Libro de Actas - Europa

i congreso europeo de cooperación territorial europea y de vecindad
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Se confirma la condición de reciprocidad de la cooperación administrativa (art. 17
apartado 3) representada por la posibilidad de denegar la solicitud de información
«cuando, por motivos legales, el Estado miembro requirente no pueda facilitar información
similar».
La diferencia entre la antigua y la nueva Directiva está en la limitación del derecho del
rechazo de las informaciones, en caso de que el Estado solicitante no pueda dar las
informaciones equivalentes «por razones de derecho», excluyendo el rechazo en caso
de imposibilidad por «razones de hecho». Por tanto, la autoridad solicitada no puede
rechazar las informaciones equivalentes en los casos en los que, a pesar de utilizar todas
las herramientas jurídicas a su alcance, no haya sido capaz de adquirirlas.
Una limitación a la cooperación administrativa se recoge en el art. 17, apartado 1, que
subordina la solicitud de informaciones a una específica condición, sin la cual se debe
considerar que la autoridad solicitada puede rechazar la cooperación. La autoridad requerida
tiene obligación de cooperar «siempre que la autoridad requirente haya agotado las
fuentes habituales de información que podría utilizar en esas circunstancias para obtener
la información solicitada sin arriesgarse a que ello afecte negativamente a sus fines».
Para la aplicación de dicha disposición, perentoria pero indeterminada 27 , es indispensable
que la autoridad requirente presente una solicitud de cooperación solo después
de desarrollar, en el ámbito de su propia jurisdicción, todas las investigaciones posibles
sin resultado, es decir, cuando el desarrollo de las investigaciones en su propia
jurisdicción no alcance el resultado de las actividades de comprobación del tributo 28 .
27 Véase S. Capolupo, «Presupposti e limiti della cooperazione fiscale» cit., p. 1761.
28 Sobre dicha disposición es útil valorar lo que establece el Modelo de Acuerdo OCDE sobre intercambio
de información en materia tributaria (véase infra 6), según el cual la autoridad solicitante tiene que declarar
que «si la información solicitada se encontrase en la jurisdicción de la Parte requirente, la autoridad
competente de esta última estaría en condiciones de obtener la información según el derecho de la Parte
requirente o en el curso normal de la práctica administrativa» (art. 5, apartado 5, lett. f, e Comentario
párrafo 62); y «que la Parte requirente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio
para obtener la información, salvo aquellos que dieran lugar a dificultades desproporcionadas» (art. 5,
apartado 5, lett. g). A este respecto el Comentario (párrafo 63) aclara: «se debe recurrir al requerimiento
de información únicamente en los casos en que la Parte requirente no cuente con los medios adecuados
para obtener la información disponible en su propio territorio», salvo que la adquisición de la información
solicitada le resulte más fácil requerida, «por ejemplo, puede ocurrir que a la Parte requerida le baste con
dirigirse a un único proveedor para recabar la misma información que la Parte requirente sólo podría
obtener dirigiéndose a un gran número de compradores».