de
países, a uno y otro lado del Atlántico, se han producido importantísimas
evoluciones políticas.
Respecto de España, el cambio de Régimen y la democratización de la vida
española, la normalización de nuestras relaciones internacionales, la consecución
de la normalidad institucional española en los foros occidentales, la función
de regeneración de nuestra imagen en el exterior llevada a cabo por el Rey
de España y la modernización de nuestra economía y sociedad, nos ha transformado,
ante los países hispanoamericanos, en un modelo de transición que tener
en cuenta; ha reforzado nuestra legitimación como actores políticos en Iberoamérica
y, en fin, nos ha dado entidad internacional suficiente como para ser
un país útil para Hispanoamérica. A los lazos históricos y culturales, España
une ahora, vista desde el otro lado del Océano, su creciente utilidad internacional.
Por otro lado, la «comunidad en los problemas» produce un mutuo efecto
psicológico de aproximación entre unos y otros: nosotros, que hace no tanto
hicimos nuestra propia Transición, no nos dirigirmos a ellos con altanería;
ellos, que atraviesan ahora nuestro pasado inmediato, se dirigen a nosotros sin
viejos recelos. Compartir el problema nos iguala y, al igualarnos, nos aproxima.
Una cuestión de actitud.
Por otro lado, el continente ha experimentado en los últimos tiempos cambios
importantes en su cultura política. La vuelta a la democracia liberal de países
como Argentina, Chile o Uruguay. Los procesos de pacificación de Colombia
y la tan devastada región centroamericana. La transición política que
México está operando en este momento clave de su historia. La propia evolución
política del Perú o de Ecuador. Datos todos ellos que sitúan a los actores
políticos de nuestras relaciones internacionales en un momento excepcional.
En ese sentido, España ha hecho de su política iberoamericana una prioridad
internacional. Y esa prioridad debe reflejarse también en la política española en
relación con la Unión Europea. A España le corresponde concienciar a Europa
de la conveniencia de incrementar sus relaciones con Latinoamérica, y de que
solo a través de España se encontrará el camino adecuado de la cooperación. O
se hace así, o las relaciones con Latinoamérica se acabarán transformando en
relaciones de segundo grado, a través de la comunidad anglosajona (Inglaterra-EEUU-Latinoamérica).
España ya ha comenzado su participación bilateral en un campo que, si no
me equivoco, está muy directamente relacionado con la garantía de los derechos
fundamentales y las libertades públicas: se trata de la participación española
en los programas para la Gobernabilidad Democrática de la región centroamericana.
Se trata de ayudar a determinados países a revitalizar y fortalecer sus instituciones
para la democrática gobernación de sus sociedades y la modernización
de sus estados. Colaborar con ellos en las reformas para «el buen gobierno»
en unos países en los que, muchas veces, la carencia fundamental reside en
la ausencia, si no del Estado propiamente dicho, sí de la articulación política de
un Estado bien estructurado y con capacidad de adoptar las decisiones políticas,
sociales y económicas determinantes para la comunidad. Un Estado de Derecho,
Democrático, capaz de gobernar y de garantizar la igualdad, la libertad y
los derechos humanos. Naturalmente, la experiencia española de sus cambios
120 europa y latinoamérica

constitucionales, de la adaptación de su legislación en todos los órdenes —civiles,
criminales, laborales, administrativos y mercantiles—, de reforma de la administración,
de adecuación los cuerpos policiales y funcionariales, tiene un
valor añadido que no admite competencia en el marco de las relaciones internacionales.
En lo que tiene incidencia directa en la preservación de los derechos humanos
y de las libertades públicas, la presencia española en los programas de gobernabilidad
se está centrando en las siguientes áreas:
En primer lugar, en lo que se refiere a los programas de reforma de los
CuerposdeSeguridadyalaconversión de cuerpos policiales de naturaleza y
dependencia militar en cuerpos de dependencia del poder civil, son determinantes,
primero, las reformas legislativas necesarias para que la garantía de los
derechos se convierta en la función policial por excelencia; segundo, que la cooperación
española continúe abarcando los planes de formación en derechos
humanos de los mandos de esas fuerzas y cuerpos de seguridad, de manera que
sus agentes interioricen, allá donde aún no lo hubieran hecho, los códigos
deontológicos propios de cualquier país democrático avanzado.
En segundo lugar, dichos programas de gobernabilidad abarcan ya la formación
de quienes desde el Poder Judicial tienen la misión de que la justicia se
imparta en el marco de la realización efectiva de los derechos fundamentales y
las libertades públicas.
En tercer lugar, la asistencia a los programas de reforma de las administraciones
públicas que tiendan a la consecución de una mayor aproximación entre
administradores y administrados: especialmente, el fortalecimiento del poder y
de la administración municipal.
Por último, la asistencia a los Parlamentos como núcleos fundamentales en
los procesos de reforma.
En el ámbito de los derechos humanos, quizá se eche en falta, primero, un
programa de cooperación global y, segundo, un programa en materia de régimen
penitenciario de los reclusos. Cierto es que ya existen Convenios para países
específicos, pero es mucho lo que España podría hacer, por ejemplo, en el
ámbito de las infraestructuras penitenciarias hispanoamericanas, cuyo estado,
demasiadas veces lamentable, dificulta el respeto de los derechos de los internos
y su posterior rehabilitación y reinserción social. Podría proponerse, bien en el
marco de la Unión, bien desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, la
elaboración y/o ejecución de Planes de infraestructuras penitenciarias para la
sustitución de las viejos penales, en su mayoría obsoletos, con reclusos hacinados
y con sistemas de seguridad deficientes, por modernos centros penitenciarios.
También en el ámbito de los partidos políticos queda toda una tarea por delante.
Las Internacionales de unos y otros partidos políticos pueden servir
como cauce para la asistencia política no institucional a esos países, así como
para la difusión de las conductas de deontología política propias de los sistemas
democráticos. Y, en fin, en el ámbito de las fundaciones privadas, es mucho lo
que la sociedad civil europea y española pueden acometer.
Por otro lado, especialmente significativo es el camino abierto por la celebración
de las Cumbres Iberoamericanas que, pese a su en ocasiones excesivo
voluntarismo sin efectos concretos, pese a la retórica que demasiadas veces ha
presidido esos encuentros al más alto nivel, pese a lo declarativo de sus conclusiones,
constituyen el embrión de la futura institucionalización de la Comunidad
Iberoamericana.
europa y latinoamérica 121

De las ocho Cumbres celebradas hasta la fecha, lo más destacable son los
programas concretos de cooperación como, sobre todo, el efecto beneficioso
que han tenido en el proceso de integración política de Iberoamérica. Además,
el apoyo a la integración iberoamericana, el reforzamiento de los lazos con la
Unión Europea, es esencial para la consolidación europea y para el lugar de
España en Europa. De ahí la propuesta española de continuar el camino abierto
en Río de Janeiro en 1999 y celebrar, esta vez bajo la presidencia española, una
nueva Cumbre U.E./Iberoamérica que, tanto desde el punto de vista de las políticas
de gobernabilidad como desde el punto de vista de la política cultural,
educativa y cultural de la Unión, tendrá indudables ventajas para los países hispanoamericanos
y reforzará la posición de España ante la Unión Europea. Se
trataría de llevar a término —actualizándola— la propuesta que hiciera hace ya
años Julián Marías de convertir a España «en la plaza» común de esos países, de
manera que pasáramos a ser una especie de punto de encuentro y foro de negociación
de sus intereses, no ya entre ellos mismos, sino respecto de Europa.
Hasta la fecha, la celebración de las ocho cumbres Iberoamérica/España ha
tenido esperanzadoras consecuencias en el ámbito cultural: se han creado programas
para la calidad educativa, para el desarrollo audiovisual, de comunicación,
para el desarrollo de archivos iberoamericanos, para la alfabetización, becas
MUTIS, así como la creación del fondo para el desarrollo de los pueblos
indígenas. No ha surgido, sin embargo, de las citadas cumbres, el diseño conjunto
de un programa global para la preservación de los derechos humanos.
2. Área segunda. La lengua
Dice José Luis Pinillos que el lenguaje es uno de los medios que favorece o
ha favorecido más la ofuscación. Es expresión del pensamiento pero también
prisión del pensamiento. Refleja y configura una determinada estructura mental,
un rudimento deductivo concreto.
¿Puede decirse que una lengua determinada sea también vehículo de libertad
Como regla de principio, toda lengua, por el mero hecho de serlo, es factor
de libertad. «Poseer una lengua —dice Manuel Alvar (La lengua como libertad)—
no es estar emparedados en una celda que nos aprisiona. Poseer la facultad
de comunicación es ser dueños de una infinita libertad». Ahora bien, en mi
opinión, como quiera que la vocación de toda lengua es precisamente la comunicación
entre seres humanos, cuanto mayor sea el espectro de personas al que
podamos llegar, cuanto mayor acceso tengamos a las ideas ajenas, mayores posibilidades
de realización tendrá la libertad. Una lengua universal suele favorecer
la libertad. Pero también las lenguas son políticamente manipulables, y
pueden llegar a convertirse en vehículo para la exclusión o la imposición. Naturalmente,
cuanto más universal sea una lengua, menos manipulable será.
Cuanto menos universal sea, será más vulnerable a la manipulación política.
No hay lenguas libres o serviles (Alvar). Las lenguas, podría decirse, son inocentes,
neutrales si se quiere, pero no indiferentes.
Una lengua supranacional, como el español, hablado en más de veinte naciones,
no puede ser ya una lengua etnicista o un instrumento para la identidad
nacional. Evidentemente, el español ha dejado de tener la metrópoli lingüística
en España, y hoy identifica a una comunidad cultural, a un espacio cultural
compartido, no a un país concreto. Una lengua geográficamente reducida y de-
122 europa y latinoamérica

mográficamente limitada, es mucho más vulnerable a la etnicidad y a la ensoñación
racial.
Herder y los movimientos románticos del XIX atribuyeron a la lengua una
función identitaria, simbólica, representativa, espiritual (luego la psicología del
lenguaje ha desmentido el mito) que, como dice Gregorio Salvador, no les compete.
La función de la lengua es otra, es la comunicación entre seres humanos
que discurren, que tienen creencias, ideas, sentimientos, pasiones, inquietudes.
Pero los postherderianos atribuyeron a la lengua el carácter de sujeto, no de objeto.
De esta manera —algunos lo pretenden— las lenguas han terminado por
tener determinados derechos subjetivos que, a su vez, legitiman potestades políticas
para la imposición a los ciudadanos de, v.gr., planes de inmersión lingüística
que no son ni espontáneos ni voluntarios y que, a estas alturas de la historia,
responden ya a una pura imposición cultural.
Pero las lenguas no tiene derechos. Son los hombres los que ostentan el derecho
a expresarse en una u otra lengua.
Cuanto más universal sea una lengua, más favorecerá el reconocimiento del
otro. Cuanto más favorezca el reconocimiento del otro, más contribuirá a su libertad.
Julián Marías ha hablado de la existencia de lenguas de humanización
recíproca. En efecto «las lenguas universales son las que han sido transmitidas
de unos pueblos a otros, y han llegado a ser —esto es esencial— la lengua propia
de estos pueblos que las han recibido. Es decir, han sido instrumentos para
la superación del aislamiento entre pueblos (...). Estas lenguas han sido los factores
más importantes de humanización recíproca».
Cuanto más universal sea una lengua, mayor amplitud de comunicación
aporta al individuo. El español es lengua universal y goza de esas características.
Es universal, en primer lugar, por su enorme cohesión interna, una cohesión
que, si históricamente debe su razón de ser a razones lingüísticas y culturales,
hoy se articula, por un lado, gracias a esa de facto comunidad hispanoamericana
de Academias de la lengua española que establecen normas comunes para
toda las sociedades hispanohablantes, y por el otro lado, a la «conciencia de comunidad
lingüística» asentada en todos los países de habla española, gracias a
la cual, por ejemplo, se celebró en 1997 en Zacatecas el primer Congreso Internacional
de la Lengua Española, se ha celebrado en octubre de 2001 el segundo
Congreso en Valladolid y se celebrará el tercero en el 2004 en Buenos Aires. La
regularidad de estos Congresos favorece sin duda la continuidad en el tiempo
de esa cohesión que facilita el progreso del español. Esa «conciencia de comunidad
lingüística» favorece la cohesión y actúa como factor determinante para su
expansión exterior. La cohesión permite que se comuniquen sin dificultades todos
sus hablantes, cualesquiera que sea su procedencia geográfica o nivel cultural,
porque, como señala Gregorio Salvador, una de sus características, frente a
lo normal en otras lenguas, es su fluidez vertical, la facilidad con que se pasa de
registros cultos a populares, la ósmosis constante entre lengua hablada y escrita,
de manera que entre lengua coloquial y escrita no existe esa barrera infranqueable
que aísla, en otros idiomas, el uso habitual del uso ritual de la escritura.
La enorme homogeneidad del español lo convierte en lengua democrática. Esa
accesibilidad no es solo vertical, sino sobre todo horizontal o geográfica: el español
hablado a ambos lados del Océano es enteramente inteligible para la totalidad
de los hispanohablantes: desde la Patagonia a Castilla, desde Canarias a
Veracruz, allí donde se expresa un hispanohablante, su lengua es enteramente
inteligible por los demás.
europa y latinoamérica 123

Es universal, además, porque es multitudinaria: cuatrocientos millones de
personas piensan, sienten y se expresan en español, de los cuales 350 millones
tienen el español como lengua materna. El vigor, la vitalidad demográfica de las
sociedades hispanas de todo el continente americano, no hace sino reforzar y
afianzar esa característica multitudinaria del español.
Es universal porque proyecta una cultura que es también universal, y es,
además, una de las lenguas universales más prestigiadas culturalmente. La literatura
escrita en español ha ocupado desde su nacimiento hasta ahora mismo
un lugar sobresaliente en la literatura universal.
Es universal porque supera el llamado árbol genético de un pueblo y deja de
identificar a un solo grupo nacional (España) para pasar a identificar a
350.000.000 de seres humanos repartidos en una veintena de países. Es lo que
Uslar Pietri llamó «el reino de Cervantes». Es decir, que el español, como ha señalado
García de la Concha, es multipolar, lo que significa que ya no es un patrimonio
de España que compartamos desde una posición de superioridad con
otros países, sino que lo compartimos en condiciones de igualdad. ¿Dónde se
encuentra ahora la metrópoli lingüística No desde luego en España, donde los
fenómenos de la inmersión lingüística debilitan el español en al menos dos de
sus regiones. ¿En México ¿En Perú ¿En Argentina En ningún sitio y en todos.
En esa conciencia de comunidad lingüística que los hispanohablantes poseemos.
Como dice Julián Marías, no hay lugares privilegiados en que se haga la
lengua frente a otros en que simplemente se use, porque la innovación lingüística
es tan viva en España como en Hispanoamérica. No en vano, en el Congreso
de Valladolid se ha presentado el primer Diccionario de la Lengua Española al
se incorporan los americanismos gracias una labor de compilación de las particularidades
del español, llevada a cabo por las veintidós Academias de la Lengua
Española. Como ha dicho Juaristi «En tiempos de globalización, ninguna
variedad local puede arrogarse la excelencia en una lengua de relación internacional
como el español».
Pero, además, el español es universal gracias a su enorme dinamismo: basta,
al efecto, comprobar el contenido de los dos primeros Congresos: en Zacatecas,
el español y los medios de comunicación; en Valladolid, el español en la sociedad
de la información.
Un dinamismo que mantiene su potencia cultural y la convierte en proyección
económica de los países hispanohablantes. Elemento de desarrollo económico,
bien cultural de gran creación de riqueza, es capital ahora que encuentre
su lugar en la denominada Sociedad de la Información y de las telecomunicaciones.
Como dice Rodríguez Lafuente, «las lenguas se juegan su futuro en el
ámbito de las nuevas tecnologías de la información, como hace cinco siglos se la
jugaron con la aparición de la imprenta». Y si la incorporación del español a
Internet fue bastante tardía, su progresión en la red es muy superior a la de otras
lenguas. En el ámbito del lenguaje científico, el retraso es más considerable. El
Congreso de Valladolid ha cobrado, así, una dimensión muy especial. Es el esfuerzo
y la voluntad decidida de una expresión cultural de competir en los mercados
económicos y culturales con otras expresiones lingüísticas.
Ahora bien, además de universal, es también una lengua eminentemente
europea. ¿Lo es ¿Tiene ese status en la Europa oficial de la Unión Lamentablemente,
no en la medida en que debiera. Parece como si el español hubiese arrastrado
a las Instituciones Europeas el lugar insuficiente que ocupa en los organismos
internacionales. La tardía y tan ansiada incorporación de España a la
Comunidad Europea, en cuya negociación España hubo de dejar, entre otros ji-
124 europa y latinoamérica

ones, el del idioma; la vieja preponderancia del francés como lengua culta y
oficial por excelencia (un lugar que Francia se niega a abandonar); la potencia
económica, política y social del inglés; el poderío demográfico y político del
alemán, son dificultades que han impedido, hasta la fecha, que el español ocupe
el lugar que, como segunda lengua universal, le correspondería.
Una hojeada al denominado Reglamento número 1 de la Unión —donde se
regula la utilización de las lenguas— ofrece el siguiente balance del español: si
bien en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Comisarios, en el Comité de
las Regiones y en Consejo Económico y Social se utilizan todas las lenguas oficiales
de los Estados Miembros, el lugar del español tanto en la Comisión como
en el Consejo es claramente insuficiente. En el Consejo propiamente dicho, es
decir, el nivel superior de carácter decisorio, siempre se cuenta con servicios de
traducción de todas las lenguas oficiales. En el nivel intermedio (COREPER) la
situación varía: los Estados miembros han aceptado que, en la práctica, los debates
tengan lugar únicamente en inglés, francés y alemán. En los grupos de trabajo,
la falta burocrática de medios ha determinado que, con carácter general,
se utilicen únicamente el inglés y el francés. Ni siquiera en los grupos de trabajo
del Consejo relativos al denominado Segundo Pilar (política exterior de la
Unión) se utilizan lenguas distintas del inglés y el francés e, incluso en los dos
grupos de trabajo directa y específicamente dedicados a la cooperación económica
y política con Latinoamérica (AMLAT y COLAT), el español brilla por su
ausencia. Respecto de los trabajos de la Comisión, la práctica ha convertido en
lenguas de trabajo al inglés, francés y alemán. Naturalmente, los documentos se
traducen al español pero la lentitud de los servicios hace que cuando llega el
texto vertido a nuestra lengua ya es demasiado tarde.
En conclusión, si bien reglamentariamente el español se encuentra en situación
de paridad con las demás lenguas oficiales, de facto está considerada
como «cuarta lengua» (por detrás del inglés, francés y alemán).
Al iniciarse la Presidencia francesa de enero de 1995, el Presidente Mitterand
intentó abordar la modificación de la utilización de las lenguas distinguiendo
entre lenguas oficiales —tantas como Estados— y lenguas de trabajo
(dando status jurídico a la utilización en los grupos del inglés, francés, alemán
y español). Pero el Parlamento Europeo, sobre la base del multilingüismo de
Europa, evitó lo que —entendió— era una discriminación. Un multilingüismo
que, sin embargo, la práctica diaria de los grupos ha transformado en bilingüismo.
En todo caso, parece evidente que, al menos en los grupos relativos a Latinoamérica,
el español debería ser lengua de trabajo habitual.
Una posición, en fin, de relativo menosprecio que está estrechamente relacionada
con el olvido comunitario de Latinoamérica. Entre las grandes áreas de
acción política y de interés cultural de la Unión no está Latinoamérica. Un olvido
que es sobre todo una torpeza para Europa y una oportunidad perdida para
España, porque la promoción de la integración iberoamericana, y el reforzamiento
de los lazos políticos y culturales con la Unión Europea, es esencial para
la consolidación y fortalecimiento de Europa como actor internacional. Un
mundo multipolar favorece, como ha señalado Eduardo Gutiérrez, a la Unión
Europea ante los Estados Unidos de América, Rusia o Japón. España debe potenciar
y liderar las relaciones de la Unión con Hispanoamérica, sobre todo en
el ámbito de la cultura. Debe hacer notar el peso enorme de lo hispano, no solo
en relación a un subcontinente de enorme potencial, sino también en relación
con su creciente influencia demográfica, cultural y social en los Estados Unidos.
europa y latinoamérica 125

Con treinta millones de hispanos los Estados Unidos son el quinto país hispanohablante
del mundo. El español es ya el primer idioma extranjero en las escuelas.
Y gracias a un convenio entre Televisión Española y la plataforma digital
más importante de América, los canales de RTVE se pueden ver ya en gran parte
del territorio estadounidense. Hay un Instituto Cervantes en Nueva York y
otro en Chicago. Un poder geopolítico de tipo cultural que ni España ni Europa
deben desaprovechar. La suerte de España en el concierto internacional, el futuro
de Hispanoamérica en un mundo que es a un tiempo global y local, las posibilidades
de nuestra cultura y de nuestra economía en el mercado, dependen
también de la suerte que corra el español.
3. Área tercera. Cultura y sociedad: flujos migratorios,
Pluriculturalidad y multiculturalidad
El choque de civilizaciones y de épocas que se produce con la colonización y
transculturización da lugar a una sociedad distinta, exuberante: la sociedad del
mestizaje, que es ya una sociedad multicultural y multiétnica. Una sociedad
multiétnica que, sin embargo, se hace coherente gracias, cuando menos, a dos
legados: el sentimiento religioso y la expresión lingüística. En 1963, en la ciudad
mexicana de Morelia, Julián Marías asiste, rodeado de indios, a una misa en la
iglesia de San Francisco. Marías escribe: «Sus rostros, tan dignos, tan bellos casi
siempre, su manera de vestir, su gesto sereno y concentrado, todo era distinto
de mí, de lo mío. Eran indios, un pueblo de otra raza, separado por abismos étnicos,
ajeno (...). Pero de repente se pusieron a cantar. En español, claro; en mi
propia lengua, que era la suya. Y todo dio un vuelco. Porque la lengua española
daba una nueva interpretación a todo aquello que estaba viendo. Aquellos
hombres, aquellas mujeres, aquellos niños, instalados en una raza que no era la
mía, que nada tenía que ver conmigo, estaban también instalados en la lengua
que empezó a ser el romance de Castilla y ha acabado por ser el español universal».
El mestizaje alumbró la que probablemente ha sido la primera sociedad
multicultural. Al elemento indio se superpuso el elemento español y, a estos, el
elemento negro. Más tarde, la inmigración china, japonesa, italiana, alemana,
rusa, otra vez española, terminaron de configurar el crisol latinoamericano.
Gracias a la lengua, a la religión, al acervo cultural que comparte con Latinoamérica,
España, sociedad pluricultural, puede abrirse, sin debilitarse, sin debatirse
si quiera, a una sociedad multicultural que no la hace peligrar. ¿Pueden
decir lo mismo Francia, Italia, Holanda o Alemania de sus viejas colonias De
los viejos estados europeos, Inglaterra es, en mi opinión, la otra excepción
(¿una coincidencia que se explica por la lengua).
Si se estudian los flujos migratorios de ida y vuelta entre Latinoamérica y
España, se puede deducir que la interculturización ha sido una constante entre
nosotros.
La verdad es que, grosso modo, siempre Hispanoamérica fue para España
tierra de emigración. Pero de los cinco millones de españoles que cruzaron el
Atlántico durante cinco siglos, solo uno de cada siete lo hizo antes de la pérdida
de las colonias. En cualquier caso, desde las primeras y grandes oleadas migratorias
de la conquista y primera colonización del siglo XVI, hasta los transterrados
de la guerra civil, pasando por la corriente migratoria ilustrada compuesta
por gentes que en siglo XVIII acudieron a las Américas para investigar e inven-
126 europa y latinoamérica

tariar la fauna, flora y geografía de un continente todavía nuevo, o por la gran
corriente migratoria de la sociedad industrial que entre 1880 y 1915 cruza compulsivamente
el océano en busca de una oportunidad, lo cierto es que siempre
Hispanoamérica fue, cuando no el desahogo sí la prolongación humana natural
—por cultural— de España. Un hecho que, curiosamente, no se produce a la
inversa hasta hace no mucho. Muy brevemente, veamos los rasgos principales y
efectos más notables de cada una de esa corrientes.
Las expediciones científicas españolas del XVIII tienen dos causas: la curiosidad
científica de las luces y el aprovechamiento farmacológico, médico, agrícola
y comercial que sin duda ofrecían los descubrimientos científicos de las expediciones.
Pero, además, durante la época de las luces, se produce una
corriente migratoria a América que, como señala la profesora Márquez Macías,
no tiene causa en los «factores de expulsión» (pobreza, paro) de la industrialización,
sino en «factores de atracción» que parten de la economía colonial y
producen por tanto «una salida selectiva» y no masiva de españoles hacia América.
Entre 1765 y 1800, más de 11.000 españoles, en su mayoría procedentes de
Cantabria, País Vasco, Navarra y, en menor medida, Galicia y Cataluña —(frente
al papel migratorio que tuvieron Andalucía y Extremadura en el siglo XVI—,
se instalan, sobre todo, en las posesiones americanas de Nueva España y México.
En estos momentos, los emigrantes españoles en la América Hispana no superaba
la cifra de 30.000 en una población compuesta por 2.700.000 blancos,
7.500.000 indios y 5.000.000 de mestizos y gente de todo color. De acuerdo con
las clasificaciones raciales del propio siglo XVIII, convivían: los hijos de español
y española peninsulares, españoles; los de criollo y criolla, criollos; los de español
e indígena, mestizos; los de español y negra, mulatos; los de negro e india,
zambos; los de mestizo e india, cholos; los de mestizo y española, castizos; los de
mulato y española, moriscos; los de español y morisca, albinos; los de negro y
zamba, zambo prieto. El caso es que, como señala el profesor Lucena Giraldo, la
división bipolar de principios del XVI entre españoles e indios, había dado lugar
a finales del XVIII a una sociedad multiétnica resultado de la extensión de
toda suerte de mestizajes, el amancebamiento, la poligamia, el concubinato o la
barraganía. Y si la concordancia entre estamento y etnicidad fue un rasgo significativo
de aquella sociedad, el emigrante español, sin embargo, solía encontrarse
muy a menudo con la resistencia y el desprecio de las viejas oligarquías
criollas.
La corriente emigratoria de la sociedad industrial es ya netamente económica
y obedece, sobre todo, a «factores de expulsión» aunque también de
«atracción». Hacia 1830, los recién inaugurados países de todo el continente
americano tenían una población de unos cuarenta millones de habitantes. Cien
años más tarde, los habitantes eran doscientos cuarenta millones. Se produce,
por tanto, una emigración masiva de Europa —Inglaterra, Alemania, Rusia, el
Imperio Austro-Húngaro, Italia, Portugal, Francia y España— hacia América y,
mientras el continente multiplicaba su población por seis, Europa apenas la
duplicaba. La causa fundamental fue la superpoblación de las campiñas europeas,
que cerraba el porvenir de muchos hijos de agricultores.
En lo que se refiere a España, hasta 1860 la mayoría de la emigración —unas
doscientas treinta mil personas— tiene destino en las todavía posesiones españolas,
principalmente Cuba, aunque a medida que se van reconociendo las
nuevas repúblicas surgidas de la emancipación los destinos se diversifican fundamentalmente
hacia Venezuela, Uruguay, Argentina y Brasil. Gallegos, canarios,
asturianos, catalanes, andaluces, cántabros, vascos, salen de España en
europa y latinoamérica 127

usca de fortuna o de mera supervivencia, mientras las regiones del interior peninsular
apenas producen emigración. Braceros, ganaderos, pequeños agricultores,
comerciantes. Clases bajas y medias en busca de mejor fortuna conforman
una radiografía migratoria que es casi la de la sociedad española. De no
haber existido una América, dice el profesor Eiras Roel, «la emigración española
hubiera tenido que inventarse otra salida. ¿A dónde Africa o Australia parece
que hubieran podido ser, en el mejor caso, las alternativas. El desarraigo cultural
del emigrante español hubiera sido mucho mayor en tal caso».
La Constitución española de 1869 recoge por primera vez la libertad de
emigración. En 1903 se suprime la necesidad de pasaporte o permiso especial y
en 1907, ante los abusos que comenzaban a proliferar contra los emigrantes
—nada nuevo bajo el sol—, se dicta la Ley de Emigración que, con un carácter
claramente tutelar, establece sanciones penales contra quienes trataran delictivamente
a los emigrantes. Se había abierto ya la denominada «emigración en
masa». Entre 1882 y 1896, el saldo neto de emigrantes alcanza aproximadamente
la cifra de 350.000 personas. En las tres primeras décadas del siglo la cifra se
eleva hasta los 2.600.000 emigrantes, en su mayoría agricultores o personas sin
profesión definida que, procedentes de Canarias, Galicia, Asturias y Cantabria,
habían partido con la intención de regresar adinerados y triunfantes para engrosar
la pléyade de ese tipo humano singular —el indiano— que no llegarían a
ser. Dos millones seiscientas mil personas que, como señala el profesor Bielza,
«contribuyeron a valorizar un continente (...) de escasos recursos demográficos.
Además necesitaba mano de obra para su naciente industria y su agricultura
en proceso de industrialización, en unos momentos en que los países europeos
menos industrializados presentaban excedentes en su sector primario.»
Entre 1869 y 1915, Argentina recibió con los brazos abiertos a cerca de un millón
y medio de españoles. Una cifra y una actitud para retener en la memoria
colectiva de la España actual.
Tras la guerra civil se produce una emigración económica y un exilio político.
La emigración económica a Iberoamérica trae causa de la depauperación
española de postguerra, de manera que vuelve a convertirse en la solución alternativa
a la pobreza. Aislada España internacionalmente, la denominada amistad
argentina del régimen de Perón así como la del General Trujillo llevaron al
Régimen a considerar la emigración como elemento-clave para el crecimiento
económico, el alivio de tensiones sociales, la superación del aislamiento y el reforzamiento
de lazos culturales. Poco a poco, la acción diplomática española
fue abriendo la mayoría de los países iberoamericanos a nuestra emigración.
Entre 1946 y 1965 el número de Tratados con los países iberoamericanos se triplica,
y cobran especial relevancia los destinados a la protección laboral yala
cobertura de la seguridad social de nuestros inmigrantes. La emigración española
se ordena: los trabajadores emigran previo contrato de trabajo y utilizan
los cauces de relación facilitados por las dependencias oficiales españolas en el
exterior. En definitiva, como señala el profesor Calduch Cervera, se «articuló
una estructura institucional y funcional con el fenómeno de la emigración a
Iberoamérica, gracias a la cual podemos hablar de la existencia, por primera
vez, de una auténtica política migratoria de Estado».
Cuarenta años más tarde, la situación se ha invertido. La inestabilidad política
del continente latinoamericano, la ausencia de políticas económicas adecuadas
y sostenidas en el tiempo, la losa brutal de la deuda externa, las guerrillas,
las dictaduras, la casi siempre desafortunada intervención de los Estados
128 europa y latinoamérica

