Libro de Actas - Europa

La revisión del Reglamento AECT
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se determina que el plazo máximo para resolver la solicitud será de tres meses (podría
pasar a seis), incorporando además la autorización por silencio positivo, puesto que
«transcurrido este plazo sin que se haya dictado resolución, la solicitud se entenderá
estimada» (art. 6.3). Sigue además siendo lícito, aunque se plantee una nueva redacción
del artículo 4, el control de legalidad y de oportunidad que puede llevar a cabo
el Estado. Debemos recordar que las causas que pueden ser objeto de valoración al
examinar la solicitud son: a) la adecuación de la naturaleza y el objeto del proyecto
de AECT a la finalidad de reforzar la Cohesión económica y social; b) la adecuación
del contenido del convenio de constitución de la AECT y de sus estatutos a las disposiciones
del Reglamento; c) la capacidad de los miembros para participar en la AECT,
así como la ausencia de prohibición alguna a la limitación de su responsabilidad, y la
viabilidad de la misma; y d) la adecuación de los objetivos y fines a la organización y
reparto competencial interno (art. 6.4).
3. El funcionamiento de una AECT
Aparte de las dificultades que se presentan a la hora de constituir una AECT, los miembros
también se encuentran con ciertas limitaciones a la hora de gestionar los recursos
materiales y humanos necesarios para emprender sus actividades. Por tal razón también
son necesarias ciertas reformas de su régimen jurídico y económico, fundamentalmente
una mejora del tratamiento de las cuestiones del personal al servicio de estas entidades,
así como el régimen de responsabilidad y la legislación aplicable.
Sobre el personal de la AECT
Con arreglo a lo dispuesto en el primer precepto del Reglamento, una Agrupación está
dotada de capacidad jurídica, lo que implica que esta persona jurídica puede, entre
otras cosas, contratar personal. En sus estatutos deberán así recoger disposiciones sobre
las condiciones de contratación y la naturaleza de los contratos de los trabajadores
(art. 9, apdo. 2, letra d). No se dice, sin embargo, cuáles deben ser las normas aplicables,
de modo que si no se especifica nada será de aplicación el derecho del Estado miembro
en el que la AECT tenga su domicilio social, tal como prevé el artículo 2.1.c.
En la práctica, la gran mayoría de los estatutos determinan expresamente que la legislación
aplicable será la del país donde tenga su sede la AECT. En estos casos, como se
ha encargado de recordarnos el Comité de las Regiones, los trabajadores se enfrentan
a ciertas dificultades en lo que respecta a la protección social o el régimen fiscal cuan-