PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, LIBERTAD ...

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, LIBERTAD DE
EXPRESIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
L os derechos a la co m u nicación, libertad de expresión y acceso a la infor mación p ública constituyen
sustentos de la de m ocracia y son parte del n úcleo de la dignidad y auto no m ía de las personas que el
Estado C o nstitucional está obligado a proteger. N o hay de m ocracia si los ciudadanos y ciudadanas n o son
libres para defi nir de la ma nera autó no ma sus preferencias y voluntad política y la opi nión p ública n o
surge de procesos deliberativos libres de coacción y presiones. Sin la vigencia de los derechos de
co m u nicación es i m p osible pensar en u na sociedad plural, basada en el respeto a los de más y el ejercicio
de la libertad en su acepció n más amplia. Sin la protección y garantía de estos derechos, además, n o sería
factible el ejercicio de los de más derechos hu manos, los m is m os que requieren de u n libre flujo de
i nfor mació n, la expresión creativa de t odas las ma nifestaciones individuales y colectivas de la sociedad y el
acceso a la infor mación sobre asuntos de interés público.
E n el Ecuador, desde la pri mera C o nstitución se reconocen las libertades de pensamiento y expresión.
C o n la fu n dació n de medios de co m u nicación escritos, se co menzó a mencionar, a nivel constit ucional, la
deno m i nada libertad de prensa y con la llegada a n uestra sociedad de los m edios de co m u nicación
colectiva, pri mero, de la radio, y luego de la televisión, las cartas p olíticas recogieron el derecho a la
i nfor mació n, propio de t oda persona hu mana y n o sólo u n privilegio restringido a los periodistas y a los
m edios de co m u nicación social. Son éstos, por tanto, derechos hu manos f u n da mentales que i ncor poran
tanto la trasmisión co m o de la producció n y recepción de ideas, pensamientos, opi niones e
i nfor macio nes; y derechos tanto para los i ndividuos co m o para las colectividades. Estos derechos han
sido igual mente reconocidos por los distintos instru mentos internacionales y regionales de derechos
hu manos.
Las libertades de pensamiento y creencias y de expresar sin restricciones las ideas; de difu n dirlas por
cualquier medio y de buscar, hallar, producir, transmitir y recibir infor mació n; y la libertad de expresión y
prensa, en su sentido más am plio, que i ncluye la radio, la televisión y otros surgidos del avance
tecnológico, hacen posible el pluralism o de opi niones y la diversidad de la infor mación, el debate de
ideas, la for mación de la opi nión, condicio nes sin las cuales n o es posible la consolidación de u n sistema
verdaderamente de m ocrático.
La vigencia de los derechos a la co m u nicación, libertad de expresión y acceso a i nfor mació n p ública,
ento nces, se ubica en el centro del sistema de protección de los derechos hu manos en general y su

li m i tación p o dría generar una grave devaluación de la de m ocracia en su conjunto. Así lo exige el Estado
constit ucional de derechos y justicia que consagra la C o nstitució n del Ecuador, la m is ma que establece
que el más alto deber de Estado es respetar y hacer respetar los derechos hu manos. Por ello, los derechos
de co m u nicación deben entenderse y aplicarse en su sentido más amplio, antepo niendo su plena garantía
a cualquier intención de control estatal o interferencia por par te de sectores privados que busquen
distorsionarlos o adecuarlos a sus intereses particulares. D el m is m o m o d o, es fu n da mental insistir en la
ampliación del marco de vigencia de estos derechos al acceso u niversal a la n uevas tecnologías de la
co m u nicación e infor mación, al desmonte de t o da for ma de exclusión y discri men en el proceso
co m u nicativo, y al desarrollo de u na co m u nicación libre, plural, diversa para t o das las personas y grupos
que hacemos par te del Ecuador.
L os derechos de co m u nicación, en suma, se refieren al ám bito de libertad más trascendente de los seres
hu manos: el derecho al pensar y a expresarnos libre mente, a producir conoci m iento y opi nio nes sin
coacción ni presiones, a recibir infor mación y nutrir nos del pensamiento de los de más, a for mar n uestra
voluntad personal y colectiva desde n uestras necesidades y conviccio nes. Son derechos que aluden a
espacios f u n da mentales de libertad; espacios a los que n o p o de m os renu nciar y, por tanto, deben estar
amplia mente protegidos.
El PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
CONSIDERANDO
Q ue la C o nstitución, en el A r t. 1 1 establece co m o pri ncipios que deben ser desarrollados en la nor mativa
secundaria, los de aplicación directa e in mediata de los derechos fu n da mentales, incluso en caso de vacío
legal; el de la pro hi bición de restringir los derechos y garantías i ncluso por ley; el de la interpretación más
favorable a la efectiva vigencia de los derechos; el del desarrollo progresivo de los derechos a través de las
n or mas, la jurispr udencia y las p olíticas p úblicas. Se consigna, además, en el nu meral 9 de este artículo
constit ucional que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la C o nstitució n;
Q ue en los artículos 1 6 y 1 8 de la C o nstitució n se enuncia en for ma detallada y explícita los derechos de
co m u nicación e infor mación, y en el A r t. 1 7, las obligaciones del Estado en relación a estos derechos
i ndividuales y colectivos;
Q ue, de acuerdo a lo que dispone el artículo 20 de la C o nstitució n, el Estado garantizará la cláusula de
conciencia a t o da persona, y el secreto profesional y la reserva de la f uente a quienes infor men, emitan sus
opi nio nes a través de los m edios u otras for mas de co m u nicación, o laboren en cualquier actividad de
co m u nicació n;
Q ue el A r t. 66, n u meral 6 reconoce y garantiza a las personas el derecho a opi nar y expresar su

pensamiento libre mente, en t odas sus for mas y manifestaciones;
Q ue el A r t. 57, n u meral 2 1 reconoce y garantiza a las co m u nas, co m u ni dades, pueblos y nacionalidades
i ndígenas co m o derecho colectivo que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y
aspiraciones se reflejen en los medios de co m u nicación y se les garantiza el derecho a la creación de sus
propios medios de co m u nicación social en sus idio mas y el acceso a los de más sin discri m i nación alguna;
Q ue el A r t. 83 nu meral 1 4 establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la C o nstitució n y la ley respetar y reconocer las
diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual;
Q ue el A r t. 4 17 de la C o nstitución reconoce la aplicación de los pri ncipios a favor del ser hu mano, de
n o restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la C o nstitució n y
que el i nciso segundo del A r t. 424 de la C o nstitución deter mina que los tratados internacionales de
derechos hu manos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los conteni dos en
la C o nstitución, prevalecerán sobre cualquier otra n or ma jurídica o acto del p o der p úblic o;
Q ue es preciso expedir u na ley orgánica que trate de ma nera específica los derechos de la co m u nicación a
fi n de realizar u n cu m plido desarrollo de las n or mas de la C O N S T I T U C I Ó N D E L A R E P U B L I C A
que al m is m o tie m po responda al desafío de constr uir en el Ecuador u na de m ocracia profu n da y de
aplicación efectiva de t o dos los derechos fu n da mentales, i ncluyendo lo conte m plado en la
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA
CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS de la
que el Ecuador es signatario, y sobre la base adicional del acceso equitativo y del aprovecha miento
u niversal de las n uevas tecnologías de la infor mación y la co m u nicació n;
Q ue de confor m i dad al artículo 84 de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, la Asa m blea N acional
tiene la obligación de adecuar las leyes a los derechos previstos en la C o nstitució n y los tratados
internacionales;
Q ue en cu m pli m iento del ma ndato conteni do en el A r t. 1 1, nu meral 8 de la Carta Fu nda mental, es
necesario desarrollar en for ma progresiva tales derechos, con el fi n de obtener su efectiva vigencia y
protecció n;
Q ue la disposición transitoria pri mera de la C o nstitución de la República ha ordenado la aprobación de
la Ley de C o m u nicación dentro del plazo m áxi m o de trescientos sesenta días a partir de su fecha de
vigencia.
E n ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1 20 de la C o nstitución Política E X P I D E L A
SI G U I E N T E “LE Y O R G Á N I C A D E C O M U N I C A C I Ó N, L I B ER T A D D E E X P R ESI Ó N Y
A C C ES O A L A I N F O R M A C I Ó N P Ú B L I C A”.

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY
Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley.- Esta Ley garantiza el ejercicio y la plena vigencia de los
derechos a la co m u nicación, libertad de expresión y acceso a la infor mación p ública y a las tecnologías de
i nfor mació n y co m u nicación (TI C), reconocidos en la C o nstitució n de la República y en los
i nstru mentos internacionales vigentes en el Ecuador.
T iene por objeto la aplicación efectiva y u niversal de los derechos de la persona hu mana, i ndividual y
colectiva mente consideradas, a la libertad de pensamiento y de creencia; a la libertad de expresión de las
ideas; a la libertad de dar, producir, di fu n dir y recibir infor mació n; y al derecho a la co m u nicación, que,
subsu miendo las libertades y derechos antes me ncionados, exija del Estado el acceso equitativo y
aprovecha miento u niversal de la di ná mica y el potencial de las n uevas tecnologías de la infor mación y de
la co m u nicació n.
Es aplicable a t odos los actores que hacen parte del proceso de co m u nicación, personas naturales y
jurí dicas, en el ámbi to privado, p úblico y co m u nitario. La Ley regula igual mente el sistema de
co m u nicación social y las p olíticas de co m u nicación del Estado adecuando t o das sus disposiciones a la
protección de los derechos de co m u nicación y otros derechos hu manos que dependen directa mente de
los m is m os.
T iene el carácter de ley orgánica y desarrolla los derechos fu n da mentales de la co m u nicación consagrados
en la C o nstitució n Política y en varios i nstru mentos internacionales de derechos hu manos.
La aplicación de la presente ley y el ejercicio de los derechos de co m u nicación se hará con estricta
sujeción a los pri ncipios constitucionales pro ser hu mano, de n o restricció n de derechos, de aplicabilidad
directa y de cláusula abierta. Por tanto se reconoce expresamente que los tratados internacionales de
derechos hu manos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los conteni dos en
la C o nstitución, prevalecerán sobre cualquier otra n or ma jurídica nacional o acto del p o der público.
CAPÍTULO II

DEFINICIONES
Artículo 2. Derechos de comunicación.- Se considera co m o derechos de co m u nicación,
conjunta mente, al derecho a la co m u nicación propia mente dicho; al derecho a la libertad de expresió n; y
al derecho al acceso a la infor mación p ública. L os derechos de co m u nicación son parte del sistema de
derechos hu manos que consagra la C o nstitució n y los instru mentos internacionales que ha ratificado el
país; son derechos hu manos fu n da mentales, intrí nsecos a t oda persona, en condiciones de igualdad y sin
discri m i nació n.
Por derecho a la co m u nicación se entiende el derecho a buscar, producir, recibir, interca m biar y difu n dir
i nfor mació n, sin censura previa acerca de los hechos, aconteci mientos y procesos de interés general, y con
responsabilidad ul terior.
Por derecho a la libertad de expresión se entiende el derecho fu n da mental e inalienable que tiene t oda
persona a opi nar y expresar libre mente su pensamiento, en cualquier for ma, ya sea oral mente, por escrito
o en for ma i m presa o artística, a través de cualquier medio de co m u nicación o por cualquier otro
procedi m iento de su elección que sirva a la co m u nicación. La libertad de expresión presupo ne las
libertades de conciencia y pensamiento, entendidas co m o el espacio interior e inasible de t o do ser
hu mano para reflexionar y for marse su voluntad y opi nión, sin ni ngú n ti po de coacción externa.
El derecho al acceso a la i nfor mació n pública se defi ne co m o el derecho a acceder libre mente a la
i nfor mació n generada en entidades públicas o privadas que ad mi nistran fo n dos del Estado, que ejercen la
potestad estatal o realizan actividades o fu nciones p úblicas.
Artículo 3. Comunicación.- C o m u nicación es el proceso social de búsqueda, producció n, recepció n,
intercambio y difusión de infor mación u opi nió n, de cualquier índole que se trate, en cualquier for ma
que se lo haga, i ncluyendo a través del uso de medios de co m u nicación, prensa, for mas artísticas,
herra mientas tecnológicas e inter net.
El proceso de co m u nicación incluye t o das las acciones y ma nifestaciones dirigidas a buscar, recibir,
intercambiar, producir y di fu n dir infor mación, opi nió n, me nsajes, textos o expresiones en general, en
cualquier for ma que se lo haga, i nclusive a través del uso de tecnología de cualquier índole o de for mas
artísticas.
Artículo 4. Principio de publicidad.- E n virtud del pri ncipio de p ublicidad son susceptibles de
di f usión, análisis, opi nión y co mentarios t odos los hechos o actos que tengan interés y relevancia para la
sociedad, en especial los de carácter econó m ico, político, ad mi nistrativo y legal, salvo que califiquen
expresamente co m o privados o reservados, confor me se defi ne en los artículos siguientes.
Artículo 5. Información y Opinión.- La infor mación sujeta al pri ncipio de p ublicidad es u n
conjunto organizado de datos procesados que constituyen u n me nsaje sobre u n deter mi nado hecho,
aconteci miento o proceso de interés general, que per m i ten la for mació n de la opi nión y la to ma de
decisiones. L os datos a que se refiere la infor mación deberán ser oportu nos, verificados, contextualizados