Unidos en la zona —sobre todo centroamericana—, ha conducido a una depauperación
y a una crisis sin precedentes en algunos lugares de la América
Hispana. Hoy nos enfrentamos, desde uno y otro lado del Atlántico, con la necesidad
de ordenar las oleadas de inmigración en masa que desembarcan desde
hace algunos años en España. ¿Cómo y con qué parámetros hacerlo Estamos,
no ante un problema meramente español, sino ante un problema que afecta a
toda la comunidad iberoamericana de países y que desde ella debe ser abordado.
Quizás en el orden del día de las Cumbres de los próximos años deba figurar
la necesidad de articular una política coherente, ordenada y conjunta en materia
de inmigración. Una política con instituciones creadas al efecto tanto en los
países emisores como receptores de flujos migratorios.
La inmigración en España es un fenómeno relativamente reciente. Es a partir
de los años ochenta cuando el fenómeno comienza a cobrar cierta envergadura
política, económica y social. En 1985 se dicta la primera ley, claramente
restrictiva, al efecto. Pero las estructuras estatales apenas son modificadas para
canalizar y ordenar el fenómeno migratorio. A partir de mediados de los años
noventa, el fenómeno se dispara y, sobre todo procedente del norte de África, la
inmigración ilegal comienza a generar una preocupación política y social de dimensiones
hasta entonces desconocidas. Surge entonces la necesidad de diseñar
una nueva «política de extranjería» capaz de garantizar la convivencia entre
españoles y extranjeros, al tiempo que asegurar el cumplimiento de los compromisos
contraídos por España con sus socios de la Unión Europea. A partir
de la Cumbre de Tampere, la Unión está estudiando el diseño de una política
común de inmigración en la que incluir, como aspectos fundamentales, la cooperación
al desarrollo de los países de origen y conseguir dotar a los movimientos
migratorios de un valor añadido mediante la cualificación de los inmigrantes,
facilitar su retorno voluntario e incrementar los créditos presupuestarios
para la realización de proyectos en dichos países.
En España, mientras, sobre la base de la capacidad de acogida limitada de
nuestro sistema económico y social, se perfila una nueva política de Estado para
ordenar los flujos migratorios, controlar la entrada de inmigrantes en función
de la oferta real de puestos de trabajo, favorecer la entrada de extranjeros con
contrato de trabajo firmado, disuadir la inmigración ilegal —mediante la lucha
contra las redes de inmigración ilegal, la tipificación legal de esa conducta, el
endurecimiento de las sanciones contra empresarios que contraten trabajadores
irregulares—, favorecer la integración social de inmigrantes y luchar contra
la xenofobia y el racismo. Dicha política se articula desde tres principios: ser
implacables contra las mafias que trafican con seres humanos, ser humanitarios
con los inmigrantes y ser rigurosos en el control de fronteras. A tal fin comienzan
a adoptarse una serie de medidas como la creación de la Delegación
del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración como órgano horizontal y de
coordinación de todas las vertientes de la política migratoria; la nueva Ley de
Extranjería que incluye un detallado catálogo de derechos para los inmigrantes;
la elaboración y aprobación del Programa Greco, que incorpora 72 medidas; la
creación del Observatorio Permanente de la Inmigración, como célula de reflexión
sobre el fenómeno y la política de inmigración; la regulación del Foro para
la Integración Social de los Inmigrantes, etc.
¿Y los flujos procedentes de la América Hispana Frente a los trescientos mil
ciudadanos comunitarios residentes en España o los doscientos quince mil magrebíes
regularizados, el censo actual de latinoamericanos legalmente establecidos
en España ronda la cifra de las doscientas mil personas. De ellos, 31.000
europa y latinoamérica 129

ecuatorianos, 28.000 peruanos, 25.000 colombianos, 27.000 dominicanos,
19.000 cubanos, 16.000 argentinos, 10.000 brasileños, 6.000 chilenos, 4.800
mexicanos...todo ello sin contar, naturalmente, el alto volumen de inmigrantes
hispanos que viven irregularmente entre nosotros. En general, trabajadores de
baja cualificación que ocupan puestos en el servicio doméstico, la hostelería, la
construcción o la agricultura. ¿No parece que España está haciendo demasiado
poco en comparación a lo que Latinoamérica hizo, a lo largo de la historia, por
nosotros Cierto que ni nuestras capacidades de acogida ni las necesidades de
mano de obra del mercado español son equiparables a las de, v.gr., la Argentina
de los años veinte, pero los lazos históricos y culturales con Hispanoamérica
exigen llevar a cabo una serie de esfuerzos complementarios que los lazos culturales
posibilitan.
Hasta la fecha, se ha puesto en marcha un proceso, esperanzador y ambicioso,
desde la ya citada Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.
Se ha iniciado una actividad negociadora con los principales países hispanoamericanos
emisores de emigración y, en ese ámbito, se han firmado sendos
Tratados con Ecuador y Colombia y la firma con la República Dominicana parece
que no se va a demorar demasiado; se han creado Programas de Ayuda a
Desplazados (Colombia, El Salvador) y se ha desarrollado la denominada
«Operación Humanitaria para la documentación de ciudadanos ecuatorianos»
irregularmente establecidos en España.
Sin duda, es mucho lo que queda por hacer. Lo cierto es que la legislación en
vigor no contempla un régimen específico para los inmigrantes hispanoamericanos
—tal y como hacen la Constitución Española y la legislación civil en el
ámbito de la adquisición de la nacionalidad española— y que nuestras obligaciones
como Estado miembro de la Unión Europea en determinados supuestos
dificulta la inmigración hispana. Es el caso del régimen jurídico de los visados
que a partir del Reglamento comunitario de 15 de marzo de 2001 establece, tanto
la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de
la obtención de visado para cruzar las fronteras exteriores de la Unión, como la
de los países cuyos ciudadanos están exentos del mencionado requisito. Gracias
a la labor de las autoridades españolas ante la Unión, la lista de países latinoamericanos
exentos ha pasado a ser considerablemente amplia: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Quedan,
lamentablemente obligados a la presentación del correspondiente visado los
ciudadanos del Perú, Colombia, Cuba y República Dominicana. Una exclusión
que determinó la posición española de abstenerse en las votaciones finales del
reglamento en cuestión.
Otro tanto acontece con la homologación de los títulos universitarios que,
si hasta la fecha, dependía de los Convenios entre España y los Estados hispanoamericanos,
en la actualidad dicha homologación ha quedado sujeta a la inclusión
de cada país en las listas comunitarias correspondientes, todo lo cual
restringe, por un lado, la inmigración selectiva o titulada y provoca, por otro
lado, un considerable desconcierto y una lógica incomprensión en los ciudadanos
de Hispanoamérica. Es mucho, en consecuencia, lo que todavía queda por
hacer en esos ámbitos.
En todo caso, la vía de los Tratados Internacionales con nuestros países hermanos
ofrece aún enormes posibilidades. Dichos Tratados tienen por finalidad
abrir los cauces necesarios para que los trabajadores procedentes de esos países
vengan a España con un contrato de trabajo, con toda su documentación en re-
130 europa y latinoamérica

gla, con todas las garantías y derechos que nuestra legislación les otorga. Se trata
de eludir las redes de inmigración ilegal, de evitar las situaciones de esclavitud
a que aquellas les abocan, de favorecer la reagrupación familiar y la
integración social en nuestro país. Se trata de canalizar los flujos migratorios laborales
hacia los sectores económicos que los necesiten y de favorecer la creación
de hábitos de inmigración regular tanto en los trabajadores como en los
empresarios. Y se trata, finalmente, de que los países de origen hagan de su políticas
migratorias también auténtica políticas de Estado. De que también ellos
hagan un esfuerzo por ordenar y canalizar institucionalmente sus flujos migratorios
hacia España.
En todo caso, ¿no debería estudiarse la posibilidad de establecer un marco
legal específico para los emigrantes hispanos Es tarea de España convencer a
nuestros socios europeos para que tomen conciencia de las especialísimas características
de nuestros inmigrantes procedentes de los países Hispanoamericanos,
del carácter estratégico que para la propia Unión suponen las relaciones
con Iberoamérica y de la necesidad de comenzar a considerarla como área geográfica
de tratamiento singular en la política exterior de la Unión.
Los lazos lingüísticos y la existencia de un espacio común de Hispanoamérica
y España, de aquella sociedad multicultural con esta sociedad pluricultural,
favorecen la posibilidad de una integración en nuestra vida occidental. Ni
su cultura, ni su lengua difieren demasiado de la nuestra. No hay, pues, riesgo
cultural. Hay —debería haber— apertura cultural a un Nuevo Mundo que es, al
mismo tiempo, lo mejor y más antiguo del nuestro. La sociedad abierta de que
hablara Popper tiene ante sí el reto y la oportunidad de demostrar que todavía,
cuando se habla de choque de culturas, es muy capaz de continuar abierta a
otras sociedades sin el menor de los riesgos.
Las sucesivas Presidencias Españolas de la Unión son la oportunidad para
impulsar un régimen específico para los inmigrantes latinoamericanos, así
como para definir, en las Cumbres con los países iberoamericanos, un espacio
migratorio ordenado, con instituciones —a uno y otro lado del atlántico—
creadas al efecto y políticas para regular los flujos de manera coherente.
Conclusiones
1. Existen las bases históricas y culturales necesarias para la definición estratégica
y de conjunto de un espacio cultural común Hispanoamérica-España,
que hoy falta. La definición y puesta en funcionamiento de
ese espacio dará una mayor proyección internacional a la cultura hispana
e incrementará la presencia cultural de lo hispano en la Unión.
2. Existen suficientes vínculos históricos de pensamiento y de preocupación
por las libertades y los derechos como para acometer el diseño de
un programa específico sobre asistencia y protección de derechos humanos
Unión Europea-Latinoamérica, que hoy falta. Con la presencia
de la cultura política europea en Latinoamérica en materia de derechos
humanos, se ponen los cimientos para la cooperación política estratégica
en la estructura multipolar de relaciones internacionales.
3. El régimen lingüístico del español en la Unión es poco satisfactorio y
escasamente ambicioso, y su futuro está estrechamente ligado al grado
de interés que la Unión desarrolle por Latinoamérica. En consecueneuropa
y latinoamérica 131

cia, el mayor peso específico del español está vinculado al desarrollo de
políticas comunitarias referidas a Latinoamérica.
4. Falta el establecimiento de un régimen singular para la inmigración
americana y el diseño compartido de un espacio migratorio común
España-Hispanoamérica, regularizado con instituciones coordinadas
de los países emisores y los receptores.
5. Debería comenzar a trabajarse para acabar con el olvido cultural y político
comunitario de Latinoamérica. Así, podría estudiarse la posibilidad
de comenzar a diseñar estrategias al efecto entre los Estados miembros
—Portugal, Italia, España— con intereses y vínculos más
estrechos con Latinoamérica. Ese proceso, por razones evidentes, debe
ser liderado por España.
6. Una vez abordado y culminado el proceso de ampliación de la Unión,
debería poder introducirse como prioridad europea la definición de
un régimen de política exterior de la Unión específico para Latinoamérica.
132 europa y latinoamérica

REFLEXIONES SOBRE EL FORTALECIMIENTO
DE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL
EN IBEROAMÉRICA. UNA PROPUESTA
DE PACTO DE ESTADO PARA SU REFORMA
Enrique Arnaldo Alcubilla
Letrado de las Cortes Generales.
Profesor Titular de Derecho Constitucional
de la Universidad Rey Juan Carlos

A. Introducción
1. Resulta sorprendente la capacidad de penetración del Derecho español
en el ordenamiento legal —en mucha menor medida en el constitucional—
iberoamericano, aun a pesar de la fuerza expansiva también en este terreno de
los Estados Unidos. Si es cierto, como sin dificultad puede apreciarse, que el Derecho
Público y Privado de los países iberoamericanos es deudor de los Códigos
y Leyes españolas, curiosa y contrariamente no puede llegarse a idéntica conclusión
cuando nos referimos al modelo institucional, y no nos referimos ya al
sistema de gobierno presidencialista o al debilitamiento del Parlamento ni al régimen
federal limitadooalahipertrofiatecnoburocrática, sino al propio desarrollo
procesal o de garantías jurídicas y, en lo que aquí nos interesa, a la organización
del Poder Judicial. En fin, escrito con otras palabras, el Derecho
sustantivo iberoamericano, la regulación de las relaciones entre particulares
—civiles y comerciales—, de las infracciones penales y sus sanciones, de los
vínculos entre Administraciones o entre estas y los particulares, presenta destacados
elementos de similitud con el europeo continental, en términos generales,
y el español, en particular, por la fuerza de aproximación que ha supuesto el
permanente intercambio doctrinal, académico y político. Por el contrario, y
como consecuencia de la inicial admiración, y consiguiente imitación, de la
Constitución norteamericana, los países centro y sudamericanos hicieron suyo
su modelo institucional incluyendo, como aquí interesa subrayar, su organización
judicial, a pesar de las netas diferencias de toda naturaleza entre uno y los
otros países.
Contemporáneamente se abre paso un cierto distanciamiento con este
dualismo perturbador y se vuelven de nuevo, y con confianza, los ojos hacia el
viejo continente, y, en particular, hacia España que está realizando un considerable
esfuerzo en la cooperación política con Iberoamérica. En concreto, la
cooperación judicial es hoy considerada una prioridad para España, por cuanto
el Poder Judicial en Iberoamérica, cuyo déficit institucional de partida es reconocido
sin dificultad, es tomado hoy como instrumento básico para la consolidación
del Estado de Derecho, custodio de las libertades y garante del imperio
de la ley.
El concepto de fortalecimiento institucional cobrasuverdaderosentidoal
referirnos precisamente al fortalecimiento del Poder Judicial, pues sin este no
será posible dar contenido a la efectiva tutela de los derechos y libertades, y a la
efectiva exigibilidad del cumplimiento de los acuerdos, pactos y actos de toda
naturaleza. Las palabras de S.A.R. el Príncipe de Asturias en el discurso inaugural
de la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales
Supremos de Justicia, celebrada en junio de 2001 en Santa Cruz de Tenerife,
son singularmente expresivas: «No es extraño que uno de los rasgos que
europa y latinoamérica 135

destaca en la reciente experiencia comparada de las instituciones sea el robustecimiento
de las estructuras judiciales. Fortalecimiento en competencias y en
medios que, a la vez, se refleja en su presencia activa en la solución de las controversias
jurídicas, en el control de la actuación de los gobernantes y, naturalmente,
en la protección de los derechos de las personas».
La escasa atención prestada, hasta hace pocos años, al Poder Judicial como
piedra angular del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en Iberoamérica,
contrasta con el consenso alcanzado en el momento presente en torno
a la necesidad de abordar de frente la reforma judicial en dichos países, que
cuentan con arsenales normativos obsoletos y poco adecuados a las nuevas relaciones
económicas, con instrumentos procesales farragosos y lentos, con sistemas
judiciales ineficientes y que suscitan serios problemas de percepción en
la imparcialidad de quienes los sirven, y con situaciones de impunidad y desprotección
de derechos. A estas razones, que favorecen la preocupación institucional
por reformar y modernizar la Justicia en Iberoamérica, se unen, en el
punto de partida, otros elementos que la respaldan: la progresiva pérdida de
confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y, paradójicamente, al tiempo,
la cada vez mayor demanda de su tutela. Las palabras del magistrado de la
Corte Suprema de El Salvador, Hernández Valiente, ratifican lo dicho: «En general,
el salvadoreño mira y comenta el sistema judicial con el ceño fruncido;
no lo comprende, lo ve alejado de su realidad; tema que si tangencialmente llegara
a afectarlo, de tal contacto resultaría una experiencia negativa». Se revela
así una profunda insatisfacción y generalizada desconfianza en la Administración
de Justicia que contrasta, como se ha dicho, con la sed de derechos cuya garantía
demandan los ciudadanos de los jueces, muy señaladamente en las complejas
sociedades contemporáneas en las que los ciudadanos vuelven la mirada
hacia ellos requiriendo la adecuada y efectiva satisfacción de sus derechos e intereses.
Más que nunca deben recordarse las palabras de Kelsen en torno a que
los derechos cuya protección no puede exigirse de los jueces no existen como
tales derechos; solo cuando cabe instar su protección puede decirse que un derecho
es tal, pues en otro caso es mera expectativa carente de virtualidad.
2. La crisis de crecimiento, en un paradójico marco de crisis de confianza,
de la Justicia demanda su urgente y radical reforma, siempre postergada ante
otras acciones inmediatas. Y demanda su reforma, su transformación, porque
los ciudadanos y las sociedades iberoamericanas son conscientes que no es posible
su desarrollo sin una Justicia que funcione adecuada y eficazmente, lo que
quiere decir también con independencia. Como puso de relieve el Presidente
del BID, Enrique Iglesias, «únicamente en la medida en que se administre justicia
con independencia y eficacia se creará el clima de confianza pública, de estabilidad,
de transparencia, de exclusión de la discrecionalidad y de respeto de los
derechos de cada uno, que constituyen el marco indispensable para que se desarrolle
la iniciativa individual, la competitividad y el crecimiento en forma equitativa».
En definitiva, el progreso económico y social solo es posible en el marco
del Estado de Derecho, que se funda en la primacía de este garantizada por el
Poder Judicial independiente, cuya «hora, más que nunca, ha llegado», en expresión
afortunada del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial de España, Javier Delgado Barrio.
Sobre estas bases ciertas cabe entender sin dificultad los objetivos específicos
de la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales
Superiores de Justicia celebrada en Tenerife en mayo de 2001, objetivos
136 europa y latinoamérica

que se proyectarán y concretarán en las sucesivas la primera de ellas en Oaxaca
(México) en octubre de 2002. Tales objetivos son:
a) Defender la independencia del Poder Judicial como institución del
Estado, así como la imparcialidad y estabilidad de sus miembros, y
promover políticas que tiendan al establecimiento y desarrollo de sistemas
de carrera judicial.
b) Promover la eficacia en el desempeño judicial, incorporando criterios
de tiempo, cantidad y calidad en la evaluación de aquel, que en España
se definen como módulos.
c) Promover el desarrollo de políticas que tiendan a facilitar el acceso a la
Justicia.
d) Promover el desarrollo de políticas que tiendan a potenciar los mecanismos
de resolución alterna de conflictos, que concretamos en la mediación,
arbitraje y conciliación.
e) Potenciar la relación permanente entre los sistemas judiciales de los
países iberoamericanos, cada vez más interconectados por la fluidez
precisamente de los intercambios.
f) Fomentar el intercambio de información y cooperación jurídica internacional
en el ámbito iberoamericano.
g) Impulsar programas de capacitación inicial y continua de jueces y magistrados,
pues solo mediante la formación puede alcanzarse una carrera
judicial integrada por los mejores profesionales.
h) Apoyar la incorporación de tecnologías avanzadas que puedan contribuir
a la consecución de otros fines, en especial, las que permitan la interconexión
de los sistemas informáticos de los órganos judiciales de
los distintos países.
i) Establecer mecanismos de coordinación con la Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno y otras Conferencias cuyo ámbito
geográfico o contenido coincidan total o parcialmente con los de esta
Cumbre o cuyas decisiones puedan condicionar los objetivos asumidos
en sus proyectos, programas o declaraciones. Este objetivo es instrumental
pues con él se pretende alcanzar la priorización de la reforma judicial
en la acción política, pues, en definitiva, solo entonces resultará
posible el fortalecimiento y modernización del Poder Judicial.
3. Del conjunto de los ámbitos de reflexión abiertos en la reforma del Poder
Judicial, sin pretensión de exhaustividad, nos concentramos en los que tienen
un carácter prioritario, sin olvidar otros accesorios o adjetivos aunque básicos,
como los que se refieren a lo adjetivo o procedimental o los que
conciernen, a los medios personales o instrumentos materiales para el eficaz
funcionamiento de la organización judicial. Dejamos de lado asimismo la
siempre recurrente cuestión en Iberoamérica de la relación entre el Poder Judicial
y el denominado Poder electoral, expresión hecha suya por la Constitución
de Nicaragua, que ha dado lugar en todo el subcontinente a la creación de órganos
de dirección y control de las elecciones con forma, en muchos países, de
Tribunales.
europa y latinoamérica 137

B. Ámbitos de reflexión
I. El Gobierno del Poder Judicial
a) El modelo de autogobierno del Poder Judicial.
Su fundamentación en Europa
1. Desde los mismos orígenes del Estado liberal, fundado en el principio
de separación de poderes, hasta bien entrado el siglo XX, la afirmación de la independencia
judicial funcionalmente entendida, no supuso la ruptura de la
vinculación entre Juez y Poder Ejecutivo en el aspecto orgánico. En efecto, aunque
sin desconocer que tal situación podría provocar un serio deterioro de la
imagen de independencia de la organización judicial y una degradación e inmisión
externa en la independencia del juez, el constitucionalismo liberal atribuye
el gobierno del definido como tercer poder del Estado al Poder Ejecutivo mismo,
que lo ejercía a través de un Departamento orgánico: el Ministerio de Justicia.
En él se residenciaban no solamente las funciones instrumentales o de dotación
de medios a la organización judicial incluida la retribución de su
personal, sino aquellas que se incardinan en el ámbito estricto del estatuto jurídico
de los jueces tales como su selección y formación, sus ascensos y traslados,
sus situaciones administrativas y su régimen disciplinario.
Con la finalidad de limitar que el Ejecutivo incida e influya en lo que concierne
a la aplicación del estatuto jurídico del juez —que, en sí mismo, requiere
la ausencia de cualquier intervención externa encaminada a mediatizar su labor
y excluye cualesquiera órdenes e instrucciones emanadas de toda autoridad
externa por exigencia del principio orgánico y funcional de la independencia
judicial— se formularon desde principios del siglo XX en Europa diversas propuestas
de autogobierno de la magistratura. Tales propuestas encuentran siempre
su fundamento en el principio de independencia que «en el terreno judicial
adquiere una especial significación y se concreta en la necesidad de librar al juzgador
de todo tipo de influencias espurias en su proceso de reflexión, de decisión
y de ejecución de esa decisión» (Xiol Ríos). Con el autogobierno se garantiza
la independencia externa del Poder Judicial, sustrayendo del Poder
Ejecutivo la administración del estatuto jurídico del juez, es decir, las funciones
administrativas atinentes a este históricamente detentadas por el Ejecutivo.
Cabe así concluir que el autogobierno está al servicio de la independencia judicial
como «garantía accesoria de que la sujeción exclusiva del juez a la ley se
cumple» (Gerpe Landín).
2. Ahora bien, dentro del sistema de autogobierno de la magistratura
cabe distinguir diversos tipos. Los partidarios de la tesis del autogobierno absoluto
o integral entienden que la magistratura ha de administrar tanto los medios
personales y materiales sin intervención alguna del Ejecutivo, —«que podría
desviar el fin primordial de dar a cada uno su derecho» (Agúndez
Fernández)— de forma que se gobierne a sí misma, como lo hacen el Parlamento
y el Gobierno. El gobierno autónomo del Poder Judicial se funda, así, en
una interpretación estricta del principio de separación de poderes, que exige el
cierre del sistema de garantías de su independencia funcional a través de la autonomía
institucional como «solución adecuada para el logro de un mejor y
más eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia» (Sáinz de Robles).
Entre nosotros, Ossorio y Gallardo, en 1929, planteó la pura y simple supresión
del Ministerio de Justicia, pues mientras exista tal Departamento no sería la
138 europa y latinoamérica

Justicia un poder independiente, sino un servicio del poder ejecutivo. Proponía
que las funciones del Ministerio de Justicia fueran asumidas por la Presidencia
del Tribunal Supremo a través de direcciones generales integradas en esta y de
ella dependientes, y que el personal judicial dependiera de un Consejo Judicial.
Sin embargo, esta tesis del autogobierno absoluto presenta notables inconvenientes:
por un lado, si la magistratura formulara su propio presupuesto, vincularía
al Ejecutivo, que quedaría así subordinado al Poder Judicial; por otro
lado, la supresión del Ministerio de Justicia plantearía la cuestión de cómo llevar
a cabo el control parlamentario y la exigencia de responsabilidad política
al órgano de gobierno del Poder Judicial; finalmente, y como señala Almagro
Nosete, el autogobierno absoluto de los jueces conduciría a constituir un Estado
predominantemente judicialista en perjuicio del necesario equilibrio de poderes.
3. Frente a esta posición ha prevalecido la tesis del autogobierno relativo,
para la que, al servicio también de la independencia judicial, la sustracción al
Ejecutivo de las competencias más importantes para la garantía de esta —nombramientos,
ascensos, régimen disciplinario—, resulta suficiente, y no se ve peligro
para la independencia judicial por el hecho de que el Ejecutivo siga proveyendo
al Poder Judicial del soporte material y asuma, en término generales, las
responsabilidades propias del funcionamiento de la organización judicial.
Ahora bien, como dice Prieto-Castro, que es partidario del autogobierno relativo,
como la mayoría de los autores, este no es una fórmula mágica para resolver
todos los problemas de la Justicia. En la realidad legislativa, únicamente se ha
concretado, con mayor o menor intensidad, el autogobierno relativo, y lo han
sido en formas distintas: bien a través de la asunción de aquellas competencias
por los propios órganos jurisdiccionales o sus órganos gubernativos internos,
bien mediante la creación de un órgano específico —Consejo de la Judicatura,
al modo abierto por la Constitución francesa de 1946— en lo que Lucas Murillo
de la Cueva denomina «modelo institucional», en el que el autogobierno judicial
adquirirá mayor o menor intensidad en función de la forma de designación
de sus miembros y de la proporción de jueces en el órgano.
Otro sector doctrinal importante ha criticado de plano la tesis del sistema
de autogobierno. Guasp Delgado señaló que debe darse mayor importancia a
cómo debe ser gobernada la magistratura que a quién la gobierne; propone un
sistema de legalidad estricta, en el que la ley, sin posibilidad de desarrollos reglamentarios,
regule no solo las bases y principios fundamentales del gobierno
o administración de la jurisdicción, sino el resto de las cuestiones que tal régimen
plantee. También Fenech, Carreras Llansana y Pérez Gordo sostienen que
la independencia debe basarse exclusivamente en la ley y proponen una distribución
de las funciones en cuanto a los medios personales entre el Ministerio
de Justicia y los propios órganos jurisdiccionales.
b) El modelo de autogobierno del Poder Judicial en América
1. Frente al modelo tradicional europeo, en América los textos constitucionales,
con mayor o menor pureza, han atribuido el gobierno de la organización
judicial no al Poder Ejecutivo sino a los propios órganos jurisdiccionales
superiores, generalmente las Cortes Supremas de cada país, cuya función es,
por tanto, jurisdiccional y gubernativa (Fix Zamudio). Este modelo establecido
en las Constituciones iberoamericanas no ha dejado de tener problemas en su
aplicación a la realidad y se ha encontrado frecuentemente mediatizado por los
mismos factores de inestabilidad del régimen constitucional en Iberoamérica.
europa y latinoamérica 139

Como pone de relieve López Guerra, la Corte Suprema aparece en América
como el centro de toda la Administración de justicia, y asume así la designación
—y en ocasiones la remoción— de los jueces de los niveles jurisdiccionales inferiores.
En las reformas constitucionales de los últimos años, comparten esta
tarea con los Consejos Judiciales o de la Magistratura que, siguiendo el ejemplo
italoespañol, se han creado, entre otros países, en México, Argentina, Costa
Rica, Colombia, Perú o Venezuela. A estos Consejos se les confiere la función de
presentación de las ternas de candidatos al Ejecutivo para su designación, además
de las de selección y formación de los jueces y el régimen disciplinario, e incluso
en Argentina la «plena administración del Poder Judicial» en la que se integra
la gestión de los medios económicos y la ejecución del Presupuesto de
Justicia. La institucionalización de los Consejos de la Magistratura en Iberoamérica
es ciertamente compleja, ya que las Cortes Supremas han venido concentrando
los poderes decisivos, por lo que aquellos se han formado a través del
desapoderamiento de aquellas de tales poderes, frente a lo acontecido en Europa
en la que tal proceso se ha realizado a costa de las competencias del Ejecutivo.
2. En definitiva, los países iberoamericanos adoptaron inicialmente el sistema
de organización judicial de los Estados Unidos, en donde todas las competencias
de dirección y gestión personal corresponden al Tribunal Supremo
Federal —y en cada Estado a su propia Corte Suprema— aun cuando la designación
de los jueces se atribuye al Poder Ejecutivo. La fuerza expansiva del instituto
de los Consejos de la Judicatura o Magistratura desarrollado en Europa
tras la Segunda Guerra Mundial ante las disfunciones del modelo tradicional de
predominio organizativo del Poder Ejecutivo, no ha alcanzado obviamente a
los Estados Unidos, pero sí a las Constituciones iberoamericanas, que en los últimos
diez años se apartan sensiblemente del esquema orgánico tradicional e
incorporan instituciones hasta entonces ajenas como el Consejo de la Judicatura
o Magistratura, aunque también otras como el Tribunal Constitucional e incluso
el Defensor del Pueblo. En lo que aquí nos concierne, la adopción del modelo
institucional europea de gobierno de la Justicia es consecuencia de los
propios inconvenientes del tradicional iberoamericano —falta de adecuación
de los órganos jurisdiccionales para las tareas de gestión administrativa, peligro
de cierta confusión entre lo gubernativo y lo jurisdiccional, además de sobrecarga
de trabajo para los tribunales— pero también y, marcadamente, es fruto
de la voluntad política de debilitamiento del Tribunal Supremo, que mantiene
necesariamente sus funciones jurisdiccionales, pero es desposeído de las administrativas.
No obstante la integración del Presidente del Tribunal Supremo en
el Consejo de la Magistratura, como Presidente de este órgano, y, en su caso, algunos
otros magistrados de aquel, no garantiza la coordinación entre ambos
órganos que pasan, por el contrario, por situaciones de conflicto y reivindicación
recíproca de competencias, por lo que no cabe concluir que el modelo se
encuentra consolidado.
No debe, en fin, olvidarse que muchos de los países iberoamericanos cuentan
con la «garantía constitucional de una dotación presupuestaria indisponible
para la Administración de Justicia». Es el caso de la Constitución salvadoreña,
que reserva a la Administración de Justicia el seis por ciento del presupuesto
del Estado; de las de Honduras y Paraguay, que lo reducen al tres por ciento; o
las de Perú y Guatemala, que reservan el dos por ciento.
140 europa y latinoamérica

II.
El Estatuto del Juez: en particular, la selección
de los jueces. La garantía de su independencia
a) La ratio de la función jurisdiccional: la independencia
1. El sometimiento a la Constitución yalaleyfundamenta la independencia
del Poder Judicial. La independencia judicial es requisito indispensable
de la justicia moderna. Escribe Sáinz de Robles que es la pieza maestra del Estado
de Derecho, en el que se confía en el Poder Judicial para garantizar su preeminencia.
Por eso escribe De Otto y Pardo que independencia y sumisión a la
ley son términos correlativos y complementarios: el juez es independiente porque
está sometido a la ley y está sometido solo a la ley porque es independiente.
Rodríguez Aguilera opina que la independencia judicial no puede entenderse
como independencia del Poder Judicial de cualquier forma de control democrático
y popular, o sea, como poder independiente, sino como independencia
de la función judicial respecto del poder ejecutivo, de los centros
burocráticos de decisión internos de la propia organización judicial y de cualquier
condicionamiento del poder, tanto interno como externo al aparato judicial.
Ello pone de relieve el íntimo contacto de la consagración del principio de
independencia con la teoría de la separación de poderes, por lo que obviamente
no se produce aquella sino en el marco del régimen constitucional o, como dice
D. Simon, tiene su primigenia razón de ser en los postulados del Estado liberal
de Derecho. Mosquera Sánchez subraya que no son equivalentes separación e
independencia, en cuanto que la separación de poderes resuelve el problema de
la distribución de cada uno de ellos en complejos organizativos distintos, mientras
que la independencia considera la relación entre ellos, así pues, la separación
de poderes en el presupuesto primario para realizar la independencia,
pero no el único, ya que la separación contempla a cada poder en su estatismo,
mientras que la independencia lo considera en su dinamismo. Hoy, el principio
de separación de poderes no se basa en la independencia, sino en la interdependencia
y colaboración entre los distintos poderes. No obstante, escribe Álvarez
Conde, en lo referente al Poder Judicial, la proclamación de la independencia
constituye requisito indispensable e imprescindible para que pueda hablarse de
un auténtico Poder Judicial y de un verdadero Estado de Derecho, lo que se
debe no solo a razones históricas, en orden a superar la tradicional dependencia
del ejecutivo, sino también a razones inherentes a la naturaleza de la función jurisdiccional.
Como dice Loewenstein, la ratio de la independencia judicial, la
que denomina piedra final del edificio del Estado democrático constitucional
de Derecho, no necesita explicación alguna; si el juez no está libre de cualquier
influencia o presión exterior, no podrá administrar justicia imparcialmente según
la ley. La ley es su único dueño.
b) Las manifestaciones o concreciones del principio
de independencia judicial
El principio de independencia judicial no es un principio abstracto, sino de
contenido concreto; como afirma Xiol Ríos, «se concreta en la necesidad de librar
al juzgador de todo tipo de influencias espurias en su proceso de reflexión,
de decisión y de ejecución de esta decisión». Esta concreción se plasma en una
serie de garantías que son distintas en cada momento histórico. Tales garantías
responden, sin embargo a la misma finalidad, eliminar cualquier clase de deeuropa
y latinoamérica 141

pendencia, bien sea externa —de otro poder estatal, paraestatal o de las partes—,
bien interna —derivada del propio Poder Judicial—. Añade Mosquera
Sánchez que es también necesario eliminar cualquier forma de dependencia directa
o indirecta, es decir, la que actúa sobre la función o sobre los medios de
que la función se vale.
Es habitual la distinción de dos manifestaciones del principio de independencia:
1) La independencia personal o, como dice Calamandrei, del hombre
juez que es, a su juicio, la verdaderamente importante y el fin último que debe
perfeccionar el ordenamiento judicial. La independencia del juez es inseparable
de su condición de tal y elemento básico para la justificación del Poder Judicial,
que está integrado por jueces, como poder del Estado (López Guerra). La independencia
del hombre juez debe establecerse en relación con la sociedad, a cuyo
efecto se determinan un conjunto de prohibiciones e incompatibilidades; en
relación con los otros poderes, para lo que se garantiza la inamovilidad, el sistema
de nombramiento y ascensos y, en suma, la carrera judicial.
Esta independencia del hombre juez define el estatuto jurídico de este, que
presenta ciertas especialidades respecto del de los demás titulares de los poderes
estatales, y se concreta en las garantías de la inamovilidad, del régimen de incompatibilidades
y prohibiciones, de las particularidades del derecho de asociación
profesional, de la llamada inmunidad judicial y del que Calamandrei
denomina ordenamiento interno de los órganos judiciales, cuya problemática
analizamos en otro capítulo. Para nuestro Tribunal Constitucional, en la sentencia
108/1986, de 26 de julio, la independencia que «constituye una pieza
esencial de nuestro ordenamiento jurídico, como de todo el Estado de Derecho»,
se predica de todos y cada uno de los jueces en cuanto ejercen la función
jurisdiccional, «quienes precisamente integran el Poder Judicial o son miembros
de él porque son los encargados de ejercerla». Su contrapeso es «la responsabilidad
y el estricto acantonamiento de los jueces y magistrados en su función
jurisdiccional y las demás que expresamente les sean atribuidas por la ley en defensa
de cualquier derecho (artículo 117.4), disposición esta última que tiende
a garantizar la separación de poderes».
2) La independencia de la función judicial significa, como dice Loewenstein,
que el juez en el cumplimiento de su tarea debe estar libre de influencias,
intervenciones e injerencias extrañas, tanto si provienen del Gobierno, del Parlamento,
del electorado, de la opinión pública o de los órganos de gobierno del
Poder Judicial.
Esta independencia de la función judicial se concreta, de un lado, en los
principios de unidad jurisdiccional y exclusividad e integridad del Poder Judicial,
y, de otro, en el autogobierno relativo de la magistratura, que es corolario
ineludible de su independencia, para garantizar institucionalmente aquella.
Ahora bien, esta expresión de la independencia requiere también, asegura Sáinz
de Robles, apoyos positivos de organización —(demarcación, plantilla, Oficina
judicial— y de formación y perfeccionamiento de los miembros del Poder Judicial.
Y concluye que el juez se siente independiente si aprecia su responsabilidad
por el funcionamiento de la Justicia; la función jurisdiccional depende en gran
medida de que la Justicia —la organización— funcione bien.
142 europa y latinoamérica

c) El principio de independencia judicial en los ordenamientos
iberoamericanos. El Estatuto del juez iberoamericano:
planteamiento general
El estudio de los ordenamientos iberoamericanos pone de relieve dos hechos
de singular relieve. Por un lado, se ha puesto de manifiesto la diversidad de
regímenes que regulan el estatuto profesional del juez, el ingreso en la carrera,
la promoción interna, las posibilidades de remoción del cargo que existen entre
los diversos países que integran nuestra comunidad iberoamericana. Por otro
lado, se ha evidenciado una aspiración, compartida por todos, a reforzar la posición
institucional del juez frente a las eventuales presiones políticas, del Poder
Ejecutivo o Legislativo, que pueden suponer una amenaza a su independencia,
y que han concentrado y concentran generalmente la potestad de la designación
de los jueces, en particular, de los niveles superiores.
A la vez, las intensas relaciones entre países iberoamericanos han revelado
la importancia de lo que los une con España. Primero, un marco constitucional
nacional propio de un Estado de Derecho, siempre perfectible, en el que
el juez se ve comprometido en la tarea de conseguir la plena efectividad de
los derechos fundamentales; y, segundo, una tradición jurídica común, que
presenta importantes evoluciones diferenciadoras en cada uno de los distintos
países pero que, en cualquier caso, facilita nuestra comunicación como juristas.
Ello marca la importancia del Estatuto del Juez Iberoamericano aprobado
en la Cumbre de Tenerife referida antes, Estatuto que tiene por objeto una definición
del papel del juez que responda a las exigencias planteadas por el principio
de separación de poderes vigente en los Estados de Derecho y a las demandas
de la sociedad actual. La primera de las exigencias a que se ha hecho
referencia, remite a la concepción de la Justicia como Poder; la segunda, al concepto
de Justicia como prestación. Entre una y otra, y en cuanto responden a un
mismo concepto, existen claras vinculaciones que confluyen en el principio de
independencia judicial.
Así, el ejercicio de su función reclama necesariamente la independencia de
los jueces, a quienes se encomienda en exclusiva dicha función consistente en la
resolución de conflictos, mediante la aplicación de la ley, decidiendo en condiciones
de imparcialidad y exento de injerencias y presiones externas o internas,
directas o indirectas.
La independencia, a su vez, se refiere, no a la persona del juez, sino a la función
que está llamado a desempeñar, y necesita en la realización por cada poder
de la función que le corresponde, de manera que el ejecutivo no dicte justicia,
que el ejecutivo no legisle y que el legislador no acuda a gobernar y a administrar,
y en estoradica la esencia misma del principio de separación de poderes sobre
el que se asienta el diseño de Estado en los países iberoamericanos. La función
de juzgar, de decir el Derecho (viva vox iuris), que en este diseño se
atribuye al Poder Judicial y que no han de asumir otros poderes, solo puede realizarse
por jueces independientes e imparciales sin otra dependencia que la de
la Ley, que se convierte en su único dueño.
En definitiva, la Justicia como poder reclama que el Poder Judicial se atribuya
a jueces independientes en el ejercicio de su función, y la prestación que
también es la Justicia solo es verdadera y eficaz si se ofrece por jueces independientes.
Desde ambas perspectivas, pues, la independencia se impone como eje
del Estatuto que pretende definir el perfil del juez iberoamericano.
europa y latinoamérica 143

