Libro de Actas - Europa

La revisión del Reglamento AECT
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han hecho uso de ella. La Comisión, consciente de este problema, ha decidido potenciar
la presencia de terceros países, incluyendo una nueva disposición (artículo 3 bis)
que facilita su participación. Por una parte, podrán constituirse estructuras plurilaterales
formadas «por miembros procedentes del territorio de al menos dos Estados miembros
y uno o más terceros países o territorios de ultramar, siempre que dichos Estados
miembros y terceros países o territorios de ultramar realicen conjuntamente acciones
de cooperación territorial o apliquen programas apoyados por la Unión» (párrafo primero).
Y por otra parte estructuras bilaterales formadas «por miembros procedentes del
territorio de un solo Estado miembro y un tercer país o territorio de ultramar en caso de
que dicho Estado miembro considere que tal AECT es coherente con el alcance de su
cooperación territorial o de las relaciones bilaterales con el país tercero o el territorio
de ultramar» (párrafo segundo). Algunas observaciones habría que hacer respecto a
esta nueva regulación: en primer lugar, su incorporación está supeditada, como ocurría
hasta el momento, a la aprobación en su derecho interno o a la conclusión de un acuerdo
con algún Estado miembro; en segundo lugar, su ámbito de aplicación se extiende a los
territorios de ultramar enumerados en el anexo II del Tratado de Funcionamiento de la
UE; en tercer lugar, no solo se permite que sean miembros las autoridades regionales
y locales de terceros Estados sino también los propios Estados. Y, en cuarto lugar, se
promueve la cooperación bilateral en las fronteras exteriores de la UE, al eliminarse para
estos casos la exigencia de la participación de al menos dos Estados miembros.
Por último, se quiere permitir además la integración en la AECT de todos aquellos operadores
que gestionan infraestructuras o servicios públicos de interés económico general.
De este modo, junto a los organismos de Derecho público a efectos de la contratación pública
9 , podrán ser miembros las empresas públicas, considerándose como tales aquellas
sobre las cuales el Estado u otra entidad territorial ejerce, directa o indirectamente, una
influencia dominante por el hecho de tener la propiedad o una participación financiera en
las mismas, o en virtud de las normas que las rigen (esto es, cuando tengan la mayoría del
du Conseil de l’Europe, un groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financiare» (Insertado por la Ley 2008-352 de 16 de abril de 2008,
Journal Officiel de la République Française, núm. 91, de 17 abril de 2008).
9 Que, de acuerdo con el artículo 1, apdo. 9, de la directiva 2004/18/CE, es cualquier organismo a) creado
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil,
b) dotado de personalidad jurídica y c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado,
los entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien cuya gestión se halle sometida a
un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia
esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes
territoriales u otros organismos de Derecho público (DO L núm. 134, de 30 de abril de 2004).