y plurales.
Opinión es una for ma de co m u nicación ta m bién sujeta al pri ncipio de publicidad, que se caracteriza por
la exposición y argu mentación del pensamiento o expresión de u n personaje o m edio de co m u nicación
acerca de cualquier infor mación que se la produce y difunde a través de cualquier for ma, incluyendo las
expresiones artísticas de cualquier naturaleza. La opi nión, al ser subjetiva, n o está sujeta a las m ismas
restricciones y co m probaciones de veracidad a la que está sujeta la infor mació n. La opi nión está
protegida constitucional mente por el derecho a la libertad de expresión. La opi nión es producto del
ejercicio de la libertad de expresión, por lo que cualquier restricció n a la circulación y for mació n de ideas
u opi nió n lo violan.
Artículo 6. Medios de comunicación.- Son aquellos entes, de naturaleza pública, privada o
co m u nitaria, cuya actividad pri ncipal es buscar, producir y difundir infor mación, me nsajes, ideas,
opi nio nes, en i m preso, audiovisual o en cualquier for ma o ma nifestación en que se lo haga.
L os medios de co m u nicación incluyen a aquellos que ocupan el espectro radioeléctrico, tales co m o radio
y televisió n; aquellos escritos, tales co m o prensa; y aquellos que utilizan m edios tecnológicos, tales co m o
las páginas web o el uso de me nsajes electró nicos.
L os medios de co m u nicación públicos son personas jurídicas de derecho público, independientes del
p o der p olítico y autóno mas en lo ad mi nistrativo y financiero. L os m edios de co m u nicación p úblicos
serán u n servicio p úblico para t o da la sociedad por lo cual se difu n dirán, de ma nera gratuita, en t o do el
territorio nacional.
L os medios de co m u nicación privados son personas jurídicas de derecho privado, con finalidad de lucro,
para buscar, producir, di fu n dir e interca m biar i nfor mació n y opi nión, en libertad y con t otal autono m ía
del Estado, respetando la C o nstitució n y las Leyes.
L os m edios de co m u nicación co m u ni tarios son personas jurí dicas de derecho privado, sin fi nalidad de
lucro, propiedad de organizaciones de la sociedad civil, las m is mas que en libertad y t otal auto no m ía
defi nirán sus programaciones y contenidos, respetando la C o nstitución y las Leyes.
Artículo 7. Publicidad comercial.- La p ublicidad co mercial es una técnica o instru mento destinado a
di fu n dir o infor mar al p úblico sobre u n bien o servicio a través de cualquier for ma de co m u nicación, para
i ncentivar al público hacia su consu m o.
Artículo 8. Información pública.- C o m p rende t o do docu mento, texto, análisis, estudio,
proyecto, acto ad mi nistrativo, acto p olítico, fallo, etc. levantado, copiado o registrado o grabado en
cualquier medio o for mato, que a cualquier título se encuentre en poder de las f u ncio nes del Estado,
i nstituciones públicas o de las personas jurídicas que produzcan o guarden infor mación de interés
p úblico, inclui dos partidos y organizaciones políticas, organizaciones n o guberna mentales; los
contenidos e infor maciones, creados u obteni dos por ellas que se encuentren bajo su responsabilidad o se
hayan producido con recursos del Estado.

Artículo 9. Información privada.- Es la infor mación de carácter personal individual y privada,
derivada de los derechos fu n da mentales de cada persona, que n o está sujeta al pri ncipio de p ublicidad.
Artículo 10. Información reservada.- Es la i nfor mació n p ública que, de for ma previa, m o tivada,
justificada y ú nicamente en los casos per mitidos en la C o nstitución y la ley, haya sido declarada
te m poral mente, por acto de autoridad co m petente, exenta del pri ncipio de p ublicidad por razones de
defensa nacional.
Artículo 11. Pornografía infantil.- Es t o da representación, por cualquier m edio o for ma que se haga,
de u n ni ño, ni ña o adolescente que i ncluya a actividades sexuales explícitas, reales o sim uladas; t o da
representación de las partes genitales de u n ni ñ o, ni ña o adolescente, así co m o la utilización de ni ñ os,
ni ñas o adolescentes en m edios de co m u nicación de cualquier í ndole, con fi nes pri m ordial mente
sexuales.
Artículo 12. Proselitismo político.- Es t o do me nsaje, infor mación, expresión o co m u nicación, que
de ma nera directa o indirecta se dirige a interferir en el proceso de for mación de la opi nió n y voluntad
p olíticas de las personas.
Artículo 13. Censura previa o directa.- Es cualquier acción u o m isión deliberada de organismo,
entidad, autoridad, servidor p úblico u otra persona cualquiera tendiente a evitar, prohibir, i m pedir u
obstaculizar el ejercicio de los derechos de co m u nicación.
Artículo 14. Censura indirecta.- C ualquier acción u o m isión deliberada de organism o, entidad,
autoridad de cualquier naturaleza, servidor público u otra persona cualquiera tendiente a evitar, pro hi bir,
i m pedir u obstaculizar, de for ma i n directa, el ejercicio de los derechos de co m u nicació n.
Se consideran for mas de censura indirecta a aquellas acciones u o m isiones guberna mentales que
discri m i nen contra m edios de co m u nicación, tales co m o las preferencias o exclusiones en la contratación
de propaganda y p ublicidad oficial; dificultades o i m pedi mentos, incluyendo de naturaleza tributaria,
para la co m pra o venta de insu m os, maqui naria y tecnología necesarios para el proceso co m u nicativo; o
la di f usión de mensajes guberna mentales que amenacen, acosen o generen u n contexto inti m i datorio para
la libre búsqueda, producción y di fusión de discursos y mensajes.
Artículo 15. Estándar de la real malicia y exceptio veritatis.- C o nsiste en la de m ostración
procesal, confor me a D e recho y en juicio i nstaurado ante juez co m petente, por par te del servidor público
que se considere vul nerado en sus derechos, de que u n me nsaje, infor mación, investigación u opi nión
di fu n di do por u n particular se lo hizo con la intención de causar daño, con pleno conoci m iento de que
era falso y con u n evidente desprecio de la verdad de los hechos. La carga de la prueba recae sobre el
servidor p úblico. Sin embargo, la persona que ejercitó la libertad de expresión podrá invocar la exceptio
veritatis, esto es la facultad de probar la realidad del hecho que ha imputado a otra persona.
La aplicación de este estándar tiene co m o objetivo pro m over la mayor circulación de infor mación sobre
asuntos de interés general, y proteger de ma nera especial su debate y deliberación, la crítica al gobier no y a

los de más órganos del p o der p úblico, esenciales en el fu nciona miento de u na sociedad de m ocrática.
CAPÍTULO III
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 16. Principios de aplicación de los derechos de comunicación.- C o m o parte del
sistema de derechos hu manos la vigencia y protección de los derechos de co m u nicación se regirán por los
m is m os pri ncipios de aplicación de derechos hu manos establecidos en la C o nstitución y los instru mentos
internaciones vigentes en el Ecuador.
L os tratados internacionales vigentes que reconozcan derechos y garantías de co m u nicación más
favorables a los conteni dos en la C o nstitución, prevalecerán por sobre cualquier otra n or ma jurídica o
acto del poder p úblico, confor me lo deter mi na el artículo 424 de la C o nstitució n de la República.
Artículo 17. Principio de responsabilidad ulterior.- El ejercicio del derecho a la libertad de
expresión no está sujeto a previa censura sino a las responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por
la ley, vinculadas únicamente con el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o con la defensa
nacional.
Artículo 18. Del principio de obligación negativa e imparcialidad del Estado frente a
todos los contenidos y formas de expresión.- El Estado se abstendrá de i m pedir o restri ngir,
directa o indirecta mente, de ma nera abierta o encubierta, la libertad de las personas a expresar su
opi nió n, ideas, pensamientos, creencias políticas o religiosas, de cualquier for ma que lo hagan o a través
de cualquier m edio de co m u nicación.
El Estado asegurará las condiciones para que t odas las personas p uedan for mar libre mente su
pensamiento y opi niones sin ni ngu na interferencia estatal. El Estado será i m parcial frente a cualquier
contenido o for ma de expresión social o cultural. N o podrá establecer ni ngú n referente oficial y
obligatorio para el pensamiento y opi nión de las personas, y deberá asegurar las condiciones necesarias
para que los pensamientos y expresiones de grupos m i n oritarios tengan protección ante las opi nio nes y
expresiones de la mayoría, aún cuando éstos puedan i nco m o dar o resulten inaceptables para ésta.
El Sistema de C o m u nicación Social y las p olíticas de co m u nicación que deter mi na la C o nstitución
deberán so meterse al deber pri m ordial de garantizar plena mente los derechos de co m u nicació n. Las
p olíticas y nor mativa que harán par te de este sistema n o p o drán contradecir el carácter laico del Estado
ecuatoriano, ni intentar m ol dear o intervenir en la for mació n de la opi nió n pública n i en el proceso de
defi nición de las preferencias y creencias p olíticas, religiosas y de cualquier índole de los ciudadanos, n i
en el desarrollo de la actividad cultural.
Artículo 19. Principio de pluralidad y diversidad en el proceso de comunicación.- La
constr ucción u n sistema de m ocrático depende del mayor flujo de infor mación posible, así co m o de
diversidad de las f uentes para hacer realidad el pluralismo en el proceso de co m u nicació n. Para ello, es
i ndispensable la existencia de m edios de co m u nicación, periodistas y co m u nicadores independientes, que