A efectos expositivos, no obstante, distinguiremos una justificación del
Estatuto desde la concepción prestacional de la Justicia y una argumentación
acerca de su necesidad desde su concepción como poder del Estado.
Así, en la concepción del Estatuto, se insiste en aquellos aspectos de la función
del juez que enlazan con la noción prestacional de la Justicia, entendida
como servicio público, cuya demanda se ve sometida a un continuo crecimiento
en términos cuantitativos y cualitativos en las sociedades desarrolladas o en
vías de desarrollo. El Estatuto responde a estas necesidades con la afirmación de
un principio general de independencia y, sobre todo, con unas normas de ética
judicial y unas previsiones de inspección y evaluación del desempeño que garanticen
la impartición de justicia en condiciones de eficiencia, efectividad, eficacia,
previsibilidad, accesibilidad y economía.
Desde la perspectiva de la Justicia como Poder, en el Estatuto se han tenido
presentes varias ideas clave, íntimamente relacionadas entre sí:
— La necesidad de revisar los planteamientos relativos a la función jurisdiccional.
— La clara afirmación del Poder Judicial como verdadero poder del Estado.
— La vinculación de la independencia del juez con el principio de separación
de poderes y, como corolarios:
la distinción entre independencia ad extra y ad intra, desde una concepción
relacional de aquélla,
la adscripción a un concepto funcional de independencia.
d) La incardinación del Estatuto del juez iberoamericano
en un nuevo planteamiento de la función jurisdiccional
Desde las concepciones secundarias del Poder Judicial en las formulaciones
clásicas de la separación de poderes, en las que aquel era tenido por poder nulo
o neutro y el juez como boca que pronuncia las palabras de la ley, en sintonía
con un momento histórico caracterizado por la desconfianza frente a los jueces
y por el optimismo ilustrado acerca de la capacidad ordenadora de la ley, la función
jurisdiccional ha ido evolucionando, conformada por los tiempos, hasta
rebasar ampliamente los estrechos limites de mera aplicación, servil y carente
de toda virtualidad creadora, de las reglas establecidas por el legislador.
Sin desconocer las modulaciones introducidas en el decurso de los años,
puede afirmarse que solo bajo el imperio de una Constitución normativa, erigida
en fundamento del ordenamiento jurídico, que incorpora un extenso catálogo
de derechos fundamentales con fuerza vinculante, alcanza la función de los
jueces sentido pleno y llega a configurarse un verdadero Poder Judicial. Son
tres, pues, los elementos que reclaman una redefinición de la función judicial:
— El carácter normativo y no programático de la Constitución que es norma
jurídica plenamente aplicable.
— La nueva concepción del ordenamiento jurídico, que se ha apartado de
las estrechas y estáticas fórmulas positivistas, incorporando, junto a leyes
y reglamentos, y junto a la costumbre, con el limitado valor que cada
ordenamiento le reconozca, una pléyade dinámica de valores, principios
e instituciones que ha venido a enriquecer, pero también a complicar, la
función del juez, cuyo ámbito de escrutinio y de interpretación se han
visto extraordinariamente ampliados.
— El reconocimiento de un amplio catálogo de derechos fundamentales
que representa, no ya la delimitación de un ámbito inviolable frente a
144 europa y latinoamérica

eventuales injerencias del poder (concepción negativa) sino la razón de
ser de toda la organización política de la que el Poder Judicial forma parte,
que ha de contribuir a su efectiva protección y promoción (concepción
positiva). La función jurisdiccional como mecanismo de solución
pacífica de controversias encuentra ahora en los derechos fundamentales
un nuevo soporte y, a la vez, una nueva exigencia, a la hora de buscar
la regla que resuelva la controversia planteada ante el juez.
Con estos nuevos planteamientos, el juez ha de ser consciente de la enorme
responsabilidad que ha sido puesta en sus manos y ha de estar en condiciones
de afrontarla con independencia, imparcialidad, rigor jurídico y sentido común,
vinculado a la plena observancia de la ley. Desde esta convicción, el Estatuto
que define el lugar del juez en un Estado constitucional, su función y su
posición en relación con otros poderes, constituye un instrumento valioso, a
efectos, cuando menos, de sensibilización de jueces y magistrados, de llamada
de atención ante los importantes desafíos a que deben enfrentarse. Ahora bien,
no debe dejarse de lado la creciente complejidad de la función jurisdiccional
que se corresponde con una ampliación, en extensión e intensidad, del ámbito
de actuación del Poder Judicial, ampliación que requiere su propio fortalecimiento
frente a otros ámbitos de poder.
En primer lugar, debe contarse con el carácter pasivo del Poder Judicial,
que, de ordinario, carece de las potestades normativas y ejecutivas imprescindibles
para diseñar y sostener su organización y que no actúa nunca de oficio,
sino instado por los sujetos legitimados. Es un poder que «no tiene influencia
sobre la espada ni sobre la bolsa, no dirige la fuerza ni la riqueza de la sociedad y
no puede tomar ninguna resolución activa», condición de la que resulta su limitación
intrínseca para cumplir sus fines y su vulnerabilidad potencial frente
a eventuales agresiones de otros poderes, y condición que reclama, paralelamente,
la reivindicación de su carácter de verdadero poder del Estado, lejos de
ser, por supuesto, un poder político como los demás pues no es un poder libre
sino vinculado a la ley, cuya observancia asegura.
En el plano funcional, esa necesidad de reafirmación del Poder Judicial invoca
la necesidad de independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio
de su función jurisdiccional. En el plano organizativo, la cuestión remite al modelo
de gobierno del Poder Judicial que se propugna, atribuido a órganos superiores
de la administración de Justicia, Cortes y Tribunales Supremos o Consejos,
independientes por definición de otros poderes, pero cuyas concretas
atribuciones y composición no pueden ser objeto de definición única, dada la
variedad de modelos nacionales existentes en el ámbito iberoamericano.
En segundo lugar, el robustecimiento de la posición de los jueces en el conjunto
de la estructura estatal, su creciente protagonismo, provocado por el incremento
de la intervención judicial en sociedad fruto de un aumento de la litigiosidad,
ha despertado recelos en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo que
anuncian, en su acepción más negativa, un retorno del llamado gobierno de los
jueces o judiciocracia, que es una perversión de la democracia fundada en la separación
y equilibrio de poderes en el Estado de Derecho que ni quiere ni debe
ser un Estado judicial de Derecho en el sentido indicado.
La necesidad de reafirmar el carácter de verdadero poder en relación con el
Poder Judicial no se agota en su fortalecimiento frente a los poderes Legislativo
y Ejecutivo, sino que, paradójicamente, debe vencer la tendencia a ser definido
en clave de mera oposición, como contrapoder y, en última instancia, como únieuropa
y latinoamérica 145

co poder que sobrevive de la antigua idea de Estado, ante lo que se ha llamado la
«disolución de las formas clásicas de adopción de decisiones de las sociedades
plurales», en beneficio de formas novedosas de agregación de intereses, lo que
ha llevado a un redescubrimiento de la Justicia como ámbito de adopción de
decisiones de raigambre genuinamente política. Se trata de un fenómeno acaso
inevitable, pero frente al que se impone una clara delimitación de las funciones
jurisdiccionales y una recuperación del concepto positivo de poder como distinto
al puramente negativo de contrapoder.
El Estatuto, por tanto, pretende responder a las exigencias que un modelo
constitucional impone a la función jurisdiccional, a la necesidad de reafirmar la
condición de Poder Judicial como verdadero poder, a través de un desarrollo
acabado del principio general de independencia y un esbozo de los imperativos
del autogobierno que permita ser asumido sin reservas por todos los firmantes.
Finalmente, solo a través de una cabal delimitación de la función jurisdiccional
será posible eludir la concepción, a la vez reduccionista y maximalista, del Poder
Judicial como contrapoder.
e) Contenidos fundamentales del Estatuto del juez
iberoamericano. En particular, la selección de los jueces
y la carrera judicial
El Estatuto aprobado en la Cumbre de Tenerife se funda precisamente en la
garantía de la independencia (artículos 1 a 6), de la imparcialidad subjetiva y
objetiva (artículos 7 a 10), y de la inamovilidad (artículos 14 a 18), teniendo
aquella como correlato la responsabilidad del juez (artículos 19-23), completando
su estatuto el reconocimiento de un conjunto de derechos y deberes, de
capacitación (artículos 26 a 33), de remuneración (artículos 34, 35 y 37), de dotación
de medios materiales (artículo 36) y de asociación profesional. Nos interesa,
sin embargo, incidir especialmente en el tema de la selección de los jueces,
cuestión en la que el Derecho Comparado ofrece soluciones tan diversas que
impiden alcanzar una universalmente aplicable. Es sin embargo trascendental
alcanzar un sistema de determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes
para el desarrollo de la función judicial en una sociedad democrática, a cuyo
efecto la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces nos indica algunos criterios
que tener necesariamente en cuenta:
— La capacidad para considerar libremente las situaciones sometidas
a un juez, lo que implica libertad de espíritu y aptitud para demostrar
la imparcialidad indispensable en el ejercicio de sus funciones judiciales.
— La capacidad para aplicar el Derecho, que remite, a su vez, al conocimientodelDerechoyalaaptitud
para aplicarlo, como cuestiones claramente
distintas, de no necesaria concurrencia simultánea en un mismo
candidato.
— La capacidad para impregnar su comportamiento de juez del respeto a
la dignidad de las personas, que es esencial en una relación de poder
frente a quienes se presentan ante la justicia, con frecuencia, en situaciones
difíciles.
Obviamente, la aspiración última es la configuración de los países iberoamericanos
de una verdadera carrera judicial formada por jueces independientes
y responsables, pero también inamovibles. La inamovilidad asegura al juez
la estabilidad en el cargo, la permanencia en el puesto, en la sede, en las funcio-
146 europa y latinoamérica

nes, sustrayéndole así a todo traslado o cese que no sea voluntario o dispuesto
por motivos expresamente establecidos en el ordenamiento jurídico.
A tal efecto, debemos recordar que Castán Tobeñas aseguraba que para
crear un clima adecuado para la independencia de la justicia son necesarios: un
sistema apolítico y rigurosamente técnico de ingreso en la carrera judicial; un
sistema de escalafón, ascensos y provisión de vacantes libre de injerencias gubernamentales;
y la inamovilidad. De las distintas formas de nombramiento de
los jueces que conoce la legislación comparada y nos resume Loewenstein —la
elección popular, la elección por el Parlamento, el nombramiento por el ejecutivo
con el asentimiento por el Parlamento o el nombramiento por el Gobierno
entre abogados y otros juristas —anglosajón— o previo concurso como el resto
de los funcionarios —continental— son los que se citan en último lugar los
que aseguran la primacía del mérito y la capacidad al margen de cualesquier
criterios e influencias y los que permiten formar una verdadera carrera judicial
sujeta a un estatuto de independencia, responsabilidad e inamovilidad. Bien
entendido, por supuesto, que —como ya escribiera Loewenstein— la medida
ideal para valorar el procedimiento de nombramiento de los jueces se basa
esencialmente en la exclusión de todas las influencias políticas y en que deberá
haber absoluta seguridad de que solo el más dotado, a la vista de su capacidad
profesional y su integridad de carácter, tendrá acceso a la carrera judicial. Dicho
tipo ideal no ha sido hasta hoy encontrado; cada método presenta sus ventajas e
inconvenientes, y ninguno puede ser considerado aplicable con carácter general
a todos los ordenamientos y culturas jurídicas, pero sí resulta incompatible
con la configuración de un Poder Judicial independiente aquel que no asegura
los principios indicados.
III.
La apuesta por la formación judicial continua
La preocupación institucional por dar respuesta a los graves problemas que
la Justicia representa requiere, como una de las acciones primarias, contar con
jueces bien formados técnico-jurídicamente para cumplir su trascendente misión
de tutelar de manera efectiva los derechos e intereses de los ciudadanos. La
mejora de la capacitación de los jueces redunda en beneficio de los ciudadanos,
que dispondrán así de un sistema de Administración de Justicia más eficaz y eficiente,
humanizado y respetuoso con las garantías individuales.
Los ambiciosos proyectos llevados a cabo con participación española en
Iberoamérica para la capacitación judicial (vide in extenso Solano Cabrera) perseguían
diversos objetivos: en ocasiones, sensibilizar y brindar instrumentos a
los destinatarios para que se convirtieran en agentes de los cambios pretendidos
en las Instituciones de modo que, no solo no plantearan activa o pasivamente
resistencia a los procesos de modernización y transformación emprendidos,
sino que, al contrario, se identificaran con ellos; en otros casos, la
finalidad pretendida ha sido mejorar el desempeño profesional, aumentando el
nivel de conocimientos y mejorando las destrezas de los destinatarios de los
programas, con la garantía de que, al volver al entorno habitual, las transformaciones
y cambios introducidos por la acción de las autoridades nacionales y del
Proyecto, facilitarían que se pusieran en acción de las nuevas capacidades adquiridas.
europa y latinoamérica 147

A lo largo de los últimos años, todos y cada uno de los países centroamericanos
han desarrollado enormes esfuerzos en el área de la capacitación judicial.
Esfuerzos que, con excepción de Costa Rica, cuya ley de creación de la Escuela
Judicial es de 1981, se tradujeron en la puesta en marcha en toda la región de los
correspondientes órganos dedicados a la capacitación judicial, que ayudaron a
racionalizar y sistematizar las actuaciones que en este campo se venían desarrollando
con anterioridad.
Durante estos años, las Escuelas Judiciales han desarrollado una labor muy
importante en sus respectivos países. Con recursos propios escasos y con el
apoyo de la cooperación internacional, han ido poco a poco fortaleciéndose, y
han llevado a cabo distintos programas de capacitación para los funcionarios
judiciales, enfrentándose a no pocas dificultades, entre otras, a las provocadas
por la inexistencia de normas que garanticen una auténtica carrera judicial y,
por tal razón, por la falta de permanencia y estabilidad de los jueces, que es la
condición imprescindible para conseguir la eficacia a mediano y largo plazo de
los procesos de capacitación puestos en marcha.
Los propios jueces y magistrados han asumido que la capacitación no es un
lujo, sino una obligación que acompaña al juez, como a cualquier otro profesional,
durante toda su vida. No basta con haber demostrado, en un momento determinado,
reunir las condiciones necesarias legalmente previstas para el ingreso
en la función judicial y la preparación humana y jurídica necesaria para el
adecuado desempeño de su tarea. El operador de justicia tiene que mantener
siempre ese estándar de calidad profesional, lo que implica una constante tarea
de actualización y puesta al día, con el objetivo de estar permanentemente en
condiciones de prestar la tutela judicial que le será exigida.
Esta obligación comporta, como envés, como otra cara de la moneda, un
derecho profesional: el de que sean facilitados a los jueces y magistrados y otros
operadores de justicia, los medios necesarios para capacitarse por parte de los
órganos de gobierno de los poderes judiciales.
Actualmente, puede afirmarse que esta responsabilidad también ha sido
asumida por las altas jerarquías judiciales y demás responsables del gobierno
judicial en todos los países, hasta incluirla entre las políticas y acciones prioritarias
a emprender por cada uno de ellos. En este sentido, la Declaración de Caracas,
documento de conclusiones producido en la Cumbre de Presidentes de Tribunales
Supremos y Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, que tuvo
lugar en el mes de marzo de 1998, resaltó, expresamente, la importancia de
la capacitación profesional y ciudadana para conseguir el perfeccionamiento
del régimen democrático y situó, reiteradamente, la capacitación de los jueces
y magistrados en un lugar clave, entre las políticas activas que deben desarrollarse:
— Afirmando la necesidad de normas que regulen la formación permanente
del personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial
para garantizar la independencia judicial.
— Considerando fundamental la formación de los funcionarios judiciales
en la protección efectiva de los Derechos Humanos y el intercambio de
jurisprudencia entre los distintos países y con la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
— Apoyando la formación de los jueces en materia medioambiental, utilizando
los estándares internacionales y las decisiones que, en esta materia,
tomen los países participantes.
148 europa y latinoamérica

— Dedicando uno de los capítulos o acápites de la Declaración a la formación
y capacitación judiciales, en el que, entre otras, se fijó como política
que debe ser desarrollada por todos, la de reforzar la capacitación especializada
de los funcionarios judiciales, estableciendo mecanismos de
estímulo a la formación continua basados en indicadores de desempeño,
con especial atención a la formación en herramientas informáticas,
formación gerencial y preparación en ética judicial y en hermenéutica
jurídica.
IV.
Jurisdicción Constitucional versus Jurisdicción
Ordinaria
Es sabido que el control judicial de constitucionalidad de las leyes tiene su
cuna en América a principios del siglo XIX y, en concreto, su fecha de nacimiento
se sitúa en 1803 con la publicación de la sentencia Marbury versus Madison
por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. De allí se extendió, en la segunda
mitad del siglo, a diversos países de Iberoamérica como México,
Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, con muy notable anticipación a la
creación de la justicia constitucional en Europa que «estaba lejos de adoptar alguna
institución similar, en especial, por su culto a la supremacía del Parlamento
y de la ley, así como por su marcada desconfianza hacia los órganos judiciales»,
en afirmación del peruano Eguiguren.
Ahora bien, una vez más, los países iberoamericanos trasladaron sin complejos
el modelo norteamericano de control de constitucionalidad difuso o no
concentrado en un solo órgano, de manera que todos los jueces están habilitados
para inaplicar las leyes cuando las juzgan contrarias a la Constitución. En
esta multiplicidad en el control pone orden el principio de stare decisis,quevincula
a los tribunales inferiores a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al que
corresponde determinar de forma autorizada el sentido preciso de la Constitución.
Por el contrario, los países europeos hicieron suyo el modelo de jurisdicción
concentrada —plasmado en la Constitución austríaca de 1920 obra de
Kelsen y que supuso la recepción en Europa, y su racionalización, del sistema de
control de constitucionalidad— en el que el control de constitucionalidad de
las leyes corresponde a un único órgano creado al efecto, y no inserto en el Poder
Judicial, el Tribunal Constitucional. Como expresa García de Enterría, esta
variante organizativa encierra una importante significación: el Tribunal Constitucional
no enjuicia ningún supuesto de hecho singular, solamente el problema
abstracto de compatibilidad entre la Constitución y la ley.
Pues bien, durante las últimas décadas también diversos países iberoamericanos
han empezado a instaurar Tribunales Constitucionales, sin abandonar
del todo el modelo difuso o norteamericano de jurisdicción constitucional. Es
el caso de Guatemala, Chile, Ecuador, Perú, Colombia o Bolivia, dejando lógicamente
al margen las llamadas Salas Constitucionales instauradas en el interior
del Tribunal Supremo de algunos países, cual es el ejemplo de Costa Rica.
Al profundizar en las razones de la importación del modelo concentrado de jurisdicción
constitucional, no es difícil percibir que la recepción se explica por
«una suerte de ola portadora de experiencias europeas tenidas por exitosas,
acogida con entusiasmo en ámbitos académicos y luego promovida hacia los
sectores políticos de algunos de estos países», aunque lo decisivo para su incoreuropa
y latinoamérica 149

poración ha sido «la amplia crítica e insatisfacción frente al discreto papel cumplido
por su Poder Judicial y la Corte Suprema en la defensa de la supremacía de
la Constitución y la protección de los derechos humanos, así como el acentuado
escepticismo en que los tribunales ordinarios pueden asumir un rol más activo
y resuelto en el control de los excesos del poder político» (Eguiguren, y en el
mismo sentido García Laguardia, Bernales Ballesteros, Abad Yupanqui, García
Belaúnde o Landa Arroyo, todos ellos profesores de Derecho Público de Perú).
No debe desconocerse, sin embargo, que la creación de Tribunales Constitucionales
en Iberoamérica —como la misma de los Consejos de la Magistratura—
se enfrenta a fuertes resistencias o incluso rechazos en los Tribunales Supremos
en cuanto estos, que han perdido sus competencias administrativas, dejan de
ejercer la condición de máximo órgano jurisdiccional del país. Su puesta en
marcha resulta, por lo demás, lastrada por cuanto en tales especiales circunstancias,
y no fruto de construcciones cerradas o preconcebidas, no se adopta el
modelo concentrado puro, sino que se apuesta por un complejo híbrido o mixto
—que nace en la Constitución peruana de 1979 y se mantiene en la de
1993— en el que conviven simultáneamente dos modelos, a priori no compatibles,
el difuso y el concentrado o, en otras palabras, en el que el Tribunal Supremo,
de una parte, y el Tribunal Constitucional, de otra, ejercen simultáneamente
determinadas competencias jurisdiccionales en materia constitucional.
Los caracteres y competencias de los Tribunales Constitucionales iberoamericanos
presentan notables elementos comunes y otros específicos, aunque
puede subrayarse que los de Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia gozan
de autonomía orgánica, funcional y jurisdiccional frente al Poder Judicial y
la Corte Suprema, aunque los de Bolivia y Colombia integren también el Poder
o Rama Judicial. La relativa dependencia del Tribunal Constitucional de Chile
respecto de la Corte Suprema —a pesar de lo separado de sus competencias y
atribuciones— es bastante señalada.
En cuanto a la composición de los tribunales constitucionales, una de las
más serias recomendaciones formuladas por los estudiosos de la jurisdicción
constitucional, es que estos órganos no deben estar, preferentemente, conformados
por magistrados llegados desde la carrera judicial. Partiendo de este criterio,
ciertamente el caso más delicado sería el del Tribunal Constitucional chileno,
pues tres de sus siete miembros provienen de la designación de la Corte
Suprema y otros dos más deben haberse desempeñado como abogados integrantes
de dicha corte. En la orilla opuesta, la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala sería la que mejor expresa una composición pluralista, que combina
miembros designados por los órganos políticos y jurisdiccionales del Estado y
por instituciones de la sociedad civil (universidad y gremios de abogados). Los
miembros de los tribunales constitucionales de Perú y Bolivia son íntegra y exclusivamente
elegidos por el Congreso, lo que torna al criterio para la selección
de los magistrados mucho más dependiente de la correlación de fuerzas políticas
y los acuerdos parlamentarios. En cambio, aunque todos los magistrados de
la Corte Constitucional en Colombia son elegidos por el Senado, el hecho que
los candidatos provengan de ternas propuestas por el Gobierno, la Corte Suprema
y el Consejo de Estado, reduce el margen de discrecionalidad de la decisión
parlamentaria y puede asegurar mayor pluralismo político en los nombramientos.
En cuanto a la organización, los seis tribunales constitucionales latinoamericanos
tienen como regla el actuar en una única Sala —o en Plenaria— lo cual
en algunos casos —como los de Bolivia y Guatemala— parece estar determina-
150 europa y latinoamérica

do por el reducido número de sus miembros. Una excepción importante, es la
Corte Constitucional de Colombia, donde para la revisión de los casos de acción
de tutela se han establecido nueve salas, cada una presidida por uno de los
magistrados e integradas por otros dos, de modo que cada magistrado forma
parte de tres Salas de Tutela.
Las resoluciones en los tribunales constitucionales latinoamericanos se
adoptan por la mayoría de votos de sus miembros. Un caso particularmente
cuestionable es el del Tribunal Constitucional del Perú, que para declarar la inconstitucionalidad
de una ley o norma de rango legal requiere del voto favorable
de seis de sus siete miembros. Es un claro caso donde el Congreso Peruano,
al sujetar a normas el ejercicio de las atribuciones del Tribunal, optó deliberadamente
por un sistema destinado a dificultar la posibilidad de declaración de
inconstitucionalidad de leyes o normas dictadas por el propio Congreso o el
Gobierno.
Las competencias y atribuciones de los tribunales constitucionales de Latinoamérica
resultan bastante amplias. Comprenden el control de constitucionalidad
de leyes y normas, abarcando muchas veces tanto el control preventivo
como el a posteriori y el consultivo; la revisión de resoluciones judiciales recaídas
en procesos de protección de los derechos constitucionales; y la resolución
de conflictos de competencias entre los órganos estatales.
En cuanto a la legitimación para interponer la acción directa de inconstitucionalidad,
dirigida al control abstracto de las leyes y normas de carácter general,
destaca nítidamente el caso colombiano, donde existe una antigua tradición
de reconocer una acción popular que habilita a cualquier persona a
recurrir ante la Corte Constitucional con este propósito. Contrariamente, el
Tribunal Constitucional chileno no puede ser objeto de ninguna acción por
parte de los ciudadanos, sea individualmente o en forma de grupo, ni de organizaciones
sociales. También en Guatemala y el Ecuador se contempla la posibilidad
de que una sola persona promueva esta acción, siempre que su pedido
sea respaldado por tres abogados o por el Defensor del Pueblo, respectivamente.
En el Ecuador pueden interponer esta acción mil ciudadanos, mientras que
en el Perú se requieren cinco mil, siendo factible que en el caso peruano lo hagan
también los Colegios Profesionales, en asuntos de su competencia, así
como en Guatemala la junta directiva del Colegio de Abogados.
Lo tradicional en la legitimación reconocida para interponer la acción de
inconstitucionalidad, es concederla al Presidente de la República, y a un número
determinado de congresistas, salvo en el caso de Guatemala donde ambos están
excluidos de esta potestad; siendo peculiar el caso de Bolivia donde basta
que la acción sea promovida por un senador o diputado, lo que crea el riesgo de
un exceso de politización en el uso de este recurso. El Defensor del Pueblo
cuenta con legitimación ante todos los Tribunales Constitucionales, salvo en el
caso de Chile.
La competencia para ejercer la protección de los derechos fundamentales, a
través de procesos o garantías constitucionales particulares, es otra característica
de América Latina, excepto el de Chile, función que comparten con el Poder
Judicial aunque asumiendo el Tribunal Constitucional la última instancia de
decisión. Mientras que los Tribunales del Perú y Ecuador conocen de las acciones
de hábeas corpus, amparo y hábeas data, en Bolivia el Tribunal Constitucional
revisa las resoluciones judiciales de hábeas corpus y amparo, y en Guatemala
y Colombia esta competencia solo se refiere al amparo, denominado tutela en
el ordenamiento colombiano.
europa y latinoamérica 151

C. Por un pacto para la Reforma de la Justicia:
El ejemplo español
1. La política aparece intrínsecamente unida a la idea del poder, de forma
que quien lo ostenta consigue aplicar sus proyectos y hacer triunfar su propio
modelo que, por tanto, se impone sobre los demás. Solo excepcionalmente la
política se aleja de la idea del poder para aproximarse al encuentro entre los actores
en presencia.
Digo que solo excepcionalmente se aleja de la idea de poder pues, en efecto,
únicamente —y ya nos centramos en nuestra experiencia contemporánea— en
situaciones límite —Pactos de la Moncloa— o por razón de la vocación de permanencia
y continuidad —Pacto constitucional— o por mor de la fuerza de la
opinión pública —Pacto Antiterrorista—, o, consecuencia del llamado carácter
de Estado que a determinadas materias se atribuye —Pacto de la Justicia—, o,
por fin, de la suma de varios de estos fines, la política transcurre por la senda del
pacto.
En política, el consenso es así la excepción; el consenso no es, por sí, un bien
exigible en todo tiempo o respecto de cualquier asunto, porque se funda en mutuas
renuncias y porque contraría el nudo gordiano de lo que la política significa.
Es un método, en cambio, imprescindible para acometer operaciones de envergadura
en los ámbitos en los que las diferencias entre los actores son
notables y la necesidad de adoptar un marco cierto y perdurable requiere dejar
de lado los programas opuestos o antitéticos y optar por un programa común.
Estas condiciones previas las reunía la Justicia española, en cuyo análisis y
proyección se había llegado a una distancia sideral, plena de posiciones enquistadas
y recelos mutuos, y que se encontraba sumida en un deterioro progresivo
que no admitía dilaciones. Esta negativa imagen coincidía, sin contradicción
más que aparente, con su consideración angular en este, pues resulta incontestable
que el Estado de Derecho no funciona plenamente sin una Justicia que
funcione, y que lo haga al servicio de los ciudadanos.
La reforma de la Justicia se había convertido en una cláusula de estilo en el
lenguaje político y en un título recurrente de seminarios universitarios y jornadas
profesionales. La Justicia aparecía, así, siempre unida de modo umbilical a
la magia envolvente de la palabra «reforma», siempre inaplazable y siempre
aplazada. Ninguna otra institución como la Justicia ha conocido tal cúmulo de
propuestas, de documentos, de libros para articular su reforma, que siempre
quedaba postergada ante otras prioridades. Ninguna otra institución como la
Justicia, ningún otro Poder como el Judicial, ha conocido, por lo demás, un tan
notable crecimiento exponencial, fruto de la llamada sed de derechos,cuyatutela
era demandada de los jueces. Y, sin embargo, ninguna otra como la Justicia
merecía peor valoración y menor confianza en la opinión pública, que la miraba
con ojos profundamente críticos. La urgencia de la reforma y su articulación,previo
pacto o acuerdo entre los principales grupos políticos, resultaba,
pues, indubitable sin perjuicio del reconocimiento de las dificultades que comporta
llevarla al papel.
El Pacto para la reforma de la Justicia, suscrito entre el Gobierno, el Partido
Popular y el PSOE, en junio de 2001, al que se ha sumado la práctica totalidad
de los partidos que conforman el arco parlamentario, es una apuesta decidida y
valiente por un modelo de Justicia nacido del acuerdo, del encuentro y, por tanto,
con una ínsita voluntad de permanencia. Tanto tiempo reclamado y con tal
intensidad deseado, el Pacto supone el triunfo de una forma de hacer política,
152 europa y latinoamérica

en el ámbito de la Justicia, que deja atrás el diktat —la imposición de fórmulas
propias y excluyentes, que tan nocivos efectos han producido— pero también
los leves retoques, que en realidad no eran tales por las consecuencias en cascada
a que daban lugar. En su preparación, justo es decirlo, han sido relevantes algunos
documentos preparatorios y muy singularmente el Libro Blanco de la Justicia,
aprobado tras un dilatado período de consultas e informes y un intenso período
de reflexión por el Consejo General del Poder Judicial en septiembre de
1997, sin dejar de lado el Libro Blanco del Ministerio Fiscal u otros dictámenes
de entidades, asociaciones y fundaciones.
Su carácter integral, sistemático y coherente —pues la reforma de la Justicia
es un todo interrelacionado— hace al Pacto aún más importante y abierto al
optimismo. En él se aborda la gráfica expresión de «la hora de la Justicia», que
se afronta desde un realismo equilibrador. Sin volver la vista atrás, pero revisando
los aspectos orgánicos, procesales, sustantivos y materiales necesarios, se
formula un nuevo esquema, un verdadero new deal judicial en España para garantizar
la posición que le confirió el constituyente. La sociedad española lo
asume con optimismo por cuanto desea, de una vez para siempre, que la Justicia
deje de ser un problema para transformarse y adecuarse a los requerimientos
de agilidad, eficacia y proximidad, que derivan del reconocimiento constitucional
del derecho a la tutela judicial efectiva.
2. La primera expresión del Pacto ha sido la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, en la que se articula un nuevo sistema de elección de los vocales
judiciales del Consejo General del Poder Judicial, en el que está ínsito el reconocimiento
de que no podía pervivir, salvo mayor deterioro, el sistema diseñado
en 1985, que sustraía absolutamente de los jueces y magistrados dicha
elección. El nuevo sistema, con arreglo al cual se eligió en noviembre de 2001 al
nuevo Consejo General del Poder Judicial, tras la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, supuso la restauración del principio de la doble legitimidad:
judicial, primero e imprescindible, y parlamentaria, después y conforme a
la propuesta de los jueces y magistrados, en la designación de los vocales judiciales.
Pero obviamente no se queda ahí el Pacto, que comporta una profunda revisar
nuestra organización judicial, que se encontraba tan alejada de los parámetros
de la agilidad, de la eficacia, de la calidad y de la proximidad, que solo
desde una firme voluntad política de rediseño con vocación de fortalecimiento
y de modernización debía abordarse, como lo hace el Pacto, en el que apenas
hay aspectos que quedan fuera, y así, quizás por su difícil definición en el momento
presente, los llamados costes de la justicia. En efecto, en sus apretadas
páginas se contienen las líneas y principios maestros de esa reforma, enunciados
en ocasiones de forma cerrada y en la mayor parte de modo abierto para su
concreción ulterior. Sin pretensión de exhaustividad cabe su estructuración del
modo siguiente:
a) Reformas orgánicas entre las que destaca, junto con la citada reforma
de la elección del Consejo General del Poder Judicial —que ha de
anunciar otra más profunda de su estructura y competencias en una
completa revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial—, la del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal que «en lo estructural se traducirá
en la adaptación de su organización interna, revisándose las funciones
de la Secretaría Técnica y de la Inspección Fiscal y estableciéndose la
temporalidad en los cargos jerárquicos del Ministerio Fiscal con criteeuropa
y latinoamérica 153

ios objetivos, y en el aumento de sus recursos humanos y medios materiales...
y en el estatuto personal de sus miembros, un nuevo régimen
estatutario propio de la carrera fiscal».
b) Reforma procesal en la que se encuadran obviamente la reforma del
recurso de amparo, del recurso de casación «aproximando su regulación
en las diferentes leyes reguladoras del proceso y atendiendo a la
noción de interés casacional» y del recurso de revisión; la redefinición
de las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia que «desarrollarán
una función casacional en todas las ramas del Derecho Autonómico»
y a los que se atribuirá la segunda instancia penal en los términos
que resulten de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y se
aumentará la cuantía para el recurso de suplicación en el orden social.
Por lo que se refiere a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, enuncia
el Pacto algunos de sus principios: agilización de procedimientos,
mejora de procedimientos abreviados, enjuiciamiento inmediato de
los delitos menos graves y simplificación de trámites en las grandes
causas; modificación de la acción popular y la acusación particular;
protección y defensa de las víctimas de los delitos violentos; reforma
de la prisión provisional; extensión de la doble instancia en todos los
procesos penales; delimitación precisa de los derechos del detenido;
adaptación de la regulación de los medios de prueba; delimitación
precisa de los sujetos durante el proceso; y muy señaladamente «la readaptación
del sistema de jurado a la luz de la experiencia observada en
su funcionamiento» que —entiendo— sólo puede llevarse a cabo mediante
la sustitución del jurado puro por el escabinado. No debe olvidarse
la nueva Ley Concursal, cuyo anteproyecto fue informado favorablemente
por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo
de Estado.
c) Reforma territorial en la que se apunta la reorganización de los Tribunales
Superiores de Justicia y de sus Salas de Gobierno y un nuevo
mapa judicial «que permita agilizar y acercar la Justicia al ciudadano
(... en orden a) ajustar la organización a la carga de trabajo existente en
cada parte del territorio nacional», anunciando una Justicia de proximidad,
un nuevo Juzgado de lo Civil, Juzgados especializados en materia
mercantil y el desarrollo de los Juzgados de Familia.
d) Reforma personal que alcanza, en primer término, a la carrera judicial
en una decidida apuesta por los jueces profesionales —anunciando la
ampliación progresiva de la planta y la reducción de los sustitutos y suplentes—
con arreglo a un nuevo estatuto, en el que se trazan las líneas
para la selección rigurosa y objetiva —con la previsión de racionalización
de los atípicos tercer y cuarto turno—, para la superación del criterio
exclusivo de la antigüedad para la adjudicación de destinos
—con el fomento de la especialización—, para la fijación de condiciones
especiales en orden al acceso a determinados órganos o cargos y limitación
del tiempo de permanencia, para la potenciación de la formación
para la articulación de un nuevo sistema de responsabilidades,
prohibiciones e incompatibilidades, y para el diseño de un nuevo sistema
retributivo incentivador «que garantice la independencia económica
y fomente la formación, el rendimiento y la asunción de mayores
responsabilidades». Se sientan también las bases para la redefinición
de las funciones de los Secretarios Judiciales —que constituirán un
154 europa y latinoamérica

cuerpo único de funcionarios técnicos superiores dependientes del
Ministerio de Justicia— y del personal al servicio de la Administración
de Justicia formado fundamentalmente por personal funcionario de
carrera integrado en Cuerpos Nacionales —y no propios de las Comunidades
Autónomas, como se pretendió inicialmente desde algunas de
éstas— de nueva formación. Por fin, en cuanto a los Abogados y Procuradores,
se prevé el establecimiento de «fórmulas homologables con
los países miembros de la Unión Europea para garantizar la preparación
en el ejercicio de la profesión».
e) Reforma instrumental y material, en la que cobra una especial relevancia
la modernización de la Oficina Judicial, de la que dibuja un nuevo
diseño con arreglo a criterios de servicio al ciudadano: apertura por las
tardes, servicios comunes, servicios de apoyo directo y atención especializada
a cada órgano judicial, reforma del estatuto del personal introduciendo
la figura del «monitor de informática» y simplificando la compleja
estructura de cuerpos funcionariales, implantación plena de los
medios informáticos y telemáticos y modernización de los métodos de
trabajo. Se anuncia asimismo un Plan Estratégico de las Nuevas Tecnologías,
un Plan de Infraestructuras para la modernización de las sedes
judiciales y una Carta de Derechos de los Ciudadanos.
En fin, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia pretende la
consolidación del Poder Judicial al servicio de los ciudadanos, y como
expresión cierta de ello dispone de una financiación específica, sin
precedentes en nuestra historia, inicialmente estimada en doscientos
cincuenta mil millones de pesetas adicionales. Comienza una etapa
determinante, una apertura de posibilidades —hasta ahora muchas
veces anunciada pero nunca enunciada— para la Justicia española.
3. El modelo ofrecido por los grupos políticos españoles, auspiciado por
el Gobierno —que por vez primera en nuestra historia, ha situado la Justicia
como prioridad institucional— es un referente encomiable para los países iberoamericanos,
que han de afrontar con el mayor nivel de acuerdo la modernización
del Poder Judicial, sin la que no resulta posible la consolidación democrática.
La reforma es urgente y requiere de la mayor concentración de esfuerzos y
de la necesaria valentía para acometerla. Como afirmaba Jacques Chirac en el
discurso televisado a los franceses de 20 de enero de 1997: «No puede existir un
auténtico Estado de Derecho, ni una verdadera virtud republicana sin una buena
justicia. La situación es tan insatisfactoria que los ciudadanos franceses se resienten
en su vida cotidiana. La justicia está, en cierta medida, amenazada de
asfixia. La justicia no responde a las esperanzas de los franceses. Los medios
consagrados a la justicia deben ser aumentados. Todo lo exige. La demanda de
justicia no cesa de crecer». S.M. El Rey Juan Carlos I proclamó en el discurso de
la Nochebuena de 1997 que: «El buen funcionamiento de la Justicia, su independencia
y su eficacia, que a todos nos preocupan, son absolutamente esenciales
en un Estado de Derecho. Sé que los poderes del Estado son conscientes de la
trascendencia de esta cuestión y tengo la seguridad de que no permanecen inactivos
ante ella. Corresponde a los jueces aplicar e interpretar el Derecho. Esta
noble tarea, que exige fortaleza, dedicación, limpieza de miras y sentido del deber,
debe ser apoyada por todos, como una forma de contribuir al buen desarrollo
de uno de los pilares de la democracia», subrayando así que el tercer poder
del Estado es también un servicio a los ciudadanos. Si el molinero de
europa y latinoamérica 155

