CANDIDATOS POR LAS PROVINCIAS DEL NORTE DE LA SIERRA

Miércoles 26 de septiembre del 2007
12 | IMBAB URA
Movimiento Red
Ética y Democracia (RED)
Provincias pueden ser
distritos autonómicos
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Fondos. El 20% de los ingresos corrientes
será para los regímenes seccionales.
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E
ntre los 29 temas que
plantea para la Asam-
LISTA 29
blea, el Movimiento
RED (lista 29) incluye el reordenamiento
territorial. Así,
cada provincia podrá ser un
distrito autonómico, los cantones
que excedan el 8% de la
población nacional constituirán
distritos metropolitanos y
el 20% de los ingresos corrientes
del Gobierno se destinarán
a los regímenes seccionales.
Se incluye la figura de las
elecciones anticipadas, que
permite al presidente disolver
el Congreso, una sola vez, pero
con la designación de un
nuevo Parlamento y ratificación
del cargo para el Primer
Mandatario en las urnas.
El Congreso será bicameral:
la Cámara del Senado y la Cámara
de Diputados. La primera
designará a los magistrados
de la Corte Suprema de Jus-
Gustavo Medina L.
De 70 años de edad,
es doctor en Jurisprudencia
y licenciado en
Ciencias Sociales. Ha
sido presidente de la
Corte Suprema de
Justicia y Procurador
del Estado, así como
diputado nacional y
provincial por la Izquierda
Democrática.
Es autor de varios libros
y docente universitario.
Suplente:
María Serra L.
ticia, que durarán siete años
en sus cargos y al procurador,
de una terna enviada por el
Ejecutivo. El Congreso pleno
nominará al contralor y los superintendentes,
de ternas enviadas
por la CSJ.
Propone un modelo de desarrollo
en el que confluyan el
sector público y el privado, se
reconoce al dólar como la única
moneda, garantiza la propiedad
privada y rechaza la
confiscación.
La RED impulsa la gratuidad
de la enseñanza pública
hasta la secundaria y subvenciones
para universitarios.
Favorece dar garantías a los
migrantes, tendrán derecho a
votar para presidente, senadores
y diputados, y se crearán
cinco distritos para elegir a
cinco legisladores en EE.UU.,
cinco en Europa y cuatro por
otros países.
Lilián Barreno R.
Doctora en Jurisprudencia
y licenciada en
Ciencias Políticas.
Tiene 53 años y durante
doce laboró en
el Consejo Provincial
de Imbabura. Hermana
de Rubén Barreno,
ex presidente del
Consejo Nacional de
Electricidad en el gobierno
de Lucio Gutiérrez
y actual candidato
por PSP.
Suplente:
Robinson Mejía A.
Richar Caicedo M.
Ingeniero en Sistemas
e interventor social.
Tiene 35 años y
trabaja en la Fundación
de Padres de
Hijos con Discapacidad
y la Asociación de
No Videntes. Fue profesor
de colegio y docente
universitario.
No ha ejercido cargos
públicos y esta es su
primera candidatura
de elección popular.
Suplente:
Nora Jaramillo Albán
Alianza Movimiento Patria Altiva y Soberana -
Partido Socialista Frente Amplio (PAÍS-PSFA)
Tierras ociosas se
revertirán al Estado
Traspaso. Los terrenos sin cultivar
pasarán a los campesinos sin tierra.
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L
a propuesta de la alianza
entre el Movimiento
Patria Altiva y Soberana
(PAÍS) y el Partido Socialista
Frente Amplio (PSFA), que
corre por la lista 35-17, se enfoca
en un planteamiento económico,
que nace de la realidad
que se vive en la provincia
de Imbabura, donde existen
terrenos ociosos y campesinos
sin tierra.
Por ello propone que la propiedad
que no cumpla una
función social sea revertida al
Estado para su posterior traspaso
a los campesinos.
Aunque no es partidaria de
parcelar las grandes haciendas,
plantea que su administración
sea conjunta con las
c o m u n i d a d e s.
