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En síntesis, ya por la difusa vía de la “desperonización”, ya por la
necesidad de reconstituir un país escindido desarrollando las riquezas
del interior, ya por la necesidad profundizar la industrialización que
obligaba a un nuevo perfil de radicacion industrial, cualquiera de ellas y
todas fueron vías que convergieron en proponer la descentralización del
aparato estatal nacional. Esto, por supuesto, no se hizo sin conflictos, ni
contradicciones; todos éllos esperables en la medida en que implicaba
una disminución del poder de los mismos funcionarios que levantaban
esta bandera.
3. La “provincialización anárquica”
¿En qué consiste la “provincialización anárquica”. La idea menta la
progresiva disminución de la capacidad de gobierno de la Nación, y su
difuminación en una pluralidad de jurisdicciones, sin que alcance a
emerger –como previamente en la historia del país- una provincia
hegemónica. No obstante lo cuál, debe destacarse que la nación sigue
reteniendo capacidad de veto suficiente como para inhibir acciones por
parte de las provincias. En suma, una Nación suficientemente fuerte en
la relación bilateral con las provincias; pero, crecientemente incapaz de
liderar la formulación de una voluntad colectiva.
A continuación se procura probar esta tesis analizando un conjunto de
indicadores al respecto. En primer lugar, y suponiendo que la capacidad
de gestión política de un gobierno nacional depende de su
infraestructura se estudia la evolución de los recursos materiales y
humanos. En segundo lugar, se estudia la capacidad de “formular” una
voluntad colectiva por parte del gobierno nacional. En la medida en que
esta voluntad estaría formada por los partidos políticos, interesa analizar
el proceso de “provincialización de las estructuras partidarias. En tercer
lugar, interesa analizar lo que está sucediendo con la dotación de
recursos económicos.
a. La infraestructura de la gestión política nacional y
provincial
Comenzando por el estado nación, se analizan indicadores de
descentralización federativa en relación a la capacidad de acción de
gobierno, primero; y luego, se analizan indicadores en relación a la
descentralización federativa del gasto y los recursos públicos.