Potsdam proclamó «Aun hay jueces en Prusia», hoy podemos reclamar justicia
para la Justicia, todavía bajo el trípode de Carnelutti, para la plena consolidación
del Estado democrático de Derecho.
Y, en fin, como escribe Daniel Alberto Sabsay, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Buenos Aires: «Si realmente existe una
asignatura pendiente en los incipientes Estados de Derecho de América Latina,
ella es sin lugar a dudas la problemática de la justicia. La laxitud de los controles
que se ejercen sobre nuestras instituciones, el desamparo que acusa al ciudadano
común frente a una inquietante y creciente cuota de impunidad, la falta de
independencia de los tribunales, la escasa formación de sus titulares, son algunas
de las más graves falencias que exhibe la organización de la justicia, tanto en
nuestro país como en gran parte del subcontinente». Aunque pueden encontrarse
adjetivos aún más contundentes, difícil resulta hallarlos más claros para
definir la oscura realidad del Poder Judicial en Iberoamérica, un poder débil en
su configuración y debilitado no solo orgánica sino materialmente, hasta el
punto de que deviene incapaz de asumir las responsabilidades que la Constitución
le encomienda, sin olvidar la percepción de escasa confiabilidad por las sociedades
iberoamericanas. Sin pretensiones hercúleas, «encontrar la solución a
tan alarmante estado de cosas —concluye Sabsay—, no solo es un imperativo
de la conciencia democrática, sino, y sobre todo, un requisito indispensable
para asegurar la vigencia de la Constitución y del Estado de Derecho».
Nota bibliográfica
1. Libros y artículos de revistas científicas
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Jurídicas: Perspectivas para el próximo milenio. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1996.
F. CARRILLO. «La gobernalidad y los sistemas de reforma de justicia en América Latina». III Conferencia de
Presidentes de Tribunales y Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, Portugal y España (en edición).
L. M.ª CAZORLA PRIETO, E.ARNALDO ALCUBILLA yF.ROMÁN GARCÍA. Temas de Derecho Constitucional.
Aranzadi. Pamplona, 2000.
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F. EGUIGUREN PRAELI. Los Tribunales Constitucionales en Latinoamérica: una visión comparativa. Fundación
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D. GARCÍA BELAUNDE. «La jurisdicción constitucional y el modelo dual o paralelo». La Ley núm. 197, 1998.
H. LA ROCHE. Derecho Constitucional. Vadell. Caracas, 1991.
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Perú-Fondo Editorial. Lima, 1999.
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D. LÓPEZ GARRIDO, M.F.MASSO yL.PEGORARO. Nuevo Derecho Constitucional Comparado. Tirant Lo
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L. F. SOLANO CABRERA. La situación de la Justicia. Centro de Estudios Judiciales para Centroamérica. Comisión
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A. VENTURA. El Consejo de la Magistratura. Depalma. Buenos Aires, 1998.
VV.AA. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
1997.
VV.AA. Gobernabilidad y desarrollo democrático en América Latina y el Caribe. PNUD, 1998.
156 europa y latinoamérica

2. Documentos
VI Cumbre de Presidentes Iberoamericanos de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia. CGPJ,
2001.
Proyecto regional de capacitación judicial continuada. CGPJ, 2000.
Libro Blanco de la Justicia. CGPJ, 1997.
Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, 2001.
europa y latinoamérica 157

LA COOPERACIÓN EN MATERIA
DE SEGURIDAD
Fernando Benzo

1. Introducción
A la hora tanto de diseñar como de analizar cualquier política de cooperación
entre España e Iberoamérica, se parte siempre de un riesgo que debe ser
necesariamente evitado, como es el de adoptar una perspectiva paternalista,
una perspectiva de desequilibrio entre los actores y, llevado a sus últimas consecuencias,
una perspectiva de regusto colonizador.
Tal riesgo se hace más potente si dicha política se enmarca en un ámbito de
envergadura política aún mayor, como son las relaciones de Iberoamérica con
la Unión Europea. La tentación de otorgar preponderancia a uno de ambos
bloques implica el peligro de convertir la cooperación en tutoría, los objetivos
compartidos en intereses individuales y el consenso en imposición. Es evidente
que, desde el punto de vista económico, político o militar, la Unión Europea
constituye en la actualidad una potencia supranacional de mayor presencia e
influencia en el concierto internacional que los países iberoamericanos, menos
desarrollados económicamente, más inciertos en cuanto a evolución política y
débilmente cohesionados como tal bloque. Pero es también igualmente cierto
que, a la hora de sentar las bases de una cooperación entre ambas áreas geográficas,
estas deben fijarse partiendo de la mutua dependencia, de la mutua necesidad,
aunque sea a partir de intereses divergentes, que la una tiene de la otra.
Solo así, la cooperación podrá ser fructífera y continuada, liberándose de complejos
que impidan hacer efectivas las políticas que se adopten.
Esta afirmación es especialmente aplicable al ámbito de la seguridad. En estos
tiempos de globalización, nada hay más globalizado que las amenazas a la
seguridad y, por tanto, las formas de responder a dichas amenazas. Los sucesos
del 11 de septiembre de 2001 han puesto de manifiesto esta realidad. Sería temerario
afirmar que, si existiesen canales más intensos y eficaces de cooperación
policial internacional, dichos atentados terroristas se hubiesen podido haber
evitado. Pero lo que sí es evidente es que el entramado oculto tras estos
sucesos ha puesto de manifiesto que las redes criminales —en este caso terroristas,
pero lo mismo cabe afirmar respecto a las redes de delincuencia organizada,
de blanqueo de capitales, de narcotráfico o de cualquier otra manifestación criminal—
tienen cada vez más una dimensión supranacional en cuanto a su organización
y estructura y que, por tanto, para combatirlas eficazmente, requieren
igualmente mecanismos supranacionales de actuación policial, ya sea en el
ámbito de la información, de la prevención o de la reacción.
Por ello, si partimos de esta premisa, de la indiscutible afirmación de que las
amenazas a la seguridad son comunes para todos los Estados y, por tanto, su
respuesta debe ser igualmente común, no puede plantearse una cooperación
policial internacional que no parta del reconocimiento de un mismo protagonismo,
de una misma relevancia, a las partes implicadas en ella. Cuando se cooeuropa
y latinoamérica 161

pera internacionalmente en materias policiales, no se puede plantear dicha
cooperación desde la idea de exportar, casi de vender, un modelo de seguridad
propio a alguien que no lo tiene. No se trata de imponer criterios ni de buscar la
dependencia, la influencia o la imposición a la otra parte. No se trata tampoco
de pretender satisfacer con ello intereses particulares, sino de identificar intereses
comunes. No se puede tratar, en definitiva, de desarrollar una política de colonialismo
securitario. De lo que se trata es de que la conjunción de intereses, el
diseño de mecanismos comunes y la consolidación de una cultura de seguridad
común generen beneficios en ambas direcciones, en la medida en que el beneficio
de una parte —medible en términos de eficacia policial, de capacitación, de
modernización y de capacidad de respuesta ante el delito— sea también beneficio
para la otra.
Estos principios generales presentan sus propias peculiaridades cuando
volvemos a referirlos a la relación entre España e Iberoamérica y, más en concreto,
al ámbito de la seguridad.
En este sentido, España presenta una particular peculiaridad dada su doble
condición. Por un lado, no es necesario justificar ni extenderse en los especiales
vínculos que tiene nuestro país con Iberoamérica. Por otro lado, hay que tomar
en consideración las imposiciones y los intereses que se derivan de la pertenencia
de España a la Unión Europea.
Partiendo de la conjunción de ambos elementos, es obvio que el punto de
origen de toda relación entre España e Iberoamérica debe superar arraigados
prejuicios. De un lado, Iberoamérica no debe mirar a España desde el recelo o la
desconfianza. Muy al contrario, debe mirar a nuestro país desde sus propios intereses,
en la medida en que es en España donde puede encontrar al mejor embajador
para hacer valer sus demandas, sus necesidades y sus valores en el conjunto
de la Unión Europea. España es la puerta de Iberoamérica en la Unión
Europea. A su vez, como quedó señalado al principio, España debe afrontar sus
relaciones con Iberoamérica sin complejos y sin prepotencia, sin arrastrar ancestrales
sentimientos de culpa ni adoptar actitudes paternalistas. Pero también
sin filantropías. Como miembro de la Unión Europea, a España le interesa de
cara a sus socios comunitarios reforzar su posición en Iberomérica en la medida
en que el despliegue de un área de influencia extracomunitaria repercute indefectiblemente
en la propia influencia interior.
Por tanto, los intereses particulares de cada una de las partes permiten identificar
a su vez intereses comunes que justifican una labor de cooperación que,
si bien lleva ya unos años de desarrollo, debe intensificarse y ser potenciada en
el futuro.
En el terreno de la seguridad, los intereses políticos se ven reforzados por
intereses prácticos, que se derivan de los puntos en común que existen entre
España e Iberoamérica, tanto en cuanto a la identificación de amenazas como
en cuanto a los medios de respuesta a las mismas.
La conexión en materia de seguridad entre España e Iberoamérica es evidente.
Puede elegirse cualquier fenómeno delictivo. En el ámbito del terrorismo,
siempre ha sido y sigue siendo absolutamente esencial la cooperación con
los países iberoamericanos. Ha habido Estados que tradicionalmente sirvieron
como santuario de terroristas y que, gracias a la cooperación policial y judicial,
cada vez son menos proclives a dar amparo a quienes huyen de la Justicia española.
En la lucha contra el narcotráfico, no cabe duda de que los grandes circuitos
de tráfico de estupefacientes recorren territorio iberoamericano para utilizar
luego nuestro país como puerta de acceso a Europa y de que sus redes
162 europa y latinoamérica

organizativas se asientan y actúan coordinadamente a uno y otro lado del océano.
Lo mismo cabe afirmar respecto de las organizaciones de blanqueo de capitales,
que operan en ambas direcciones a la búsqueda de lagunas en los sistemas
legislativos y financieros, en una u otra área, que les permitan cumplir sus fines.
La inmigración ilegal, como manifestación de delincuencia organizada, y en
términos generales la trata de seres humanos ha establecido también puentes
directos de actuación entre España e Iberoamérica. Generalmente, y en definitiva,
igual que los Estados como tales se valen de los vínculos que existen entre
nuestro país e Iberoamérica, también los grupos delictivos han sabido instrumentalizar
tales vínculos en beneficio propio y, por tanto, han generado la necesidad
de que la política de seguridad española y europea necesite perentoriamente
dirigir su mirada a Iberoamérica para, de una manera conjunta, plantar
cara a todos estos fenómenos.
Detectada así la necesidad común, el siguiente paso es determinar en qué
ámbitos o sobre qué pilares concretos debe construirse la cooperación entre
España e Iberoamérica en materia de seguridad.
Al respecto, es necesario partir de la idea de que una cooperación eficaz en
materia de seguridad debe articularse siempre sobre tres ejes independientes
pero íntimamente relacionados entre sí: político, judicial y policial.
Desde el punto de vista político, la relación institucional fluida entre Gobiernos
resulta imprescindible. Es preciso establecer un diálogo constante entre
los responsables políticos que ampare, potencie y señale los campos prácticos
de la cooperación. Así, las Cumbres Iberoamericanas, por citar un ejemplo, han
desempeñado un papel de la mayor relevancia a la hora de crear foros y cauces
de comunicación que aproxime a los diferentes Gobiernos implicados y que,
transcendiento las relaciones bilaterales más o menos concretas, consolide una
cultura de esfuerzo común para acercar, más allá de ideologías determinadas,
intereses y objetivos de todos.
En segundo lugar, la acción policial resulta vana si no va respaldada por una
previa consolidación de instrumentos legales y judiciales comunes. Los convenios
en materia de extradición, de asistencia judicial mutua, de transmisión de
documentos, por citar los ejemplos más relevantes, constituyen el soporte legal
imprescindible para cumplir el fin último de la cooperación securitaria: que los
delincuentes no puedan evadir, por el mero paso de fronteras, la acción de los
tribunales y que, en definitiva, el que haya cometido un delito, cualquiera que
sea el lugar donde se encuentre, pueda ser castigado, pueda responder de sus actos
ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Por último, desde el punto de vista estrictamente policial, que es en el que
aquí vamos a centrarnos, la cooperación debe desarrollarse en un doble frente:
— Integral: se trata de una cooperación de naturaleza generalista y permanente,
dirigida a reforzar estructuras más que a hacer frente a problemas
concretos. En este ámbito se integrarían los programas desarrollados
por España y financiados por la Unión Europea de creación, formación
o modernización de Cuerpos policiales iberoamericanos, o los mecanismos
instaurados vía convenios bilaterales y multilaterales para establecer
cauces de intercambio de información y de análisis conjunto frente a
determinados fenómenos delictivos.
— Específica: son asistencias precisas en aspectos concretos. En este caso, se
trata de una cooperación con una dimensión eminentemente práctica u
operativa que pretende de manera directa dar una respuesta inmediata a
europa y latinoamérica 163

una demanda individualizada. Es el caso de las operaciones de gestión
de crisis y solución de conflictos o de operativos conjuntos desarrollados
por diferentes Cuerpos policiales ante actividades delictivas concretas.
A partir de esta doble filosofía de cooperación, cabría englobar en ella prácticamente
cualquier manifestación criminal. Pero, en aras de la sistemática, y como
campos más relevantes de la cooperación securitaria, el presente estudio se centra
en una serie de aspectos concretos que, en suma, ofrecen una visión global de lo
que se está haciendo y de lo que se debe hacer en este terreno, como son:
— la cooperación entre Cuerpos de Seguridad
— las operaciones de gestión de crisis
— la lucha contra el narcotráfico
— la cooperación frente a fenómenos delictivos relevantes
— la cooperación penitenciaria.
2. Cooperación entre Cuerpos de Seguridad
Resulta una afirmación obvia decir que el primer requisito de la eficacia policial
es que los Cuerpos de Seguridad tengan una alta cualificación. Pero, más
allá de la obviedad, dicha afirmación contiene un mayor calado si tratamos de
entender qué se entiende por tal cualificación.
En primer lugar, un Cuerpo de Seguridad debe responder en su estructura,
organización y principios inspiradores a la realidad del país en que presta sus
servicios. No se trata de que los Cuerpos policiales estén imbuidos de la ideología
política imperante en un momento determinado en un Estado. Nada hay
más contraproducente que la politización de la seguridad y, por extensión, de
aquellos que la prestan o la garantizan. De lo que se trata es de que los principios
básicos de un Estado —entendiendo por tales sus valores constitucionales,
su régimen político, su propia idiosincrasia social— se integren en el Cuerpo
policial y lo impregnen en todos sus aspectos.
Así, es evidente que un país sometido a un régimen dictatorial determinará
unos Cuerpos policiales mucho más sometidos a las estructuras de poder, mucho
más condicionados por la jerarquía o mucho más rígidos en cuanto a sus
ámbitos de actuación. Frente a ello, en un Estado democrático, un Cuerpo policial
debe partir de criterios democráticos tanto en cuanto a su ordenación interna
—diseño de las carreras o reconocimiento de los derechos profesionales
de sus miembros— como en cuanto a su actuación externa —respeto escrupuloso
a la legalidad en sus actuaciones, sometimiento a las decisiones judiciales y
vocación de servicio en la protección y garantía de los derechos fundamentales
de los ciudadanos—, dando como resultado un servicio policial radicalmente
opuesto al de regímenes no democráticos.
Del mismo modo, la naturaleza social e incluso geográfica de un país condiciona
las características de sus Cuerpos de Seguridad. La necesidad de especialización
en policía rural o urbana, según sus focos de población; la creación
de unidades de montaña, de protección de la naturaleza, de policía aduanera,
de servicios marítimos, etc., según su orografía; la mayor preparación militar o
exclusivamente policial, según el tipo de conflictos internos que padezca el país;
y así hasta un largo etcétera.
164 europa y latinoamérica

En un tercer aspecto, las propias amenazas a la seguridad condicionan la
preparación que requieren los miembros de los Cuerpos, en cuanto a las necesidades
de crear Unidades específicas que puedan hacer frente a los delitos más
relevantes en una determinada comunidad, ya sea tráfico de drogas, trata de seres
humanos, vandalismo, seguridad ciudadana, redes mafiosas, etc.
En definitiva, la actividad de policía no es la misma ni se puede prestar de
igual forma en todos los Estados, sino que viene condicionada por toda una serie
de factores, todos ellos mutables, que requieren una continua redefinición
y actualización de los Cuerpos policiales cuando no una creación ex novo de
estos.
Así, son muchos los países iberoamericanos que, en los últimos años, han
requerido una reconversión, en muchas ocasiones absolutamente radical, de
sus Cuerpos policiales. Ya sea por un cambio de régimen político, ya sea por la
mera obsolescencia de sus servicios policiales, ya sea por una prosperidad general
que demanda una modernización policial, ya sea por la aparición de nuevas
amenazas a su seguridad, se han vivido numerosos procesos; muchos de ellos
están abiertos, muchos estos también pendientes de consolidarse aún, de cambio
de cultura, de sistemas y de organizaciones policiales.
En estos procesos, la cooperación internacional ha sido fundamental en
numerosos Estados iberoamericanos. Dicha cooperación se ha estructurado
por una triple vía:
— Naciones Unidas, como en el caso de Guatemala, cuya remodelación policial
tuvo su origen en MINUGUA, la Misión de la ONU destinada a verificar
el respeto de los derechos humanos en el país, misión a la que se
vinculó y que sirvió como origen para una labor integral de remodelación
de las estructuras policiales guatemaltecas. Otro ejemplo semejante
sería la creación en El Salvador de un nuevo Cuerpo de Policía Nacional
Civil, como continuación de ONUSAL, Misión de la ONU semejante a
la realizada en Guatemala.
— Unión Europea, mediante la aprobación de proyectos de financiación
comunitarios para tal fin y, generalmente, adjudicados después a un
Estado miembro para que se ejecuten.
— Cooperación bilateral, por solicitud expresa de colaboración por parte
de un Estado iberoamericano.
Lo cierto es que, sea cual sea el origen del proyecto de cooperación, España
ha desempeñado tradicionalmente un papel del máximo protagonismo en estos
proyectos. La peculiaridad que ofrece España respecto a otros Estados se
basa en dos elementos: la cercanía cultural y lingüística con los países iberoamericanos,
y con la existencia en nuestro país de dos modelos diferentes de
Cuerpos de Seguridad, como son la Guardia Civil y la Policía Nacional, lo que
supone una oferta de modelos que permite dar respuestas diferenciadas a las
diferentes peticiones de los Estados iberoamericanos, optando en algunos casos
por seguir las líneas de una Fuerza de Seguridad de naturaleza militar, como la
Guardia Civil, o bien de naturaleza civil, como es la Policía Nacional, con sus diferentes
criterios organizativos y de actuación.
La suma de los dos elementos referidos hacen de España el candidato perfecto
para prestar su cooperación ante demandas integrales de reforma policial.
En cuanto a la naturaleza de esta colaboración integral desarrollada por
nuestro país, se puede estructurar en tres modalidades:
europa y latinoamérica 165

a) Diseño de Cuerpos de Policía
El modelo paradigmático de esta tarea lo constituiría la participación de la
Guardia Civil en el denominado Programa de Apoyo a la Política Nacional de
Seguridad Ciudadana, en Guatemala. Dicha cooperación se inicia en 1996 tras
la firma de los Acuerdos de Paz entre la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca) y el Gobierno del país.
El Gobierno guatemalteco decidió crear un nuevo Cuerpo policial que sustituyera
a los dos existentes hasta entonces (la Policía Nacional y la Guardia de
Hacienda), que habían perdido la confianza de la sociedad civil. Se decidió así
crear la denominada Policía Nacional Civil, que utilizaría como modelo el de
nuestra Guardia Civil.
Una cooperación de esta envergadura se estructura en fases concretas que,
en el ejemplo referido, consistieron en las siguientes:
Formar y capacitar a la nueva Policía Nacional Civil.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los policías
proporcionando las infraestructuras necesarias.
Proporcionar los medios necesarios para lograr un real despliegue territorial
de la Policía Nacional Civil.
Crear e impulsar dentro del nuevo Cuerpo las estructuras de mando, dirección,
coordinación y control capaces de resolver los problemas de todo tipo de
las Unidades operativas.
Asistir a las Unidades Territoriales en su inicial despliegue, hasta tanto alcanzasen
un nivel de funcionamiento satisfactorio.
Semejante fue el programa desarrollado en El Salvador, en el que participaron
tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía por parte de
España, junto con el Cuerpo de Carabineros de Chile, en la tarea de crear una
Academia y un Cuerpo de Policía que despolitizara los servicios policiales existentes
adaptándolos a la nueva realidad socio-política del país.
b) Formación
En este terreno más específico, España ha articulado siempre su cooperación
con Iberoamérica a través de proyectos concretos, que suponen respuestas
determinadas a demandas precisas de uno u otro Estado.
Como criterio general, la cooperación en materia formativa se ha orientado
tradicionalmente a aportar una mayor capacitación a los futuros mandos y oficiales
de los Cuerpos policiales iberoamericanos, complementando las enseñanzas
que a tal fin reciben en sus países de origen con un conocimiento de la
experiencia española. Así, esta formación se integra parte de Cursos de ascenso
y promoción de los miembros de Cuerpos de Seguridad y por tanto carecen de
un planteamiento generalista o global.
Como se verá más adelante, a pesar de que es frecuente la presencia de mandos
iberoamericanos en las distintas Escuelas y Academias de las Fuerzas y
Cuerpos de España, quizás este ámbito carece de un planteamiento más generalista
y menos derivado de solicitudes concretas dirigidas a un reducido grupo
de personas.
166 europa y latinoamérica

c) Especialización
La especialización constituye, sin duda, la gran asignatura actual de los
Cuerpos policiales. Frente a unas amenazas múltiples, heterogéneas, cambiantes
y en permanente renovación, es preciso dotar a los Cuerpos de Seguridad de
una capacidad de respuesta específica ante cada amenaza, ante los nuevos retos
que puedan aparecer y ante la diversidad de manifestaciones criminales que
surgen en nuestros días.
Si bien la cooperación formativa especializada con los países de Iberoamérica
adolece, quizás, de los mismos defectos apuntados respecto a la formación,
no es menos cierto que la actividad en este terreno se ha desarrollado con intensidad
a lo largo de los últimos años, tanto por parte de la Guardia Civil como
del Cuerpo Nacional de Policía, ya sea con la presencia en España de miembros
de Cuerpos sudamericanos, ya sea con la presencia en sus países de origen de
representantes de nuestros Cuerpos para impartir enseñanzas específicas según
la demanda.
Así, la tarea de especialización que se ha llevado a cabo ha comprendido
ámbitos tan variados como:
— Desactivación de explosivos.
— Lucha contra la droga.
— Tráfico.
— Protección de la Naturaleza.
— Blanqueo de capitales.
— Control aduanero.
— Servicio marítimo.
— Protección de personas.
—Tiro.
En todo caso, en cualquiera de las variantes señaladas, la tarea de cooperar
con Estados iberoamericanos en materias de creación o enseñanza de Cuerpos
policiales tiene un doble valor. De un lado, el valor intrínseco que supone formar
parte de la creación o de la consolidación de Cuerpos policiales modernos,
capacitados y eficaces. Pero, más allá de ese valor inmediato, a través de estas tareas
se genera un beneficio mayor. Toda esta labor doctrinal, de intercambio de
experiencias y de soluciones, de confluencia de necesidades y respuestas, es el
mejor cauce para consolidar una cultura común de seguridad, un sistema no
solo de métodos de actuación, sino también de valores compartidos, lo que a la
larga será el mejor poso sobre el que asentar la colaboración puramente operativa.
Por todo ello, poner el acento en este ámbito de cooperación constituye una
premisa del máximo alcance para lograr una relación fluida basada en la mutua
comprensión de las demandas, las necesidades y también las carencias de cada
parte.
3. Prevención de conflictos y gestión de crisis
Si bien no se trata de una actividad policial en sentido estricto, la política de
prevención de conflictos y gestión de crisis que, en los últimos tiempos y muy
especialmente desde el Tratado de Niza, está impulsando la Unión Europea tieeuropa
y latinoamérica 167

ne una dimensión en el terreno de la seguridad que justifica un tratamiento específico.
Esta modalidad de cooperación de la Unión Europea con terceros países
—puesta ya en práctica en escenarios como Kosovo—, encuadrada en la denominada
PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa), recibe actualmente
una especial atención por parte de los órganos comunitarios, involucrándose
en ella tanto las estructuras de la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común)
como la propia Presidencia de la Comisión y la Secretaría General del
Consejo.
El área iberoamericana, en principio, no constituye la zona geográfica a la
que actualmente se orienta el diseño de esta política. Pero lo cierto es que ya han
existido misiones internacionales, en el marco de la ONU, como las anteriormente
citadas respecto a Guatemala o El Salvador, que en realidad comparten la
naturaleza definitoria de este tipo de proyectos y no sería descartable, ante una
determinada situación de conflicto, que la PESD volviera su mirada a Iberoamérica,
fundamentalmente a través de España, como es lo habitual, en un futuro.
Por ello, dentro de un concepto amplio de las políticas de seguridad y de
cooperación internacionales en esta materia de la Unión, es al menos interesante
apuntar cuáles son las líneas maestras sobre las que, actualmente, se están definiendo
en la Unión este tipo de misiones, que algún día pueden tener su escenario
en un Estado iberoamericano.
En primer lugar, la Unión ha adoptado cinco principios básicos sobre los
que debe asentarse toda actuación frente a conflictos violentos en terceros Estados.
Dichos principios son:
1) Propiedad: entendido el término como el reconocimiento a que el primer
protagonista del conflicto es el propio Estado y que, por tanto, los
programas de cooperación en este terreno deben tomar en consideración
y coordinarse desde el respeto a la estrategia del propio paísyasu
peculiaridades sociales, históricas y culturales.
2) Prevención: poniendo más el acento en el análisis previo de posibles
riesgos de conflicto que en la reacción posterior, mediante el estudio, el
intercambio de informaciones y los mecanismos de cooperación que
permitan detectar los factores de riesgo, y que así abran la posibilidad a
acciones preventivas frente a las meramente reactivas.
3) Coherencia: buscando en toda misión una labor coordinada, en primer
lugar, de todos los órganos y estructuras de la propia Unión, de
esta en su conjunto con el país en conflicto, de esta con la posible acción
bilateral de un Estado miembro y, por último, de la Unión con
otras organizaciones internacionales dedicadas a la prevenir de conflictos.
4) Acción oportuna: reduciendo el desfase entre el análisis, la alerta temprana
y la ejecución de acciones, mediante la articulación de mecanismos
adecuados tanto de información como de toma de decisiones.
5) Coordinación: fijando mecanismos y cauces eficaces de intercambio
de información tanto dentro de la propia Unión como respecto de terceros
países.
A partir de estos principios, aunque poniendo siempre el acento en el terreno
de la prevención, la Unión Europea trabaja con intensidad (así, el asunto ha
sido revestido del mayor protagonismo en el Consejo Europeo de Colonia y en
168 europa y latinoamérica

el de Feira y la reciente presidencia sueca presentó en su Consejo de Gottemborg
su propio Programa Europeo para la Prevención de Conflictos) para elaborar
Planes que abarquen su posible actuación, tanto preventiva como en la
gestión de crisis y también en los procesos de estabilización post-conflictos.
Una vez más, España debe hacer valer en este terreno el papel que antes
mencionábamos de embajador de los intereses iberoamericanos en la Unión
Europea. Los Cuerpos policiales españoles desempeñan un papel en las tres fases
de esta política y, de manera muy especial, en un elemento fundamental de
las situaciones post-conflicto, como es la reforma policial de los Estados.
Por ello, esta política debe ser incluida y resaltada en el ámbito de la cooperación
policial y debe recibir un mismo grado de atención que la lucha contra la
delincuencia en sentido estricto, especialmente en lo que se refiere a la formación
de nuestros propios miembros de las Fuerzas y Cuerpos, que deben anticiparse
desde el punto de vista de su capacitación a un ámbito cooperativo que
podría activarse en cualquier momento en relación con un Estado iberoamericano,
situación ante la cual no cabe duda del protagonismo que necesariamente
debería asumir nuestro país.
4. La lucha contra el narcotráfico
La lucha contra el narcotráfico constituye el ámbito más desarrollado y estructurado
de la cooperación en materia de seguridad entre Iberoamérica y la
Unión Europea. Por ello, merece no solo un análisis singularizado, sino quizás
su consideración como modelo de lo que debe ser una cooperación activa, de
doble flujo o beneficiosa por igual para ambas partes y eficaz en cuanto a la
unión de mecanismos, criterios e información a la hora de hacer frente a un fenómeno
delictivo.
Es evidente que el narcotráfico es, actualmente, la manifestación criminal
en que se produce una mayor interrelación entre ambos continentes, en la medida
en que los circuítos de la droga que tienen su origen en países latinoamericanos
tienen en Europa, junto con los Estados Unidos, su punto de destino y las
redes criminales que operan en dichos circuitos tienen ramificaciones supranacionales
que se extienden también por el territorio de ambos continentes.
Por todo ello, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico presenta una
serie de características particulares que conviene subrayar.
En primer lugar, se produce en un doble plano, bilateral y multilateral.
Del lado exclusivamente iberoamericano, frente a la falta de cohesión como
bloque que se aprecia en otros ámbitos, sí existen en esta materia serios intentos
de unir fuerzas frente al enemigo común. Así, esa cohesión se articula, en el
seno de la Organización de Estados Americanos, a través de la CICAD (Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), que a su vez tiene
por objetivo apoyar, coordinar y consolidar las Comisiones Nacionales de Droga
de los diferentes Estados. Así, y con la participación de España, la CICAD ha
impulsado programas concretos de fortalecimiento institucional de las Comisiones
Nacionales de Droga de diferentes Estados iberoamericanos. En concreto,
se han elaborado proyectos en dos bloques de Estados: Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, de un lado; Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, de otro.
europa y latinoamérica 169