p uedan ejercer su profesión en libertad y sin coacción alguna.
Se prohí be la existencia de m o n o polios y oligopolios públicos o privados en la propiedad de los m edios
de co m u nicación. Las li mitaciones anti m o nopólicas u oligopólicas serán las m is mas deter mi nadas para
otros sectores sociales o econó m icos en la Ley correspondiente.
N o existirán cuotas, espacios o franjas del espectro radioeléctrico predeter mi nadas para medios de
co m u nicación públicos, privados o co m u ni tarios.
Artículo 20. Libertad, interculturalidad, inclusión, participación y no discriminación en
el proceso de comunicación.- El proceso de búsqueda, producción, recepción, intercambio y
di f usión de i nfor mació n, mensajes, docu mentos, textos y expresiones se regirá por pri ncipios de libertad,
interculturalidad, inclusión, participación y n o discri mi nació n en t odas sus for mas y manifestaciones.
Todos los actores del proceso de co m u nicación estarán obligados a buscar los m ecanis m os y medios para
que se cu m plan estos pri ncipios.
La infor mación y opi nión deberán reconocer y respetar la digni dad de las co m u nidades, p ueblos, y
nacionalidades indígenas, así co m o la diversidad de culturas, tradicio nes, historias y aspiraciones de éstos.
L os medios de co m u nicación deberán reflejar este respeto a la digni dad y a la diversidad en la
i nfor mació n y opi nión que divulguen.
Se pro m overá la creación de m edios de co m u nicación co m u nitarios, especial mente de las co m u ni dades,
p ueblos y nacionalidades indígenas, en sus propios idio mas, así co m o aquellos de propiedad de
organizaciones sin fi nes de lucro legal mente constitui das. El proceso de asignación de frecuencias
propiciará la participación de m ocrática de estos actores en el proceso co m u nicativo, en igualdad de
condiciones.
El Estado y t odos los actores de la co m u nicación pro m overán y facilitarán el acceso de las co m u ni dades,
p ueblos y nacionalidades indígenas a los medios de co m u nicación en general, sin discri mi nación alguna.
Artículo 21. Prevalencia de contenidos informativos, educativos y culturales.- La
producción de contenidos a ser di fu n di dos por los m edios de co m u nicación social deber ser de calidad,
en el fo n do conceptual y en la for ma de ma nifestarla. D e be ser portadora de valores que defiendan la
digni dad hu mana y los derechos f u n da mentales consignados en la C o nstitució n y en los i nstru mentos
internacionales de derechos hu manos; que con denen t o da for ma de discri mi nació n; que responde a u n
enfoque de géner o; que rechacen la discri mi nación en t o das sus for mas y sinrazones; que pro m uevan el
trato preferencial y solidario hacia los grupos hu manos vul nerables que tienen derecho a una atención
preferente; que propicien el respeto hacia el otr o; y en fi n, que n o ad mitan los prejuicios y estereoti pos.
La progra mación y la propaganda p olítica y religiosa n o deberán pro m over el sectarism o, el rechazo y el
o dio a los diferentes. La infor mación, las opi niones y la p ublicidad n o responderán a códigos sexistas,
racistas, xenófobos, etnocentristas y h o m ofóbicos. Q uedan prohibi dos los me nsajes y progra mas que

pro m uevan la violencia o la discri mi nación lesiva a la dignidad de las personas.
E n la progra mación de los m edios de co m u nicación públicos, privados, y co m u ni tarios se dará
prevalencia a contenidos con fi nes infor mativos, educativos y culturales, garantizando la independencia
ideológica; el respeto a la dignidad de las co m u ni dades, p ueblos y nacionalidades indígenas así co m o la
diversidad de culturas, tradicio nes, historias y aspiraciones de éstos; respetando y reconociendo
especial mente las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e
identidad sexual. C u m plirá con su deber de contribuir a la for mación de u na opi nió n p ública f uerte,
plural e i nfor mada y al fortaleci miento de la de m ocracia.
Bajo ni nguna circunstancia, esta disposición p o drá utilizarse co m o m ecanismo directo o indirecto de
censura o intervenció n en los medios de co m u nicación.
Artículo 22. Vigencia de la libertad de expresión dentro de los medios de comunicación.-
Para la garantía plena de los derechos a la co m u nicación y libertad de expresión, los medios de
co m u nicación p úblicos, privados y co m u nitarios deben establecerán a su interior las con dicio nes para su
cabal fu nciona miento, tales co m o pluralidad y apertura sin discri mi nación a t o das las personas y
posiciones, y garantía de protección a la libertad e i ndependencia de los periodistas y co m u nicadores que
laboran en ellos.
L os d ueños, directores y editores de los medios respetarán la opi nió n de los co m u nicadores y periodistas
que laboran en sus m edios y su derecho a expresarla. E n consecuencia, se encuentran prohibi dos de
ejercer presiones e inti m i dación sobre sus colaboradores para i m pedir la di fusión de sus ideas y opi nio nes
en el m edio de co m u nicación colectiva de propiedad y bajo el control de aquéllos.
Artículo 23. Principios de transparencia, publicidad y máxima divulgación de la
información pública.- El acceso a la i nfor mació n pública es u n derecho y u na garantía constitucional.
La i nfor mació n p ública, y en general cualquier infor mación que se encuentre en p o der del Estado o
cualquiera de sus instit ucio nes y f u nciones, incluyendo aquellas en las cuales el Estado tenga
participación o aquellas entidades privadas que hayan sido recibido recursos estatales o se traten sobre
asuntos de interés público, se someterán a los pri ncipios de transparencia, p ublicidad y m áxi ma
divulgación de la infor mación p ública.
Artículo 24. Principios específicos del derecho al acceso a la información pública.- E n el
ejercicio del derecho de acceso a la i nfor mació n p ública se observarán los siguientes pri ncipios
específicos:
a) La I nfor mación pública es propiedad de las y los ciudadanos;

) El Estado y sus organismos, los servidores p úblicos, las institucio nes privadas depositarias de
archivos p úblicos se constituyen en ad mi nistradores de la infor mación pública y están en la
obligación de garantizar el derecho de acceso a la infor mació n;
c) El acceso a la i nfor mació n pública será gratui to, exceptuando los costos de reprod ucción y se
regulará por las n or mas de esta Ley;
d) El ejercicio de la fu nción pública se regirá por el pri ncipio de apertura y p ublicidad de sus
actuaciones. Este pri ncipio se extiende a las entidades de carácter privado que ejerzan la potestad
estatal o ma nejen recursos públicos; y
e) Se garantiza el ma nejo transparente de la i nfor mació n p ública, de ma nera que se posibilite la
participación ciudadana en la t o ma de decisiones de interés general, y la rendició n de cuentas de las
diferentes autoridades que ejerzan el poder público.
Artículo 25. Principios relacionados con la información reservada.- E n la declaración de
exención del pri ncipio de publicidad de la infor mación reservada deberá hacerse constar expresamente el
plazo dentro del cual tal infor mación se mantendrá co m o reservada p ues, en t o dos los casos, la exención
al pri ncipio de p ublicidad ter m i nará al ter m i nar las razones para declararla reservada.
L os actos de autoridad que i m pliquen calificación de i nfor mació n reservada son susceptibles de
i m p ugnación ad mi nistrativa y judicial, en ar m o nía con lo dispuesto en el A r t. 1 73 de la C o nstitució n.
La prescripció n de cualquier acción que dependa del acceso a I nfor mació n reservada correrá y se contará
ú nica y exclusivamente desde la fecha en que tal I nfor mación deje de ser reservada y sea puesta en
conoci m iento general del p úblico o sea su mi nistrada a u n particular con base en el procedi m iento
establecido en esta ley para el acceso a la i nfor mació n p ública.
La responsabilidad de proteger la infor mación reservada en poder del Estado corresponde exclusiva mente
a las autoridades y servidores p úblicos a cargo de dicha infor mación según lo deter m i ne la Ley.
Artículo 26. Principios para la limitación de los derechos de comunicación.- N i ngu na
expresión, i nfor mació n u opi nión estará sujeta a censura previa y t o da li m i tación deberá producirse
m ediante responsabilidades ul teriores.
L os derechos a la co m u nicación y a la libertad de expresión estarán li m i tados por el respeto que merecen
los derechos de los de más. Todo sujeto de derechos podrá reclamar contra expresiones que considere
afecte a alguno de sus derechos. El derecho al acceso a la i nfor mació n p ública solo podrá li mitarse por
razones de defensa nacional.
N i ngu na autoridad, juez o tribu nal de la República p o drá li m i tar, eli minar o con dicionar los derechos a
la co m u nicación y la libertad de expresión. C ualquier ley, reglamento, resolución, acto ad mi nistrativo,
providencia, sentencia o laudo que i ncurran en esta pro hi bició n, se considerará i neficaz, de confor m i dad
con lo previsto en el A r t. 424 de la C o nstitució n.

Artículo 27. Alcance y justificación de las limitaciones a los derechos de comunicación.-
D e igual manera, n o p o drá li m i tarse el ejercicio de la libertad de expresión sobre la base de i m poner
requisitos de veracidad, verificabilidad, contextualidad o pluralidad respecto de la opi nión. Ta m p oco
p o drá invocarse la protección de la libertad de expresión o el derecho a la infor mación para justificar la
li m i tación de los derechos de co m u nicación.
Se prohí be el estableci miento de mecanismos de censura directa o i ndirecta a través del estableci miento
de criterios de prevalencia de conteni dos en los m edios de co m u nicación, sea a través de n or mas o
directrices fijadas en el Sistema de C o m u nicación Social ni a través de políticas generales de
co m u nicación del Estado. Todas estas li m i taciones directas o indirectas constituirán violaciones a los
derechos de co m u nicación.
Artículo 28. Medidas mínimamente restrictivas para reparar abusos de los derechos de
comunicación.- E n el caso de abusos de la libertad de expresión que violen derechos, se establecerán
judicial mente las m edidas menos restrictivas posibles para reparar el perjuicio producido. La vigencia de
los derechos de co m u nicación es inco m patible con la penalización de los llamados delitos de opi nión.
C uando se trate de aplicar mecanismos de responsabilidad civil por supuesta violación de derechos a
servidores públicos y candidatos se aplicará el estándar de la real malicia y se lo hará en proceso en que
observen las garantías del debido proceso.
Artículo 29. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes en el proceso
comunicativo.- L os L os procesos de co m u nicación observarán el pri ncipio del interés superior de los
ni ños, ni ñas y adolescentes, lo cual de manda el cu m pli m iento irrestricto de su derecho a la libertad
personal, digni dad, reputación, ho nor e i magen; el respeto a sus derechos de i magen, integridad y los
de más específicos de su edad confor me lo deter mi nado en el A r t. 46 de la C o nstitució n de la República y
en el C ó digo de la N i ñez y A d olescencia.
CAPITULO IV
DE LOS DERECHOS A LA COMUNICACIÓN Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Artículo 30. Alcance de los derechos a la comunicación y libertad de expresión.- L os
derechos a la co m u nicación y a la libertad de expresión co m prenden t oda expresión hu mana, sin
exclusión, sea de for ma oral, escrita, m í m ica o gesticular; el derecho a difu n dir las expresiones, i mágenes,
ideas, conceptos, infor maciones, sea colectiva o individual mente.
C o m p renden, igual mente, t o da for ma de expresión artística y si m bólica, así co m o el derecho a buscar,
producir, recibir, acceder a expresiones, ideas, opi nio nes, de i nfor mació n de t o da í ndole, en especial
aquella i nfor mació n que está en p o der, es producida o generada por el Estado o se refiere a asuntos de
interés p úblico.
L os derechos a la co m u nicación y libertad de expresión co m prenden a la libertad de opi nió n; así co m o
ta m bién el derecho de poseer infor mación en cualquier medio o for ma, transportarla y distribuirla por
decisión propia y sin coacción alguna, con independencia y seguridad. La producción, expresión y

di f usión de expresiones, me nsajes, textos o infor mación en cualquier m edio son i ndivisibles. Se incorpora
la libertad a escoger el idio ma, el medio o canal que mejor per m i ta su expresión o di f usió n. El ejercicio de
estos derechos incluye n o ser perseguido n i discri m i nado a causa de las propias ideas u opi niones, así
co m o la búsqueda, producción, recepció n o di fusión de i nfor mació n, por cualquier m edio o a través de
cualquier for ma.
Artículo 31. Protección de toda forma y contenido.- Todos los textos, opi niones, mensajes y
expresiones de las personas deben estar protegidos, en especial aquellas de grupos m i n ori tarios y de
co m u nidades, incluyendo las que p u dieran ofender o resultar discrepantes y perturbadoras para las
mayorías. Bajo ni nguna circunstancia, se esgri mirán razones de seguridad nacional, resguardo del or den
p úblico y la m o ral para li m i tar u n discurso o expresión, siempre que n o constituyan delito o incurran en
discri m i nació n.
Artículo 32. Protección especial para expresiones necesarias para la democracia.- Por su
i m portancia para pro m over y consolidar la de m ocracia, tendrán especial protección los siguientes
discursos y expresiones:
a) La infor mación y opi nión sobre asuntos políticos o de interés p úblico;
b) La infor mación y opi nión sobre servidores p úblicos o candidatos a cargos públicos;
c) La infor mación y opi nión sobre denu ncias a violaciones de derechos hu manos;
d) Las expresiones de los grupos m i n oritarios o tradicional mente excluidos que expresan
elementos esenciales de su identidad, en cualquier for ma o a través de cualquier m edio que lo hagan;
y
e) El ejercicio profesional de co m u nicadores y periodistas, así co m o ta m bién el de los
directivos y trabajadores de los m edios de co m u nicación y los de quienes hagan opi nión en los
m edios de co m u nicació n.
E n caso de existir u n caso de abuso de la libertad de expresión en contra de servidores públicos o a
candidatos a ocupar cargos de elección popular se aplicará el estándar de la Real M a licia.
E n ni ngú n caso se podrá considerar co m o caso de desacato a la autoridad las expresiones, infor mación u
opi nió n que se crea que ofenden o insultan a servidores p úblicos en el ejercicio de sus fu nciones o a
candidatos a ocupar cargos de elección popular.
Artículo 33. Comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y no discriminatoria.-
C o n el objetivo de garantizar u na co m u nicación libre, intercultural, incluyente y n o discri mi natoria, los
actores del proceso de co m u nicación facilitarán, de for ma abierta y sin discri m i nació n, la búsqueda,
producció n, recepció n, interca m bio y di f usión de i nfor mació n, mensajes, textos y expresiones de t o das
las personas y colectivos.
L os medios de co m u nicación públicos, privados y co m u ni tarios deberán garantizar el acceso a la
co m u nicación de personas con discapacidad ofreciendo en sus programaciones audiovisuales intérpretes
de señas y opciones de subtítulos. Igual mente, se propenderá que las programaciones pro m uevan
relaciones de interculturalidad entre las diferentes culturas y p ueblos del Ecuador.