Impulsa el apoyo a los sectores
artesanales y de la pequeña
industria de la provincia
vinculados a la elaboración
LISTA 35-17
Marcos Martínez F.
De 45 años de edad,
es doctor en Jurisprudencia.
Ha sido secretario
jurídico de la
Procuraduría General
del Estado y coordinador
de proyectos
de Corpaire, en Quito,
así como intendente
de Policía y jefe zonal
del Consep, en Imbabura.
También fue articulista
del diario La
Verdad de Ibarra.
Suplente:
Elvia Maigua Pineda
de productos folclóricos.
En el resto de temas su propuesta
se apega a la nacional.
Su prioridad es que el modelo
económico sea solidario y no
de libre mercado.
Propone la división del
Congreso en Cámara Alta y
Cámara Baja, la primera atenderá
los temas nacionales y la
segunda, los regionales. El
Parlamento pierde su injerencia
en los organismos de control,
cuyos integrantes se designarán
por méritos, a través
de concursos públicos.
Apoya el establecimiento de
un mecanismo de revocatoria
institucional del mandato por
parte de los ciudadanos.
En materia de derechos sugiere
la inclusión del trabajo
doméstico como una actividad
económica para que las
amas de casa accedan a servicios
sociales.
Juana Peñafiel M.
Doctora en Jurisprudencia
con un posgrado
en Derechos Humanos
y Constitucionalismo
y un diplomado
en Derechos de la
Mujer. Tiene 36 años
y es asesora legal de
organizaciones de
mujeres. Fue comisariade
Policíayvocal
de la Junta Parroquial
de San Antonio, en
Ibarra.
Suplente:
Pedro Dávila G.
José Inuca Lechón
De 42 años, es máster
en Gerencia y Liderazgo
Educacional y
licenciado en Educación.
Ha sido dirigente
de organizaciones indígenas
y campesinas
en San Pablo. Autor
de varias obras,
entre otras: El matrimonio
según los kichwas,
El Inti Raymi y
La cosmovisión kichwa
del agua.
Suplente:
Ana Ortiz Chico
Movimiento Independiente
Laicos Comprometidos
Dios debe ser
la máxima
autoridad
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Unión. El matrimonio
eclesiástico debe ser legal
sin necesidad del civil.
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E
l Movimiento Laicos Comprometidos
(lista 42) divide su propuesta
para la Constituyente en dos par-
tes: cambios generales y específicos.
Los generales se fundamentan en el respeto
a la dignidad del hombre y al derecho
de los ecuatorianos a tener una Constitución
redactada para que la mayoría la
entienda; en definitiva, no deben existir
contradicciones entre sus artículos y disposiciones
transitorias.
En los cambios específicos, según su
planteamiento, se debe establecer a Dios
como la máxima autoridad y se debe respetar
la vida humana, por lo que se impedirá
el manejo genético de los embriones
o su eliminación selectiva (aborto).
El matrimonio debe ser el único vínculo
formal entre el hombre y la mujer; y aquel
realizado de manera religiosa (eclesiástico)
debe ser considerado como legal, sin
necesidad de la unión civil ante una autoridad
del Estado.
La educación tiene que ser de calidad y
gratuita en todos sus niveles.
En la parte administrativa del Estado
considera que se deben ampliar y fortalecer
las funciones y presupuestos de los
organismos de control, y regular a aquellos
que ocasionan gastos burocráticos.
Indica que se tiene que delimitar el
campo de acción de las diferentes funciones
del Estado para evitar la tradicional
pugna de poderes, pero sin dar propuestas
específicas.
Ratifica los derechos y garantías de las
personas al hábeas corpus, hábeas data y
al amparo constitucional; asimismo, la
nueva Constitución debe garantizar que
todo trabajador reciba un salario proporcional
a las necesidades de su familia o al
costo de la canasta básica.
Apoya las autonomías, con una consideración
a los principios de solidaridad y
subsidiariedad para contribuir al desarrollo
de las zonas más débiles. Plantea un
sistema de desarrollo sostenible y el respeto
a la propiedad privada.