Bilateralmente, los países europeos e iberoamericanos han desarrollado
una amplia política de cooperación en esta materia. Por lo que respecta a España,
a través del Plan Nacional sobre Drogas, se han articulado convenios bilaterales
destinados al intercambio de información, la cooperación policial, el control
y la prevención y la asistencia técnica en el ámbito de la lucha contra el
narcotráfico con Chile, Méjico, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Panamá, Uruguay,
Cuba, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador y Guatemala.
Multilateralmente, la Unión Europea ha asumido la financiación de numerosos
proyectos nacionales de reforzamiento institucional —creación de
Observatorios Nacionales de Drogas, de Oficinas de Control de Drogas o de
Programas de Tratamiento y Rehabilitación, por ejemplo—, amén de haber
creado un instrumento específico de cooperación, al que nos referiremos más
en detalle, como es el Mecanismo de Coordinación y Cooperación entre la
Unión Europea, América Latina y Caribe.
Un segundo aspecto que subrayar en este ámbito es el juego de intereses encontrados
que se produce al desarrollar esta cooperación. Se pone de manifiesto
la tentación habitual de instrumentalizar la cooperación internacional como
medio para desarrollar áreas de influencia política. Así, la Unión Europea y
Estados Unidos han mostrado en ocasiones un cierto juego de rivalidad a la
hora de servirse de la lucha contra el narcotráfico como vía de penetración, con
la mirada puesta en objetivos más amplios, en los Estados iberoamericanos. No
se trata de un juego ilícito, pero sí de una competencia de intereses que, a la vez
que potencia una política de cooperación concreta como esta, introduce en ella
el riesgo de desvirtuarla si se transforma en medio y no en fin al servicio de objetivos
diferentes a aquellos para los que la cooperación ha sido planteada.
El tercer aspecto que resaltar en este ámbito es la positiva confluencia que se
da en este punto entre dos dimensiones de la cooperación internacional, como
es su faceta política o institucional y su faceta operativa. En este aspecto, la cooperación
en materia de drogas ha crecido de manera paralela en una doble vía.
Por un lado, en lo que es la creación de una serie de organismos político-institucionales
de diálogo, intercambio de información, etc. Por otro, en la consolidación
de prácticas policiales de acción conjunta en operaciones concretas. De
este modo, junto al reforzamiento institucional, se produce una acción policial
efectiva que ha permitido cortocircuitar la fluidez con que los estupefacientes
pudieran viajar de Iberoamérica a Europa, y se han obtenido relevantes éxitos
policiales en esta materia que, a su vez, sirven de refuerzo y reafirmación a la actividad
puramente política.
Señalados estos caracteres generales, resulta de interés, por su peculiaridad
y su posibilidad de servir como futuro modelo en otros campos, detenerse en
repasar los caracteres específicos del más emblemático instrumento institucional
creado por la Unión Europea en este ámbito de cooperación, como es el antes
citado Mecanismo de Coordinación y Cooperación entre la Unión Europea,
América Latina y Caribe.
El Mecanismo nació como una recomendación del Consejo Europeo de
Madrid de 1995 y en la Primera Reunión de Alto Nivel celebrada en este marco,
en Bruselas, en marzo de 1998, se estableció un programa de cooperación en el
denominado Plan de Acción.
Dicho Plan se inspira en los principios de responsabilidad compartida, enfoque
integral, equilibrado y participativo, desarrollo sostenible y no injerencia
en la soberanía de los Estados. El objetivo del instrumento es fomentar y coor-
170 europa y latinoamérica

dinar la cooperación orientada al fortalecimiento y al desarrollo de las políticas
nacionales y regionales sobre drogas de la zona.
Su financiación es compartida entre las Partes. En cuanto a sus objetivos, el
Plan fija de manera ambiciosa una amplia batería de medidas concretas a realizar
conjuntamente la Unión y los Estados iberoamericanos en los siguientes aspectos:
— Reducción de la demanda.
— Reducción de la oferta.
— Cooperación judicial, policial y aduanera.
— Tráfico ilícito de armas.
— Blanqueo de capitales.
— Promoción legislativa en materia de drogas.
— Fortalecimiento institucional.
A la vista está que este mecanismo constituye el primer intento de crear
todo un programa plurianual y estable de cooperación entre la Unión e Iberoamérica
en materia de seguridad, que quizás sea el modelo a partir del cual deben
ampliarse los campos de cooperación, superando la idea de una colaboraciones
proyecto a proyecto por este tipo de planes globales, de mayor rigor y
coherencia en su diseño.
La vitalidad de este mecanismo se puso de manifiesto en su Tercera Reunión
de Alto Nivel, celebrada en Cochabamba en junio de 2001, donde los Estados
que tomaban parte firmaban una Declaración en que revalidaban en su voluntad
de seguir ejecutando las acciones previstas en el Plan de Acción y se
congratulaban por los resultados obtenidos hasta la fecha.
La Cuarta Reunión de Alto Nivel fijo su celabración en Madrid durante la
Presidencia española del Consejo, oportunidad inmejorable para nuestro
país de orientar las prioridades del Plan de Acción y, a la vez, reafirmar y reforzar
el papel de liderazgo y protagonismo que España ha desempeñado tanto
en la puesta en marcha del mecanismo como en su posterior desarrollo y evolución.
5. La cooperación frente a otros fenómenos
delictivos
Si bien, como antes se señalaba, es la lucha contra el narcotráfico el modelo
más evolucionado de cooperación política y operativa en materia de seguridad,
existe otra serie de áreas de cooperación que presentan caracteres semejantes
entre sí y, frente a las cuales, se pueden señalar también similares necesidades de
desarrollo.
Como también quedó subrayado anteriormente, las redes de delincuencia
organizada tienen, en nuestros días, cada vez más, una mayor dimensión supranacional.
Sus cabezas directivas pueden ubicarse en un solo país, pero sus
miembros, los escenarios de sus acciones y las consecuencias de sus delitos suelen
ejecutarse o al menos repercutir en un territorio de más de un Estado.
Por ello, las medidas que se adopten requieren para ser efectivas una dimensión
igualmente supranacional, dimensión que debe afectar a todos los aspectos
de la investigación policial y que por tanto solo puede lograrse mediante
el establecimiento de una cultura común de seguridad, unas instituciones pereuropa
y latinoamérica 171

manentes de cooperación, una capacidad operativa conjunta y unos cauces estables
de intercambio de información.
Estos requisitos son aplicables por igual a los diversos fenómenos delictivos
que, con más frecuencia y con un creciente volumen, comparten Europa e Iberoamérica.
Así, junto con la lucha contra el narcotráfico y, en la mayoría de los casos,
íntimamente ligado a este, como delito conexo o extensión del fenómeno, el
blanqueo de capitales constituye otra manifestación criminal en que el flujo de
actuación entre ambos continentes es tan constante como creciente. Junto con
los requisitos generales de cooperación policial que se han venido citando, el
blanqueo de capitales requiere medidas específicas que pueden concretarse en
los siguientes aspectos: especialización de los Cuerpos de Seguridad, capacitando
Unidades con los conocimientos necesarios para investigar los flujos financieros
y las operaciones de mercado entre ambas áreas geográficas; establecimiento
entre las autoridades reguladoras de los sistemas financieros de los
Estados de cauces de intercambio de información constante sobre operaciones
económicas; y, de manera muy especial, el desarrollo de iniciativas de armonización
legislativa que cubran las posibles lagunas de los ordenamientos jurídicos
internos que permiten a estas organizaciones valerse de ellas para ocultar,
introducir y hacer circular el dinero, teniendo como objetivo evitar la existencia
de paraísos fiscales o financieros donde, en última instancia, puedan ir a parar
las ganancias que se obtienen con las actividades criminales.
El blanqueo de capitales constituye, en este aspecto, una de las áreas de cooperación
más necesitadas de desarrollo en el futuro más inmediato. Al fin y al
cabo, toda acción criminal persigue la obtención de beneficios económicos y
todos esos beneficios deben ser introducidos en los sistemas económicos para
poder circular en la legalidad. Frenar el blanqueo de capitales es frenar el crimen,
en cuanto que es este un delito, por así decirlo, de carácter horizontal, que
va necesariamente unido y vinculado a toda manifestación criminal y que, por
tanto, al ser perseguido se hostigan o, al menos, se frena las posibilidades de desarrollo
de múltiples formas de delincuencia.
Otro fenómeno delictivo al que merece la pena hacer una referencia específica
es el de la trata de personas. El crecimiento de los flujos migratorios entre
Europa e Iberoamérica ha generado en los últimos años el crecimiento exponencial
de las redes de inmigración ilegal, con la consiguiente explotación de
quienes necesitan dejar su país en busca de nuevas oportunidades en otro territorio.
La inmigración ilegal supone, en primer lugar, la explotación de seres humanos
y, de manera derivada, la aparición en los países de destino de bolsas de
marginalidad en las que el explotado se ve conducido u obligado a la comisión
de delitos al servicio de esas mismas redes, que se valen de su necesidad para
convertirles en instrumento de sus acciones criminales.
También la inmigración ilegal presenta caracteres y necesidades propias en
el área de la cooperación policial internacional. El primero, en el ámbito exclusivamente
policial, es el desarrollo de los procedimientos de control aduanero y
de documentación de personas que permita un mayor control en las entradas y
salidas de estas del territorio de cada Estado. El segundo, de carácter político, es
el desarrollo de políticas de inmigración regular que faciliten el traslado y la residencia
legal a quienes se ven obligados a emigrar, de manera que no compense,
por así decirlo, valerse de las redes ilegales para penetrar y establecerse en el
lugar de destino. El tercero, de naturaleza igualmente política, es la intensificación
de las políticas de cooperación para el desarrollo que permitan obtener
172 europa y latinoamérica

una prosperidad en el territorio propio en lugar de tener que abandonarlo para
obtenerla. Y el cuarto, de tipo social, es la necesidad de consolidar una cultura
en los lugares de destino que no identifique al inmigrante con la delincuencia,
que diferencie al inmigrante de los que le explotan, a fin de procurar la integración
de aquel y de no fomentar una marginalidad que le aboque por necesidad
a la delincuencia.
La lucha contra la inmigración ilegal adquiere así una dimensión absoluta,
que va más allá de lo exclusivamente policial, y que exige, por esa misma peculiaridad,
un esfuerzo conjunto de todos los actores implicados, no solo de los
Cuerpos de Seguridad, sino del conjunto de los agentes sociales y los responsables
políticos.
En realidad, cualquier fenómeno criminal presenta necesidades y caracteres
propios y diferenciadores, y aquí se han señalado los más representativos.
Pero sí hay otro aspecto común a todos ellos que debe ser necesariamente subrayado;
cualquiera que sea el fenómeno en el que nos centremos, existe una premisa
ineludible y común en que debe asentarse toda acción de cooperación policial,
ya sea completa o específica: la necesidad de información.
A su vez, es este, probablemente, el aspecto más sensible de la actividad policial.
El celo de los Estados a no difundir o poner en común sus instrumentos
de información, la propia desconfianza de los Cuerpos policiales a compartir
esta y la combinación de aquella con las debidas y obligadas garantías de defensa
y protección de los derechos de los individuos son obstáculos tradicionales a
la hora de tratar de fijar canales y parámetros de intercambio de información de
carácter internacional.
Pero, al mismo tiempo, no cabe duda que en el intercambio de información
radica el correcto punto de partida para la eficacia de la cooperación policial internacional
ante cualquier fenómeno delictivo. Por ello, de lo que se trata es de
buscar las vías por las que, con las debidas garantías, esa información fluya en
ambas direcciones de manera útil y eficaz. Evidentemente, pensar en crear esas
vías entre Europa e Iberoamérica con una dimensión multinacional resulta
enormemente complejo. Pero, una vez más, España reúne en este punto los caracteres
necesarios para asumir una especial responsabilidad. La pertenencia,
como Estado comunitario, de España a Europol —núcleo centralizador de los
flujos de información policial entre los Estados de la Unión Europea— y, a su
vez, la vinculación de nuestro país con Iberoamérica, donde ya hemos puesto
de manifiesto la cultura de cooperación policial existente con nuestros Cuerpos,
ofrecen a nuestro país la posibilidad de convertirse en intermediario, en
centro neurálgico y en administrador de esas vías de comunicación e información
que necesariamente deben existir entre ambas áreas geográficas para ser
eficaces en la lucha contra las amenazas comunes.
A fin de ser más precisos, los campos necesarios de intercambio de información
pueden concretarse en una serie de aspectos básicos: identificación de
personas, antecedentes criminales, situaciones penitenciarias, interceptación
de mensajes, movimientos de personas, movimientos de capital, comunicaciones
informáticas y tráfico de vehículos y mercancías.
Dichos intercambios de información existen ya en la práctica. Pero lo deseable
sería que no se basaran, en la mayoría de los casos, en la mera cortesía entre
Cuerpos policiales, ni que se refirieran a operativos policiales concretos. Por
el contrario, debería desarrollarse la fijación de cauces institucionalizados de
intercambio de información. Pero, como se ha señalado ya, ello debe realizarse
europa y latinoamérica 173

al mismo tiempo con escrupuloso respeto a las debidas garantías de protección
a la intimidad y a los derechos fundamentales de las personas.
A fin de combinar ambos requisitos, una demanda para el futuro en las relaciones
entre Iberoamérica y Europa es el estudio de la posible creación de bases
de datos conjuntas, administradas por organismos con representación de
ambas áreas geográficas, que permitiese poner en común, de manera inmediata,
ágil y directa, la información policial precisa para hacer más eficaces las actuaciones
de los Cuerpos a ambos lados del océano. En ello, como ha quedado
señalado, España tiene la situación más idónea para articular, diseñar, fomentar
y convertir en una realidad tales instrumentos.
6. La cooperación penitenciaria
Existe un último aspecto, no estrictamente policial pero sí íntimamente
vinculado a la cooperación en materia de seguridad, que merece una atención
específica, como es la cooperación penitenciaria.
Cuando se analizan las necesidades de un Estado que vive una situación de
post-conflicto o, simplemente, de transición política hacia un régimen de normalización,
hacia una nueva concepción política y social basada en los principios
democráticos, como ha ocurrido en las últimas décadas en numerosos países
iberoamericanos, suelen definirse una serie de ámbitos que, de manera
imperiosa, deben ser objeto de reforma: los órganos en que se estructura el sistema
político, el ordenamiento jurídico interno, el papel institucional del ejército,
la administración de Justicia y los servicios policiales.
Pero existe otro ámbito que debe ser tomado en la misma consideración: la
política penitenciaria. Los Centros Penitenciarios de un Estado —sus infraestructuras,
su régimen interno, su posibilidad de cumplir fines de reinserción y
no exclusivamente de castigo— deben responder y ser reflejo de la realidad política
y social de ese Estado. Una forma más de luchar contra la delincuencia,
tan eficaz como la acción de la Policía, es crear una red legal y material de los
servicios penitenciarios que fomente la recuperación activa del individuo para
la sociedad y no su condena a una marginalidad irreversible.
Ha surgido así, en los últimos años, un nuevo campo de cooperación con
los países iberoamericanos que, a medida que van consolidando nuevas culturas
políticasyalavezalcanzando determinados grados de prosperidad, está adquiriendo
un mayor auge, como es la colaboración para crear nuevas infraestructuras
penitenciarias, buscando en ellas responder a los fines de políticas
penitenciarias democráticas y socialmente eficaces.
Una vez más, en este terreno tiene España un especial protagonismo. La
cooperación penitenciaria se despliega en un triple ámbito: una regulación legal
de un sistema de penas y regímenes penitenciarios dirigidos a la reinsertar y
reeducar al penado, la formación de Cuerpos de funcionarios que velen por que
se aplique adecuadamente de dicha regulación desde una cultura penitenciaria
no represiva en sus métodos y pautas de comportamiento y, en tercer lugar, la
construcción de infraestructuras penitenciarias acordes con dicha idea y con el
respeto a los derechos humanos, constitucionales y penitenciarios del interno.
En este terreno, Iberoamérica ha sido una vez más un escenario donde la
competencia entre concepciones europeístas y concepciones norteamericanas
se ha puesto de manifiesto. Pero las características sociales, culturales e incluso
174 europa y latinoamérica

geográficas de los países iberoamericanos han decantado la balanza en beneficio
de la concepción europea de los servicios penitenciarios. Y, a su vez, dentro
de Europa, esas mismas características han hecho inevitable que sean muchos
los países iberoamericanos que buscan en España una cooperación activa en
esta materia.
En este caso, nuestro protagonismo no se basa exclusivamente en los tradicionales
vínculos con Iberoamérica, sino también en el hecho objetivo de que
nuestro país, a juicio del propio Consejo de Europa, cuenta con la más moderna
red de infraestructuras penitenciarias de la Unión.
Por todo ello, es este un ámbito de cooperación, ya iniciado, que España
debe fomentar en el futuro con Iberoamérica, aportando su know how para, por
esta vía, seguir consolidando esa cultura común de seguridad con Iberoamérica
que ya se desarrolla en otros frentes y que debe buscar, a partir de concepciones
y valores comunes, una capacidad de actuación práctica igualmente común,
que inevitablemente redundará en beneficio para ambas partes.
7. Conclusiones y propuestas
A lo largo del presente estudio, se ha tratado de subrayar una serie de principios
que deben regir el espíritu de la cooperación securitaria con Iberoamérica
y que deben inspirar cualquier propuesta o iniciativa en el futuro. La idea
fundamental e irrenunciable es que dicha cooperación debe plantearse en términos
de equilibrio entre las partes, abandonando tanto la filantropía como el
paternalismo. Por el contrario, de lo que se trata es de buscar soluciones, tanto
para los intereses comunes que existen entre ambas áreas geográficas, como
para los intereses particulares de cada una de las partes implicadas.
Junto con ello, es también imprescindible reconocer y asumir el papel que
España juega en esta cooperación. Asumirlo sin prepotencia, pero también sin
complejos. Por meras razones de geoestrategia, España se sitúa en el punto de
unión entre los dos continentes. España tiene la responsabilidad de extender la
influencia europea en Iberoamérica en la misma medida en que tiene la responsabilidad
de introducir la presencia iberoamericana en Europa. España debe,
por tanto, vigilar e impulsar los intereses de ambas partes porque, en realidad,
tanto los iberoamericanos como los europeos, son los suyos propios.
A partir de estas dos ideas previas fundamentales, los cauces de la cooperación
deben combinarse en lo que es una dimensión bilateral como multilateral
y en lo que debe ser una visión integral con una visión más específica de los diferentes
retos que se plantean. No se trata de desdeñar ninguna vía, sino de saber
elegir en cada momento y ante cada cuestión la más eficaz. Saber articular la
mejor respuesta —bilateral o multilateral, integral o específica— es el primer
requisito para que dicha respuesta tenga éxito.
No se puede, por tanto, proponer una única fórmula que sirva en todos los
casos, ni un diseño único de cooperación que ignore las peculiaridades propias
de cada uno de sus posibles destinatarios. La flexibilidad y la adaptabilidad es
también requisito imprescindible en el éxito de cualquier planificación. Pero sí
hay una serie de medidas que se podrían tomar en consideración para incrementar
la utilidad de esta cooperación securitaria.
La primera afirmación constructiva que puede hacerse es que se debe poner
mayor acento en una planificación global de la colaboración policial. Su definieuropa
y latinoamérica 175

ción a priori y con una visión de conjunto siempre será más útil que la mera
reacción según la demanda concreta que se reciba.
Volviendo al aspecto antes analizado de la creación, formación y especialización
de Cuerpos policiales, por ejemplo, parece más oportuno pensar en el
diseño de bloques globales de formación, que abarquen, como un auténtico sistema
formativo y educativo, un amplio número de materias, que en ofrecer
programas académicos muy específicos según las solicitudes recibidas.
España, a través tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía,
tiene toda una red de Centros de formación, especialización y adiestramiento,
así como todo un elenco de especialistas en la enseñanza, que ofrecen
una capacitación más que suficiente para ofrecer programas ambiciosos y estructurados
a los Cuerpos de Iberoamérica, que podrían impartirse de manera
regular y con un mayor número de destinatarios.
Así, cabría incluso plantearse la posibilidad tanto de crear una Escuela Iberoamericana
de Policía, que sirviese de centro de confluencia de todas las iniciativas
sectoriales ahora existentes, o bien, en el futuro y cuando su pleno funcionamiento
sea ya una realidad, articular a través de la Escuela Europea de
Policía, proyecto aún en fase muy primaria, pero de previsible desarrollo inmediato,
un vínculo permanente de esta con los países iberoamericanos.
Junto con esa planificación más integral, la cooperación debe ser igualmente
institucionalizada. Tiene siempre una mayor proyección de futuro la actividad
que queda amparada por instrumentos estables que la que responde solo a
momentos o iniciativas concretas. Así, cabe recordar el analizado mecanismo
de cooperación en materia de drogas, como ejemplo extensible a otros ámbitos.
Los foros estables de trabajo, los convenios internacionales de colaboración, los
instrumentos operativos permanentes dan una estabilidad que garantiza la
continuidad a la tarea de cooperativa. Concebidos con una agilidad y una adaptabilidad
que no asfixie la labor conjunta, sino que le de constancia, el fomento
de este tipo de instrumentos permite garantizar los resultados a largo plazo con
mayor firmeza que las iniciativas aisladas.
Como antes se apuntó, lo avanzado ya en el terreno de la lucha contra el
narcotráfico es un modelo que, con las necesarias adaptaciones, podría ser exportado
a otros ámbitos de la cooperación securitaria.
También quedó señalado desde el comienzo que, como toda cooperación,
la que se realiza en materia de seguridad debe tener diferentes vertientes. Por
ello, junto con la puramente policial, debe también desarrollarse la de carácter
político, quizás menos pragmática en sus planteamientos, menos tangible en
cuanto a sus resultados, pero de mayor utilidad a la hora de crear esa cultura común
que debe servir de sustrato a la colaboración más operativa. En este terreno,
existen ya iniciativas que España ha adoptado y en las que se debe ahondar.
Así, la consolidación de un foro permanente de reunión entre altos responsables
políticos de la seguridad de Europa e Iberoamérica —algo ya realizado en
las reuniones institucionalizadas de los Directores españoles de Cuerpos de Seguridad
con sus homólogos iberoamericanos— permitiría traer a este terreno
la utilidad que ya han mostrado en otros terrenos el sistema de Cumbres Iberoamericanas.
Dichos foros permiten identificar necesidades, acercar los interesas
particulares y los comunes y, sobre todo, consolidar una cultura común
basada en un sistema de valores y de criterios operativos compartidos, trasladables
luego a las acciones concretas.
También ha quedado señalada la necesidad de articular instrumentos estables
de colaboración operativa. En materia de información, el avance en la flui-
176 europa y latinoamérica

dez de los intercambios resulta imprescindible. Bases de datos conjuntas o interconectadas,
aprovechamiento de las redes informáticas como canal de
comunicación y trabajo de equipos conjuntos son vías para hacer de la información,
como debe ser, la principal herramienta de éxito para prevenir y perseguir
el delito, así como para reaccionar frente a él.
En todo caso, la Unión Europea ya ha institucionalizado los aspectos operativos
de su colaboración policial a través de Europol. España, que desde sus orígenes
ha tenido una presencia particularmente activa en esta organización,
debe asumir la responsabilidad de que Europol tenga presente el escenario iberoamericano
en el diseño de sus acciones, en la misma medida en que otros
Estados comunitarios fuerzan la mirada de Europol hacia la Europa del Este.
Tal vez, en el futuro, la experiencia de Europol, la consolidación de sus relaciones
con Iberoamérica y el papel que España desempeñe en todo ello pueda llevar
a que nuestro país reflexione e impulse lo que, valga el juego de términos,
podría ser una Iberopol.
En definitiva, de lo que se trata es de seguir avanzando sobre lo ya hecho, de
seguir dándole forma de tal manera que las respuestas conjuntas primen, cada
vez más, sobre las respuestas aisladas, de modo que la fortaleza de los servicios
policiales y las políticas de seguridad de los Estados sean la debilidad de quienes
pretenden burlar la ley.
En el primer semestre de 2002, España asumirá la Presidencia del Consejo
de la Unión Europea y, como actor principal que es en el escenario de seguridad
que abarca tanto a Europa como a Iberoamérica, ha de incorporar a sus prioridades
la responsabilidad de hacer cada vez más extenso el espacio de libertad,
seguridad y justicia que la Unión persigue. Extender ese espacio más allá de las
fronteras de la Unión y abrir la puerta del mismo a los Estados iberoamericanos
es un deber y una necesidad.
europa y latinoamérica 177

LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA
EN LA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN
Daniel Martín Mayorga

I. Principales indicadores básicos y de tecnologías
de información de América Latina
Indicadores básicos de América Latina, comparados
con los de la Unión Europea y EE.UU.
País
Población
Total
(millones)
(2000)
Producto Interior Bruto (PIB) Líneas telefónicas principales Suscriptores móviles celulares
Total
(millardos
US $)
1999
per capita
(US $)
1999
Total
(miles)
2000
por 100
habitantes
2000
Total
(miles)
2000
por 100
habitantes
2000
1 Costa Rica 4,02 4,8 1.209 1.003,4 24,94 209,1 5,20
2 El Salvador 6,28 12,4 2.011 625,8 9,97 743,6 11,85
3 Guatemala 11,39 18,1 1.630 650,0 5,71 696,6 6,12
4 Honduras 6,49 5,4 853 298,7 4,61 155,3 2,39
5 México 98,88 483,6 4.966 12.332,6 12,47 14.073,7 14,23
6 Nicaragua 5,07 2,2 448 153,7 3,03 90,3 1,78
7 Panamá 2,84 9,6 3.394 429,1 15,12 410,4 14,46
Centro 134,97 536,10 3.972 15.493,3 11,48 16.379,0 12,14
8 Argentina 37,03 282,8 7.731 7.894,2 21,32 6.050,0 16,34
9 Bolivia 8,33 8,3 1.020 504,2 6,05 579,8 6,96
10 Brasil 170,12 530,9 3.160 30.926,3 18,18 23.188,2 13,63
11 Chile 15,21 67,5 4.492 3.365,0 22,12 3.401,5 22,36
12 Colombia 42,32 86,8 2.086 7.158,6 16,92 2.256,8 5,33
13 Ecuador 12,65 19,7 1.620 1.265,2 10,00 482,2 3,81
14 Paraguay 5,50 7,7 1.445 268,1 5,00 1.047,6 19,55
15 Perú 25,66 57,2 2.267 1.635,9 6,37 1.222,6 4,76
16 Uruguay 3,34 20,9 6.312 929,1 27,84 440,2 13,19
17 Venezuela 24,17 103,3 4.358 2.605,6 10,78 5.256,0 21,75
Sur 344,33 1.185,1 3.442 56.552,2 16,42 43.924,9 12,76
18 Cuba 11,20 15,7 1.406 488,6 4,36 6,5 0,06
19 Rep.Dominicana 8,55 17,4 2.083 894,2 10,45 705,4 8,25
20 Puerto Rico 3,91 34,8 9.020 1.299,3 33,19 926,4 23,67
Caribe 23,66 67,9 2.870 2.682,1 11,34 1.638,3 6,92
Total América Latina 502,96 1.789,1 3.557 74.727,6 14,86 61.942,2 12,32
Comparación
Unión Europea 377,39 8.487,8 22.491 206.335,2 54,67 239.099,8 63,36
EE.UU. 275,13 9.299,2 34.102 192.518,8 69,97 109.478,0 39,79
Fuente: UIT, noviembre 2001.
En el año 2000 en cuatro países de América Latina (Honduras, Nicaragua,
Paraguay y Cuba) la penetración de líneas telefónicas fijas no superaba el 5%
de la población. Por otro lado, en otros siete países el número de abonados móeuropa
y latinoamérica 181

viles superaba el de líneas telefónicas fijas: El Salvador, Guatemala, México, Bolivia,
Chile, Paraguay y Venezuela.
Indicadores de Tecnologías de Información de América
Latina, comparados con los de la Unión Europea
y EE.UU.
País
Población
Total
(millones)
(2000)
Hosts en Internet
Total
2000
por 10.000
habitantes
2000
Usuarios Internet
Total
(miles)
2000
por 10.000
habitantes
2000
Computadoras personales
estimadas
Total
(miles)
2000
por 100
habitantes
2000
1 Costa Rica 4,02 7.357 18,29 250,0 621,43 400 10,17
2 El Salvador 6,28 577 0,92 40,0 65,00 100 1,62
3 Guatemala 11,39 5.603 4,92 65,0 58,61 110 0,99
4 Honduras 6,49 128 0,20 40,0 61,68 60 0,95
5 México 98,88 559.165 56,55 2.712,4 274,31 5.000 5,06
6 Nicaragua 5,07 1.400 2,76 50,0 98,54 40 0,81
7 Panamá 2,84 15.084 53,13 45,0 159,82 90 3,20
Centro 134,97 589.314 43,66 3.202,4 237,27 5.800 4,30
8 Argentina 37,03 270.275 72,98 2.500,0 675,09 1.900 5,13
9 Bolivia 8,33 1.324 1,59 120,0 144,07 100 1,23
10 Brasil 170,12 876.596 51,53 5.000,0 293,92 7.500 4,41
11 Chile 15,21 74.708 49,11 1.757,4 1.155,31 1.300 8,55
12 Colombia 42,32 46.819 11,06 878,0 207,46 1.400 3,37
13 Ecuador 12,65 228 0,18 180,0 142,34 250 2,01
14 Paraguay 5,50 1.296 2,36 20,0 37,32 60 1,12
15 Perú 25,66 10.705 4,17 2.500,0 974,20 900 3,57
16 Uruguay 3,34 54.065 162,02 370,0 1.108,78 330 9,96
17 Venezuela 24,17 16.154 6,68 950,0 393,05 1.100 4,55
Sur 344,33 1.352.170 39,27 14.275,4 414,58 14.840 4,31
18 Cuba 11,20 660 0,59 60,0 53,58 110 0,99
19 Rep.Dominicana 8,55 7.907 9,24 55,0 64,30
20 Puerto Rico 3,91 1.513 3,86 200,0 514,20
Caribe 23,66 10.080 4,26 315,0 133,14
Total América Latina 502,96 1.951.564 38,80 17.792,8 353,76 20.750 4,13
Comparación
Unión Europea 377,39 10.477.007 277,62 86.796,8 2.299,92 106.130 28,12
EE.UU. 275,13 80.566.947 2.928,32 95.354,0 3.465,78 161.000 58,52
Fuente: UIT, noviembre 2001.
En el año 2000 América Latina contaba con 17,8 millones de internautas,
según los datos de la UIT. De acuerdo con la misma fuente, Uruguay, Argentina
y México encabezaban el ránking de hosts por cada 100 habitantes (1,6; 0,7 y
0,6; respectivamente), frente a la media de 2,8 de la UE, muy lejos de los casi 30
hosts por cada 100 habitantes de EE.UU.
En cuanto al número de internautas por cada 100 habitantes, era Chile con
11,6 quien lideraba la lista, seguido de Uruguay y Perú, con 11,1 y 9,7. La media
de la región se situaba en un 3,5, bastante por debajo de la media en la UE (23,0)
y EE.UU. (34,7).
Costa Rica, Uruguay y Chile, con 10,2; 10,0 y 8,6 computadores personales
por cada 100 habitantes, respectivamente, presentaron el mejor resultado en
182 europa y latinoamérica

este capítulo, contribuyendo decisivamente a la media de la región que se situaba
en un 4,1. En comparación, este mismo parámetro arrojaba una media de
28,1 en la Unión Europea, siendo ambos valores sensiblemente inferiores al
58,5 de los EE.UU.
Evolución de la distribución de los usuarios Internet
por regiones
A diferencia de la información oficial ofrecida por la UIT correspondiente
al año 2000, los últimos datos proporcionados por Nua Internet Surveys, que se
refieren a agosto de 2001, sitúan el número de internautas en América Latina en
25,3 millones en esa fecha. Según dicha fuente, este parámetro alcanzaba 16,4
millones en noviembre de 2000, mostrando un crecimiento del 54,3% en nueve
meses.
En cuanto al número de internautas europeos (no solo comunitarios), su
crecimiento fue del 36,7% en el mismo período.
Estos importantes crecimientos causaron asimismo un aumento de la cuota
de participación de ambas regiones en el cómputo total de internautas en el
mundo, como puede verse en la siguiente tabla:
Región
Número de
usuarios
(millones)
Internautas
agosto 2001
Cuota
(%)
Número de
usuarios
(millones)
Internautas
noviembre 2000
Cuota
(%)
Canadá y EE.UU. 180,68 35,2 167,12 41,1
Europa 154,63 30,1 113,14 27,8
Asia/Pacífico 143,99 28,0 104,88 25,8
América Latina 25,33 4,9 16,45 4,0
Oriente Medio 4,65 0,9 2,40 0,6
África 4,15 0,8 3,11 0,8
Total 513,43 100,0 407,10 100,0
Fuente: NUA Internet Surveys, noviembre 2000 y agosto 2001.
Distribución de los usuarios Internet por regiones en agosto de 2001
0,9%
4,9%
0,8%
35,2%
Canadá y EE.UU
Europa
Asia/Pacífico
América Latina
Oriente Medio
África
28,0%
30,1%
Fuente: NUA Internet Surveys, agosto 2001.
Los indicadores mundiales clave del conjunto del sector de telecomunicaciones
ofrecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones se muestranenelAnexo
1.
europa y latinoamérica 183

II.
Principales indicadores básicos y de tecnologías
de información de la Unión Europea
Indicadores básicos de la Unión Europea, comparados
con los de América Latina y EE.UU.
País
Población
Total
(millones)
(2000)
Producto Interior Bruto (PIB) Líneas telefónicas principales Suscriptores móviles celulares
Total
(millardos
US $)
1999
per capita
(US $)
1999
Total
(miles)
2000
por 100
habitantes
2000
Total
(miles)
2000
por 100
habitantes
2000
1 Austria 8,21 209,7 25.651 3.832,9 46,68 6.252,8 76,15
2 Bélgica 10,16 248,5 24.477 5.060,9 49,81 5.577,0 55,89
3 Dinamarca 5,33 174,2 32.781 3.835,0 71,95 3.363,6 63,11
4 Finlandia 5,18 128,4 24.868 2.831,0 54,69 3.760,0 72,64
5 Francia 58,89 1.430,2 24.399 34.114,0 57,93 29.052,4 49,33
6 Alemania 82,18 2.103,7 25.604 49.400,0 60,12 48.145,0 58,59
7 Grecia 10,65 124,8 11.746 5.659,3 53,16 5.932,0 55,73
8 Irlanda 3,79 93,3 24.919 1.590,0 41,99 2.490,0 65,75
9 Italia 57,30 1.169,3 20.391 27.153,0 47,39 42.246,0 73,73
10 Luxemburgo 0,44 19,3 44.291 331,0 75,00 380,0 86,11
11 Holanda 15,99 396,7 25.004 9.879,0 61,79 10.710,0 66,99
12 Portugal 10,02 113,8 11.385 4.313,6 43,05 6.665,0 66,52
13 España 40,60 599,1 14.901 17.101,7 42,12 24.736,0 60,93
14 Suecia 8,88 238,8 26.943 6.056,8 68,20 6.338,0 71,37
15 Reino Unido 59,77 1.438,0 24.168 35.177,0 58,86 43.452,0 72,70
Total Unión Europea 377,39 8.487,8 22.491 206.335,2 54,67 239.099,8 63,36
Comparación
América Latina 502,96 1.789,1 3.557 74.727,6 14,86 61.942,2 12,32
EE.UU. 275,13 9.299,2 34.102 192.518,8 69,97 109.478,0 39,79
Fuente: UIT, noviembre 2001.
En el año 1999, último año para el cual la UIT dispone de datos del PIB per
capita, solo dos países de la Unión Europea se acercaban a la magnitud de este
parámetro para EEUU: Dinamarca y Luxemburgo. En el año 2000, tres países
de la UE disfrutaban de una penetración de líneas fijas próxima o superior al
70% de la población —que es la penetración en los EEUU—: Dinamarca, Luxemburgo
y Suecia; la penetración de telefonía móvil es superior al 70% en seis
países: Austria, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido. Entre tanto,
la penetración de los servicios móviles en EEUU rondaba el 40% de la población.
184 europa y latinoamérica

Indicadores de Tecnologías de Información de la Unión
Europea, comparados con los de América Latina
y EE.UU.
País
Población Total
(millones)
(2000)
Hosts en Internet
Total
2000
por 10.000
habitantes
2000
Usuarios Internet
Total
(miles)
2000
por 10.000
habitantes
2000
Computadoras personales
estimadas
Total
(miles)
2000
por 100
habitantes
2000
1 Austria 8,21 483.208 588,49 2.100,0 2.557,54 2.270 27,75
2 Bélgica 10,16 300.193 295,44 2.000,0 1.968,31 3.500 34,45
3 Dinamarca 5,33 333.978 626,60 1.950,0 3.658,52 2.300 43,15
4 Finlandia 5,18 529.261 1.022,53 1.927,0 3.722,95 2.050 39,61
5 Francia 58,89 1.122.407 190,59 8.500,0 1.443,32 17.920 30,43
6 Alemania 82,18 2.040.437 248,30 24.000,0 2.920,57 27.640 33,64
7 Grecia 10,65 110.608 103,91 1.000,0 939,41 750 7,05
8 Irlanda 3,79 110.545 291,91 784,0 2.070,29 1.360 35,91
9 Italia 57,30 1.019.711 177,97 13.200,0 2.303,75 10.300 17,98
10 Luxemburgo 0,44 11.814 267,71 100,0 2.266,03 200 45,32
11 Holanda 15,99 1.623.567 1.015,55 3.900,0 2.439,47 6.300 39,41
12 Portugal 10,02 62.147 62,02 2.500,0 2.495,01 1.050 10,48
13 España 40,60 455.487 112,19 5.387,8 1.327,04 5.800 14,29
14 Suecia 8,88 595.698 670,79 4.048,0 4.558,29 4.500 50,67
15 Reino Unido 59,77 1.677.946 280,75 15.400,0 2.576,72 20.190 33,78
Total Unión Europea 377,39 10.477.007 277,62 86.796,8 2.299,92 106.130 28,12
Comparación
América Latina 502,96 1.951.564 38,80 17.792,8 353,76 20.750 4,13
EE.UU. 275,13 80.566.947 2.928,32 95.354,0 3.465,78 161.000 58,52
Fuente: UIT, noviembre 2001.
En el año 2000, dos países de la UE —Finlandia y Holanda— tenían 10
hosts por cada 100 habitantes, una cifra aunque menor, pero del mismo orden
de magnitud que los casi 30 hosts por cada 100 habitantes de EE.UU. El resto de
países de la UE se movían en una franja entre1y6hosts por cada 100 habitantes,
con un 2,8 como media.
Sin embargo, en cuanto al número de internautas por cada 100 habitantes,
Dinamarca, Finlandia y especialmente Suecia superaban a EEUU en la magnitud
de dicho parámetro con 36,6; 37,2 y 45,6; respectivamente, frente a 34,7 de
EEUU. Sin embargo, la media de este parámetro en la Unión Europea bajaba
hasta un aproximadamente 23,0.
En cuanto a computadoras personales, únicamente Suecia, con 50,7 ordenadores
por cada 100 habitantes, se acercaba a los 58,5 de EEUU. La media de la
Unión Europea se situaba en un 28,1, es decir, menos de la mitad del valor estadounidense.
Informe de Competitividad de la Unión Europea
correspondiente a 2001
Según el Informe de Competitividad del año 2001 de la UE, hecho público
en noviembre de ese año, la brecha que separa el PIB per capita de EEUU
del conjunto de los 15 países de la UE ha estado ampliándose los últimos 10
años.
europa y latinoamérica 185