Se pro m overá el derecho al acceso u niversal a las tecnologías de infor mación y co m u nicación de t odos los
actores del proceso de co m u nicació n. El Estado defi nirá una política de u niversalización de las
tecnologías de infor mación y co m u nicación, co m o par te del Plan N acional de D esarrollo.
Artículo 34. Prohibición y no protección.- Q uedan pro hi bidos y, por consiguiente, n o están
protegidas, ú nica y exclusivamente, las siguientes expresiones:
a) La propaganda para la guerra y el genocidi o;
b) La incitación directa a la violencia, la toxico manía y el sexism o;
c) Las expresiones o apología de o dio nacional, racial, religioso y político;
d) La por n ografía infantil y las prohibiciones especiales para garantizar los derechos de ni ños, ni ñas
y adolescentes en el proceso de co m u nicación, establecidos en el artículo 52 del C ó d igo de la
N i ñez y A d olescencia; y,
e) El uso de técnicas publicitarias subli mi nales y elementos psicográficos que mani p ulen
deliberada mente me nsajes.
Las personas que incurran en producir, pro m ocionar, p ublicar o dar a conocer me nsajes alusivos a lo
estipulado en este artículo, serán responsables por las acciones que derivaren por la co m isión de estos
actos, de acuerdo con la ley.
Artículo 35. Prohibición de utilizar medios indirectos para limitar los derechos a la
comunicación y la libertad de expresión.- Q ueda prohibido el uso de restricciones o atribuciones
del Estado co m o controles oficiales para i m portación y co mercialización de insu m os co m o papel,
equi pos o cualquier aparato necesario para el f u nciona m iento de los medios de co m u nicación. Estos
controles n o deberán usarse co m o instru mentos de censura i ndirecta y su utilización se entenderá co m o
la i m posición de obstáculos al libre flujo infor mativo y, por ende, violación a los derechos a la
co m u nicación y a la libertad de expresión.
Artículo 36. Deberes de la libertad de expresión de servidores públicos.- E n fu nción de las
garantías a los derechos de co m u nicación y libertad de expresión los integrantes de las fu nciones del
estado, de las entidades de gobierno seccional, de los organismos de control y, en general, los servidores
p úblicos o quienes se han postulado co m o candidatos a cargos de representación cu m plirán respetarán de
manera irrestricta los derechos a la co m u nicación y la libertad de expresión. Son deberes especiales de los
servidores públicos i ncluyendo a los de elección popular los siguientes:
d) Realizar pro nu ncia mientos en cu m pli m iento de sus f u nciones constitucionales y legales;
b) C o nstatar la base constitucional y legal, y los hechos que fu n da mentan sus
pro nu ncia mientos;
c) Pro m over el máxi m o de transparencia y p ublicidad a su gestión y adoptar t odas las m edidas
a su alcance para asegurar acceso de las personas a la infor mación de los asuntos de interés público
bajo su co m petencia;
d) Asegurar que sus pro nu ncia mientos n o constituyan violaciones de los derechos hu manos ni
contengan de manera directa o i ndirecta amenazas o inti m i daciones que afecten la plena vigencia de
los derechos de co m u nicació n;

e) Asegurar que sus pro nu ncia mientos n o interfieran sobre la independencia y autono m ía de
otras fu ncio nes del Estado;
f) D e nu nciar de violaciones a los derechos hu manos; y
g) Respetar con sus expresiones la digni dad y h o nra de t odas las personas.
Artículo 37. Prohibición de que los servidores públicos que acosen el ejercicio
periodístico y de comunicación.- E n el cu m pli m iento de sus actividades profesionales, los
periodistas y co m u nicadores, así co m o los directivos y trabajadores de los m edios de co m u nicación social,
gozarán de u n ambiente de tranquilidad y de condiciones de libertad e i ndependencia.
L os servidores públicos n o podrán emitir amenazas directas o i ndirectas o juicios discri m i natorios contra
periodistas, co m u nicadores y m edios de co m u nicación, por te mas o actividades referidas a su actividad
profesional. La co m isión de estos actos serán violaciones a los derechos a la co m u nicación y libertad de
expresión.
La autoridad p ública, elegida o designada, que or denare y ejecutare y el fu ncionario o servidor del Estado
que ejecutare, en acto de obediencia, medidas tendientes a i m pedir o restringir la libertad de expresión en
el caso concreto de que se trate, será reo del delito de violación de este derecho constitucional y recibirá la
sanció n prevista en el C ó digo Penal. El i nfor me del C o nsejo de Protección de los D erechos de
C o m u nicación tendrá u n i m portante valor probatorio en la deter mi nació n de la existencia del delito y
del infractor, sin perjuicio de que ta m bién se p odrá de mandar la reparación m o ral al periodista,
co m u nicador o medio agraviado.
E n caso de que el servidor público considere que sus derechos han sido violados por una i nfor mació n
divulgada en u n m edio de co m u nicación, puede recurrir a las acciones legales correspondientes, siempre
aplicándose el estándar de real malicia y la exceptio veritatis.
Artículo 38. Regulación de la publicidad y propaganda estatal y de las cadenas
nacionales.- Para garantizar el ejercicio y vigencia de los derechos de co m u nicación, la p ublicidad y
propaganda del Estado, en t o dos sus niveles, i ncluyendo los m u n icipales, provi nciales y regionales, y en
t odas sus for mas, a saber, cuñas radiales, spots de televisión, cadenas nacionales, anuncios infor mativos,
señalización de obras y otros, cu m plirá fi nes estricta mente infor mativos. Por tanto, se prohí be que, a
través de esos medios, las f u nciones del Estado y cualquier otra entidad p ública o los gobier nos
descentralizados, intenten m ol dear la opi nión pública o interfieran en el proceso de for mación de
preferencias p olíticas de los ciudadanos y ciudadanas.
Las cadenas nacionales en los medios de co m u nicación serán progra madas con 48 horas de anticipación,
por f uera de los horarios acostu m brados para la difusión i nfor mativa de los medios. Esto regirá salvo el
caso de desastres naturales o eventos graves que i m pliquen te mas hu mani tarios o de salud p ública.
La contratación de p ublicidad por parte del Estado debe ser transparente y otorgada atendiendo a
consideraciones de mercado y n o co m o u n instru mento de discri mi nación p olítica.

Artículo 39. Prohibiciones relacionadas con la publicidad estatal.- Se prohí be pro m ocionar
n o m bres de autoridades, personas, partidos o m ovi m ientos políticos, sus colores o co m bi nación de ellos,
así co m o publicidad de los n o m bres de las autoridades a través de la publicidad estatal, o por medio de
cadenas nacionales, avisos guberna mentales y/o señalización de obras. El uso de recursos p úblicos con
fi nes proselitistas o de pro m oció n personal de los fu ncionarios públicos constituirá u n acto de
apropiación i ndebida de fo n dos del Estado y estará sometida a las sanciones correspondientes.
E n época electoral, se prohíbe la p ublicidad o propaganda oficial desde la convocatoria a elecciones hasta
la proclamación de los resultados de las elecciones, salvo el caso de desastres naturales, eventos graves,
con m oció n p ública o cualquier otra calamidad de grado i m portante.
La obligatoriedad de rendir cuentas por par te de los servidores públicos solo podrá realizarse antes de la
convocatoria a elecciones y luego de finalizado el proceso electoral.
Se disti nguirá entre la p ublicidad o propaganda oficial y los procesos de rendición de cuentas a los que los
servidores públicos están obligados. L os ejercicios de rendición de cuentas requieren una interacción e
intercambio de infor mación organizado entre servidores públicos y ciudadanos o grupos sociales.
Artículo 41. Responsabilidades civiles y penales por abusos en el ejercicio de los
derechos a la comunicación y libertad de expresión.- E n caso de abuso en el ejercicio de los
derechos que regula la presente ley que provoquen daño m o ral, habrá lugar a la correspondiente acción
civil por daños y perjuicios ante el juez co m petente, y de confor m i dad con las n or mas del C ó digo C i vil y
del C ó d igo de Procedi m iento C i vil.
H a brá lugar a la acción penal solamente cuando la infor mación, opi nión o expresiones hechas a través de
u n medio de co m u nicación social i m pliquen injuria calu m niosa o n o calu m niosa, o cuando causen
alar ma social general y evidente, o cuando pro m uevan la discri m i nació n, el o dio o la i ncitación a la
violencia. L os f u ncionarios públicos que f ueren afectados en su honra podrán ejercer el derecho a acusar
m ediante acción privada al ofensor con base en lo dispuesto en el A r t ículo 493 del C ó d igo Penal, querella
que se presentará de acuerdo al procedi m iento deter m i nado en el A r tículo 33 del C ó digo Procesal Penal.
La responsabilidad civil o penal que se produzca por el abuso en el ejercicio de los derechos de
co m u nicación a través la expresión de opi nión es exclusiva de la persona que la produce y n o p o drá
trasladarse al medio de co m u nicación que la difu n de.
CAPÍTULO V
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE
COMUNICADORES Y PERIODISTAS
Artículo 42. Autorregulación y buenas prácticas.- L os m edios de co m u nicación públicos,
privados y co m u nitarios, para la garantía plena de los derechos a la co m u nicación y libertad de expresión,
deben observar buenas prácticas y m ecanism os de autorregulación expresos, que consideren
especial mente los siguientes aspectos y pri ncipios:

