SIN LUZ Electricidad no llega a tres mil comunidades - Prensa Libre

26 Opinión :
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D O M I N I CA L
P R E N SA L IBRE : Guatemala, 1 de junio de 20 0 8
E D I TO R I A L
Fiscalización es
necesaria en ley
La actual oportunidad de dotar
a la sociedad de una ley
de acceso a la información
eficiente y visionaria debe ser aprovechada
para no dejar ningún vacío susceptible
de ser utilizado en el futuro para
burlar su propósito y sus ámbitos de aplicación,
en especial en un país como Guatemala,
en donde antes de la vigencia de
una norma, ya se comienza a urdir la forma
de evadirla.
Son encomiables las aportaciones
provenientes de distintos sectores para
enriquecer la propuesta en debate, tales
como la eliminación del derecho de antejuicio
para funcionarios que restrinjan el
acceso a la información o la imposición
de multas elevadas y penas de cárcel para
quienes retengan u oculten datos que,
por su naturaleza, deben ser del conocimiento
ciudadano.
Sin embargo, esas y otras normas para
desarrollar aquel derecho humano básico
consagrado en cinco artículos de la
Constitución de la República pueden terminar
en letra muerta, si no se toman
ahora las previsiones necesarias para garantizar
la fiscalización de su cumplimiento
y, con ello, la coactividad y coercitividad
que exijan su acatamiento a
quienes queden obligados a ello por las
circunstancias de sus funciones públicas.
Entre los tres caracteres del Derecho,
la coercitividad es fundamental, porque
asegura al Estado y a la sociedad la posibilidad
de que la ley sea exigible. Ciertamente,
la principal iniciativa sobre el tema,
en poder del Congreso, prevé la posibilidad
de acudir a los tribunales para
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P residenta:
Vi ce p re s i d e n te :
Director editorial:
Gerente general:
Subdirector editorial:
demandar el cumplimiento de la disposición,
pero esa opción se complicaría sin
el auxilio de un órgano obligado a velar
por la protección y tutela de aquel logro.
El derecho a la información es un imperativo
ético tan importante como el
respeto a la vida, la libertad o la dignidad,
y por lo tanto se debe prever que tras la
positividad que le dará la norma en proceso
de aprobación, adquiera también
obligatoriedad y coercitividad, con el
propósito de asegurar su eficiencia como
garantía individual.
La Procuraduría de los Derechos Humanos
podría ser una opción para aquel requerimiento,
aunque debe asegurarse que,
a diferencia de lo que sucede ahora con sus
resoluciones, que solo tienen valor moral,
que sus actuaciones en materia de acceso a
la información sean vinculantes y trasciendan
al ámbito coercitivo.
Junto a aquel necesario control sobre
el interés social también se debe revisar
con meticulosidad lo relacionado con el
hábeas data, para determinar la forma en
que habrá de manejarse la inmensa cantidad
de información personal —y hasta
íntima— de los ciudadanos que está en
poder de numerosas instancias privadas,
y acerca de cuyo uso no solo se ignoran
las regulaciones existentes actualmente
en la Constitución y otras leyes ordinarias,
sino que se emplean para mancillar
la honra y restringir derechos en diversos
campos, como los laborales, comerciales
y financieros.
Como sugerimos en un editorial anterior,
es importante abrir la iniciativa a la
reflexión pública y al aporte de expertos
de otros países, con el fin de asegurar la
emisión de una ley que se constituya en
soporte real de la vida en democracia.
María Mercedes Girón de Blank
Mario Antonio Sandoval
Gonzalo Marroquín G.
Luis Enrique Solórzano C.
Miguel Ángel Méndez Zetina
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MIEMBRO DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
TIEMPO Y DESTINO
LUIS MORALES CHÚA
La reducción
del Congreso
L A E L E CC I Ó N DE DIP UTADOS
en proporción al número de
habitantes de cada departamento
es discriminatoria, porque
concentra el poder legislativo
y político en los más
densamente poblados y con
las ciudades más grandes, dos
elementos que no garantizan
por sí mismos la excelencia en
la elaboración y reforma de las
leyes, funciones básicas del
Cong reso.
La historia enseña que no
son solamente las urbes populosas
las cunas de los mejores
ciudadanos, y ni siquiera
de los más íntegros.
La concentración de diputados
del departamento de
Guatemala, por ejemplo, coloca
en situación de desventaja
a otras comunidades departamentales,
y la ley robustece
el síndrome de dominación
capitalina, en forma noto
r i a .
Actualmente, el Congreso
se integra con 158 diputados
(127 distritales y 31 por lista
nacional). Ca-
Es necesario
quitar las verrugas
que tiene la
legislación electoral.
da departamento
constituye
un distrito
electoral,
con excepción
del de Guatemala,
en el que el municipio
es el Distrito Central y los
restantes municipios, el Distrito
Departamental.
En las elecciones de 1999,
el municipio de Guatemala
eligió 10 diputados y los restantes
municipios, 12, para un
total de 22 diputados.
En cambio, los departamentos
de El Progreso, Baja
Verapaz y Zacapa eligieron
uno cada uno; cuatro eligieron
dos cada uno; otros tres y
así sucesivamente.
En el 2007, el distrito central
eligió 11 diputados y los
restantes municipios, 19, para
un total de 30. Y la situación
proporcional en los
otros departamentos resultó
similar a la de elecciones ante
r i o re s .
La concentración del poder
político se mide, además,
porque el departamento de
Guatemala sigue con el mayor
porcentaje de empadronados,
26 por ciento, en tanto
que los más próximos en cantidad
son San Marcos y Huehuetenango,
aunque lejos
con 7 y 6 por ciento, respectiva
m e n te .
Sin embargo, las más recientes
elecciones presidenciales
(2007) fueron dominadas
por ciudadanos de las
áreas rurales, dándose una
competencia ya no solo entre
partidos políticos sino entre
el campo y la ciudad capital.
Cada distrito electoral tiene
derecho a elegir un diputado,
por el hecho mismo de ser
distrito, y uno más por cada
80 mil habitantes. Los diputados
electos por el sistema de
lista nacional constituyen la
cuarta parte del total, y el
gran total se determina por
datos estadísticos del censo
de población, el cual puede
ser manipulado políticamente
.
Véase entonces cómo el
departamento de Guatemala
está técnicamente sobreprotegido
para monopolizar la
función legislativa, habida
cuenta que tiene casi tres millones
de habitantes. ¿Qué
hacer entonces Hay varias
respuestas; pero, una mejor
forma para la integración de
la legislatura es establecer un
número igual
de diputados
por cada depa
r ta m e n to,
sin importar el
número de pobl
ad o re s .
La razón no solo deviene
de la equidad, sino del hecho
de que no es la cantidad la que
debe legislar, sino el talento y
la formación política y académica
de los legisladores.
Es oportuno sacar a luz estas
ideas ahora que ha brotado
de nuevo el sarampión de
reformar la Constitución y la
Ley Electoral y de Partidos
Políticos, lo cual tiene como
síntoma visible el ansia por
disminuir el número de diputados,
con el argumento de la
escasez de fondos públicos,
para pagar sueldos, viajes y
otros gastos inherentes a la
función legislativa, y por el
comportamiento delictivo de
algunos dignatarios. Pero,
por encima de eso, es necesario
comprender que toda reforma
a las leyes debe tener
como finalidad última la mejora
de la legislación, como
instrumento de desarrollo y
democratización del país.
Por ello, si meten las manos
en la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, hay que llegar
al fondo y quitar varias verrugas
que tiene, una de ellas
es el predominio político de
la capital, que nada bueno representa
para la población.