En la siguiente gráfica se muestra la variación del PIB per capita de la UE, en
forma de porcentaje sobre el valor del mismo parámetro de EEUU, observándose
cómo dicha magnitud disminuye ininterrumpidamente desde 1991:
75
70
%
65
GDP per head in EU-15, % of US level
60
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
Fuente: Comisión Europea, noviembre 2001.
Asimismo, en el Informe se comparan los precios de las comunicaciones en
los países miembros de la UE, así como la penetración de Internet en ellos en el
año 2000, y se observa una estrecha relación de proporcionalidad inversa entre
ambos parámetros, es decir, a mayor coste de las comunicaciones, menor número
de internautas por cada 100 habitantes.
Esta relación se muestra en la gráfica que sigue, donde los dos citados parámetros
se presentan en forma de porcentaje sobre los dos valores máximos de la
Unión: la penetración de Internet en Holanda y el precio de las telecomunicaciones
en Portugal.
La posición de España es especialmente preocupante en relación con la penetración
de Internet, situándose nuestro país el penúltimo lugar en el citado
ranking.
Cabe destacar que la información ofrecida en el informe no coincide cuantitativamente
con los datos proporcionados por la UIT, aunque ambos organismos
presentan tendencias cualitativas similares.
100
Index value in Aug./Dec. 2000
80
60
40
20
0
NL S DK US FIN UK A L IRL B D I F P E EL
Internet penetration among adults (NL = 100)
Telecommunications costs (Portugal = 100)
Fuente: Comisión Europea, noviembre 2001; OCDE, Eurobarómetro.
186 europa y latinoamérica

III.
Cooperación económica y tecnológica
entre la Unión Europea y América Latina
Relaciones políticas entre la Unión Europea y América
Latina
Las relaciones políticas entre la Unión Europea y América Latina se han
puesto de manifiesto en diferentes foros:
1. El Grupo de San José celebró una conferencia ministerial entre la UE y
América Central en la capital de Costa Rica en 1984. Su objetivo era el apoyo al
proceso de establecimiento de la paz y democracia en la región. Estas conferencias
se siguen celebrando anualmente y extienden su ámbito de acción a intercambios
en los campos de educación, tecnología y cultura.
XVII San José-Conferencia ministerial de la UE, marzo 2001, Guatemala
2. El Grupo de Río fue establecido en 1986 y cuenta entre sus miembros
con todos los países de América de México hacia el sur. Anualmente, desde
1987, se realizan reuniones ministeriales entre la UE y el Grupo de Río en los
cuales se ha establecido un amplio espectro de acuerdos de cooperación en materia
de política y economía.
Grupo Río-UE, Declaración de Santiago de Chile/10.ª Conferencia ministerial,
marzo 2001
3. En la Conferencia de Río en junio de 1999 se hizo un reconocimiento
de la cooperación existente entre ambas regiones y de la necesidad de establecer
una colaboración estratégica. A esta conferencia acudieron por primera vez los
Jefes de Estado y de Gobierno de 48 países de la UE y América Latina, así como
el Presidente de la UE, y se adoptó un Plan de Acción para impulsar la cooperación
en las áreas política, económica y cultural.
Todos los participantes están llevando a cabo iniciativas con el fin de asegurar
el cumplimiento de dicho plan, cuyo contenido será objeto de revisión en la
segunda cumbre UE-AL, que tendrá lugar en Madrid los días 17 y 18 de mayo
de 2002.
4. También existe un diálogo político entre la Unión Europea y las siguientes
organizaciones latinoamericanas:
Comunidad Andina
Mercosur
Esta última organización —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; Chile y
Bolivia están asociados— tiene establecido con la Unión Europea el Mercosur-European
Union Business Forum (MEBF), cuya reunión acontecida en febrero
de 1999 promulgó la llamada Declaración de Río, el texto de la cual está
disponible en el Anexo 2.
En octubre de 2001 tuvo lugar en Bruselas la sexta reunión del Comité Birregional
de Negociaciones entre la Unión Europea y MERCOSUR, cuyas conclusiones
finales se presentan en el Anexo 5.
Está previsto que la séptima ronda de negociaciones del Comité Birregional
tenga lugar del 8 al 12 de abril en Buenos Aires, a cuya preparación estará dedicada
una reunión específica que se celebrará previsiblemente a finales de febrero.
La próxima cumbre Mercosur-Unión Europea está planificada para el 17 de
mayo de 2002 en Madrid, coincidiendo con la II Cumbre de Jefes de Estado de
europa y latinoamérica 187

la Unión Europea y Latinoamérica, durante la presidencia española de la UE.
Los futuros progresos dependerán tanto de la situación en Argentina como de
la convergencia de las ofertas tarifarias.
Programas de cooperación económica entre la Unión
Europea y América Latina
La Unión Europea tiene establecidos cinco programas de ayuda a América
Latina en el ámbito económico:
AL-INVEST intenta ayudar a las pymes a operar internacionalmente
animando a empresas europeas a invertir en empresas de América Latina
que buscan este tipo de cooperación;
ALFA está enfocado a promocionar la cooperación en materia de educación
universitaria entre ambas regiones;
el objetivo de URB-AL consiste en el establecimiento de unos lazos directos
y duraderos entre ciudades europeas y latinoamericanas;
ALURE anima a un uso óptimo y más racional de la energía;
ATLAS facilita e impulsa la cooperación económica entre Europa y
América Latina a través de la red de Cámaras de Comercio e Industria. El
proyecto está gestionado por Eurochambers.
Estos programas son administrados por la Oficina de Cooperación Europe-
Aid.
Foro Europeo Latinoamericano de Iniciativas para la
Sociedad de Información, Costa Rica, marzo de 1998
Creación del consorcio AHCIET-ETSI-ERCIM-SEDISI,
1999
Encuentro Alexander von Humboldt; Declaración de
San Paulo, 12-13 junio 1999
Siguiendo las recomendaciones del Foro Europeo Latinoamericano de Iniciativas
para la Sociedad de Información, que tuvo lugar en Costa Rica en marzo
de 1998, el Foro de Comunicación Global, en su “Encuentro Alexander Von
Humboldt’ de 1999, reunió a los máximos representantes europeos y latinoamericanos
de la Industria, Ministerios de Comunicaciones, órganos regulatorios,
Organizaciones regionales e Instituciones financieras. En dicho encuentro
se aprobó la Declaración de San Paulo que figura en el Anexo 3.
EUROLAT-IS
EUROLAT-IS es una iniciativa patrocinada por la Unión Europea que pretende
construir consorcios euro-latinoamericanos que preparen proyectos específicos
para el programa «Sociedad de la Información de la Unión Europea»,
188 europa y latinoamérica

entre otros. Su objetivo primordial lo constituye el impulsar la colaboración de
la UE y AL en áreas relativas a la Sociedad de Información.
Es uno de los proyectos más importantes liderados por la Universidad Politécnica
de Madrid, por su volumen y por su dimensión internacional. Es una
red temática dotada con un presupuesto de 1,4 millones de euros (más de 230
millones de pesetas) cuyo objetivo es promover la cooperación en investigación
e innovación entre los países de la Unión Europea y Latinoamérica en el ámbito
de la Sociedad de la Información. Participan quince países de la Unión Europea
y 19 latinoamericanos. Entre los temas que aborda se encuentran: comercio
electrónico, tecnologías software, desarrollo rural, educación, medio ambiente,
turismo, salud y desarrollo sostenible.
En abril de 2001 tuvo lugar en Honduras una reunión temática sobre Economía
Digital que contó con la asistencia de representantes de veintinueve países.
En el año 2002 está prevista la celebración de la reunión temática sobre Software
Libre (marzo, Sao Paulo), así como de la reunión temática sobre
e-Government (mayo, Monterrey).
El Anexo 6 contiene una presentación de la Iniciativa Eurolat-IS ante los
participantes del Foro de América Latina-Unión Europea para el proyecto
@LIS, cuyo encuentro tuvo lugar en Río de Janeiro los días 21-22 de noviembre
de 2001.
El Programa IST dentro del 5.º Programa Marco de
Investigación de la Unión Europea
El 5.º Programa Marco (FP5) está diseñado para coordinar el desarrollo de
la investigación en la Unión Europea durante los años 1998-2002. Uno de los
cuatro programas temáticos de dicho Programa Marco lo constituye el Programa
denominado Information Society Tecnologies (IST).
El Programa IST tiene un presupuesto indicativo de 3.600 millones de euros,
el cual es gestionado por la Dirección General para la Sociedad de Información
de la Comisión Europea (comisario Erkki Liikanen), y cuenta con un extenso
Programa de trabajo IST 2002.
Anualmente, dicha Dirección General celebra una conferencia, denominada
IST 200x. El objetivo de dicha conferencia es presentar los resultados del
Programa IST, así como proponer las líneas maestras de las actividades regulatorias
en el área de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)
para el próximo año. Los resultados se recogen en un Informe Final IST 200x.
Los días 6-8 de noviembre de 2000 tuvo lugar en Niza la conferencia correspondiente
a dicho año, publicándose el IST 2000 FINAL REPORT se publicó en
enero de 2001.
En dicho informe uno de los apartados del capítulo sobre la Cooperación
Internacional está dedicado a las Iniciativas conjuntas de la EU y América Latina
para el desarrollo de la Sociedad de Información. Asimismo, en el capítulo dedicado
a la Interacción Multilingüe se hace mención al proyecto SALA (Speech
Across Latin America), el cual pretende reunir y analizar diferentes dejes y acentos
de las lenguas española y portuguesa habladas la región.
Los días 3-5 de diciembre de 2001 tuvo lugar en Dusseldorf la Conferencia
IST 2001, cuyo informe final está pendiente de publicación.
europa y latinoamérica 189

IV.
Cooperación económica y tecnológica en
marcha: programa @LIS
Programa Alliance for the Information Society (@LIS)
@LIS es un programa en el que cooperan la Unión Europea y América Latina
para el desarrollo de la Sociedad de Información, diseñado a partir de las recomendaciones
del Encuentro de los Jefes de Estado de la UE y AL, que tuvo lugar
en Río de Janeiro en junio de 1999.
El Programa, cuyos trabajos preliminares fueron elaborados por un Consorcio
de organizaciones sin ánimo de lucro liderado por AHCIET, tiene por
objeto promover el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en
América Latina, estrechando la llamada brecha digital.
Sus características principales son:
fecha de aprobación: diciembre 2001
fecha prevista de lanzamiento: abril 2002
duración prevista:
4 años
presupuesto:
85 millones de euros
participación de UE en el presupuesto: 63,5 millones de euros
18 países de AL beneficiarios:
Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Ecuador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela.
Según datos proporcionados por la Dirección General para la Sociedad de
Información de la Comisión Europea, el Programa ALIS va a constar de cinco
áreas, cuyos costes estimados de desarrollo se muestran a continuación:
Diálogo sobre Política y Regulación: 4 millones de euros
Diálogo sobre Estandarización:
3 millones de euros
Redes de participantes:
4 millones de euros
Interconexión de redes de investigación: 10 millones de euros
Proyectos de prueba:
40 millones de euros.
La gestión interna del Programa tendrá un coste estimado de 2,5 millones
de euros.
En un futuro está previsto diseñar un programa similar para los países caribeños.
Las líneas maestras del programa se presentan en el Anexo 4.
190 europa y latinoamérica

Reunión de los ministros iberoamericanos para la
Sociedad de Información con los representantes de la
Dirección General de la Unión Europea para la
Sociedad de Información, Madrid, 27-28 de septiembre
de 2001
En dicha reunión se puso de manifiesto que el área referida a la Sociedad de
la Información será una de las principales en la II Cumbre de Jefes de Estado de
la Unión Europea y Latinoamérica, que se celebrará en Madrid en mayo de
2002 durante la presidencia española de la UE.
Asimismo se recalcó que la finalidad de @LIS es la financiación de proyectos
de cooperación ente socios de la UE y Latinoamérica tendentes a acelerar el
desarrollo de la Sociedad de la Información (SI) en Latinoamérica, estimando
el importe económico de dicha colaboración en 63.5 millones de euros en cuatro
años.
La reunión puso un especial énfasis en dar un repaso a los objetivos del programa:
— Estimular un diálogo abierto entre los gobiernos (nacionales y locales),
instituciones regionales, reguladores, instituciones intermediarias, sector
privado, etc.,para conseguir los siguientes resultados:
Reforzar el proceso de integración regional y subregional dentro de
Latinoamérica y fortalecer su relación con Europa promoviendo el
desarrollo de la SI en la región.
Impulsar la integración de los países latinoamericanos en la SI mediante
el estímulo del establecimiento de relaciones tecnológicas con
socios de la UE, promoviendo la adopción de estándares globales y
abiertos.
Construir sociedades Unión Europea-Latinoamérica, tal como un
observatorio virtual, o fortalecer las ya existentes (cooperación en el
marco regulatorio, inteligencia de mercado, asistencia técnica, transferencia
de conocimiento, etc.)
— Incrementar la interconexión entre las comunidades I + D de ambas regiones,
proveyéndolas de acceso para servicios de transferencia en línea
de banda ancha.
— Implementar proyectos de demostración de aplicaciones temáticas de
carácter prioritario en los que participen tanto operadores como accionistas
centrados en cuatro áreas:
e-gobierno local
e-educación
salud pública
e-inclusión
En la reunión se estableció el siguiente cronograma de actividades:
— NOVIEMBRE 2001 (Río de Janeiro): Reunión de información y discusión
sobre el programa @LIS y los modos de coordinar la cooperación.
— ABRIL 2002 (Sevilla): Reunión ministerial preparatoria de la II Cumbre
de Jefes de Estado de la Unión Europea y Latinoamérica.
— MAYO 2002 (Madrid): II Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea
y Latinoamérica.
europa y latinoamérica 191

El Programa Alliance for the Information Society (@LIS)
ha sido aprobado en diciembre de 2001
Los días 21 y 22 de noviembre de 2001 tuvo lugar en Río de Janeiro un foro
técnico dedicado a @LIS, organizado conjuntamente por la Comisión Europea y
el Gobierno de Brasil, en el cual se llegó a un acuerdo definitivo sobre las prioridades,
métodos de cooperación y objetivos del programa.
Finalmente, el programa ha sido aprobado por la Comisión Europea en diciembre
de 2001, confiriendo una nueva dimensión a las relaciones bilaterales
entre la Unión Europea y América Latina.
La aprobación del programa impulsará la cooperación entre ambas regiones
armonizando sus respectivos marcos político y regulatorio en áreas clave
para el desarrollo de la Sociedad de Información, como son las telecomunicaciones,
el comercio electrónico y la estandarización (elaboración de una normativa
común).
Como se ha apuntado anteriormente, otro de los objetivos de @LIS consiste
en promover las interconexiones entre las redes y comunidades científicas de
ambas regiones, así como el establecimiento de unos proyectos específicos en
América Latina que permitan demostrar los beneficios de las aplicaciones de la
Sociedad de Información para los ciudadanos en cuatro áreas temáticas clave,
como son la e-inclusión, e-educación —incluyendo la diversidad educativa y
cultural—, salud pública y e-gobierno.
192 europa y latinoamérica

V. Propuesta de temas de debate
A continuación, se sugieren algunos temas que pueden ser eventualmente
tratados en la mesa redonda:
1. La crisis económica y el impacto en la política
de inversiones en TIC
Las previsiones económicas para el año 2002 en América Latina han sufrido
un recorte tras los sucesos del 11 de septiembre. El FMI, que preveía un crecimiento
del PBI para esta área de alrededor del 2%, lo ha rebajado al 0,9%. La
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) lo sitúa en el
1,1%. Según CEPAL, en el 2001 se creció un 0,5%. Solo Ecuador y Paraguay crecieron
más en el 2001 que en el 2000. Dos de las tres principales economías de la
región retrocedieron: Argentina (–3,8%); México (–0,1%); mientras Brasil creció
un 1,7%, viniendo de un 4,5% en el 2000. En resumen, se está en el tercer
período recesivo en 7 años, tras los de 1995 y 1998-99. En este contexto, se proponen
dos temas para debate:
a) el impacto de la actual recesión en el proceso de implantar en América
de la sociedad de la información, y
b) la situación en que quedan las principales empresas de servicios de la
región, que son de capital europeo. Cabe pensar que la crisis hará caer
la demanda y tirará hacia abajo de las tarifas. Consecuentemente, habrá
un impacto negativo en los beneficios proyectados, y ello obligará
a las empresas a recortar drásticamente los niveles de inversión y empleo.
Eso puede suponer enfrentamientos con los gobiernos de la región
y una pérdida de imagen de las empresas europeas en estos países.
2. Programas de cooperación en marcha
Se adjunta en este informe (Anexo 4) el texto de presentación del programa
ALIS (Alliance for the Information Society), que se pone en marcha este año y
para una duración de cuatro, y que será oficialmente presentado en la reunión
conjunta Unión Europea-América Latina que se celebrará en abril de 2002. Se
propone una reflexión sobre si el alcance y los objetivos de dicho programa son
suficientes, o si durante el semestre español se podría reconsiderar una potenciación
del mismo, especialmente en algunos aspectos, como los contenidos,
que apenas se citan en él.
3. Acuerdo Unión Europea-Mercosur
Se adjunta en este informe (Anexo 5) el borrador de Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR,
actualmente en fase de negociación. Consta de un apartado
dedicado a la cooperación científica y tecnológica, en el que se detallan los objetivos
que se persiguen y las actividades que poner en marcha. Se propone un debate
sobre si estos aspectos se consideran suficientemente bien tratados en el
europa y latinoamérica 193

proyecto o, como se sugiere desde el propio borrador, puede ser conveniente
preparar un acuerdo específico Unión Europea-MERCOSUR para este tema.
4. La brecha digital
La brecha digital (digital divide) es un problema que se viene detectando y
denunciando repetidamente por diversos organismos y asociaciones internacionales,
entre ellos las Naciones Unidas. En el presente informe se dan datos de
la situación actual de las infraestructuras y principales servicios de telecomunicaciones
de la región, comparados con Estados Unidos y Europa. Se propone
debatir sobre las perspectivas de futuro de las TIC en América desde este punto
de vista.
5. La fuga de cerebros
El brain drain, la fuga de cerebros, es un problema de los países no desarrollados.
Más de la mitad de los estudiantes de estos países que estudian en universidades
del Primer Mundo nunca regresan 16 . Por otra parte, los países desarrollados,
y entre ellos los que forman la Unión Europea, son importadores de
personal cualificado, aunque actualmente la crisis de las empresas de Internet
ha ralentizado o congelado los planes de algunos de estos países para facilitar la
emigración de técnicos. De esta manera, el resultado es una transferencia neta a
favor del Primer Mundo, con lo que este mejora su capacidad competitiva a la
vez que contribuye a deteriorar la de los países en desarrollo. Se propone una
reflexión sobre este tema aplicado al caso latinoamericano.
6. Las políticas de estandarización
El peso de Estados Unidos en el continente ha motivado que históricamente
los países latinoamericanos hayan seguido y copiado gran parte de los estándares
técnicos y las políticas regulatorias del país del Norte. Esto no siempre ha
sido beneficioso y en algunos casos, como el de la telefonía móvil, claramente
perjudicial, porque la estrategia respecto a este sector y la regulación del espectro
radioeléctrico europea se ha demostrado mucho más eficiente que la norteamericana.
La tercera generación de telefonía móvil puede ser una buena
oportunidad para invertir la tendencia y empezar a equilibrar el peso tecnológico
norteamericano en la región. De hecho, Brasil está a punto de confirmar su
decisión a favor de adoptar el patrón europeo para la reserva de frecuencias de
la tercera generación. Se propone un debate sobre estos asuntos.
7. Los contenidos en español
En la sociedad de la información, los contenidos —información— son un
componente fundamental. Es de sobra conocido que servicios clave como
Internet se utilizan en inglés por gran parte de los usuarios hispanohablantes,
porque los contenidos son mejores y más abundantes que en español. Sin embargo,
factores como la uniformidad del idioma español en toda América Lati-
16 The Economist, Survey of Technology and Development,
10 de noviembre de 2001.
194 europa y latinoamérica

na, la penetración de este idioma en Estados Unidos —lo habla en promedio un
10% de la población— hacen de nuestro idioma una ventaja competitiva que
debe ser aprovechada no sólo por España, sino por la Unión Europea en su conjunto.
Se propone un debate sobre este tema.
8. e-Learning
El potencial que las nuevas tecnologías de la información tienen para la mejora
de los procesos educativos y de formación ha sido anticipado desde hace ya
bastantes años. Sin embargo, su efecto real, el cumplimiento de las expectativas,
ha resultado hasta ahora muy limitado. Una de las razones, quizá la más importante,
ha sido la escasez relativa de material educativo de calidad o, alternativamente,
su elevado precio. Y si hablamos de la disponibilidad de contenidos
educativos en español, la escasez es mucho más acentuada. Parece necesario un
esfuerzo para poner en marcha planes realmente ambiciosos que, de una forma
sistemática, hagan accesibles a través de Internet la mayor parte de los contenidos
educativos ya existentes. El papel de las Universidades Públicas a este respecto
puede ser determinante. Iniciativas como la recientemente anunciada
por el MIT de poner todos sus contenidos educativos en la Red de forma gratuita
en unos pocos años deben movernos a reflexionar si hay oportunidad para
acciones similares en Latinoamérica, y cómo podrían ponerse en marcha, incluyendo
mecanismos de acceso compartido —comunitario— a Internet.
9. La sociedad de la información como herramienta
de potenciación de la sociedad civil
Las TIC son, potencialmente, un elemento cohesionador de primer orden y
una herramienta muy útil para dar más relevancia a la sociedad civil. En el programa
ALIS se contempla ampliamente este tema. A través de las TIC los ciudadanos
pueden aumentar en cantidad y calidad su participación en los asuntos
políticos y sociales de sus países. Recientemente, en los acontecimientos argentinos
de final de 2001 se ha podido comprobar la masiva utilización de Internet
para divulgar información, convocar a actos y manifestaciones y, en general,
mantener un contacto abierto entre los ciudadanos en una situación donde los
mecanismos habituales para comunicarse eran insuficientes. Hay otros ejemplos
similares en países del entorno. Se propone una reflexión sobre estos aspectos,
que van más allá de las tecnologías o servicios, para incidir en sus aplicaciones
sociales.
europa y latinoamérica 195

VI.
Anexos
Anexo 1.
Indicadores mundiales clave del sector de telecomunicaciones
(Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT)
Noviembre 2001
US$ Billions 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a 2002 b
Telecom market revenue (current prices and exchange rates)
Services 403 448 470 517 596 672 712 767 843 920 1,010 1,110
Equipment 120 132 135 158 183 213 234 248 269 290 310 335
Total 522 580 606 675 778 885 946 1,015 1,112 1,210 1,320 1,445
Telecom services revenue breakdown (current prices and exchange rates)
Telephone 1 331 350 359 386 428 444 437 456 470 489 509 529
International 2 37 43 46 47 53 53 54 56 58 60 60 60
Mobile 19 26 35 50 78 114 142 172 218 261 301 331
Other 3 53 72 77 81 89 114 133 139 155 169 201 250
Telecom services capital expenditure (current prices and exchange rates)
Total 4 124 131 135 139 158 170 176 177 186 195 205 215
Other statistics
Main telephone lines
(millions) 546 574 606 645 691 741 795 849 907 986 1,040 1,115
Mobile cellular subscribers
(millions) 16 23 34 56 91 144 215 319 491 741 1,030 1,390
International telephone
traffic minutes (billions) 5 38 43 49 57 63 71 79 89 99 110 120 135
Personal computers (millions) 130 150 170 190 230 260 320 370 430 500 550 605
Internet users (millions) 4.4 6.9 9.4 16 34 58 96 155 241 361 505 655
Notes: All data in millions of current US$ converted by annual average exchange rates. Country fiscal year data aggregated to obtain calendar year
estimates.
a Estimation.
b Forecast.
1 Revenue from installation, subscription and local, trunk and international call charges for fixed telephone service.
2 Retail revenue.
3 Including leased circuits, data communications, telex, telegraph and other telecom-related revenue.
4 Note that the data of the growing number of new market entrants are not always reflected in national statistics.
5 From 1994 including traffic between countries of former Soviet Union.
Source: © INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2001.
196 europa y latinoamérica

Anexo 2.
DECLARACIÓN DE RÍO
del Mercosur-EU Business Forum (MEBF)
Febrero 1999
I. Introduction
For the first time, the Mercosur-EU Business Forum (MEBF) has assembled
business leaders from across the European Union and the Mercosur (Argentina,
Brazil, Paraguay, Uruguay) and the associated countries Chile and Bolivia (in the
following text referred to as Mercosur). Our first common goal is to identify business
facilitation measures that will improve the trade of goods and services and
the framework conditions for investment with the view to strengthen economic
co-operation between the two regions. MEBF asks the governments to facilitate
trade and investment liberalization between the EU and Mercosur. In this context
the intention of the German EU presidency to use its best efforts to obtain a
mandate for the European Commission as a first step for negotiating a free trade
zone with Mercosur is widely supported. Particular attention has to be paid to the
specific interests of small and medium sized enterprises.
The business leaders were joined at the conference by top government officials
from the Mercosur governments and the European Union. The MEBF expresses
its thanks to the political authorities for their contribution to the conference
and expresses its warm appreciation for the hospitality provided by the
Brazilian private sector and government as host of the conference.
MEBF is a business-driven process led by senior executives of Mercosur and
European enterprises in full cooperation with the major representative business
organizations already working on EU-Mercosur issues. MEBF wants to direct
governments’ attention to issues where consensus exists between the
Mercosur - EU business community.
1. EU - Mercosur
The economic ties between the European Union and the Mercosur are
strong and growing. The European Union is the main commercial partner of
the Mercosur, responsible for about 25% of the external trade of Mercosur. The
European exports to Mercosur members increased between 1990 and 1997
from about US$ 6 billion to more than US$ 26 billion. At the same time, almost
40% of direct investment inflows received by Mercosur countries in the last
years came from the European Union, strengthening the European business
presence in the sub-region.
Taken together, the two regions have a population of around 580 million
with a total gross domestic product of more than US$ 9,000 billion. In 1997, the
trade of the Mercosur with the EU was just under US$ 55 billion.
The Framework Agreement signed in December, 1995 by the European
Union and the Mercosur has as its objective «the invigoration of the existent relationship
between the Parties and the preparation of the conditions for the
creation of an Interregional Association.» The realization of the objectives of
the Framework Agreement depends, in good measure, on the strengthening of
the ties among the business communities of Mercosur and of the European
Union. Therefore, the participation of business people in the development of
the Framework Agreement for interregional cooperation is crucial for its success,
and especially «to promote the creation of the conditions that will favor
the establishment of the Interregional Association» (Article 4 of the Framework
Agreement).
europa y latinoamérica 197

The elimination of remaining obstacles to trade and investment between
the Mercosur and the EU would produce significant benefits. MEBF therefore
calls on the Mercosur governments and the EU Commission and EU member
states to make every effort to:
start negotiations between the two regions to facilitate trade, services and
investment flows in all sectors, support the development of a close Mercosur -
EU business relationship and to implement the recommendations of the MEBF
which aim to eliminate existing obstacles and public policy impediments to
business operation.
Furthermore MEBF requests that the Mercosur and the EU should do everything
to avoid the creation of new obstacles for trade and investment within
and between the two regions.
2. WTO
The MEBF must be seen in the context of worldwide multilateral cooperation
based on overall macro-economic and monetary co-operation. This includes
full support for the rules and principles of the World Trade Organization
(WTO) and other relevant institutions and the need to ensure that any bilateral
or plurilateral agreements are WTO-compatible. The MEBF reiterates its
strong support for the multilateral trading system by calling upon the EU and
the Mercosur to send a clear message which reaffirms the importance of the
WTO system.
The 1999 WTO ministerial conference must decide the launch of a new
comprehensive and forward-looking round of negotiations. The objective is to
complete the built-in agenda, specially the agricultural and services liberalization,
to bring new economies within the scope of the rules-based multilateral
trading system and provide for all members a solid and growing framework of
open markets for all sectors as the basis for future growth and prosperity in an
increasingly globalized economy.
Mercosur, the EU and its member states should pursue their action to ensure
full and faithful implementation of the WTO agreements and reiterate
their commitment to use the dispute settlement system to solve disputes and to
ensure compliance with multilateral obligations.
In particular for the forthcoming WTO negotiations, the MEBF calls upon
the EU and the Mercosur governments to work towards gathering support for
an effective and well balancedtrade liberalization agenda that can be adopted at
the next ministerial meeting of the WTO in December 1999.
3. Financial Crisis
The international financial crisis and the Japanese recession have a direct
impact on the economic relations between the EU and Mercosur economies.
Leaders from around the world are searching for ways to restore growth and to
address problems of instability in the future. MEBF calls on the EU and
Mercosur governments to promote policies to restore confidence in the markets
and to ensure that countries resist to protectionist measures.
4. Highlights - Working Groups
In the Working Group «Market Access» MEBF prepared recommendations
on customs procedures/trade facilitation, rules of origin, standards/regulatory
co-operation/certification/mutual recognition agreements, intellectual property
rights and trade defense instruments. Furthermore MEBF identified pri-
198 europa y latinoamérica

ority sectors where specific recommendations will be prepared in the near future.
The participants of the Working Group «Investment/Privatization» prepared
recommendations in the areas of investment, infrastructure, privatization,
co-operation between companies, technical and educational co-operation
and free movement of personnel. The discussion about government
procurement will be continued between the parties.
The Working Group «Services» prepared recommendations in the area of
information society/electronic commerce and identified priority sectors (telecommunication,
energy, financial services, transportation, tourism) where
some issues have been proposed for analysis and specific recommendations will
be prepared in the near future.
5. Follow-up
Business executives and the representative business organizations involved
in the MEBF process look forward to discussing the following recommendations
with officials from both sides. What matters now is to follow up this work
and achieve specific action and concrete results. The responsibility for the implementation
rests with government and business.
MEBF calls on the EU and the Mercosur officials to study this document
with great care and to incorporate its recommendations into the proposed
EU-Mercosur meeting in the margin of the EU-Latin America and the Caribbean
Summit in Rio, Brazil, on 28/29 June 1999.
MEBF is an ongoing process. The business leaders stressed the importance
to take this process further. MEBF suggests a report on government action from
the respective administrations. Particular action is needed to liberalize trade
and investment, to remove public policy impediments to the operation of the
market and to encourage co-operation on wider international issues. Based on
the governments’ responses, the business community will then make specific
proposals on the next stages of MEBF work.
As an initial step, the co-chairmen of the conference will identify the best
means of using existing resources and organizations to pursue the dialogue on
issues needing further study and to refine the specific action required. A follow-up
meeting involving the administrations will be arranged before the end
of this year.
II. Market access
With the intention of creating a future free trade zone, MEBF urges the EU
and Mercosur to seek continued improvement in market access in order to
eliminate, in conformity with WTO rules, tariff and non tariff barriers.
In order to achieve our goals, the Mercosur - EU business community need
a stable, transparent and efficient regulatory framework that maintains high
levels of protection with respect to health and safety without unnecessary,
wasteful duplication of procedures.
1. Customs Procedures / Trade Facilitation
a) MEBF recommends that the EU and Mercosur should make simplification,
convergence and modernization of customs practices a matter
of high priority. They should:
establish a consultative process and information sharing;
europa y latinoamérica 199

increase transparency in customs regulations and proper application
on both sides;
develop efficient customs administrations using international standards
and find «best customs practices». The World Customs Organization
(WCO) and the International Chamber of Commerce
(ICC) are developing international customs models that should set
norms and standards for customs procedures.
b) MEBF will share its experience on customs procedures as input to the
process of improving procedures and implementation.
c) MEBF recommends that the EU and the Mercosur should reach agreement
on a Protocol on Mutual Administrative Assistance on customs
matters, that will aid the implementation of business facilitation measures
in this area.
2. Rules of Origin
d) MEBF encourages the EU and the Mercosur governments actively to
support the work underway in the framework of World Customs Organization
(WCO) to harmonize non-preferential rules of origin.
e) MEBF looks for rules of origin that are clear and predictable, applied
in an impartial, transparent, consistent and neutral manner.
f) Simplified procedures should apply for exports below a certain value
and for authorized exporters.
3. Standards / Regulatory Co-operation / Certification
Co-operation on standards, technical regulation and conformity assessment
is a key objective in order to avoid technical barriers to trade.
The co-operation should include:
measures to improve quality standards for products and business practices;
the establishment of a permanent channel of dialogue between the authorities
of the sanitary/phitosanitary and environment protection areas,
in order to increase the transparency of the standard-setting process.
MEBF believes that the interest of the consumers is better fulfilled by
means of open competition. This includes the competition between different
technologies and, therefore, the definition of standards should be encouraged.
g) MEBF is in favor of regular and strong co-operation efforts in the
fields of standards and technical regulations. There should be increased
transparency and co-operation between EU and Mercosur in
standard-setting, compliance requirements, product approvals and
certification procedures. MEBF will propose pilot projects on which
regulatory co-operation should be started. The efforts should aim at
greater harmonization in the area of minimum requirements and in
the meantime work towards mutual recognition in the sectors interested.
Co-operation can best be envisaged in international fora.
h) MEBF requests the EU and Mercosur to base their standards (both
compulsory and voluntary standards) on international standards,
whether these originate from «consensus-based» organizations such
as ISO (International Standards Organization) or UN WB29 (Work
Party 29) or IEC (International Electrotechnical Commission) or
200 europa y latinoamérica

from other recognized Organizations such as FAO (Codex Alimentarius),
IMO (International Maritime Organization) or ITU (International
Telecommunications Union). The implementation of international
standards should be strongly encouraged and conflicting
national/regional standards should be withdrawn after a reasonable
transition period. In the case of compulsory standards, industry
should systematically be consulted.
i) MEBF asks the EU and Mercosur to begin the co-operation between
EU and Mercosur standards setting bodies in organizations such as
the European Committee for Standardization (CEN), the European
Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), the European
Telecommunications Standards Institute (ETSI) and the
Mercosur Committee for Standardization (CMN).
Concerning standards for information technology and telecommunication,
MEBF supports a close co-operation between ETSI and CITEL.
j) Although all standards should reflect some horizontal principles,
standards must take into account sector specific aspects. Each sector
has to develop a set of priorities unique to its specificities.
4. Mutual Recognition Agreements
The EU/Mercosur Framework Agreement provides the possibility of Mutual
Recognition Agreements (MRA), (Title II, Art. 6 (2)). EU and Mercosur
governments should investigate in which sectors negotiations about MRA’s
should be initiated. This type of agreement is a long term objective, which
needs appropriated structures and technical legislation.
5. Intellectual Property Rights
Mercosur and the EU should support and ensure effective and adequate
protection of intellectual, industrial and commercial property rights at levels
corresponding to international standards adopted by multilateral organizations,
including the means to exercise and enforce such rights.
k) The EU and Mercosur should co-operate in intellectual property matters
in order to encourage investment, the transfer of technology, trade
and all associated economic activity, and to prevent distortion of
trade. Technical co-operation and regular consultations should take
place to prevent trade related problems.
l) MEBF asks the EU and Mercosur governments to co-operate in the
fight against counterfeiting and piracy in their countries and in third
countries.
m) Concerning the TRIP’s (Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights) of the WTO, the MEBF makes the following recommendations:
The MEBF encourages the Mercosur countries to implement and
apply the TRIP’s Agreement as soon as possible.
The EU and Mercosur governments should co-operate to ensure
full implementation of the TRIP’s Agreement.
The EU and Mercosur governments should push for complete implementation
and enforcement by other countries of the TRIP’s
Agreement and for its widest extension to countries that are not
currently signatories to the accord.
europa y latinoamérica 201