e) C r i terios de orden ético, pará metros de veracidad, verificación, oportu ni dad, contextualización
y pluralidad de las f uentes y de la infor mación p ublicada;
f) El pri ncipio de prevalencia de contenidos infor mativos, educativos y culturales;
g) L os pri ncipios de la pluralidad y diversidad, y de libertad, interculturalidad, inclusión,
participación y n o discri mi nació n en el proceso de co m u nicació n;
h) La plena garantía a los derechos de co m u nicación y a la libertad de expresión de los periodistas y
co m u nicadores que laboran en ellos. L os propietarios o accio nistas, así co m o los servidores
p úblicos, deben abstenerse de influir en la opi nión y el contenido editorial;
i) Ejercicio sistemático y per manente de políticas de autorregulación, códigos de ética, buenas
prácticas o manuales de estilo que fijen sus pará metros de calidad y los derechos de sus usuarios,
oyentes, televidentes o lectores; y
j) L os de más pri ncipios aplicables a los derechos de co m u nicación conteni dos en la C o nstitució n y
esta ley.
L os pará metros, for ma, conteni dos e instru mentos de autorregulación deberán deter minarse
interna mente en cada m edio de co m u nicación, exigiéndose la más alta calidad de ejercicio profesional, a
través de los i nstru mentos co m o códigos de ética, manuales de estilo y/o de buenas prácticas, defensorías
de la audiencia o del público, etc. y/o co m o resultado de la deliberación al interior del proceso
co m u nicativo.
La n or mativa de autorregulación será p ública y transparente. D e berá incluir m ecanis m os y
procedi m ientos claros para que cualquier persona pueda procesar sus quejas y exigir, si f uera el caso, su
derecho a la clarificación de una infor mación, rectificación, réplica o respuesta confor me lo deter mina el
artículo siguiente.
N i ngú n órgano estatal ni servidor público p o drá interferir directa o indirecta mente en la defi nició n de
estos pará metros de autorregulación.
Artículo 43. Clarificación, réplica y respuesta sobre información difundida.- D e
confor m i dad con lo dispuesto en el A r t. 66, nu meral 7 de la C o nstitució n, t oda persona natural o
jurí dica agraviada por la difusión de infor mación sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de
co m u nicación, tiene derecho a la rectificación, réplica o respuesta in mediata, obligatoria y gratuita.
Igual mente, la persona que haya sido aludida en u n medio de co m u nicación, a su juicio, de ma nera poco
clara i m precisa o equivocada, tiene el derecho a que, en igual espacio y horario, el m edio clarifique o
corrija dicha i nfor mació n o a que recoja su versión de los hechos de for ma in mediata y gratuita.
El m edio quedará exento de esta obligación cuando la i nfor mació n controvertida haya sido p ublicada por
f uera de su progra mación, en espacios contratados por terceros.
Artículo 44. Derechos del ejercicio periodístico y de comunicación.- L os periodistas y
co m u nicadores, en goce de los derechos a la co m u nicación, libertad de expresión y acceso a la
i nfor mació n pública, tienen derecho a investigar sin restricciones, difu n dir libre mente hechos de interés
p úblico y a emitir sus juicios y opi nio nes sobre los m is m os. Este derecho y sus garantías se extienden a la

eserva de sus f uentes, apuntes y archivos, y a la di fusión de i nfor macio nes dispo ni bles en f uentes
i nfor mativas extranjeras.
L os periodistas y co m u nicadores tienen el derecho a solicitar y recibir del Estado protección especial a su
vida, seguridad e integridad personal y de sus fa m ilias.
L os periodistas y trabajadores de los medios de co m u nicación públicos, privados y co m u ni tarios, que lo
hacen en condición de dependencia laboral, tienen derecho a mantener sus opi niones políticas, religiosas
e ideológicas, y a ejercer la cláusula de conciencia, sin que esto influya en el desarrollo de su trabajo y
estabilidad laboral.
N i ngú n periodista, co m u nicador, fu ncionario o em pleado de u n m edio de co m u nicación podrá ser
re m ovido de su cargo o recibir sanción por las opi niones que emita. Prevalece el derecho del público a
recibir infor maciones n o ma ni puladas ni atadas a intereses específicos.
Si se encuentran cubriendo situaciones de conflicto ar mado, los periodistas y co m u nicadores n o perderán
su con dició n de civiles.
Artículo 45. Responsabilidades del ejercicio periodístico y de comunicación.- La actividad
de co m u nicación y periodística debe regirse por conductas éticas, búsqueda plural de las f uentes, buenas
prácticas del oficio periodístico, pará metros de verosi militud de las infor maciones, presentación de la
diversidad de la realidad cultural y social de país, calidad en su ejercicio profesional, diferenciación entre
opi nio nes e infor maciones emitidas; por la autorregulación i m p uesta por el medio de co m u nicación
correspondiente; y, en general en t odos los pri ncipios conte m plados en la presente ley.
C o m u nicadores y periodistas n o p o drán, bajo ni ngu na circunstancia, i ncurrir en actos que i m pliquen
intercambio de favores o recibo de do naciones o prebendas, a cambio de la publicación de cierta
i nfor mació n. Las acciones en este sentido serán ti pificadas co m o infracción pu ni ble por la ley penal.
Artículo 46. Franjas horarias y clasificación de programas de televisión.- E n su
progra mació n los m edios de co m u nicación televisivos cu m plirán con franjas h orarias y con la
clasificación de programas establecida por el C o nsejo de Protección de los D e rechos de C o m u nicació n.
Por su parte, las estaciones de televisión di fu n dirán a la audiencia, en cada programa, su clasificación
correspondiente.
Artículo 47. Sociedad civil y audiencias ciudadanas.- Se reconocerán espacios deliberativos de la
sociedad civil y audiencias ciudadanas que emitirán criterios i ndicativos n o vi nculantes sobre la calidad,
for mas y contenidos del proceso co m u nicacional. Se pro m overá la creación de veedurías de medios y
asociaciones de audiencias de televidentes, radio oyentes y lectores, los m is m os que voluntaria mente
p o drán registrarse en el C o nsejo de Protección de los D e rechos de C o m u nicación, hecho que les
habilitará para recibir apoyo y asesoría técnica.
El C o nsejo N acional de la N i ñez y A d olescencia organizará, en coor di nación con el C o nsejo de
Participación C i u dadana y C o n t r ol Social, veedurías ciudadanas y procesos de for mació n de la criticidad

de los y las televidentes, que incluirán la participación activa de ni ñ os, ni ñas y adolescentes, a fi n de
controlar el cu m pli m iento de lo dispuesto en esta Ley respecto a la protección especial de sus derechos.
Artículo 48. Defensores del lector, radio oyente y televidente.- E n t o dos los m edios de
co m u nicación actuará u n defensor del lector, del radio oyente o televidente, el m is m o que representará el
punto de vista de los usuarios de los m edios, canalizará las sugerencias, críticas, pedi dos y denu ncias que
reciba ante el m edio de co m u nicación y for m ulará reco mendaciones a sus directivos tendentes a realizar
correctivos que atiendan los reclamos de la ciudadanía. Este cargo lo designará el m edio de
co m u nicació n. Las quejas, denu ncias y co mentarios que reciba, así co m o sus reco mendaciones, serán
p ublicados en espacios de alta audiencia y visibilidad en los m is m os medios de co m u nicación.
Artículo 49. Funcionamiento de los medios de comunicación públicos.- La creación de u n
m edio de co m u nicación p úblico requerirá la pro m ulgación de la u na ley específica, la m is ma que regirá su
f u nciona m iento. Todos los medios p úblicos estarán regidos por u n órgano directivo integrado por
personas de diversas tendencias e ideologías. L os fu ncionarios y servidores p úblicos, i ncluyendo los de
elección popular, n o p o drán ser m ie m bros de estos órganos directivos, ni i nfluir de for ma directa o
i ndirecta en su organización, personal y p olítica infor mativa o editorial. L os m edios p úblicos deberán
guardar absoluta independencia en su gestió n y p olíticas i nfor mativas y editoriales de cualquier
interferencia del Estado, en t o dos sus niveles, aplicando estricta mente los pri ncipios de los derechos de
co m u nicación y las de más obligaciones y responsabilidades establecidos en la presente ley para t o do
m edio de co m u nicación. Sus leyes de creación n o podrán, en ni ngú n caso, exi mirles del cu m pli m iento de
las n or mas previstas en esta ley.
L os m edios de co m u nicación públicos están obligados a abrir a cualquier persona natural u organización
de la sociedad civil que así lo soliciten, u n espacio razonable de su programación. E n esos espacios de
programación, las personas y organizaciones n o p odrán realizar actos de auto pro m oción de su gestió n.
L os m edios de co m u nicación públicos propenderán que su financia miento se diversifique lo más posible,
sin recurrir a la venta de servicios y publicidad privada. Se pro híbe la p ublicidad y propaganda de
cualquier dependencia pública, salvo las cadenas nacionales de radio y televisión que se difunden
igual mente por los medios privados y co m u ni tarios.
Artículo 50. Prohibición de propiedad de los medios de comunicación.- Las instit ucio nes
del sistema financiero, incluyendo las co m pañías que hagan cabeza de u n grupo fi nanciero, n o p o drán ser
propietarios de medios de co m u nicación, n i directa ni indirecta mente, ni a través de interpuesta persona.
E n caso de que una instit ució n del sistema financiero llegare a adquirir acciones de u n medio de
co m u nicación en el proceso judicial o extrajudicial de ejecución de u na deuda, deberá n otificarlo
in mediata mente tanto ante el supervisor financiero co m o ante el C o nsejo de Protección de los D e rechos
de la C o m u nicación. Si así ocurre deberá po ner las acciones del m edio de co m u nicación en u n
fideico m iso en cuya junta fiduciaria participe u n veedor designado por este C o nsejo. Este fideico m iso
que tendrá co m o obligación pri ncipal proceder a enajenar las acciones de dicho medio en u n plazo
m áxi m o de u n año contado a partir de su confor mació n.

L os supervisores financieros correspondientes deter m i narán la existencia de la infracción a esta n or ma y
establecerán las sanciones correspondientes.
Artículo 51. Prohibición especiales a los medios de comunicación comunitarios.- L os
m edios de co m u nicación co m u nitarios n o p o drán realizar proselitis m o p olítico ni pro m oció n
i nstitucional de la organización o sector a su cargo. Podrán financiarse a través de venta de p ublicidad y
propaganda, donaciones, cooperación nacional e internacional y otros aportes.
CAPÍTULO VI
DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 52. Principio general de publicidad sobre la información pública.- Toda la
i nfor mació n p ública se encuentra sujeta al pri ncipio de publicidad y transparencia.
Se excluirá del pri ncipio de p ublicidad de la infor mación p ública la infor mación p ública personal y la
i nfor mació n reservada así calificada por la Ley.
Artículo 53. Recurso de Acceso a la Información Pública.- El derecho de acceso a la i nfor mació n
será garantizado por el recurso de acceso a la infor mación p ública. Toda persona a quien se h ubiere
denegado, en for ma tácita o expresa, i nfor mació n de cualquier í ndole a la que se refiere esta Ley, ya sea
por la negativa de la infor mación, ya sea por la i nfor mació n i nco m pleta, am bigua, alterada o falsa que le
h ubieren proporcionado, i ncluso si la negación se sustenta en el carácter reservado o confi dencial de la
i nfor mació n solicitada, p o drá hacer uso de este recurso.
Si transcurridos 1 5 días hábiles n o se ha sumi nistrado la infor mación p ública se aplicará ta m bién el
recurso de acceso a la i nfor mació n.
Artículo 54. Publicidad obligatoria y permanente de información pública.- Las fu nciones
del Estado instit ucio nes y entidades a que se refiere el artículo 8 de esta Ley deberán mantener
per manente mente publicada en su página web instit ucional y en u n medio físico la siguiente infor mación
p ública:
k) Estructura orgánica fu ncional, base legal que la rige, regulaciones y procedi m ientos internos
aplicables a la entidad; plan estratégico, m isió n, visió n; las metas y objetivos de las u ni dades
ad mi nistrativas de confor m i dad con sus progra mas operativos, los planes y progra mas en
ejecució n;
l) El directorio co m pleto de la instit ució n, así co m o su distributivo de personal;
m) La remuneración mensual por puesto y t odo ingreso adicional, incluso el sistema de
co m pensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;
n) L os servicios que ofrece y las for mas de acceder a ellos, horarios de atenció n y de más
i ndicaciones necesarias, para que la ciudadanía p ueda ejercer sus derechos y cu m plir sus

