Libro de Actas - Europa

i congreso europeo de cooperación territorial europea y de vecindad
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Por lo que se refiere a las informaciones adquiridas en virtud de la Directiva 2011/16/
UE, que resultaran relevantes también para la aplicación de aquellos «tributos» excluidos,
sería ilógico impedirlo. A tal efecto se especifica que «la información también
podrá utilizarse para evaluar y aplicar otros impuestos y derechos contemplados en
el artículo 2 de la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre
asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados
impuestos, derechos y otras medidas [7], o para evaluar y ejecutar las contribuciones
obligatorias en el ámbito de la seguridad social» (art. 16, apartado 1, segundo
periodo).
Lo dicho confirma plenamente el objetivo de reforzar la eficacia de la cooperación para
lo que «es importante que la información y documentación que se obtenga en virtud de
la presente Directiva pueda, con sujeción a las restricciones que establece la presente
Directiva, ser utilizada con otros fines por el Estado miembro que la haya recibido», y
«que los Estados miembros puedan transmitir esa información a un tercer país, en determinadas
condiciones» (Considerando 18).
En tal dirección se establece la posibilidad de utilizar las información recibida con
finalidades diferentes a las previstas en la Directiva, siempre que se consiga la autorización
por el Estado que comunica las información, autorización que se concede «si la
información puede usarse con fines semejantes» en el Estado miembro de la autoridad
que la transmite.
Hace falta prestar especial atención a la interpretación de la disposición en la que el material
probatorio adquirido según la cooperación administrativa se puede utilizar «en relación
con procedimientos judiciales que puedan dar lugar a sanciones, incoadas como
consecuencia del incumplimiento de la legislación en materia fiscal, sin perjuicio de la
normativa general y de las disposiciones que regulen los derechos de los demandados
y los testigos de dichos procedimientos» (art. 16, apartado 1, tercer periodo).
La cuestión relativa a las dificultades que en el ordenamiento jurídico italiano produce
la utilización del material probatorio en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional de
carácter penal, aunque relativo a la contestación de un delito tributario 29 , tiene su origen
en los principios sobre autonomía entre procedimiento administrativo de comprobación
y proceso tributario por un lado, y proceso penal por el otro (art. 20 Decreto Legislativo
marzo 2000, n. 74), y en los relativos problemas de coordinación entre las actividades
29 Véase S. Capolupo, «Presupposti e limiti della cooperazione fiscale» cit., p. 1760.