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20 R E P O R T A J E
Los Centros de Reclusión de Menores so
D O M I N I CA L
No se llaman cárceles, pero
P R E N SA L IBRE : Guatemala, 1 de junio de 20 0 8
POR LORENA SEIJO
Apesar de que la Ley de
Protección Integral de
Niñez y Adolescencia
(PINA) establece que
los adolescentes que
han cometido un delito
tienen que cumplir su sanción en
un centro de internamiento, que tenga
programas de readaptación, y ser
sometidos a un tratamiento psicopedagógico
completo, la realidad en
Guatemala es muy diferente.
Este incumplimiento tiene como resultado
que a estos jóvenes no solo se
les vede la posibilidad de resociabilizarse,
sino que lo más probable es que en
cuanto salgan del reclusorio vuelvan a
delinquir, y añadan una víctima más a
su lista. Y quizá una consecuencia natural
sean los motines que se han vuelto
frecuentes en estos centros.
Según la Secretaría de Bienestar Social
(SBS) —que tiene a cargo estas instituciones—,
el perfil violento de gran
parte de los adolescentes, muchos provenientes
de las maras, dificulta el tratamiento
y hace casi
imposible encontrar
personal preparado
que quiera trabajar
con ellos. Muchos de
los monitores y directores
de los centros
han sido amenazados
de muerte.
Ante la falta de opciones,
la SBS ha optado
por la contratación
de ex militares que
—en muchos casos—
solo buscan resguardar
la seguridad. “H ay
ex militares, pero
ellos no cumplen funciones
de seguridad ni pueden ir armados,
solo acompañan a los jóvenes”, explicó
el subsecretario de la SBS, Óscar
López.
Los jóvenes
transgresores no
forman parte de las
prioridades del
Estado; por ello, su
rehabilitación se
hace cada vez más
difícil, y su reclusión
no dista mucho de la
de un reo adulto.
Denuncia ante la CIDH
Para Marina Molina, trabajadora social
de la Defensoría Pública y asidua
visitante de estos sitios, “la Secretaría
ha optado por la militarización de los
centros, por priorizar la seguridad frente
al tratamiento. Realmente los jóvenes
entran en estos centros a purgar una
condena, no a readaptarse”.
Ese personal militar fue acusado el
año pasado de someter a prácticas de
tortura a Abner Flores, joven sentenciado
por homicidio, que además padece
una enfermedad mental, que no se ha
diagnosticado, algo que lo convierte en
un recluso violento.
De acuerdo con la denuncia presentada
ante la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos, Flores era
despertado a las 3 horas, obligado a correr
desnudo por el patio, forzado a beber
agua salada para que vomitara y
después introducido en un tonel con
agua fría.
35
jóvenes en conflicto con la ley
están recluidos en el Centro de
Privación de Libertad para Varones
de San José Pinula.
Foto Prensa Libre: A RC H I VO
Los centros de internamiento tienen alambrado como los de las cárceles para adultos, pero los jóvenes
no duermen en celdas, sino que ocupan habitaciones que están cerradas con lla ve.
C I F RA S
124
están ubicados en el centro de
internamiento provisional en la
zona 13, pero muchos de ellos ya
están sentenciados.
Según el subsecretario López, desde
que él llegó a este puesto en el 2006, se
han girado órdenes expresas a los directores
para que no cometan vejámenes o
maltratos a los adolescentes.
Precisamente Flores fue el protagonista
del último motín en el centro de
reclusión de la zona 13, ya que debido a
los supuestos malos tratos a los que fue
sometido optó por secuestrar a una de
las maestras para poder fugarse. La SBS
asegura que ese no fue el motivo, sino
que el resto de los internos “querían
matarlo a él”.
López reconoce que Flores tiene algún
tipo de psicopatía, pero que no ha
sido sometido a tratamiento. Después
de ese incidente, como Flores ya había
cumplido los 22 años, fue trasladado al
Preventivo de la zona 18, acusado de
asesinato en grado de tentativa, medida
que ha sido recurrida por su defensa.
¿Vacíos legales
Todos los jóvenes que son condenados
por un delito cuando son menores
de edad, terminan de cumplir su pena
en el centro, no en una cárcel, pero según
López esto no debería ser así. La
condena máxima es de seis años.
“Nosotros hemos presentado una
propuesta de cambio a la Ley de Protección
Integral de Niñez y Adolescencia,
para que en cuanto cumplan los 18 años
sean trasladados a una cárcel, para evitar
problemas”, comentó.
Para el Instituto de Estudios Comparados
en Ciencias Penales (Iccpg), esta
medida iría en contra del espíritu de la
ley y anularía la posibilidad de resocialización
.
Lo cierto es que la legislación establece
que los adultos que cumplen sanciones
en estos centros deben ser separados
del resto de los jóvenes, que van
de 13 a 18 años, pero siempre bajo la tutela
de la SBS.
La mitad de los detenidos superan
los 17 años, y forman parte de la Mara
18 o la Salvatrucha. Los enfrentamientos
entre ambos grupos han originado
a su vez que el SBS los mantenga en
centros distintos. Debido a que la infraestructura
es insuficiente, ha tenido
que mezclar a los que están sentenciados
con los que aún están en un
5
mujeres menores de edad están
detenidas por haber cometido un
delito, cifra extraordinariamente
ba j a .
sistema preventivo.
Aunque esta medida contraviene la
ley, “se hizo para garantizarles la vida y
se le dio base legal a través de un acuerdo
gubernativo”, dijo López. El éxito de
esta medida queda demostrada, según
López, con el dato de cero muertos
dentro de los centros desde hace dos
años.
Lo que sí ha habido son motines. En
estos últimos meses se han dado varias
revueltas, y todas ellas han tenido que
ser reprimidas por la Policía Nacional
Civ i l .
El Iccpg afirma en un informe publicado
en el 2007 que la filosofía de
los centros para menores cambió radicalmente
a partir del motín ocurrido
en septiembre del 2005, en el que 12 jóvenes
acabaron muertos en el centro
para menores de San José Pinula, a manos
de pandilleros rivales. Después de
la tragedia, el procurador de los Derechos
Humanos, Sergio Morales, emitió
una resolución en la que afirmaba que
las autoridades no habían hecho nada
para impedir la matanza. En este centro
han sido asesinados 16 jóvenes.