obligaciones;
o) Texto íntegro de t o dos los contratos colectivos vigentes en la i nstitución, así co m o sus anexos y
refor mas;
p) L os for m ularios o for matos de solicitu des que se requieran para los trá mites i n herentes a su
cam po de acció n;
q) I nfor mació n t otal sobre el presupuesto anual que ad mi nistra la instit ució n, especificando
i ngresos, gastos, fi nancia miento y resultados operativos de confor m i dad con los clasificadores
presupuestales, así co m o liqui dación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega
de recursos p úblicos;
r) L os resultados de las auditorías internas y guberna mentales al ejercicio presupuestal;
s) I nfor mació n co m pleta y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de
adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de
servicios, arrenda mientos mercantiles, etc., celebrados por la i nstitución con personas naturales
o jurí dicas, i nclui dos concesiones, per m isos o autorizaciones;
t) U n listado de las empresas y personas que han incu m plido contratos con dicha instit ució n;
u) El detalle de los contratos de crédito exter nos o inter nos; se señalará la f uente de los fo n dos con
los que se pagarán esos créditos. C uando se trate de préstamos o contratos de fi nancia miento, se
hará constar las operaciones y contratos de crédito, los m o n t os, plazo, costos fi nancieros o ti pos
de interés;
v) M ecanismos de rendició n de cuentas a la ciudadanía, tales co m o metas e i nfor mes de gestión e
i ndicadores de desem peñ o;
w) L os viáticos, infor mes de trabajo y justificativos de m ovilización nacional o internacional de las
autoridades, dignatarios y fu ncionarios públicos;
x) El n o m bre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electró nica del responsable de
atender la i nfor mació n p ública de que trata esta Ley;
y) La Fu nció n Legislativa, adicional mente, publicará los textos co m pletos de los proyectos de ley
presentados y en trá m i te, así co m o los i nfor mes de las co m isiones especializadas per manentes y
ocasionales, y las observaciones a los m is m os. D e igual for ma, se publicará los infor mes de los
procesos de fiscalización y control p olítico y la docu mentación recabada para sustanciar cada
u no de los casos de fiscalizació n;
z) La Fu nció n Judicial y la C o r te C o nstitucional, adicional mente, publicarán el texto íntegro de las
sentencias ejecutoriadas, producidas en t o das sus jurisdicciones;
aa) L os organismos de control del Estado, adicional mente, publicarán el texto íntegro de las

esoluciones ejecutoriadas, así co m o sus i nfor mes, producidos en t odas sus jurisdicciones;
bb) El Banco Central, adicional mente, publicará los i ndicadores e infor mación relevante de su
co m petencia de m o d o asequible y de fácil co m prensión para la p oblación en general; y,
cc) El Tribunal de lo C o n tencioso A d m i nistrativo, adicional mente, p ublicará el texto integro de sus
sentencias ejecutoriadas, producidas en t o das sus jurisdicciones.
Artículo 55. Obligatoriedad de mantener archivos.- Las fu nciones y entidades a que se refiere el
artículo 8 de esta Ley están en la obligación de crear, mantener, actualizar y preservar los archivos de
i nfor mació n pública física y electró nica que contengan t oda la d ocu mentación e infor mación en su
p o der, de manera profesional, con n or mas técnicas de ma nejo de archivos de infor mación y
d ocu mentación, para garantizar el efectivo cu m pli m iento de esta Ley. L os originales n o p odrán ser
entregados en préstamo, alquiler y a ni ngú n otro tí t ulo.
Artículo 56. Responsabilidad por la información pública.- Q u ienes produzcan ad mi nistren,
manejen, archiven, registren o conserven i nfor mació n pública, serán personal y pecu niaria mente
responsables, y lo serán solidaria mente con la autoridad de la dependencia en p o der de dicha infor mación
y/o docu mentación, por las consecuencias civiles, ad mi nistrativas o penales a que p u diere haber lugar,
por sus acciones u o m isiones en la ocultación, alteración, pérdi da y/o desme m bración o m u tilación t otal
o parcial de d ocu mentación e infor mación pública. L os docu mentos y registros originales deberán
per manecer en las dependencias a las que per tenezcan, hasta que sean transferidas a los archivos generales
o A rc hivo N acional.
El tiem po de conservación de los docu mentos o i nfor mació n públicos lo deter minará la Ley del Sistema
de A rc hivo N acional y las disposiciones que regulen la conservación de la infor mación p ública reservada.
L os d ocu mentos de u na institució n que desapareciere, pasarán bajo inventario al A rc hivo N acional y en
caso de f usión interinstit ucional, será responsable de aquello la n ueva Entidad sucesora.
Artículo 57. Rendición de Cuentas.- Las instit uciones referidas en el artículo 8 de esta Ley, a través
de su titular o representante legal, presentarán ante el C o nsejo de Protección de los D erechos de
C o m u nicación, hasta el últi m o día laborable del mes de marzo de cada año, u n i nfor me anual
correspondiente al año anterior sobre el cu m pli m iento del derecho de acceso a la infor mación p ública,
que contendrá al me nos la siguiente infor mació n:
d d) I nfor mació n del período anterior sobre el cu m pli m iento de las obligaciones que le asigna esta
Ley;
ee) D e talle de las solicit udes de acceso a la i nfor mació n y el trá mite dado a cada u na de ellas; e,
f f) I nfor me semestral actualizado sobre el listado e índice de infor mación reservada.
Artículo 58. Tratamiento de la Información reservada.- Se p o drá negar te m poral mente el

derecho al acceso a la infor mación pública solo cuando la solicit ud verse sobre docu mentos calificados
co m o reservados, de ma nera previa y m o t ivada, por razones de defensa nacional.
I nfor mació n reservada es ú nica mente la siguiente:
gg) L os planes y ór denes de defensa nacional, m ilitar, m ovilización, de operaciones especiales y de bases e
i nstalaciones m i li tares ante posibles amenazas contra el Estado;
h h) I nfor mació n en el ámbi to de la inteligencia, específicamente los planes, operaciones e infor mes de
inteligencia y contra inteligencia m i litar;
ii) La i nfor mació n sobre la ubicación del material bélico cuando ésta n o entrañe peligro para la
p oblació n; y,
jj) L os fo n dos de uso reservado exclusivamente destinados para fi nes de la defensa nacional.
La declaración de u na infor mación p ública co m o reservada deberá de m ostrarse y especificarse de for ma
clara, m o tivada y justificada por parte de la máxi ma autoridad de la instit ución a cargo de dicha
i nfor mació n. La reserva de u n d ocu mento o i nfor mació n deberá ser proporcional al interés resguardado,
en el sentido de que el posible perjuicio a la defensa nacional sea mayor al interés público de divulgar esa
i nfor mació n. Así m is m o será te m poral, estableciéndose u n plazo razonable en fu nció n de la infor mación
reservada que se trate; siempre y cuando éste n o supere los 1 0 años.
N i ngú n f u ncionario p úblico p o drá invocar confidencialidad, secreto o reserva para negar infor mación
relevante requerida por autoridades judiciales o ad m i nistrativas que investiguen casos de violaciones a
derechos hu manos.
Las instit ucio nes p úblicas elaborarán semestral mente u n í ndice te mático de los expedientes clasificados
co m o reservados. Este índice n o será infor mación reservada y contendrá fecha de resolución y período de
vigencia de la reserva para cada docu mento o i nfor mació n que reciba esta clasificació n.
La i nfor mació n clasificada co m o reservada podrá ser desclasificada en cualquier m o mento por la
Asa m blea N acional, en sesión reservada, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.
E n caso de que el peticionario aduzca que la reserva de i nfor mació n específica genere afectación contra
algún derecho hu mano, se acudirá a la C o r te C o nstitucional para que se le atribuya el derecho al
peticionario o se realice la debida confir mación de la reserva. E n este caso, se deberá observar la urgencia
del acto.
El plazo de prescripció n de una acción que dependa del acceso a infor mación reservada co menzará a
correr ú nica mente a partir de la fecha en que la infor mación reservada f ue desclasificada y sumi nistrada al
interesado.
Artículo 59. Responsabilidad por la información reservada.- La responsabilidad de proteger la
i nfor mació n declarada reservada en p o der del Estado corresponde exclusivamente a las autoridades y
servidores p úblicos a cargo de dicha i nfor mació n. Periodistas, co m u nicadores y representantes de la
sociedad civil o personas que h ubieren accedido a dicha i nfor mació n, independiente mente de que ésta

h ubiera sido filtrada o n o, n o serán sujetos a sanciones de ni ngú n ti po por su p ublicación o divulgación
posterior, a me nos de que h ubieran co metido u n delito en su obtenció n. Q u ienes den a conocer
i nfor mació n reservada, a pesar de tener la obligación oficial de guardar confidencialidad, relevante para
conocer irregularidades o violaciones a derechos hu manos o a las leyes vigentes n o podrán sufrir
sancio nes legales, ad mi nistrativas o laborales.
Artículo 60. Solicitud para obtener información pública y responsabilidad de entrega.-
Toda persona natural o jurídica p o drá solicitar al Estado o cualquier institució n pública o privada la
i nfor mació n p ública que crea conveniente sujeta al pri ncipio de p ublicidad establecido en esta Ley, y para
ello, n o se requerirá de ni ngu na otra solem nidad o for malidad procesal que n o sea su mera solicit ud.
La máxi ma autoridad será responsable por el otorga miento de dicha infor mación sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que p u diera ocasionar su oculta miento.
El plazo para la entrega de la i nfor mació n será de diez días, m is m o que p o drá prorrogarse por cinco días
más, por causas debida mente justificadas e infor madas al peticionario.
Artículo 61. Correcciones y aclaraciones a la información pública que haya sido
publicada.- E n caso de inexactitud, am bigüedad o falta parcial de la infor mación requerida, el
peticionario de infor mación pública p o drá solicitar a la instit ució n en poder de dicha infor mación la
corrección, clarificación o co m ple mentación de la infor mación entregada. Para ello contará con siete días
adicionales, los m is m os que n o p o drán ser extendi dos o prorrogados por ni ngú n m o t ivo.
D e n o hacerlo, el requirente de la i nfor mació n p odrá pedir la intervenció n del C o nsejo de Protección de
los D erechos de C o m u nicación, a efectos de obligar a la institució n requerida, la corrección, clarificación
o co m ple mentación de la i nfor mació n p ública solicitada.
El incu m pli m iento de esta disposición será sancionado de acuerdo a lo que establece el artículo 65 de esta
Ley.
Artículo 62. Denegación de acceso. La denegación de acceso a la infor mación p ública o la falta de
contestación a la solicit ud, dentro del plazo señalado en esta Ley, dará lugar a los recursos
constit ucionales, ad mi nistrativos y judiciales perti nentes, y a la i m p osición de las sancio nes establecidas
en la Ley a los f u ncionarios responsables.
Artículo 63. Información de carácter personal.- La publicación o di fusión de datos o cualquier
for ma de i nfor mació n de carácter personal n o p o drá realizarse sin la autorización expresa, revocable en
cualquier m o mento, de los ti t ulares de dicha infor mación, los m is m os que deberán conocer los usos y
fi nalidad de dicho requeri m iento, o a través de una autorización legal para el efecto.
A su vez, las personas tienen el derecho a acceder de ma nera libre, gratuita e in mediata a la i nfor mació n
personal en p o der de cualquier instit ució n pública y privada y a exigir la corrección y clarificación de
datos personales inexactos o incorrectos. E n caso de emergencia nacional o con m oción interna n o podrá
i m pedírsele a u na persona acceder a su infor mación personal aduciendo que dicha infor mación es