6. Trade Defense Instruments
The MEBF recommends that the EU and Mercosur should refrain from using
trade defense instruments not compatible with WTO-rules and apply appropriate
instruments such as antidumping in a fair and transparent way.
WTO-conflicting instruments have to be abolished.
7. Sector Issues
MEBF will prepare recommendations on how to improve market access
with initial priorities in sectors such as: automotive industry, tires, chemicals,
pharmaceuticals, medical devices, telecommunications, confectionary, agribusiness
(fruits and vegetables and their products, poultry, meat and meat
products, milk and milk products, cereals and soybean products), forest products,
pulp and paper, capital goods, ceramics.
III. INVESTMENT/PRIVATIZATION
The EU-Mercosur business community has been able to succeed and to
provide the engine of growth for the two regions. Governments in both regions
have supported an open, stable environment for investment. Policies that have
worked so well to our mutual advantage deserve to be recognized, enhanced
and commended to others as crucial to achieve economic and social progress.
MEBF is convinced that a global regime for investment will contribute significantly
to world financial stability and to the regional integration in the
global economy. We believe we must not slow either WTO work on investment
or other efforts to create greater transparency, accountability and predictability
that all economies need to attract long-term capital. Governments that commit
themselves to multilateral disciplines will enhance investor confidence in their
economies.
We share the concern of the G-7 on the effects of short-term capital movements
on emerging market economies. We therefore support the rapid discussion
of this issue by the G-7.
Recognizing that foreign investment is critical for companies to compete in
today’s global economy and that benefits of foreign owned investment accrue
to home and host countries, the MEBF urges the following:
1. Investment
MEBF urges the EU and the Mercosur governments to issue a comprehensive
statement that expresses their commitment to strong foreign direct investment
protection and to open investment regimes. The statement should include
the following commitments:
national treatment for investors/investments;
common investment rules and procedures at all governmental levels;
non-discriminatory access to government funds, civilian research and
development programs;
free movement of capital connected to an investment including free
transfer of profits;
elimination of tax legislation, policies, and practices which discriminate
against foreign investors;
modification of respective tax laws on the treatment of foreign earned
income to encourage foreign investment and to prevent double taxation;
202 europa y latinoamérica

national security exceptions in investment should be limited, narrowly
circumscribed and applied in a transparent manner;
foreign investment protection agreements should be speeded up.
2. Infrastructure
n) MEBF supports the modernization and development of infrastructures
in the Mercosur and is in favor of programs to modernize and
develop infrastructure including cross-border projects. MEBF urges
the EU to mobilize EU funds to carry out feasibility studies.
o) MEBF supports joint efforts to provide other financial resources for
this purpose such as the European Investment Bank (EIB). Taking into
account the privatization process it would be useful to develop project
finance schemes as a means to finance infrastructure by the private
sector and by foreign investment.
3. Privatization
The MEBF strongly supports the privatization process in the Mercosur and
EU countries. The privatization means above all to change the ownership from
state to private hands. Government and business on both sides should join efforts
to promote a higher European participation. Information initiatives
should be strengthened. On the other hand, the EU should make efforts to implement
a privatization program on sectors still remaining under public control,
for instance, airline companies.
4. Co-operation between companies
p) MEBF asks the EU and the Mercosur governments to provide easier
access to investment financing for SMEs.
q) Concerning programs of the EU for assistance to Mercosur and the EU
Member States, MEBF asks the EU:
to review its programs for assistance with a view to ensuring that the
needs and interests of the business community are fully taken into
account. In particular, it should continue to foster the development
of close co-operation between businesses in the two regions, with a
view to enhancing their respective ability to compete on global
markets;
to increase the financial resources allocated to the ALINVEST Program
in order to cope with the increase in applicant projects and to
comply with the payment terms (60 days after request). As far as
ECIP is concerned the procedures should be simplified and the decision
making process should be speeded up.
r) MEBF recommends that the EU and the Mercosur governments
should continue their efforts with a view to creating a legal, fiscal
and economic climate favorable to the development of strategic alliances
and other forms of co-operation between EU and Mercosur
companies. They should look at the feasibility of additional instruments
with a view to facilitating such co-operation, after consulting
with business in the two regions with a view to assessing its
needs.
s) MEBF notes that existing EU instruments have already played an important
role in facilitating co-operation between EU and Mercosur
europa y latinoamérica 203

SMEs. Efforts should be made to further improve the effectiveness of
such instruments, with particular attention being paid to the needs of
SMEs. The EU and Mercosur governments should consult the organizations
representing SMEs in both regions on what further steps
should be taken with a view to improving such assistance.
5. Technical and Educational Cooperation
t) Technical cooperation between Mercosur and EU should deserve special
attention, with emphasis:
In the elaboration of an inventory of the existing Agreements of
Technical Cooperation between EU and Mercosur countries;
In the technical cooperation between companies, with emphasis in
the industry-university cooperation;
In the development of research activities in the fields of mutual interests.
u) Mercosur and EU should also give emphasis in establishing a program
for technical assistance between governmental agencies in the training
and educational fields.
6. Free Movement of Personnel
MEBF proposes that the EU and Mercosur governments should work together
to eliminate barriers to free movement of key personnel and their immediate
families for business purposes. The issue is related to an investor’s decision
to invest, and to the success of an existing investment. The ability to bring
into the host country key personnel in order to establish, develop, direct, administer
or advise on the operation of an investment has to be guaranteed.
7. Government Procurement
The discussion about government procurement will be continued between
the parties.
IV. Services
MEBF supports the inclusion of the GATS 2000 negotiations in the new
comprehensive round of WTO negotiations. The services negotiations should
create much improved opportunities for profitable international business. To
that end these negotiations should be ambitious in their goals for real liberalization
and achieve a broad and deep coverage of services sectors in WTO
member and acceding countries.
The EU and Mercosur should liberalize trade in services between the two
regions in conformity with the requirements of Art. V of GATS. It should have a
substantial sectorial coverage, in terms of number of sectors, volume of trade
affected and the modes of supply, and shall eliminate substantially all discrimination
between the two regions. National treatment should also apply to investments
in the service sector.
Sector Issues
MEBF has initially identified specific sectors in the services area that constitute
a priority for analysis although other sectors may be added in the future:
Information Society, telecommunication, energy, financial services, transportation
and tourism.
204 europa y latinoamérica

1. Information Society / Electronic Commerce
v) The MEBF recommends that the EU and Mercosur governments
should support the development of an Information Society notably by
adequate regulatory framework and by fostering the development of
the physical transport infrastructure.
w) The EU and Mercosur should promote the cooperation in order to
boost electronic commerce among companies of the two areas that includes,
inter alia:
the support of the establishment of codes of conduct or of self-regulatory
schemes for the protection of the contents of electronically
transmitted material.
the business community should play a major role to draft internationally
acceptable models for electronic contracts/transactions;
the support to the rigorous protection of the rights of intellectual
property as a mechanism to motivate investments in e-commerce;
the rejection of any type of discriminating rate or tax applied to
electronic transmissions and the non-application of duties on all
electronic digitized deliveries, including those made through
Internet;
the support to the development and adoption of common standards
for the global infrastructure of information, in cooperation
with other partners. This implies the development of common and
open standards in areas such as interoperability, data protection,
encryption, electronic authentication etc. Governments should not
limit the use, export and import of cryptography products and assist
trade and industry and cooperate in developing cryptography
products.
x) the cooperation between the Business Forum and High Level EU/
Latin America Forum on Communication and Information Society.
2. Other sectorial issues
2.1. In the remaining sectors, the following issues, among others,
have been proposed for analysis:
In the telecommunication sector:
Co-operation between ETSI and CITEL, in the field of standards for mobile
system.
In the Energy Sector:
The strengthening of the co-operation between the EU and Mercosur in
key sectors such as hydroelectric power, hydrocarbons, renewable energy and
energy-efficient technology. The aim should be to increase the participation of
economic operators from both regions in technology, development projects
and joint infrastructure.
In the sector of financial services:
The intensification of efforts for a full implementation of the commitment
to the WTO agreement on financial services.
The encouragement of the liberalization of trade in financial services
The co-operation to develop and apply international prudential standards
in the financial services field. These standards are essential for the existence of
sound, efficient and transparent financial markets and for optimizing the allocation
of financial resources.
europa y latinoamérica 205

In the sector of transportation:
The encouragement of initiatives to reduce the administrative procedures
to the minimum and facilitate the access to the respective markets on a commercial
and non-discriminatory basis.
The encouragement to continue and speed up the reform of the regulatory
legislation concerning ports, airports and air transportation.
In the sector of tourism:
The fostering of the cooperation between governments to analyze the market
potential and identify market strategies in order to explore the Mercosur’s
potential for tourism.
2.2. Schedule
In order to accomplish the implementation of the goal set forth above, the
following schedule has been agreed upon:
y) Identification of joint working teams per sectors by March 30 th .
z) Agreement on specific proposals per sector by April 30 th .
Submission of the final document with recommendations to the MEBF
chairmen by May 4 th .
206 europa y latinoamérica

Anexo 3.
DECLARACIÓN DE SÃO PAULO
Junio 1999
I. Introducción
Siguiendo las recomendaciones del Foro entre Europa y Latinoamérica de
Iniciativas de la Sociedad de Información, llevado a cabo en Costa Rica durante
el mes de marzo de 1998, los Encuentros Alexander Von Humboldt sobre Comunicaciones
Globales reúnen a altos industriales europeos y latinoamericanos,
ministros de telecomunicaciones, reguladores, representantes de organizaciones
regionales e instituciones financieras.
Nosotros quisimos crear sinergias entre el sector público y privado de ambas
regiones y así aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que
presenta una economía global en el desarrollo de una Sociedad de la Información
integrada. Buscamos identificar áreas específicas de interés mutuo en
la Sociedad de la Información, en la que los esfuerzos comunes podrían aumentar
la prosperidad y controlar los efectos perjudiciales de las desigualdades
existentes.
América Latina y Europa comparten una historia común, raíces culturales
y relaciones familiares que comportan fuertes lazos y constituyen un catalizador
para una asociación sólida y a largo plazo. El potencial de tal relación, ya reflejado
en el flujo de inversiones y comercio de las dos regiones, y los fondos de
cooperación europea para América Latina podrían conocer una nueva faceta
con la Sociedad de la Información. De hecho, la revolución de la informativa
está cambiando las relaciones económicas, sociales y políticas dentro de los países
y las regiones, así como entre ellos. Ello permite el desarrollo de soluciones
innovadoras con las que enfrentarse a los desafíos sociales y da un nuevo ímpetu
a las actividades económicas y comerciales
Este Encuentro de São Paulo ofreció una oportunidad para establecer un
diálogo sobre cómo beneficiarse de las ventajas potenciales y buscar un desarrollo
armonizado; a tal fin, se establecieron tres grupos de trabajo: el grupo
«Acceso a Mercados y Liberalización» identifico áreas ó en las que ambas regiones
podrían mejorar la forma de compartir conocimientos, enfocando cuestiones
claves sobre modelos de liberalización, acceso a ambos mercados, y asuntos
de tecnologías convergentes; el grupo de «Estandarización para la Interconexión
e Interoperabilidad» buscó asegurar un funcionamiento correcto de los
sistemas de comunicación para fomentar el desarrollo de nuevos servicios y
aplicaciones, beneficiándose de la inversión en tecnología a largo plazo; los participantes
en el grupo «Globalización y Cooperación» trataron los asuntos desde
una perspectiva internacional, incluyendo los aspectos latinoamericanos de
la Sociedad de la Información, a través del diálogo global, con particular énfasis
en el marco del comercio electrónico e iniciativas de cooperación entre naciones
en la Sociedad de la Información.
II. Acceso a Mercados y Liberalización
Con el interés de tener productos y servicios mejores y más accesibles para
nuestros ciudadanos, apoyamos los esfuerzos de liberalización progresiva en el
sector de telecomunicaciones, reconociendo la creciente participación de países
en vía de desarrollo en este proceso. Conscientes del hecho de que la liberalización
debería tener resultados positivos que beneficien a los protagonistas sociales,
dicha liberalización deberá combinar los principios de armonización y
cohesión.
europa y latinoamérica 207

1. Un marco reglamentario estable, transparente y eficiente es esencial para
asegurar inversiones a largo plazo y estrategias de asociación. Para fomentar
que se armonicen la regulación y procedimientos, recomendamos:
a) Un régimen de licencias transparente, objetivo y no discriminatorio.
b) Que el servicio universal, cuando se aplique, se deberá asegurar
sobre una base de competencia neutral y proveerse a un precio
asequible.
c) Una competencia justa y unas reglas de juego equilibradas tanto
para las pequeñas y medianas empresas como para las grandes
corporaciones.
d) Tasas contables orientadas a costes que se basen en normas aceptadas
internacionalmente, en particular en el contexto de la UIT.
e) Condiciones de interconexión basadas en normas aceptadas multilateralmente
en el contexto del acuerdo en servicios de telefonía
básica de la OMC / AGCS (GATS).
f) Análisis profundo de tasas contables, sistema re-filing.
g) Una política de asignación del espectro radioeléctrico coherente,
transparente y no discriminatoria.
h) Mejorar el acceso al mercado de los sistemas de comunicación vía
satélite, asegurando un tratamiento no discriminatorio entre esos
sistemas.
i) Una gestión transparente, objetiva y no discriminatoria a través
de una agencia reguladora capaz de controlar de forma independiente
a cualquier proveedor de servicio u operador.
j) Cooperación con entidades internacionales a fin de asegurar la
cohesión regional y subregional y fomentar la integración económica
regional; un esfuerzo asociativo especial podría surgir aprovechando
la experiencia de la UE para establecer un marco reglamentario
regional.
2. Buscando fortalecer la asociación económica y fomentar las relaciones
entre Latinoamérica y la Unión Europea, perseguimos una mejora
continuada en el acceso al mercado con el objetivo de eliminar las barreras
arancelarias y no arancelarias.
a) Reconociendo la importancia de un marco global coherente para
los asuntos de la Sociedad de la Información, apoyamos el papel
que el GATS 2000 puede desempeñar en este contexto. La cooperación
regional bilateral entre la Unión europea y Latinoamérica
puede apoyar y proveer las condiciones propicias para el proceso
en las negociaciones multilaterales.
b) Para afrontar el desafío de tratar eficazmente la rápida evolución
de la tecnología y proveer un ambiente seguro que promueva nuevos
servicios y contenidos, apreciamos los esfuerzos hechos dentro
del Acuerdo sobre Tecnología de Información (ATI) y otros foros
multilaterales.
3. Convergencia.
Para ajustar el marco reglamentario al nuevo contexto tecnológico, recomendamos:
a) Acceso internacional a Internet justo, equitativo y simétrico.
208 europa y latinoamérica

) Mecanismos de armonización y consulta.
c) Cooperación entre las dos regiones en programas sobre investigación
y desarrollo para fomentar nuevos contenidos.
4. Asegurar el acceso a las redes de telecomunicaciones de acuerdo a los
criterios mencionados en el anexo GATS sobre telecomunicaciones relacionado
con el acceso a las redes públicas de telecomunicaciones.
III. Estandarización
1. Para asegurar la interconexión y la interoperabilidad, aprovechar las
economías de escala, maximizar el beneficio de la evolución de la tecnología
sin la necesidad de remplazar inversiones previas y en interés
de proveer productos de calidad al alcance de nuestros ciudadanos, especialmente
recomendamos:
a) Estándares armonizados, abiertos y orientados al mercado, cuyos
derechos de propiedad intelectual sean concedidos de una forma
justa, transparente y no discriminatoria, bajo tasas razonables.
Los estándares abiertos dirigirán la competencia en base a servicios,
precio y calidad en vez de en las diferencias tecnológicas.
b) Estándares deben ser orientados por el mercado. La participación
de representantes del mercado (e.g. Foro UMTS) debe ser promovida.
c) Elección de estándares basada en los rendimientos y méritos de
cada sistema, a través de una clara y no discriminatoria evaluación
de opciones internacionalmente disponibles.
d) Coexistencia de estándares establecidos siempre que sea técnicamente
posible.
e) Disponibilidad de una parte significativa de la banda del espectro
para sistemas móviles de tercera generación, a fin de facilitar el establecimiento
de tecnologías IMT 2000.
f) Cooperación e intercambio de conocimientos entre las organizaciones
subregionales, regionales e internacionales comprometidas
en actividades de estandarización y actividades relacionadas
(UIT, CITEL, ETSI, CEPT y AHCIET) desde las primeras fases de
establecimiento de estándares técnicos. Un grupo conjunto se establecerá
para desarrollar una propuesta.
g) Fuerte participación del sector privado en el proceso de estandarización
a través de la pertenencia a CITEL y/o ETSI, y participación
como expertos en estos organismos de estandarización.
2. Para asegurar la interoperabilidad de los sistemas internacionales, apoyamos
mecanismos autorreglamentarios en nuevas y emergentes tecnologías
sobre las que no exista base legislativa.
IV. Globalización y Cooperación
Reconociendo las oportunidades y desafíos derivados de la globalización,
apoyamos:
1. Promoción de redes de instituciones y personalidades políticas y sociales
que respalden el espíritu de cooperación aquí señalado.
2. El GBD (Global Business Dialogue en comercio electrónico) como un
foro al cual dirigir asuntos específicos de América Latina, tales como el
europa y latinoamérica 209

desarrollo de infraestructuras, incluyendo la interoperabilidad y la gestión
de Internet. Consideramos que es necesario ampliar la participación
de América Latina en dicho foro.
3. El desarrollo de mecanismos y/o marcos legislativos para apoyar el desarrollo
del comercio electrónico, tales como:
a) El desarrollo de mecanismos eficaces de autenticación electrónica
para garantizar la seguridad, interoperabilidad, y confianza en la
seguridad de los pagos electrónicos.
b) La protección de datos personales.
c) Los modelos de contratos electrónicos y transacciones aceptables
internacionalmente.
d) La protección rigurosa de los derechos de propiedad intelectual.
e) Marcos legislativos que, en el contexto de las futuras negociaciones
del OMC, eviten la adopción de cargos, tasas o impuestos
discriminatorios aplicables a las transmisiones y entregas electrónicas
digitalizadas, incluyendo aquellas realizadas a través de
Internet.
4. La cooperación con instituciones financieras internacionales, tales
como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y el
Banco Europeo de Inversiones, en el financiamiento de infraestructuras
transnacionales y otros programas relacionados con el uso de tecnologías
de información y comunicación.
5. Las iniciativas para apoyar el papel de las pequeñas y medianas empresas
en la Sociedad de la Información, tales como:
a) El programa Bolívar, los programas AL-INVEST y EC-IP de la
Comisión Europea, e InfoDev del Banco Mundial.
b) El programa de cooperación propuesto por SEDISI-LA.
Desarrollo de Foros específicos para mejorar cooperación entre
Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) de tecnología de información
y comunicación.
Fondo de garantía para las alianzas estratégicas entre pequeñas
y medianas empresas.
Diálogo abierto entre centros de alta tecnología y teleparques
en la Unión Europea y América Latina.
Cooperación entre pequeñas y medianas empresas de las dos
regiones para participar en la Iniciativa Europea para la innovación
dentro del 5.º programa marco.
6. El programa de cooperación internacional para el desarrollo global de
la Sociedad de la Información, con especial énfasis en:
a) Aspectos reglamentarios y de armonización de Telecomunicaciones.
Diálogo e intercambios técnicos, así como pasantías y estadías,
entre Europa y Latinoamérica en el campo de la regulación de
las telecomunicaciones.
Compartir la experiencia en modelos de marcos reglamentarios
regionales armonizados;
Colaboración en el desarrollo de estrategias para tratar eficazmente
los desafíos legislativos de las tecnologías emergentes y
convergentes.
210 europa y latinoamérica

Establecimiento de mecanismos de cooperación para el desarrollo
de cursos que impliquen a los diferentes actores en la introducción
de la Sociedad Global de la Información en Latinoamérica.
b) Difusión de las aplicaciones de la Sociedad de la Información.
Llamar la atención sobre el uso de tecnologías para resolver
asuntos pendientes. Por ejemplo, aplicaciones que puedan reducir
las desigualdades sociales dentro y entre países o dentro
de cada uno de ellos proporcionando mayor acceso a los servicios
sociales a través de la telemedicina, el aprendizaje a distancia
y telecontrol entre otros.
Identificar los mecanismos financieros necesarios para apoyar
la instrumentación y puesta en marcha de servicio innovativos
basados en la tecnología de la Sociedad de la Información.
c) Investigación, formación y desarrollo.
Asociación en innovación tecnológica, como aspecto clave de
progreso en ambas regiones.
Las empresas europeas y la Comisión pueden compartir sus
experiencias sobre programas europeos con el fin de facilitar
la participación de actores latinoamericanos en el 5.º programa
marco.
Identificación de las materias de interés y beneficio mutuo en
las que basar la investigación.
Identificación de los socios para proyectos de investigación
comunes.
Promover la asociación de empresas y universidades que se
beneficien mutuamente en el apoyo tecnológico y conceptual
en la formación de recursos humanos.
Desarrollo de contenidos para promover la diversidad de
lenguas y culturas en los productos y tecnologías de la información.
d) Desarrollo de la industria y de la pequeña y mediana empresa en
la Sociedad de la Información, facilitando el diálogo, el acceso a la
información, las alianzas estratégicas y los mecanismos de cooperación
entre Latinoamérica y Europa.
e) Utilización y promoción de las entidades subregionales correspondientes.
V. Conclusiones
1. Los participantes en el Foro Unión Europea-Latinoamérica en Comunicaciones
Globales, denominado Encuentros Von Humboldt, hacen
especial énfasis en la importancia de las consecuencias técnicas, económicas,
sociales y culturales vinculadas a la aparición de la Sociedad de
la Información.
Reconocen las nuevas oportunidades que surgen, así como el riesgo de
que sus repercusiones puedan agravar las desigualdades ya existentes.
Destacan la aparición de nuevas perspectivas para el desarrollo de un
diálogo continuado y una asociación a largo plazo, no solo en el desarrollo
y explotación de la infraestructura tecnológica, sino asimismo
europa y latinoamérica 211

en las aplicaciones derivadas de esas innovaciones, particularmente la
producción de contenidos. Dados los nichos de competencia ya existentes
en Latinoamérica, la cooperación en investigación e innovación
podría fortalecer lo educativo y ayudar a reducir diferencias.
2. Acordamos las siguientes prioridades:
Cooperación en aspectos reglamentarios en el área convergente de
telecomunicaciones, servicios audio-visuales, e informática.
Cooperación en el desarrollo de infraestructuras de la Sociedad de la
Información, dentro de Latinoamérica, y entre Latinoamérica y Europa.
Cooperación en el campo de estandardización para asegurar interoperabilidad
e interconexión de las infraestructuras, servicios y aplicación
dentro de nuestras regiones y entre ellas.
Desarrollo de principios comunes, con énfasis en los temas relacionados
con el comercio electrónico, así como con los derechos reservados,
la protección de datos, etc.
Promover una participación más amplia de la industria Latinoamericana
en el GBDe.
Reforzar la cooperación en el campo de la investigación, desarrollo e
innovación.
Evaluación de las posibilidades de una cooperación más estrecha sobre
ciertos programas específicos de la Sociedad de la Información,
tales como Galileo, iniciativa de la UE para el uso de satélites en navegación.
Identificación de mecanismos para reforzar substancialmente las interacciones
entre pequeñas y medianas empresas, como en el Primer
Foro Latinoamericano sobre tecnologías de Información y Comunicación,
Madrid 1999, y el Foro de seguimiento de Uruguay en noviembre
del 2000.
Contribuir conjuntamente a la diversidad cultural, tomando en
cuenta esta dimensión en todos las actividades y programas.
3. Acordamos establecer un grupo orientado por industriales de alto nivel,
«Consejo de Cooperación Von Humboldt,» con la participación de
reguladores, grupos de interés y representantes de gobiernos y organizaciones
internacionales, para estructurar la cooperación, iniciar acciones
y dar seguimiento a la implementación de nuestras iniciativas
acordadas, sobre la base de las prioridades a las que se ha aludido.
El Consejo de Cooperación Von Humboldt:
1. Organizará anualmente los Encuentros Von Humboldt, cuyos países
anfitriones rotarán entre ambas regiones.
2. Establecerá un número apropiado de Grupos de Trabajo para elaborar
y preparar documentos que se discutirán en los encuentros
anuales.
3. Cooperará con otras iniciativas multi-laterales, como el Foro de
Negocios Mercosur Europa (MEBF), y podrá los resultados a su
disposición.
212 europa y latinoamérica

Anexo 4.
ALIS - ALLIANCE FOR THE INFORMATION
SOCIETY. A CO-OPERATION PROGRAMME
BETWEEN LATIN AMERICA AND
THE EUROPEAN UNION
Diciembre 2001
1. Background
@LIS «ALliance for the Information Society» is a major four-year co-operation
programme with Latin America that the European Commission is
launching with a view to accelerating the development of the Information Society
in Latin America and to reinforcing the partnership between the European
Union and Latin America.
Such an Information Society partnership started to be put in place well in
advance of the first Summit of the Heads of State of the European Union and
the Latin American and Caribbean countries that was held in Rio de Janeiro in
June 1999. This process has led to the recognition at the highest political level
that the Information Society should play an important role in the context of the
relations between Latin America and the EU.
As a result of this process, the European Commission decided at the end of
last year to adopt Information Society as the priority for economic co-operation
with Latin America, next to a social priority, and a political priority. This
was complemented by the announcement by the European Commission of the
@LIS co-operation programme.
The main aims of this programme are: setting-up a dialogue and co-operation
between both regions on policy and regulatory frameworks in areas such
as telecommunications, e-commerce, standardisation and other Information
Society related policies at both political and expert levels; boosting the interconnection
between research networks and communities of both regions; and
implementing several innovative projects in Latin America in order to demonstrate
the benefits of the Information Society applications to the citizens.
The @LIS programme is expected to be formally presented at the EU/Latin
America ministerial meeting on Information Society which is foreseen to be
held in Seville (Spain) in April 2002. The main aim of that meeting in Seville
will be the preparation of the second Summit of Heads of State and Government
of the European Union and the Latin American and Caribbean countries
which is planned for 17 and 18 May 2002 in Madrid, under the Spanish Presidency
of the European Union. Information Society is expected to be one of the
main issues dealt with at this Summit.
2. Structure
2.1. Countries covered
European Union: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany,
Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden,
United Kingdom (15 countries)
Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela (18 countries)
Note: Given that Caribbean countries receive financial support from the
European Commission development budget for African, Caribbean and Pacific
(ACP) countries, they can not be covered by @LIS for formal reasons, with the
europa y latinoamérica 213

exception of Cuba. A similar programme is being prepared for Caribbean
countries.
2.2. Duration
The duration of @LIS will be 4 years (2002-2005).
2.3. Budget
The total estimated budget of @LIS will be 85 million Euros, of which up to
63.5 million Euros will be financed by the European Commission, and 21.5
million Euros by Latin American and EU partners participating in the
programme.
3. Objectives - Results
3.1. Objectives
3.1.1. General Objectives
The @LIS programme aims at promoting the Information Society and
fight against the digital divide throughout Latin America (LA), with a view to:
stimulating co-operation with European counterparts, and
better serving the needs of local communities and citizens, as part of a
sustainable development.
3.1.2. Specific objectives
In particular, the programme will aim at:
stimulating an open dialogue between governments, both national and
local, regional institutions, regulators, standards makers, private sector,
intermediary institutions and stakeholders;
increasing the interconnection between R&D communities of both regions;
implementing innovative applications based on demonstration projects
involving operators, all actors and stakeholders in four main areas (local
e-governance; e-learning, education and cultural diversity; public
health; and e-inclusion).
3.2. Expected results
3.2.1. An open dialogue launched
Regional and sub-regional integration process within Latin America reinforced
and relationship between Latin America and the European Union
strengthened, through implementation of one project (including
studies, technical assistance, meetings, training, transfer of know-how)
related with dialogue on policy, regulation and e-governance [4 Million
Euros of estimated EC contribution];
Latin American countries better integrated in the global Information
Society by promoting of open and global standards in the region and
stimulating technological partnerships, through the implementation of
one project (including studies, technical assistance, meetings, training,
transfer of know-how) [3 Million Euros of estimated EC contribution];
Partnerships between Latin America and the European Union built up
(such as a Virtual Information Society Observatory) or strengthened
(joint market intelligence, technical assistance, training, transfer of
214 europa y latinoamérica

know-how) relating networks of stakeholders, especially regulators, science
parks, local governments and intermediary institutions [4 Million
Euros of estimated EC contribution];
3.2.2. Actors connected
Research & development communities of Latin America and the European
Union interconnected providing them with access to online bandwidth
exchanges service, taking into account the lessons gained through
the EU GEANT project; indirectly, a 20% increase rate in four years of research
& development projects on Information Society issues involving
partners of both regions is expected [10 Million Euros of estimated EC
contribution];
3.2.3. Benefits of the Information Society demonstrated
Around 20 implemented prototypes, resulting from demonstration projects
related with four main areas (local e-governance; e-inclusion;
e-learning and cultural diversity; and public health) [40 Million Euros of
estimated EC contribution].
4. Approach
See document in annex.
5. Methodology for demonstration projects
A call for proposals for «demonstration projects» is expected to be
launched at the beginning of 2002, with a deadline for submission of proposals
of October 2002.
Eight information sessions on @LIS in Latin America and one in Europe
will be held during the first semester of 2002 in order to facilitate consortia
building and to support the drafting of proposals..
In addition to the information which is officially published by the European
Commission in the web site of the EuropeAid Co-operation Office (i.e.
call for proposals, manual, application forms, etc.), the following information
tools will be available:
A web site set up by a consortium of specialised non-governmental organisations
with frequently-asked questions (FAQ);
A user-friendly manual on submission of proposals (@leasy) to be published
at the beginning of 2002;
A hot line to assist drafting of proposals will be put in place between July
and October 2002, with a view to providing answers in less than 24
hours.
After selection by the European Commission’s services, grant contracts will
be delivered to the selection winners. The projects are expected to start being
implemented from the beginning of 2003, and the average duration of each
project is estimated to be 2 years.
Moreover, four workshops will be organised with economic and financial
players at the end of the projects (in 2005) to present the outcome of projects
and to discuss business plans of enterprises to be created for their exploitation.
6. Organisation and Methods
The EuropeAid Co-operation Office of the European Commission is in
charge of overall programme implementation, in close relation with specialised
europa y latinoamérica 215

services of the Information Society Directorate General of the European Commission.
@LIS is mainly a demand-driven programme. It is mainly addressed at
non-profit organisations (public or private), which will receive up to 80% of financing
for project. Commercial companies in principle will also be eligible,
though receiving a smaller % of financing. The eligibility conditions for companies
participation will be detailed in the @LIS practical guide for the award of
the grants.
A mid-term review will be held after 2 years of @LIS implementation and
an evaluation report will be produced at the end of the programme.
The impact of @LIS will be assessed through a set of quantitative and qualitative
indicators collected during implementation of each project.
A Programme Monitoring Committee within the European Commission
will be organised to define and follow-up strategic issues. International institutions
(e.g. European Investment Bank, and the Inter American Development
Bank – IADB) could be associated with this Committee.
7. Sustainability
@LIS aims at creating sustainable links between Latin American and EU actors,
with a view to facilitating the co-operation in the longer run, involving national
and local governments, intermediary institutions, and stakeholders.
Special attention will be paid to sustainability aspects when selecting project
proposals. And economic estimations indicate that a high increase of investments
to be made by public governments and development banks
(IADB,...), and by the private sector in Latin America is to be expected on Information
Society activities.
@LIS sustainability will depend on the quality of its outputs, especially
those generated by the demonstration projects.
8. Conditionality
All @LIS activities will take into account the need to promote a sustainable
development, the protection of the environment and the respect due to indigenous
people. Special attention will be paid to gender issues.
Annex.
Building an Alliance for the Information Society
with Latin America
1. The context
The new opportunities and challenges brought about by Information and
Communication Technologies (ICT) are now recognised around the world,
and the need to address the consequential, rapidly changing economic and social
structures of this new Information Society has become a political priority.
The need for new policies and regulatory measures to guide these developments
to the advantage of economic actors and civil society is a challenge for
developing, emerging and industrialised countries alike, albeit in different
forms and with different objectives.
In this context, political initiatives have already been launched, or are being
prepared, by Governments around the world, aiming at grasping the opportunities
offered by the new digital and knowledge-based economy. In Europe, the
eEurope initiative was proposed by the European Commission at the end of
216 europa y latinoamérica

