SIN LUZ Electricidad no llega a tres mil comunidades - Prensa Libre

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on un polvorín
o se parecen
H I STO R I A
Revolución, dictadura y paz
Los centros para menores
fueron creados en 1951, en
el marco de los gobiernos
revolucionarios, que tenían el
objetivo de que fuera una escuela
especial para jóvenes transgresores,
por lo tanto estaban a
cargo del Ministerio de Educación.
En ese entonces, se promovió
la contratación de personal
capacitado, como profesionales
de la educación y la psicología,
para atenderlos.
La caída de Jacobo Arbenz en
1954 dejó paralizado el proyecto,
hasta que en 1969 se aprobó la
primera ley de menores. Un año
después, la llegada a la Presidencia
del general Carlos Arana Osorio
la deja sin efecto de nuevo y le
entrega los centros a la Secretaría
de Bienestar Social, que en aquellos
tiempos estaba integrada por
las esposas de los militares.
Durante el resto de gobiernos
militares, los centros estuvieron
también a cargo del Ministerio de
Gobernación.
En esos tiempos no existían los
pandilleros juveniles, así que la
mayoría de los jóvenes estaban
recluidos por cuestiones menos
graves que el asesinato. En la década
de 1970 tampoco existía la
limitación de edad que establece
actualmente la ley, que impide
que menores de 13 años sean retenidos
en estos centros.
Con la llegada de la democracia,
los centros siguieron a cargo
de la SBS, pero pasaron de nuevo
a manos de civiles.
Durante el gobierno del FRG
se hizo uno de los esfuerzos más
sobresalientes para rehabilitar a
los jóvenes, aplicando por primera
vez los programas de libertad
asistida y poniendo a cargo de la
SBS a personas técnicas y profesionales,
que nada tenían que
ver con el partido de gobierno.
Los jóvenes que eran aptos para
este programa residían en libertad
en una vivienda de la SBS,
en la que eran monitoreados, pero
podían ir adaptándose paulatinamente
a la vida real. Además existían
convenios con grandes empresas
para facilitarles la inclusión
laboral.
Foto Prensa Libre: A RC H I VO
Los agentes de la Policía ingresan en los centros cuando se producen
revueltas, ya que son ellos quienes dan la seguridad perimetral.
INDÍGENAS
INOCENTES
Dos años presos
Dos jóvenes indígenas de 16
años de Nebaj, que no hablaban
español, permanecieron dos
años en el Centro de Menores acusados
de homicidio. Por alguna extraña
razón, su juicio en vez de
llevarse a cabo a los dos meses,
como dicta la ley, se retrasó dos
años. Cuando se efectuaron las audiencias,
se estableció que los fiscales
no tenían ninguna prueba en
su contra y quedaron libres.
R O BO
SIN APOYO
Toda una vida
C
hiquitá Ajú ingresó por primera
vez en un centro de menores a
los 13 años, tras ser acusado de robar
una moto con la que finalmente
tuvo un accidente. Ajú aseguró entonces
que se la habían prestado.
Después de haber pasado por el centro
salió con mayores dotes para delinquir,
así que no ha dejado de entrar
y salir de este lugar. Ahora tiene
19 años y ha sido uno de los protagonistas
del último motín.
D O M I N I CA L P R E N SA L IBRE : Guatemala, 1 de junio de 20 0 8
Adiós a la rehabilitación
Desde ese momento, las medidas de
seguridad se extremaron y se prohibió
desarrollar talleres en los que tuvieran
que emplear algún tipo de objeto que
pudiera causar lesiones. Se suspendieron
definitivamente los talleres que
eran parte del programa de reinserción,
como el de carpintería, agricultura y panadería,
aunque este último se retomará
en junio. Tanto el centro de San José
Pinula como el de la zona 13 disponen
de 20 monitores, que se reparten el turno
de día y de noche. La seguridad es
ofrecida por la PNC y el Ejército, pero
solo es perimetral.
“Ahora intentamos que hagan cosas
más modernas, en las que no tengan
que emplear ni cuchillos ni martillos,
como talleres de informática o de dibuj
o”, afirmó el subsecretario.
Según Nidia Aguilar, procuradora
del Menor, el problema es que los jóvenes
pasan demasiado tiempo ociosos,
sin descargar energía, y los talleres no
están adaptados para el dinamismo que
ellos necesitan.
“La Secretaría tiene que tener en
cuenta que la represión los vuelve más
rebeldes, entendemos que tiene que haber
disciplina, porque son jóvenes
transgresores, pero no deben reprimirlos
violentamente”, afirmó Aguilar.
La trabajadora social, Marina Molina,
coincide con Aguilar, en que “la disciplina
militar, es decir, levantarse a un
horario, estar siempre aseados, hacer
ejercicio, sería muy buena para ellos,
porque nunca han tenido que cumplir
con obligaciones, pero la violencia física
y la intimidación no les ayuda en nada,
ya que la violencia es con lo que han
convivido desde niños”.
Molina cree que la SBS nunca ha tenido
claro qué quiere hacer con estos
muchachos. “Hay un gran vacío de concepto,
que genera que los programas no
sean duraderos y que la rehabilitación
no se dé”.
Molina asegura que ha conocido jóvenes
que han ingresado con 13 años a
los centros por cuestiones menores, y
que debido a la falta de tratamiento adecuado
no han dejado de entrar y salir de
ellos. “Si un pedagogo, psicólogo o funcionario
de la Secretaría ha tenido a su
cargo durante dos o tres años a uno de
estos jóvenes, que son rehabilitables, y
no se ha hecho nada, lo lógico es que al
salir vuelva a delinquir, y eso no es solo
responsabilidad del menor”, añadió.
Según el subsecretario, el tratamiento
de readaptación a la sociedad se potencia
durante los últimos seis meses de
estancia en el centro.
De hecho, tanto la SBS como la Defensa
Pública y la PDH coinciden en
afirmar que los jóvenes que cometen
delitos menores, como robo, no deberían
ingresar en estos centros, sino que
deberían dárseles medidas alternativas,
como ejecutar trabajo comunitario.
Pero los jueces no acaban de entender
lo que dicta la Ley PINA, por lo que
hay muchachos que han sido recluidos
por robar una olla de comida o un tambo
de gas. Eso sí, la mayoría de sentenciados
han cometido delitos como asesinato,
secuestro o violación.
Según el estudio del Iccpg, el año pasado
el 65 por ciento estaba detenido
por daños contra la integridad física, el
28 por infracciones contra bienes, 5 por
ciento por otro casos y 2 por ciento por
consumo de drogas. Más del 60 por
ciento había sido remitido por juzgados
de Paz, no de Niñez y Adolescencia. Alrededor
de siete mil cumplían algún tipo
de sanción durante el 2007, aunque
la gran mayoría disfrutaba de medidas
alternativas a la prisión.
Para mejorar los resultados y evitar
la superpoblación en los centros, la SBS
ha abierto este año ocho sedes departamentales,
que trabajarán en coordinación
con los juzgados.
Unido a esto, la SBS se enfrenta también
al incumplimiento de los plazos
por parte de los jueces, ya que según la
ley los adolescentes no pueden pasar
más de dos meses detenidos sin que se
les dicte sentencia, pero hay jóvenes
que pasan en detención provisional
hasta ocho meses para después salir libres
por falta de mérito.
En lo que coinciden sociólogos de todo
el mundo es en que las sociedades
crean a sus propios delincuentes y, sobre
todo, en el caso de que se trate de menores
de edad, la responsabilidad tanto de
sus acciones como de su retorno al buen
camino debe ser cosa de todos.