confi dencial. N o cabrá catalogar a la infor mación personal co m o confidencial, n i siquiera en caso de
guerra.
Artículo 64. Protección de comunicaciones personales.- Se protege el derecho a la
inviolabilidad y secreto de sus co m u nicaciones personales, sean éstas verbales, escritas o en cualquier
for ma y medio. La retención, apertura y examen de las m is mas, solo ocurrirá previa or den judicial en los
casos que deter mi ne la ley. Q u ienes sean autorizados legal mente para ello deberán guardar estricto
secreto sobre asuntos distintos a los que m o tive dicha or den.
Artículo 65. Sanciones específicas por la denegación del acceso a la información pública.-
L os servidores públicos que i ncurrieran en actos u o m isiones de denegación ilegíti ma u oculta miento de
acceso a la i nfor mació n pública, serán sancionados, según la gravedad de la falta con las siguientes
sancio nes de í ndole ad mi nistrativas:
k k) M u l ta equivalente a la remuneración de u n mes de sueldo o salario que se hallare percibiendo a la
fecha de la sanció n;
ll) Suspensión de sus fu nciones por el tie m po de treinta días calendario, sin derecho a sueldo o
re mu neración por el m is m o lapso; y
m m)D estitució n del cargo en caso de que, a pesar de la m ulta o suspensión i m p uesta, se persistiere en
la negativa a la entrega de la infor mació n.
Estas sanciones ad mi nistrativas serán i m p uestas por las respectivas autoridades o entes n o m i nadores, de
oficio o a petició n del C O P D E C O, después del proceso ad mi nistrativo en que se respetan las garantías
del debido proceso. E n el caso de asam bleístas, prefectos, alcaldes, concejales y m ie m bros de las juntas
parroquiales la sanción será i m p uesta por la respectiva autoridad cor porativa.
L os representantes legales de las personas jurí dicas de derecho privado o las naturales poseedoras de
i nfor mació n p ública que i m pi dan o se nieguen a cu m plir con las resoluciones judiciales a este respecto,
serán sancionadas con una m ulta de 500 a 1000 dólares por cada día de i ncu m pli m iento a la resolución,
que será liqui dada por el Secretario Ejecutivo del C O P D E C O y consignada en su despacho por el
sancionado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que h ubiera lugar. Las sanciones se
i m po n drán una vez conclui do el respectivo recurso de acceso a la infor mación p ública, establecido en el
presente artículo de esta Ley.
La re m oció n de la autoridad o del fu ncionario que incu m pliere la resolució n n o exi me a quien lo
reem place del cu m pli m iento in mediato de tal resolución bajo las prevencio nes deter m i nadas
anterior mente en este artículo.
CAPÍTULO VII
DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Artículo 66. Alcance del derecho de acceso a las tecnologías de información y

comunicación (TIC).- El derecho i ndividual, social y colectivo de acceso a las tecnologías de la
i nfor mació n y co m u nicación (TI C) for ma par te de los derecho a la co m u nicación y co m prende tanto el
acceso for mal y jurí dico a las T I C, en igualdad de con dicio nes y oportu nidades, co m o la capacidad
material y concreta de aprovecharlas, por la vía de la capacitación tecnológica y el financia miento
concesional.
Artículo 67. Instrumentos para el cumplimiento del derecho de acceso a las TIC.- La
p olítica nacional de co m u nicación, que conste o se efectivice a través de la ejecución de planes operativos,
programas y proyectos, deberá generar instru mentos efectivos para la satisfacción del derecho de acceso a
las T I C.
Estos i nstru mentos deberán considerar, de ma nera específica, acciones en diversas áreas para lograr el
objetivo de de m ocratizar el acceso a las T I C; entre otras, facilitar el acceso físico a la infraestructura de
i nfor mació n y co m u nicació n; la reducción de los costos de acceso a las T I C para los grupos sociales y
co m u nitarios; el fo mento el desarrollo de aplicaciones y programas infor máticos en las áreas de
satisfacción de los derechos sociales, co m u nitarios y culturales; la creación de puntos co m u nitarios y
p olivalentes de acceso a las T I C, en bibliotecas y otros lugares p úblicos, cercanos al ciudadano, de tal
for ma que se conviertan en espacio de generación de conteni dos, especial mente en los sectores rural y
urbano marginales; el estableci miento y la expansión co m pleta de la red de teleco m u nicaciones; la
alfabetización digital, en t odos los n iveles de educación for mal e i nfor mal, que contem ple metodologías y
herra mientas para grupos con necesidades especiales; incentivos para la convergencia tecnológica
haciendo posible que una sola red y u n solo ter mi nal puedan utilizarse para la prestación de servicios de
co m u nicación, y otras si milares.
Artículo 68. Del acceso a las bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.- El
derecho de acceso a las bandas libres para la explotación de redes inalámbricas precisa de protección
estatal ante la amenaza de concentración en el uso por aquéllos que gozan de ventajas econó m icas,
p olíticas y tecnológicas.
El C o nsejo de Protección de los D e rechos de C o m u nicación velará porque se generen t odas las medidas
técnica mente eficaces para asegurar la igualdad de oportu ni dades en el acceso a las bandas libres para la
explotación de las redes inalámbricas.

Artículo 69. Del derecho a la comunicación de las personas con discapacidad.- El Estado
pro m overá el acceso y uso de t o das las for mas de co m u nicación visual, auditiva, sensorial y otras que
per m i tan el ejercicio efectivo de sus derechos de co m u nicación de las personas con discapacidad. Para
esto emprenderá en actividades de investigación y desarrollo de tecnologías de i nfor mació n y
co m u nicación que resuelvan o ami noren los problemas de co m u nicación que padecen las personas con
varios ti pos y niveles de discapacidad.
TITULO SEGUNDO
CAPITULO PRIMERO
DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Artículo 70. De la política pública de comunicación.- El Estado for m ulará la p olítica p ública de
co m u nicación y su n or mativa de ma nera participativa, excluyendo cualquier ma nifestación de
proselitis mo p olítico. Se sustentará en el respeto, la protección y la pro m oción de los derechos de la
co m u nicación y de los de más derechos consagrados en la C o nstitució n y los instru mentos internacionales
de derechos hu manos.
Artículo 71. Órgano verificador del cumplimiento de los derechos a la comunicación.- El
C o nsejo de Protección de los D e rechos de C o m u nicación (C O P D E C O) es par te del sistema de
co m u nicación previsto en la C o nstitución de la República. Su f u nció n pri m ordial es velar por el pleno
cu m pli m iento y libre ejercicio de los derechos a la co m u nicación, así co m o pro m over y proteger el
ejercicio de tales derechos.
Para ello el C O P D E C O velará porque el Estado y los particulares respeten t odos los derechos a la
co m u nicación así co m o los pri ncipios fu n da mentales conte m plados en la presente ley, y deberá
pro nu nciarse expresamente en caso de que por acción u o m isión del Estado se afecte de cualquier for ma
el ejercicio de los derechos a la co m u nicación, especial mente el de libertad de expresión o se viole
cualquiera de los pri ncipios f u n da mentales.
Para ello podrá requerir la intervenció n y asistencia de la C o r te C o nstitucional, órganos de control del
Estado, Fiscalía General y cualquier otra institució n pública co m petente, según el caso de que se trate,
para que adopten las acciones específicas que les corresponde según la C o nstitució n y las leyes
perti nentes.

El C O P D E C O deberá pro nu nciarse expresa y públicamente en caso de que las instit ucio nes públicas
co m petentes n o adopten in mediata mente las acciones necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los
derechos a la co m u nicación de que trata esta ley.
El C O P D E C O p o drá ta m bién exigir y requerir la intervenció n de la D e fensoría del Pueblo para que
excite a los f u ncionarios p úblicos co m petentes a dar cu m pli m iento con sus obligaciones vinculadas con el
ejercicio de los derechos a la co m u nicación, así co m o hacer segui m iento del cu m pli m iento de estos
requeri m ientos.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE COMUNICACIÓN (COPDECO), SECRETARIA
EJECUTIVA NACIONAL Y DELEGADOS CIUDADANOS PROVINCIALES
Artículo 72. Objeto y conformación.- El C o nsejo de Protección de los D erechos de C o m u nicación
es u n organismo p úblico autó no m o e i ndependiente fi nanciera y ad mi nistrativa mente, encargado de
pro m over y proteger la plena vigencia de los derechos de co m u nicació n; así co m o velar por el pleno
ejercicio de estos derechos y los pri ncipios fu n da mentales contem plados en esta ley.
L os m ie m bros del C o nsejo serán los siguientes:
a) El D e fensor del Pueblo, quien lo presidirá;
b) El Secretario o secretaria ejecutiva del C o nsejo N acional de la N i ñez y A d olescencia;
c) El Presidente o presidenta N acional de la U n i ó n N acional de Periodistas;
d) U n delegado de los medios i m presos, sorteado por el C o nsejo de Participación C i u dadana y
C o n t rol Social de entre los candi datos postulados por los m edios p úblicos, privados y
co m u ni tarios del sector;
f) U n delegado de los medios de televisión, sorteado por el C o nsejo de Participación C i u dadana y
C o n t rol Social de entre los candi datos postulados por los m edios p úblicos, privados y
co m u ni tarios del sector;
g) U n delegado de los medios de radio, sorteado por el C o nsejo de Participación C i u dadana y
C o n t rol Social de entre los candi datos postulados por los m edios p úblicos, privados y
co m u ni tarios del sector; y;
h) Tres vocales ciudadanos postulados por veedurías ciudadanas o asociaciones de audiencias y
lectores de cada ra ma de los m edios de co m u nicació n: televisión, radio y medios i m presos,
escogidos m ediante concurso de oposición y méritos organizado por el C o nsejo de Participación

C i u dadana y C o n t r ol Social. Estos vocales deberán ser profesionales en disciplinas vi nculadas
con la co m u nicación o periodismo, o con el derecho constitucional o de co m u nicación, con
experiencia m í ni ma de 10 años en la práctica profesional serán designados para u n período de
seis años y n o podrán ser reelegidos. E n el proceso de selección de los vocales ciudadanos, los
aspirantes de m ostrarán su i ndependencia p olítica y su auto no m ía respecto a los m edios de
co m u nicación privados, p úblicos y co m u ni tarios.
Se regirá por u n regla mento aprobado por la mayoría de sus m ie m bros.
Artículo 73. Funciones y atribuciones.- El C O P D E C O tendrá las siguientes f u ncio nes y
atribuciones, las que las ejercerá de oficio o a petició n de parte:
n n) Pro m over el conoci m iento de la ciudadanía y debate p úblico sobre la vigencia y protección de
los derechos de co m u nicació n;
oo) Velar por que los derechos a la co m u nicación, libertad de expresión, acceso a la infor mación
p ública y a las T I C, así co m o los pri ncipios f u n da mentales conte m plados en esta ley se cu m plan
estricta mente por par te de t o dos los actores del proceso de co m u nicación y pro nu nciarse
expresamente en caso de violación a cualquiera de estos derechos, pronuncia miento que deberá
hacerse público y que servirá co m o prueba plena en las acciones constit ucionales,
ad mi nistrativas, civiles y penales a que h ubiere lugar;
pp) A c u dir directa mente ante la C o r te C o nstitucional para presentar de mandas de
i nconstitucionalidad contra leyes, decretos y cualquier acto ad mi nistrativo violatorio de los
derechos de co m u nicació n;
q q) Requerir la intervenció n del D e fensor del Pueblo para que en uso de las atribuciones que le
confiere la ley, efectivice el ejercicio pleno de los derechos a la co m u nicación, libertad de
expresión y acceso a la i nfor mació n pública y a las T I C.
rr) Requerir, de oficio, a las autoridades co m petentes, el i nicio de acciones constitucionales y legales
a que h ubiere lugar en contra de los responsables de afectaciones a cualquiera de los derechos de
co m u nicación y exigir reparaciones para los afectados;
ss) Recibir quejas y denu ncias por parte de cualquier persona sobre la actuación de los m edios de
co m u nicación y de las i nstituciones públicas que afecten el pleno ejercicio de los derechos de
co m u nicación, los pri ncipios fu n da mentales de esta ley o las prácticas de periodis mo y
co m u nicació n; pronunciarse p ública y expresamente en caso de que co m o resultado del análisis
de estas quejas y denu ncias llegare a detectar afectación a estos derechos y pri ncipios; y exigir que
los medios de co m u nicación o instit ucio nes públicas denu nciados publiquen u n resu men de
estos pro nu ncia mientos en espacios de alta visibilidad y en días de alta circulació n; así co m o a
responder en el m is m o espacio, de for ma argu mentada, el contenido de dicho i nfor me o a
rectificar sus pronuncia mientos en for ma in mediata.;
t t) D e fi nir con base en sustentos técnicos explícitos, pará metros de clasificación de la programación