1999, and it was endorsed by the EU Heads of State last March at the European
Council in Lisbon, which also agreed on a new strategic goal for the EU for this
decade: to become the most competitive knowledge-based economy in the
world. eEurope therefore provides the framework for a concerted development
of the Information Society in Europe.
Participation of all the relevant sectors of the society will be required to
address the challenges and opportunities offered by the Information Society.
Public policies will play a key role with the development of appropriate regulatory
frameworks aiming at development of communications infrastructure,
the emergence of high-quality communications services and applications, and
the facilitation of e-commerce. Beyond their policy role, governments, especially
local governments, play an important role in the development of social
services, education, health, etc. as well as in fighting poverty and some negative
impacts of urbanisation, and in improving the economic position of local communities,
each area of which can draw substantial benefit from the use of ICT.
The role of the private sector is two-fold: the main investment in, and development
of, these infrastructures and services, as well as an increasing role in the
development of co-regulatory approaches, together with governments. Civil
society as a whole will need to be made aware of the potential of the new information
technologies and the citizens will have to be stimulated to use them,
with a view to grasping their benefits.
Given that we are in an increasingly global economy and society, there is a
growing need for co-ordinated and compatible international approaches to
these questions. This need has been recognised at the Summit of Heads of State
of the EU and Latin America held in June 1999 in Rio de Janeiro, as well as at the
Latin-American Summit held at the end of 2000 in Brasilia. eEurope also includes
a specific reference to the need for addressing this issue at international
level. It will be therefore important for governments to ensure that their countries
are fully participating in the new global economy and in the resulting dialogues
and exchanges.
Latin America and Europe share a common history, cultural roots and family
ties which bring strong links and act as a catalyst for a long term alliance.
This is reinforced by the fact that the EU continues to be the second largest
commercial partner with and first investor since 1999 in Latin America, and
first donator of co-operation funds to the region. The potential of such a relationship
can take on a whole new dimension with the emergence of the Information
Society. In fact, the ICT revolution is changing economic, social and
political relations inside and between countries and regions.
The growth and modernisation of the telecommunications infrastructure
in Latin America is striking, with a remarkable participation of European industry.
This is mainly due to the privatisation and liberalisation in the telecommunications
sector which is already a reality in almost all LA countries. In this
context, the number of telephone lines per inhabitant is increasing on average
by 15-20% per year throughout the region. The number of Internet servers increased
by 140% in 1999 and the trend will be similar between 2000 and 2005.
In 2000, LA registered 20 millions Internet users and the expected number is
between 75 and 77 millions in 2005. Local authorities are implementing ambitious
programmes to link schools to the Internet.
Latin America and the EU have therefore much to gain from a full partnership
at economic, cultural, social, and political level on Information Society
matters. The @lis (ALliance for the Information Society) programme will proeuropa
y latinoamérica 217

vide a significant contribution for that objective, by co-financing a number of
co-operation projects aimed at accelerating the development of the Information
Society in Latin America.
2. Setting strategic objectives
@lis seeks to achieve the following objectives
i) Stimulating an open dialogue between governments, both national
and local, regional institutions, regulators, standards makers, private
sector, intermediary institutions and stakeholders, with the consequent
expected results:
reinforcing the regional and sub-regional integration process within
Latin America and strengthening the relationship between Latin
America and Europe, through development of policy and regulatory
frameworks aiming at promoting the development of the Information
Society in Latin America;
fostering integration of Latin American countries in the global Information
Society by promoting open and global standards in the region
and stimulating technological partnerships with European
partners;
building up EU-Latin America partnerships (such as a virtual observatory)
or strengthened existing ones (e.g. joint market intelligence,
technical assistance, training, transfer of know-how, etc.).
ii) Increasing the interconnection between R&D communities of both
regions, providing them with access to online bandwidth exchanges
services.
iii) Implementing demonstration projects targeting thematic priority
applications involving operators and stakeholders in four main areas
(local e-governance; e-learning, education and cultural diversity; public
health; and e-inclusion).
3. Offering a comprehensive set of activities
With a view to achieving the above mentioned objectives, @lis will focus
on the following activities:
3.1. Dialogue
@lis will aim at establishing and promoting the dialogue between the European
and Latin American public and private sectors involved in the development
of the Information Society, with a view to exchanging experiences,
creating a favourable regulatory and policy framework for progress in this field
and establishing fruitful relations between both regions. The European Commission
is already supporting the dialogue, notably through the São Paulo
EU-Latin America meetings on the Information Society held in June 1999, referred
to in the Declaration of the Summit of Heads of State held in June 1999
in Rio de Janeiro.
This dialogue will be supported by convening a bi-regional forum of
high-level decision-makers from the private and public sectors and representatives
of civil society of both regions, aiming at fostering a regular exchange of
information and experiences on the development of the Information Society
(including electronic commerce), at discussing progress in the reform agenda
218 europa y latinoamérica

of Latin America in this sector, and at assessing the new international trends
and developments. This forum will also enable the European Commission to
organise wide-ranging consultation on the general guidelines and initiatives of
@lis and to give broader expression to the concrete achievements of, and lessons
learned from, the projects implemented.
17 EU’s liberalisation policy in the communications sector,
launched over a decade ago, culminated in 1998
with full liberalisation of telecommunications services
and infrastructures in most EU countries. This was the result
of a EU-wide regulatory framework aimed at promoting
and safeguarding competition in markets dominated
by monopolistic operators. The European
Commission proposed last year the adaptation of
the existing EU communications regulatory
framework to meet the needs and requirements of
consumers and communications industries in the
Internet age. Key words are simplification and flexibility
—in order to have a future-proof framework that
can accompany future market and technology changes
in converged environment.
18 Given that a large share of the population has already
a TV set and is familiar with it, even in developing
countries, and that digital TV technologies provide for
access to Internet and interactive services through a
set-up box which is typically cheaper than a PC.
19 The explosive growth of mobile communications in
the Latin American region is encouraging in this regard,
as it can be expected that the future generations of mobile
communications which will provide for broadband
access to Internet will also be successful.
20 Power line communications have the potential to provide
a cheap alternative to telephone lines, as long as
the concerns about interference emissions are addressed.
21 The emergence of electronic commerce is
also being prepared in the EU through a harmonised
policy approach aimed at grasping the benefits of the
EU single market. This approach includes a regulatory
framework which aims at balancing the objective of
providing confidence to consumers and businesses to
engage in electronic commerce with the need to reduce
the regulatory intervention to the minimum required.
Self-regulatory industry initiatives play an important
role in this context.
3.1.1. Policy/Regulatory dimension
There is a broad international consensus that an effective and stable policy
and regulatory framework is essential for the further development of the Information
Society, and notably for strengthened competition for communication
services, ensuring that new entrants have guarantees of a level-playing field,
transparency and legal certainty, and that consumers will enjoy lower prices
and better services 17 .
One of the most important political objectives of any government in this
context is to fight the digital divide, i.e. the potential split between those who
have access to the new information technologies, and those who have not. In
this context, governments have the responsibility of creating the conditions for
the competitive provision of affordable access to Internet and interactive services,
including electronic commerce, to as many citizens and businesses as
possible.
In this context, the dialogue on policy and regulatory issues will contribute
to help implementing national communications services policies that are consistent
with the WTO/GATS telecommunications agreement, with a view to
encouraging the opening up of the communications services sectors to competition
and private participation, with the consequent benefits in terms of reduction
in communications prices, development of the markets, and the introduction
of new technologies and advanced communication services.
Furthermore, the potential of new technologies, such as digital television
18 , mobile communications 19 , power line communications 20 , etc., should
be exploited to address the digital divide, as they can provide an effective and
cheaper solution to connect a large share of the population to the Information
Society.
Providing affordable access to citizens and businesses to the new information
technologies is only one of the challenges that needs to be addressed successfully.
Another related challenge is to encourage citizens and businesses to
engage in actively using those new technologies. A stable and predictable policy
and regulatory approach can also provide an important contribution to
achieve that objective, e.g. by ensuring an appropriate protection of users’ privacy,
by stimulating network security, by protecting copyrights and intellectual
property rights, by defining the liability of service providers, etc. This is particularly
important to stimulate the development of electronic commerce 21 .
Such exchanges will also aim at strengthening the regional co-operation
and integration process within Latin America, in particular through the organisation
of regional and sub-regional forums for regulators and policy makers,
addressing specific issues of particular relevance for the region/sub-region.
3.1.2. Standardisation aspects
Co-operation between regions and standard organisations in the standardisation
field is important to avoid fragmentation of markets and to ensure
global interoperability. @lis will therefore promote co-operation between Europe
and Latin America in the standardisation field, with a view to achieving
europa y latinoamérica 219

economies of scale and interoperability among both regions, and therefore
strengthening the commercial and cultural links among both regions.
Open standards are an essential tool to achieve interoperability and economies
of scale in the global Information Society. The use of open and global
technologies for the building blocks of the Information Societ brings advantages
for consumers due to the economies of scale, increased competition and
integration in the global Information Society.
This is the approach which is being followed in Europe, where the technologies
that enable the Information Society are generally standardised by the European
Telecommunications Standards Institute (ETSI), some of them being
within the activities of CEN/CENELEC, in a process with the following characteristics:
It is private sector/industry driven, based on consensus building and
co-operative competition («coopetition») among global industry, leading
to standards with a global reach 22 ;
it is open to all players world-wide 23 ;
It is industry driven, based on consensus building and cooperative competition
(«co-opetition») among global industry, leading to standards
with a global reach;
It is based on the development of open standards, in the sense that Intellectual
Property Rights necessary for the standard are licensed in an open
and non-discriminatory manner, and that license fees are reasonable, according
to ETSI’s policy;
It leads to strengthened competition based on services, price and performance,
rather than on technical variants, leading to increased quality
and price reductions;
It ensures interoperability and roaming;
It leads to economies of scale for industry due to non-fragmentation of
the market, resulting in cheaper and smaller equipments for consumers.
This European standardisation model and its results could constitute a reference
in Latin America, with a special focus in fields which are expected to become
building blocks of the Information Society, such as mobile communications
and digital television.
As a result of a series of contacts between ETSI/ETSAG and CITEL, an
agreement has recently been recently between these two organisations. This
agreement will allow for further co-operation activities both from an institutional
and a technological point of view.
A number of technology workshops and seminars in the Latin American
region will be organised, aiming at establishing and promoting a dialogue as
well as technology partnerships among players of the public and private sectors
from both regions. In particular, partnership agreements and associate memberships
of Latin American partners in ETSI will be encouraged.
As part of its objective to strengthen cooperation in the standardisation
sector, @lis will also promote demonstration and take-up projects, as well as
studies, aiming at showing the operation and impact of standards in Latin
America, as well as the training of Latin American staff.
3.1.3. International «stakeholders» networks
In order to promote the objectives of @lis and give an appropriate visibility
and dissemination tools to take up and demonstration projects, @lis will sup-
22 In that respect, the development of the Partnership
Project paradigm between ETSI and other standards developing
organizations is likely to intensify this trend of
developing standards that are globally applicable
since their very inception.
23 As of April 2001, out of 889 members from 64
countries altogether, 174 Associate Members coming
from all continents outside Europe participate in the
standard-making process with the same rights and obligations
as Full Members.
220 europa y latinoamérica

port Information Society «stakeholders partnerships» composed of science
parks, regulators, and other associations of Information Society key actors.
These partnerships will prepare projects design, and promote the results and
applications implemented in the framework of the @lis programme and, when
necessary, be «brokers» promoting, for example, investment meetings and exchanges
between technologists and developers of the Information Society.
They should organise training sessions within companies and organisations involved,
and develop training for the utilisation of services of the new economy.
Such networks will play a important role in the sustainability of the relationship,
not only during the programme, but also once the programme is ended.
Support to Regulatel (the organisation of Latin American telecommunication
regulatory authorities) and to its co-operation with the European Independent
Regulators Group (IRG) will also be provided in this context.
For other aspects, the programme will support well recognised non profit
organisations, such as MENON Network, AHCIET for the Information Society
Forum; IASP and APISEL for the virtual observatory and the awareness and
dissemination activities related to the demonstration projects; and VECAM for
the Internet and citizens issues.
3.2. Interconnection Capacity
In order to stimulate the day-to-day communication between EU and LA
RDT communities, the access to bandwidth has been identified as a clear bottleneck.
The gap between both communities is even greater, since the implementation
of the pan-European Geant project: the EC decided to contribute up
to 80 M_ to Geant. An extension of Geant towards Latin America aims at eliminating
this bottleneck and facilitate the definition, implementation and follow-up
of demonstration projects.
Also, outside @lis, the impact on RDT international co-operation will be
positive. As for the Geant project, the @lis interconnection project should be
awarded to a non-profit organisation, such as Dante.
3.3. Demonstration projects
The need for new policies and regulatory measures to address recent and
future evolutions of the Information Society, taking into account the role of
economic actors and civil society, is a challenge for developing countries,
emerging countries and developed countries alike, but in different ways. To
better understand this challenge, and in order to take advantage of the available
benefits of these new technologies, decision-makers as well as citizens and
stakeholders require a better understanding and demonstration of these benefits.
To facilitate these understandings, @lis will implement practical demonstration
projects in Latin America aiming, in co-operation with EU and LA actors
in the Information Society, to accelerate the «take-up» of information society
technologies (IST).
@lis will provide support to demonstration projects in Latin America in
priority thematic areas such as: e-inclusion; e-learning, education and cultural
diversity; e-government; and public health (see chapter 4 below).
The demonstration projects will show the benefits of the Information Society
to citizens: the projects will be implemented at the level of prototypes.
Indirectly, some of them could allow patent registration and creation of
joint ventures between EU and LA companies. The programme will register the
europa y latinoamérica 221

flows generated by the demonstration projects: direct investment; other business
generated; job creation, especially high added value jobs, etc.
In setting up such projects, @lis will have recourse to the networks (where
these exist) set up under Community programmes: for example, projects in the
education sector will be able to mobilise ALFA resources, while projects in the
field of urban transport and administrations should receive support from
URBAL and, for the most innovative aspects, of the networks existing in the
RDT «Information Society Technologies». Specific mechanisms should be
studied with a view to implementing demonstration projects in other fields
(COM 670, 31 Oct.2001).
4. Targeting thematic priorities
@lis will target thematic priorities close to citizens’ daily needs in order to
show the benefits of the information society: e-governance; e-inclusion; public
health; e-learning and cultural diversity. Thematic areas such as e-commerce are
already part of existing programmes (AL-INVEST).
4.1. e-governance
@lis will support projects in order to stimulate local good governance. Basically,
the projects will aim at facilitating the relation between the citizen and
the local elected administration. Projects will be tools in order to strengthen
and deepen democracy and fight against the digital divide. Public access points
within local communities could be a solution to:
—alloweasier access to city services and basic information;
— make local administration more effective and efficient;
— foster transparency of local governance;
— promote better participation of citizens to the city life.
4.2. e-inclusion
@lis wants to promote useful projects for isolated suburban and rural communities.
Such projects could stimulate trade in areas such as handicrafts and other
products, which could be of interest for micro-enterprises. The introduction of
new IST tools could also promote access to banking services, self-training, with
multi-lingual access.
As a matter of fact, the projects to be defined with stakeholders aim at fighting
all aspects of exclusion and the digital divide and to develop access for isolated
communities to social and economic activity, at the local and regional level.
4.3. e-learning and cultural diversity
Developing a policy aimed at providing access of people to the Internet will
not be successful without the development of suitable content. Co-operation
between partners in Latin America and European aimed at developing suitable
content, notably building on the strong cultural links among both regions,
could be very successful.
@lis will therefore stimulate the development of content, focusing on the
creation of content, particularly with a view to fostering co-operation in the
cultural field among both regions.
As for e-learning, the projects will develop all aspects of education and
training, including life-long training, combining the available resources of uni-
222 europa y latinoamérica

versities, specialised training centres, with Internet access through satellite, TV,
mobile or cable. Projects should involve several countries, be prototypes using
IST tools, and offer an appropriate content in the framework of EU-LA co-operation.
4.4. Public health
The projects for public health will allow the exchange of experience involving
several countries as well as access to training services. These projects will involve
governments and combine economic co-operation and development aid,
offering multilingual Internet sites and inter-disciplinary databases for health
professionals, administrations and stakeholders. Remote diagnosis could also
be considered.
These projects could also be interesting for the offer of better protection
and information to tourists. Moreover, they could promote the organisation of
an epidemiological network and early warning system for common diseases.
4.5. Development of e-commerce between SME’s
Electronic commerce is a practical aspect of the implementation of the Information
Society. It will be important to share experiences among Latin
America and Europe regarding best practice approaches for the development
of e-commerce.
SME’s already play an important role in the economy, by providing a decisive
contribution for job creation and wealth generation. SME’s will also be decisive
to put in practice the new ICT and applications, given that, due to their
size and specificity, they are more flexible to adapt to the new business environment
required by the new digital economy.
The EC will increase its support co-operation among SME’s of both regions
in the Information Society field, in particular through forums, meetings
and electronic communication means.
To promote the development of e-commerce, by supporting the establishment
of appropriate mechanisms to share the know-how and the best practice
approaches on e-commerce among partners of both regions, there is already a
programme named AL-INVEST: the priority of the Information Society
should be indicated in this framework.
5. An integrated methodology
A number of general aspects are integrated into the various projects of @lis:
strengthening the regional dimension, human resources development, and developing
information on the Information Society, providing for a better understanding
of its evolution and paving the way for monitoring and benchmarking
activities.
5.1. Strengthening the regional dimension
ICTs are both a vehicle for exchanging knowledge and a facilitator of the
development of economic, financial and cultural flows between the countries.
ICTs therefore play a strategic role in the integration process within and between
regions.
In this regard, @lis encompasses a broad range of activities aiming at the
transfer of know-how in technologies, policies and regulations among Latin
America and Europe.
europa y latinoamérica 223

A general characteristic of @lis is therefore to contribute to achieving a
better integration within Latin America, and strengthening the relationship between
Latin America and Europe. This dimension underlies the programme
and its various projects.
5.2. The importance of human resources
In a knowledge-based economy, it is essential to provide education and
training to citizens and business, so that they are able to take advantage of the
new information technologies. Training to policy makers and regulators is especially
important to provide them with the tools required to design and implement
policies and regulatory frameworks aiming at promoting the development
of Information Society in Latin America.
Training and education for Latin American players will therefore be an important
general aspect of @lis. This will include policy workshops and training
seminars, as well as study tours. In addition, follow-up assistance can be provided
through on-the-job training and support. Furthermore, internships can
be organised for selected country partners’ staff with European communications
regulatory authorities. Support to Latin American institutes and research
and training centres will also be promoted.
5.3. Providing for a better understanding of IS in LA countries
Another general aspect of @lis is the collection and exchange of information
on Information Society developments in Latin America, in Europe, and at
international level. Timely availability of adequate data on performance and
organisation of the sector and on European/international trends and
benchmarks is critical for policy-makers as well as regulators.
The information and dissemination component of @lis has therefore two
objectives: provide adequate information, data, analysis and follow-up to participants
in the @lis activities; and broader dissemination to a larger audience
in Latin America. This part of @lis will also support the establishment of a Virtual
Information Society Observatory in the form of a network (including
Internet site and e-mail connections), to link participants in the @lis activities
with each other as well as with industry, academia, advisers, journalists and citizens
at large.
All @lis projects will have public relations and communications components,
involving periodic newsletters, workshops/briefings for journalists and
preparation of material and press releases on topics related to the development
of the Information Society in the Latin American region.
The results and findings of specific studies and demonstration projects,
which should be agreed with Latin American partners, mainly on the basis of a
sub-regional approach, will be disseminated. Notably, studies would address
specific regional and sub-regional integration issues for the Information Society
and communications services and the impact of such policies.
224 europa y latinoamérica

Anexo 5. SIXTH MEETING OF THE EUROPEAN UNION -
MERCOSUR BIREGIONAL NEGOTIATIONS
COMMITTEE
29-31 october 2001
Brussels
Final conclusions
Negotiators from Mercosur and the European Union met for the sixth time
in the context of the EU-Mercosur Biregional Negotiations Committee from
29-31 October 2001 in Brussels, Belgium. This meeting formed the sixth round
of negotiations, aiming at the conclusion of an Interregional Association
Agreement between the European Union and Mercosur. The negotiators established
the following set of conclusions.
1. General discussions
Mr. Guy Legras, Director-General for External Relations of the European
Commission, on behalf of the European Union, and the Uruguayan Vice-minister
of Foreign Affairs, Ambassador Guillermo Valles Galmes, on behalf of the
Pro-Tempore Presidency of Mercosur, jointly opened the sixth meeting of the
BNC with statements that strongly reflected both sides’ deep commitment to
the negotiating process and interest in making significant progress in the discussions
during the present phase of the negotiations.
On Monday 29 October 2001 during a plenary session of the BNC,
Mercosur presented to the EC a tariff offer and negotiating texts for goods, services
and government procurement, in response to the EC proposals submitted
at the V round of negotiations. The EC thanked Mercosur for its tariff offer as
well as for the negotiating texts and expressed EC’s great appreciation for this
new step in the negotiating process. The EC underlined its political appreciation
of the efforts undertaken by Mercosur to meet this objective which gives an
additional impetus to the rhythm of the negotiating process.
Discussions also took place with respect to the Institutional Framework of
the future agreement and the Parties also exchanged views on the widening and
deepening of the future political dialogue. The Subgroup on Economic Co-operation
also met during the sixth meeting of the BNC in Brussels and established
a number of joint texts.
As for the trade groups, meetings took place on tariffs and non-tariffs, services
and government procurement.
It was agreed that the seventh meeting of the BNC would take place towards
March 2002. The exact dates of the next meeting and other arrangements will
be agreed on through the regular diplomatic channels.
2. Negotiations on the future political dialogue
During this session of the BNC, the Parties discussed the draft text on the
institutional framework of the future Agreement, on the basis of the joint text
prepared and discussed during the previous rounds.
During their discussions, the Parties were able to reach an agreement on
some of the pending issues contained in this draft joint text. Progress was made
with respect to the Nature and Scope of the Agreement. Certain issues still remain
open, in which the Parties made and will make further proposals to be
discussed during the next meeting of the BNC. As was agreed in the V th BNC,
europa y latinoamérica 225

Mercosur presented a proposal regarding the purpose and objectives of the
meeting of the Heads of State and Government.
On the basis of the conclusions of the first meeting of the BNC, and taking
into account the recent EU-Mercosur High Level meeting that took place on 26
June 2001, both Parties exchanged views on widening and deepening the content
of the future political dialogue.
3. Negotiations on co-operation
In the framework of activities developed during the fifth BNC in the field of
co-operation, the Subgroup on Economic Co-operation met on Tuesday 30
October 2001.
In the Subgroup on Economic Co-operation the Parties agreed on joint
draft texts in the fields of Scientific and Technological Co-operation, Energy,
Transport, Telecommunications, Information Technology and Information
Society. Further discussions will take place with respect to Agricultural and Rural
Sector, Environmental Co-operation and Co-operation within the Association
Relationship.
4. Negotiations on trade issues
As agreed beforehand, the meetings of the trade groups at this round of negotiations
were limited to tariffs&non-tariffs, services and government procurement.
In these discussions, both sides started an initial and fruitful clarification
of the respective tariff offers and the negotiating texts for goods, services
and government procurement. Both sides concluded that further analysis and
technical work was needed. It was agreed that steady progress was needed and
that consequently work would continue through technical contacts in order to
prepare the ground for focussed discussions at the VII round.
As for the other areas, both sides took stock of the work and identified tasks
to be pursued in view of the preparations of the VII round of negotiations.
5. Annexes
ANNEX 5.1.
ANNEX 5.2.
ANNEX 5.3.
Draft Joint Text for the Institutional Framework.
Draft Joint Texts and Proposals on Co-operation.
Trade Report.
Annex 5.1.
DRAFT JOINT TEXT FOR THE INSTITUTIONAL
FRAMEWORK
Fifth Round of Negotiations EU-Mercosur
Montevideo, 2-6 july 2001
Institutional framework 24
Association Council 25
Article 1
1. An Association Council is hereby established, which shall supervise the
implementation of this Agreement. The Association Council shall
meet at ministerial level at regular intervals, not exceeding a period of
two years and extraordinarily, when circumstances require, if the
Parties so agree.
24 Since in the course of the negotiations additional
bodies may be created within the Agreement, this Title
on the Institutional Framework may have to be revised
in the future.
25 Mercosur will submit in a future meeting a proposal
concerning the purpose and objectives of the meetings
of the Heads of State and Government. There is a consensus
that this issue should not be dealt with in the
Chapter on Institutional Framework.
226 europa y latinoamérica

2. The Association Council will analyse the main themes covered by the
present agreement, as well as bi-regional, multilateral or international
questions of common interest.
3. The Association Council shall also examine proposals and recommendations
for the improvement of the present Agreement.
Article 2
1. The Association Council shall consist, on the one hand, of the President
of the Council of the European Union, assisted by the Secretary
General/High Representative, and of the incoming President of the
Council of the European Union, as well as of other Members of the
Council of the European Union or their representatives and Members
of the European Commission, and, on the other hand, the President
Pro-Tempore of the Mercosur Common Market Council and others
members of the Council or their representatives.
2. The Association Council will adopt its own rules of procedure.
3. The Association Council shall be presided alternately by a Member of
the Council of the European Union and a Minister of Mercosur.
Article 3
The Association Council shall, for the purpose of attaining the objectives of
this Agreement, have the power to take decisions and make appropriate recommendations,
by mutual agreement between the two Parties, in accordance with
its rules of procedure, in the cases providing in the present Agreement. The decisions
taken shall be binding on the Parties, which shall take the necessary
measures to implement them.
26 The final approval of this article will take place in a
future meeting. Subject to internal discussions, the EU
will submit an alternative proposal for this article, aiming
at an improvement of the institutional arrangements.
Article 4 26
1. The Association Council shall be assisted in the performance of its duties
by an Association Committee composed of representatives of the
Members of the Council of the European Union and of the European
Commission, on the one hand, and representatives of the Mercosur
Common Market Council with its corresponding bodies, on the other,
normally at senior official level.
2. The Association Committee shall be responsible for the general implementation
of this Agreement and (particularly in the political, economic,
trade and co-operation aspects) (of the relations among the
Parties including the Party States of Mercosur and the Member States of
the EU).
3. In its rules of procedure the Association Council shall determine the
duties of the Association Committee, which shall include the preparation
of meetings of the Association Council, and how the Association
Committee shall function.
4. The Association Council can delegate to the Association Committee
specific competences in those cases where required and in accordance
with the rules of procedure of the Association Council, which will determine
the scope and nature of the competences it decides to delegate.
5. The Association Committee shall generally meet once a year for an
overall review of the implementation of the Agreement, on a date and
with an agenda agreed in advance by the Parties, in Brussels one year
and in a country of Mercosur the next. Special meetings may be coneuropa
y latinoamérica 227

vened by mutual agreement. The Association Committee shall be chaired alternately
by a representative of each of the Parties.
Other special committees 27
Article 5
The Association Council can decide to create any other special committee
or bodies to assist in the exercise of its functions and will be responsible for the
determination of the composition, objectives and functioning of these bodies.
Association Parliamentary Committee
Article 6
1. An Association Parliamentary Committee is hereby established. It shall
consist of members of the European Parliament, on the one hand, and
of members of the «Comisión Parlamentaria Conjunta», on the other.
It shall meet at intervals which it shall itself determine.
2. The Association Parliamentary Committee shall establish its rules of
procedure.
3. The Association Parliamentary Committee shall be presided in turn by
the European Parliament and the «Comisión Parlamentaria Conjunta»,
in accordance with the provisions to be laid down in its rules of
procedure.
4. The Association Parliamentary Committee may request relevant information
regarding the implementation of this Agreement from the Association
Council, which shall supply the Committee with the requested
information.
5. The Association Parliamentary Committee shall be informed of the
decisions of the Association Council.
6. The Association Parliamentary Committee may make recommendations
to the Association Council.
Ministerial Meetings
Article 7
There will be ministerial meetings on subjects of mutual interest each time
the Parties find it necessary for the reinforcement of their mutual relations.
Joint Consultative Committee
Article 8
1. A Joint Consultative Committee is hereby established with the task of
assisting the Association Council with a view to promoting dialogue
and co-operation between the various economic and social components
of organised civil society in the European Community and those
in Mercosur. Such dialogue and co-operation shall encompass all economic
and social aspects of relations between the Community and
Mercosur, as they arise in the context of implementation of the Association
Agreement. The Committee shall express its view on questions
arising in these areas.
2. It shall be composed of equal numbers of members of, on the one
hand, members of the European Economic and social Committee and,
27 Text of Article 5 was agreed by the Parties, subject to
the final result of the discussions on Article 4.
228 europa y latinoamérica

on the other, members of the Economic and Social Consultative Forum of
Mercosur.
3. The Committee shall carry out its activities on the basis of consultation
by the Association Council or, as concerns the promotion of the dialogue
between the various economic and social components of organised
civil society, on its own initiative.
4. The joint Consultative Committee shall adopt its rules of procedure.
Relationship with Civil Society
Article 9
The Parties will promote joint or separate periodical meetings of representatives
of the Civil Society of the two regions, including, in particular, the academic
community and social and economic partners, within the framework of
their respective mechanisms. These meetings will take place with a view to
keeping them informed on the development of the Interregional Association,
as well as to gather suggestions for its improvement.
Annex 5.2.
DRAFT JOINT TEXTS AND PROPOSALS ON
CO-OPERATION
Fifth Round of Negotiations EU-Mercosur
Montevideo, 2-6 July 2001
SUBGROUP ON SOCIAL AND CULTURAL CO-OPERATION
DRAFT JOINT TEXT
CO-OPERATION IN COMBATING DRUGS AND RELATED
ORGANISED CRIME
Within their respective competencies, the Parties will undertake to co-ordinate
and increase their efforts to prevent and reduce the illicit production of
trade in and consumption of drugs and laundering of profits from drug-trafficking,
and to combat related organised crime mainly through the intermediary
of international organisations and bodies.
The co-operation among the Parties shall be based on the principles of: sustainable
development, shared responsibility and an integrated, balanced and
participatory approach on this issue in order to implement:
— Projects to train, educate, treat and rehabilitate drug addicts;
— Joint research programmes;
— Co-operation measures and actions to encourage alternative development.
— Exchange of relevant information and analysis of appropriate standards
to combat money laundering adopted by the European Union and the
Mercosur, and other international standards approved in this area;
— The study of measures to control trade in precursor and essential products
adopted by the European Union and the Mercosur, as well as their
conformity with the international standards approved in this area;
— Programmes to prevent drug abuse.
europa y latinoamérica 229

SUBGROUP ON ECONOMIC CO-OPERATION
DRAFT JOINT TEXT
COMPETITION CO-OPERATION
The Parties shall provide each other technical assistance in order to take advantage
of their respective experience and to strengthen the implementation of
their competition laws and policies.
The technical co-operation in competition issues shall include the following
activities:
a) training of officials from Mercosur and its Member States’ competition
agencies in order to enlarge their professional experience;
b) support to competition institutions of Mercosur and its Member
States;
c) seminars and studies on competition law and policy to facilitate a
programme of exchange of information and practice.
The modalities for institutional co-operation are to be found in Annex
XXX of the Agreement and complement what has been mentioned previously.
CUSTOMS CO-OPERATION
1. The Parties shall co-operate to contribute to the necessary co-ordination
of their customs systems with a view to facilitating trade flows
through agreed and transparent procedures.
2. Co-operation may include the following in particular:
a) The exchange of information;
b) The organisation of seminars and traineeships;
c) The improvement of working methods;
d) The respect of transparency, efficiency, integrity and accountability
of operations; and
e) Technical Assistance where appropriate.
The administrations of both parties shall provide mutual assistance in customs
matters in accordance with the provisions of an Annex on Mutual Administrative
Assistance on Customs Matters to be negotiated.
STATISTICS CO-OPERATION
The general aim of co-operation must be that of achieving a degree of harmonisation
of practices and statistical methods compatible with the needs of
the regional integration process and with a view to establishing free trade between
the EU and the Mercosur.
— The specific objectives under negotiation should take into account:
— the strengthening of a regional statistical system, established on the basis
of administrative structures and legal bases which would be able to
meet the necessary statistical information requirements in the process
of creating a free trade area between the EU and Mercosur,
— support for the development of harmonised macro-economic indicators,
— statistical information inspired by priorities in the field of trade in
goods and services,
— other areas of mutual interest.
The co-operation activities necessary to achieve the agreed objectives
can benefit from the experience acquired in previous statistical co-opera-
230 europa y latinoamérica

tion between the EU and the Mercosur, and could be developed in the form
of:
— working parties with the participation of experts from all Mercosur
member states and representatives of the EU,
— training in areas in which European experience is applicable,
— visits of national experts to the EU to promote the direct knowledge of
European experience in specific subjects,
— development of methodological studies and pilot surveys,
— development of statistical sub-projects at a national level in areas in
which the need to conform with the other members of Mercosur has
been identified, with a view to improving the coherence of regional integration,
— other activities considered as priorities and agreed by both sides.
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION
Scientific and Technological Co-operation between the E.U. and MER-
COSUR, will target development of thematic areas of mutual interest to both
regions, including areas of global relevance. This co-operation will be carried
out in scientific research, technological development and innovation, with
the aim of promoting social and economic development, as well as the
strengthening of relations between the Parties, leading to long lasting [partnerships].
This co-operation will emphasise dialogue as well as exchanges of scientific
and technological experiences at regional level, particularly in relation to scientific
and technological policies and programmes.
S & T co-operation will be promoted through joint activities involving the
various sectors of the scientific community, governmental institutions, private
enterprises and research centres.
Special emphasis will be given to human capital development, based on scientific
research and technological development, as well as to the promotion of
work implemented jointly by the Scientific and Technological communities in
both regions.
These Co-operation objectives will be pursued through bi-regional activities,
projects and programmes:
— Promotion of information exchanges on the design and implementation
of development policies for research and technology;
— Creation of partnerships between research groups in the two regions,
through specific programmes, targeting areas of strategic interest;
— Setting up enabling mechanisms to promote joint development of
knowledge and technology by research centres and enterprises;
— Promotion of joint projects involving research centres and enterprises
in the same product chain;
—Co-operationbetweenS&TParksandpoles, as well as between technology-based
SMEs;
— Training and strengthening of technological services’ infrastructure in
the areas of metrology, standards and technological assessment;
— Training and strengthening of entities involved in technological management
and in intellectual property issues, in the context of technological
innovation.
europa y latinoamérica 231

Among the activities to be developed, the following are underlined:
— Postgraduate studies in areas of relevance to science and technology;
— Joint studies and experience exchanges in technological prospection to
assess the research potential in selected scientific, technological and innovation
areas;
— Scientist, experts and postgraduate student mobility, between research
centres and enterprises, in the frame of specific programmes.
— [Promotion and strengthening of joint centres of excellence in priority
areas];
— Creation and strengthening of S & T [thematic] networks focused on
specific [subjects] and involving research and technological development
centres of both Parties,
— Promotion of projects involving equivalent institutions in areas of science,
technology and innovation, in the context of agreed bi-regional
programmes;
— Encouragement of scientific meetings to exchange information and
identify priorities for joint research.
In order to achieve these co-operation objectives, the Parties will consider
the possibility of a specific Agreement on scientific research and technological
development, which would include the reciprocal access of MERCOSUR and
European Union to their respective RTD programmes, [to be identified
through that specific Agreement].
CO-OPERATION IN THE AGRICULTURAL AND RURAL SECTOR
PROPOSALS
Proposal by the European Union
The co-operation in this area intends to stimulate the integrated, harmonious
and sustainable development of the rural areas. To this end the Parties shall
examine:
— environmental health, animal and plant health measures and other related
aspects, taking into account the legislation in force for both
Parties, in compliance with WTO rules.
— how to pay closer attention to the role that farming should play beyond
producing food and fibre. In this context aspects relating to the
multifunctional role of agriculture, which includes its contribution to
sustainable development, the protection of environment; sustained vitality
of rural areas and poverty alleviation, should be taken into account.
The Parties shall take measures such as the mutual exchange of information,
technical assistance and scientific and technological experiments to promote
agricultural development co-operation.
The Parties shall stimulate the promotion of mutual trade in safe and high
quality agricultural products.
Proposal by Mercosur
Las Partes promoverán la cooperación mutua en el sector agrícola y rural.
Con este fin deberán considerar:
— Las medidas para promover el comercio mutuo de productos agrícolas;
232 europa y latinoamérica

— Proyectos específico de cooperación en apoyo de medidas sanitarias, fitosanitarias,
medioambientales, de calidad y otros aspectos conexos, teniendo
en cuenta la legislación en vigor de las Partes, y de acuerdo con
las normas de la OMC y de los organismos internacionales de competencia;
— Asistencia técnica para el fortalecimiento de los sistemas de control sanitario
y fitosanitario, a efectos de apoyar los avances de Acuerdos de
Equivalencia y Reconocimiento mutuos;
— El intercambio de información sobre aspectos relativos a la instrumentación
de políticas agrícolas;
Las Partes tomarán medidas tales como el intercambio mutuo de información
sobre estos temas, asistencia técnica y experimentos científicos y tecnológicos
para promover el desarrollo de cooperación agrícola.
europa y latinoamérica 233

Otras publicaciones editadas
por la Academia Europea de Ciencias
y Artes - España
— The role and importance of the Academies in the 21st century:
how the Academies may help society. Madrid meeting of the European
Academy of Sciences and Arts. Celebradas en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, en abril de 1997.
— Desafíos de Europa en el siglo XXI. Encuentro Internacional celebrado
en Bilbao, en el Museo Guggenheim, en abril del año 2000.
— Beneficios fiscales en las relaciones investigación-empresa.
(Ignacio de Luis Villota y Alvaro de Juan Ledesma). Documento de Trabajo.
— Innovación en la Europa del conocimiento. (Juan Mulet). Documento
de Trabajo.
— Las finanzas públicas en la Europa de las naciones. (José Manuel
González-Páramo e Ignacio Zubiri Oria). Documento para Debate.
— Las finanzas públicas en la Europa de las regiones. (José Manuel
González-Páramo y Carlos Monasterio). Documento para Debate.
— La cooperación fiscal en la Unión Europea: los avances necesarios.
(José Manuel González-Páramo e Ignacio Zubiri Oria). Documento
para Debate.
— Las políticas de fomento de la innovación de la Unión Europea.
(Rosa Alonso y Gonzalo León). Documento para Debate.
— Las consecuencias de la Ampliación para la política regional
europea: la perspectiva española. (Carmela Martín e Ismael Sanz). Documento
de Trabajo.
— El impacto de la Ampliación de la UE en el comercio y en los
flujos migratorios y de inversión directa de España. (Carmela Martín
y Jaime Turrión). Documento de Trabajo.
— La Ampliación al Este de la Unión Europea: implicaciones
agrarias. (José M.ª Sumpsi e Ignacio Atance). Documento de Trabajo.
— Los retos presupuestarios de la Ampliación de la Unión Europea.
(Ignacio Zubiri Oria). Documento de Trabajo.
— Enfoques de políticas regionales de innovación en la Unión
Europea. (Ignacio Fernández de Lucio, Jaime Rojo y Elena Castro). Documento
de Trabajo.
— Sistemas Universitarios en Europa y EEUU. (Pello Salaburu,
Ludger Mees y Juan Ignacio Pérez). Documento de Trabajo.

Instituciones Públicas y Privadas que colaboran con la Academia Europea de
Ciencias y Artes - España y financian sus proyectos:
— Comunidad Autónoma de Madrid
— Diputación General de Aragón
— Fundación Auna
— Fundación Telefónica
— Generalitat de Catalunya
— Generalitat Valenciana
— Gobierno Vasco
— Junta de Andalucía
— Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
— Ministerio de Ciencia y Tecnología
— Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
— Unicaja