Laboral - AELE

JURISPRUDENCIA LABORAL
Tampoco puede aceptarse que por el hecho de haberse establecido
una «remuneración única mensual» queden comprendido
dentro de sus alcances el pago de horas extras, dado que
la remuneración mensual acordada sólo podía estar referida a
la contraprestación económica por el trabajo realizado dentro
de los márgenes máximos legalmente aceptados, es decir no
mas de las 8 horas diarias o 48 horas semanales a que se refiere
el art. 25º de la Constitución. Sostener lo contrario implicaría
transgresión de lo dispuesto en la parte final del art. 23º de la
misma Constitución cuando expresa que «nadie está obligado
a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento».
• Finalmente, como consecuencia de tan cuestionables premisas,
los vocales en mayoría declararon fundado el recurso
de casación interpuesto por la parte empleadora, nula la resolución
de la Sala Laboral que reconoció el derecho al pago de
horas extras e infundada la demanda del trabajador. Como ya
lo hemos expresado, el pronunciamiento de la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Suprema no resulta convincente,
por el contrario, hace dudar de la calidad y seriedad interpretativa
de las normas jurídicas, así como del sentido de justicia que
debería caracterizar su administración por el órgano jurisdiccional
de más alto nivel.
2.- El Voto en discordia: En nuestra opinión los planteamientos
en él expuestos permiten una mayor identificación con
su contenido.
• En primer lugar asevera que el trabajador ha laborado
fuera de la jornada ordinaria de trabajo en forma regular, utilizando
para ello los controles de salida y que este sobretiempo
no le fue reconocido económicamente.
Más adelante (Sexto Considerando), introduce un criterio
singular de apreciación del mutuo consentimiento que deben
cumplir las partes para hacer viable el pago por trabajo en
horas extras. Se trata del consentimiento en forma tácita configurado
en este caso por la actitud del empleador «al haber
admitido el registro de las horas extras durante casi todo el
tiempo de duración del contrato de trabajo, sin hacer observación
alguna».
La validez de la autorización tácita como medio para acreditar
la realización de horas extras ha sido recogida en el último
Pleno Jurisdiccional Laboral del año 2000 celebrado en el
mes de julio de este año en la ciudad de Tarapoto. Casualmente
el Tema Nº 2 trata sobre Horas Extras, habiéndose acordado
lo siguiente:
Primero: La autorización del empleador para el trabajo y
pago de horas extras puede ser expresa o tácita.
Segundo: Corresponde al empleador instrumentar la autorización
y control del trabajo efectivo en sobretiempo».
Es evidente que la utilización de la modalidad de consentimiento
«en forma tácita» se origina en la acentuada tendencia
de algunos empleadores a no reconocer pago por la realización
de horas extras, sirviéndose para ello de la no existencia
de autorización expresa para su ejecución, pese a la presión
ejercida contra el servidor –empleados sobre todo– para que se
prolongue la jornada de trabajo más allá de los límites legales.
El tema no deja de ser espinoso, pues tampoco se trata de
que sea la sola voluntad del trabajador la que decida la realización
de horas extras. Entendemos que para que se configure
la autorización tácita deben existir elementos indiciales que
permitan tal conclusión, lo que deberá ser merituado por el
juez en caso de controversia.
Lo difícil es determinar con alguna precisión las situaciones
que pueden ser consideradas como autorización tácita. Una de
ellas es la que nos ejemplifica el sexto considerando del voto en
discordia ya señalado en párrafos anteriores. Otros casos podrían
ser: cualquier tipo de directiva escrita dada por el empleador
que impida al trabajador retirarse del centro de labor una
vez cumplida su jornada ordinaria; las medidas disciplinarias
(amonestaciones, suspensiones…) que se hubieren impuesto a
los trabajadores por no haber cumplido funciones o tareas que
exigían la realización de actividades laborales más allá de los horarios
y jornadas legales; así como cualquier otra situación de la
que se pueda concluir con objetividad suficiente que la intención
del empleador es que el servidor cumpla labores en horas extras.
• Adicionalmente a lo expresado, los considerandos del voto
en discordia inciden sobre el hecho de que la empresa demandada
estaba sujeta a reglas de excepción que la excluían de las
prohibiciones contenidas en las normas de austeridad en razón
de su actividad productiva, por lo que no le alcanzaban las
limitaciones presupuestales sobre horas extras. En conclusión,
el voto en discordia al reconocer el derecho del trabajador a la
contraprestación económica por las horas extras realizadas,
declara también infundado el recurso de casación interpuesto
por la parte empleadora.
3. Tratamiento de las horas extras en el Sector Público.-
Sobre este particular deberá siempre tenerse presente lo que la
Ley del Presupuesto del Sector Público disponga en cada oportunidad
dentro de lo que se suele denominar normas de austeridad.
En este sentido, en materia de remuneraciones se suele
prohibir efectuar gastos por concepto de horas extraordinarias.
Sin embargo, las mismas normas presupuestales pueden considerar
determinadas exoneraciones a estas restricciones.
Así, por ejemplo, en la Ley de Presupuesto del Sector Público
aplicable al año 1996 (Ley Nº 26533) el art. 23º exonera expresamente
de las prohibiciones a que se refiere el Título Segundo
(Normas de Austeridad) entre las que se comprendía los
«gastos por concepto de horas extraordinarias», a los contratos
de personal y pago de horas extras para la ejecución de
Proyectos de Inversión.
Otra situación a analizar sería delimitar los verdaderos alcances
de la prohibición presupuestal sobre horas extras. La norma
que hemos tomado como ejemplo determina que lo que se prohibe
es «efectuar gastos por concepto de horas extras» (art. 22; I.
f.) cuyo sentido es muy distinto de que las horas de sobretiempo
que se cumplan deban ser realizadas gratuitamente.
Pretender validar esta última interpretación sería propiciar
el trabajo sin la debida contraprestación económica, situación
que resulta violatoria de la norma constitucional (art. 23º) que
determina a su vez que «nadie está obligado a prestar trabajo
sin retribución o sin su libre consentimiento».
A tenor de lo expuesto, la única respuesta válida a la limitación
presupuestal sobre horas extras es precisamente organizando
el trabajo de tal manera que pueda cumplirse dentro de
la jornada normal de trabajo o, en el peor de los casos, compensando
las horas adicionales trabajadas indispensablemente
en determinados días, con labor reducida en aquellas otras jornadas
con que sea factible llevar a cabo el acuerdo compensatorio
permitido por el art. 10º del Dec. Leg. Nº 854 (Ley de
Jornada Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo).
SETIEMBRE 2000 41