de medios audiovisuales y establecer la clasificación de categorías y género de los programas,
edad de la tele audiencia y horarios de trans misió n;
uu) D e fi nir, en consulta con el C o nsejo N acional de la N i ñez y A d olescencia, pará metros especiales
para la protección de los derechos de los ni ños, ni ñas y adolescentes en el proceso co m u nicativo.
Velar por que estos pará metros sean i nclui dos en los diferentes sistemas de autorregulación de
los m edios de co m u nicación públicos, privados y co m u nitarios y en los espectáculos públicos, y
pro nu nciarse en caso de que n o se dé cu m pli m iento con estos pará metros;
vv) Realizar u n segui m iento y m o ni toreo de las p ublicaciones y progra mación de t o dos los medios
de co m u nicación del país y mantener esos archivos abiertos al acceso de la ciudadanía. E n caso
de i ndicios de violación de derechos, i niciará las acciones constitucionales y legales para
m o dificar h orarios y, en general, proteger los derechos fu n da mentales de los ciudadanos,
especial mente de los ni ñ os, ni ñas y adolescentes, y los grupos hu manos de condición especial;
w w)Verificar que los infor mes que deben presentar t odas las entidades sujetas al pri ncipio de
p ublicidad de infor mación cu m plan con las obligaciones y con diciones previstas en esta ley.;
xx) A petición de cualquier persona, solicitar a las entidades p úblicas y privadas sujetas a la
obligación de facilitar el acceso a la infor mación p ública, la corrección y clarificación de
i nfor macio nes i ncorrectas o am biguas. El C o nsejo se pro nu nciará p ública y expresamente sobre
los correctivos y aclaraciones obligatorios para las entidades requeridas, que de n o cu m plirse,
m o t ivará las acciones previstas en la ley;
yy) N o m b rar a su Secretario Ejecutivo N acional y a los D elegados C i u dadanos Provi nciales
zz) A p r obar el orgánico f u ncional de la Secretaría Ejecutiva que le presente el Secretario Ejecutivo
N acional;
aaa)E n el mes de enero de cada año, con la participación de los m edios de co m u nicación, p ublicar u n
manual de buenas prácticas periodísticas para cada sector; y,
bbb)E n el mes de diciembre de cada año, p ublicar u n infor me sobre el estado de los derechos a la
co m u nicación en el que se especificará los casos de violaciones a derechos, faltas a las buenas
prácticas del ejercicio periodístico, abusos al ejercicio de los derechos a la co m u nicación y
libertad de expresión y o m isiones en la p ublicación de infor mación pública por parte de
entidades del Estado. U n resu men de este infor me será p ublicado y di fu n di do obligatoria mente
por t o dos los medios de co m u nicación.
Artículo 74. Nombramiento y funciones del Secretario Ejecutivo Nacional.- El Secretario
Ejecutivo N acional será n o m b rado por el C o nsejo de Protección de D e rechos de C o m u nicación, previo
concurso de oposición y mereci mientos en el que se calificarán los conoci m ientos y experiencia de los
candidatos en materia de co m u nicación, periodismo, derecho constit ucional y derecho de la
co m u nicación, y más exigencias que señale el reglamento que dicte el C o nsejo. L os requisitos para ser
Secretario Ejecutivo son los m is m os que para ser n o m b rado Vocal C i u dadano del C o nsejo de Protección

de los D e rechos de C o m u nicació n.
Son f u ncio nes, atribuciones y deberes del Secretario Ejecutivo:
a) Ejercer la representación legal del C o nsejo; presentar, en su representación, las respectivas
acciones de inconstitucionalidad y otras, cuando éste así lo resuelva; y, realizar el segui m iento
correspondiente de las m ismas;
b) O r ganizar el fu nciona miento ad mi nistrativo, técnico y fi nanciero de la Secretaría Ejecutiva;
c) A d m i nistrar los recursos hu manos y materiales de la secretaría a su cargo;
d) A c t uar co m o Secretario del C o nsejo de Protección de D erechos de C o m u nicación recibiendo y
trasladando las quejas, denu ncias y requeri m ientos que se presenten ante este órgano;
e) Receptar los infor mes y requeri m ientos de los D elegados C i u dadanos Provi nciales y adoptar las
acciones necesarias para el eficiente ejercicio de sus fu nciones;
f) Elaborar los infor mes técnicos que requiera el C O P D E C O, coor di nándolos con los D elegados
C i u dadanos Provi nciales, de ser el caso, y presentarlos para conoci m iento y pronuncia miento del
C O P D E C O ;
g) H acer per manente segui m iento del cu m pli m iento de los requeri mientos que realice el
C O P D E C O a la D e fensoría del Pueblo, a la C o r te C o nstitucional, a la Fiscalía General y a
cualquier otro órgano público o medio de co m u nicación, e infor mar regular mente al
C O P D E C O sobre el resultado y especial mente aquellos casos en que tales reco mendaciones n o
hayan servido para el i nicio de las respectivas acciones legales;
h) D i f u n dir y pro m over los derechos de co m u nicació n;
i) A d m i nistrar el presupuesto inter no de la Secretaría Ejecutiva;
j) E m i tir las certificaciones que se le requieran respecto a la d ocu mentación e infor mación que
produzca el C O P D E C O y la propia Secretaría Ejecutiva; y,
k) L os de más que dispo ngan las leyes y reglamentos.
La Secretaría Ejecutiva es una i nstancia técnico-ad m i nistrativa n o decisoria del C o nsejo de Protección de
D e rechos de C o m u nicación, encargado de la coor di nación entre el C o nsejo y los D elegados C i u dadanos
Provi nciales y la ad mi nistración de la oficina.
Artículo 75. Nombramiento y funciones de los Delegados Ciudadanos Provinciales.- L os
Vocales C i u dadanos Provi nciales serán n o m brados, u no por cada provi ncia, por el C o nsejo de Protección
de D e rechos de C o m u nicación, previo concurso de oposición y mereci m ientos en el que se calificarán los
conoci m ientos y experiencia de los candidatos en materia de co m u nicaciones, y más exigencias que señale
el reglamento que dicte el C o nsejo. L os requisitos para ser Vocal C i u dadano Provi ncial son los m is m os
que para ser n o m b rado Vocal C i u dadano del C o nsejo de Protección de los D erechos de C o m u nicació n.
L os D elegados C i u dadanos Provi nciales se encargarán de difu n dir en su provi ncia las con dicio nes y
características especiales para los derechos de co m u nicació n; así co m o se encargarán de representar al
Secretario Ejecutivo en su provi ncia, recabando consultas, denu ncias, requeri m ientos y quejas, o

vertiendo i nfor mes técnicos atinentes a circunstancias específicas.
Artículo 76. Presupuesto.- El C o nsejo de Protección de los D erechos de C o m u nicación ad mi nistrará
su presupuesto con plena autono m ía financiera y ad mi nistrativa. Son recursos del C O P D E C O los
siguientes:
ccc)La asignación anual a cargo del Presupuesto General del Estado, que garantizará su
f u nciona m iento y cualquier otra asignación presupuestaria o fijada por otras leyes vinculadas;
d d d)El producto de las m ultas contem pladas en la presente ley;
eee)Las tasas que podrán ser fijadas por el C o nsejo, m ediante resolución, a ser pagadas por los
m edios de co m u nicación públicos, privados y co m u nitarios, así co m o por las instit ucio nes
p úblicas a las que se aplica el pri ncipio de p ublicidad y transparencia de la infor mació n; y,
ff f) Las donacio nes y contribucio nes de cualquier índole que obtenga o le sean asignadas por
terceros para el cu m pli m iento de sus atribucio nes y deberes.
Artículo 77. Acciones contra el Consejo de Protección de los Derechos de Comunicación.-
L os recursos legales y en general ad m i nistrativos que se presenten en contra del C o nsejo, se tra mitarán de
confor m i dad con la legislación aplicable. Sin embargo, n o serán objeto de i m pugnación, n i de recurso
ad mi nistrativo alguno, los infor mes que establece el n u meral b) del artículo precedente que se ordenaren
p ublicar en los m edios de co m u nicación, sea éstos p úblicos, privados o co m u nitarios.
Si por alguna acción emitida por par te del C o nsejo, alguna persona adujera conculcación de sus derechos,
la de manda o reclamo deberá ser presentada ante la C o r te C o nstitucional para que proceda con el análisis
correspondiente.
CAPÍTULO III
DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO
Artículo 78. De la Secretaría.- La Secretaría N acional de A d m i nistración de Espacio Radio Eléctrico
será u n organismo técnico, dependiente de la Función Ejecutiva, que tendrá a su cargo la asignación de
frecuencias radioeléctricas para radio y televisión sobre la base de pri ncipios de equidad, transparencia,
n o discri mi nación, pluralismo y diversidad en el proceso co m u nicativo, para lo cual se regirá por la Ley de
Teleco m u nicaciones. La concesión de frecuencias tendrá una duración de 10 años, renovables si el
usuario así lo requiere.
La Secretaría está sujeta al control político y fiscalización de la Asa m blea N acional, y sus autoridades y
servidores serán constitucional, ad mi nistrativa, civil y penal mente responsables de sus actos y o m isiones.
Este órgano n o p o drá interferir en la regulación de contenidos, ni li m i tar de ni ngu na manera los
derechos de co m u nicación.
El C O P D E C O, a través de resolucio nes, velará especial mente porque esta Secretaría respete

estricta mente los derechos de co m u nicación y los pri ncipios f u n da mentales conte m plados en esta ley, y se
pro nu nciará respecto al efectivo cu m pli m iento de esta n or ma por par te de la Secretaría.
DISPOSICIÓN GENERAL:
La C o r te C o nstitucional, en u n plazo n o mayor a 90 días, resolverá sobre los casos que se le presenten,
para lo cual, contarán con las m edi das cautelares que se establecen en esta ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA.- Las entidades y organism os que se crean m ediante la presente ley, deberán i niciar sus
actividades dentro del año siguiente a la fecha de publicación de la presente ley en el Registro O f icial. El
C o nsejo de C o n t r ol Social y de Participación C i u dadana asegurará el cu m pli m iento de este plazo,
debiendo organizar a los vocales del C O P D E C O y convocarlos para su pri mera sesión.
SEGUNDA.- Las instituciones fi nancieras que a la fecha de expedición de la presente ley estuvieren
i ncu m pliendo con lo dispuesto en el A r t. 60 de la presente ley, deberán constit uir el fideico m iso a que se
refiere el citado artículo dentro de u n plazo máxi m o de 60 días contados a partir de la fecha de vigencia
de la presente ley. Igual mente tendrán u n año de plazo contado a partir de la fecha de vigencia de la
presente ley para enajenar las acciones que t uvieren en medios de co m u nicación.
TERCERA.- Las i nstituciones públicas deberán ajustar los contenidos de sus portales de internet que se
establecen en el A r t. 54 esta ley en u n plazo n o mayor de tres meses contados desde la p ublicación de esta
ley en el Registro O f icial.
CUARTA.- El presupuesto que se debe asignar al C O P D E C O que se crean m ediante esta ley para cubrir
íntegra mente el pri mer año de su fu nciona miento deberá provenir del Presupuesto General del Estado,
para lo cual, el M i n isterio de Fi nanzas del Ecuador tendrá el plazo de 90 días para preparar las partidas
presupuestarias, presupuestos y de más requeri m ientos financieros para la correcta aplicación de la
presente Ley.
QUINTA.- E n el plazo n o mayor a 90 días, el Presidente de la República expedirá el regla mento de
aplicación de la presente ley.
DISPOSICIÓN FINAL:
La presente Ley tiene el carácter de O r gánica, con lo cual se aplica de manera preferente frente a otras de
menor jerarquía.
DEROGATORIAS:
D e r óguese t odas las disposiciones generales y especiales que se opo ngan a esta Ley y de ma nera particular
las siguientes:
a) Ley de Transparencia y A cceso a la I nfor mación Pública;

) Ley de Ley de Radiodi fusión y Televisió n;
c) Las nor mas de desacato que por divulgación de i nfor mació n existan en las leyes ecuatorianas, en
especial, los artículos 230 y 23 1 del C ó d igo Penal; y
d) C ualquier otra n or ma que regule la co m u nicación, la libertad de expresión y el acceso a la
i nfor mació n pública que n o sea conte m plada en esta Ley.